En una reciente conversación con la Asociación ACCH, una destacada organización sin fines de lucro centrada en la conservación ambiental en Centroamérica, exploramos los desafíos ambientales y las políticas públicas en la región.

En esta entrevista, el ingeniero Víctor Campos representante de la Asociación ofrece una visión detallada sobre la crisis climática, la deforestación, la necesidad de políticas coherentes y el papel crucial de la sociedad civil. La información proporcionada destaca la urgencia de actuar y fomenta la conciencia y la colaboración para enfrentar estos desafíos ambientales de manera colectiva.

Por Gerber Consuegra

Háblenos un poco sobre la Asociación ACCH y su misión

Somos una asociación sin fines de lucro dedicada al ámbito regional centroamericano. Aunque estamos radicados en Guatemala, nuestra membresía proviene de toda la región. Originalmente vinculados al Centro Humboldt de Nicaragua, decidimos expandir nuestro enfoque a nivel regional tras el cierre del centro el año pasado debido a razones políticas en Nicaragua. Nos dedicamos al trabajo ambiental, políticas públicas y brindamos apoyo a organizaciones locales en la defensa de sus territorios y recursos.

¿Cómo definirían su rol en la región?

Buscamos convertirnos en un centro de pensamiento ambiental a nivel regional. Observamos que, tras la pandemia, las agendas sociales y ambientales han perdido relevancia frente a las agendas política y económica. Queremos llenar ese vacío y ofrecer análisis fundamentados para impulsar el desarrollo sostenible en Centroamérica.

Hemos conocido sobre su reciente estudio ambiental. ¿Cuál es el objetivo principal de este informe?

El estudio pretende proporcionar información veraz, oportuna y objetiva. No buscamos sesgar los resultados, sino reflejar lo que encontramos en nuestros rigurosos estudios e investigaciones. Con más de 30 años de experiencia, buscamos ser una fuente confiable que contribuya a la toma de decisiones informada.

¿Cuáles son los desafíos principales que enfrenta la región en términos de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales?

El estudio confirma la profundización de la crisis ambiental en la región. Destacamos el cambio climático como un desafío crucial, abordando la falta de datos con cifras concretas. Si bien el tema ambiental es complejo, identificamos áreas prioritarias para la atención regional, siendo el cambio climático una de ellas.

El estudio es realmente detallado. ¿Cómo lograron obtener y procesar estos datos para llegar a estas conclusiones?

Trabajamos con un conjunto vasto de datos, alrededor de 10 millones, para proporcionar un análisis detallado de la región. La profundización de la crisis climática en Centroamérica no es sorpresa, pero queríamos respaldar esta evidencia con cifras concretas. Aunque representamos solo el 0.7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, somos particularmente vulnerables a las consecuencias.

¿Qué reveló específicamente el estudio sobre el cambio climático en la región?

Confirmamos una tendencia al aumento de las temperaturas en la región. Proyectamos datos desde 1970 hasta 2040 y encontramos que, a diferencia del Acuerdo de París, alcanzaremos el límite de 1.5 grados centígrados en 2025. Este adelanto de 75 años respecto a las previsiones actuales plantea un escenario preocupante de posibles incrementos hasta 4 grados al final del siglo.

¿Cuáles son las implicaciones de esta aceleración en términos de cambio climático?

La aceleración del aumento de temperaturas tiene consecuencias significativas. Además, encontramos una disminución proyectada de las precipitaciones en la región, con un promedio de 144 milímetros menos. Este cambio no solo afecta el volumen de lluvia, sino también su distribución, lo que puede dar lugar a inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, se observa un aumento en la intensidad y frecuencia de fenómenos extremos como huracanes.

¿Cómo evalúan la respuesta de las políticas públicas ante estos desafíos ambientales?

Lamentablemente, no vemos una priorización clara en las políticas públicas para abordar la adaptación al cambio climático. A pesar de que Centroamérica emite relativamente poco, la responsabilidad recae en todos nosotros. Es esencial adoptar actitudes conscientes y, sobre todo, que las principales acciones se centren en la adaptación al cambio climático, algo que debe ser una prioridad en las políticas gubernamentales.

En sus comentarios, ha mencionado la falta de avances en las negociaciones climáticas globales, especialmente en el tema de pérdidas y daños. ¿Cómo afecta esto a Centroamérica y cuáles son las expectativas para el futuro?

En las negociaciones climáticas, hemos enfrentado un dilema importante. A pesar de que somos responsables de solo el 0.7% de las emisiones globales, estamos sufriendo las peores consecuencias. El tema de pérdidas y daños no avanza como debería; los países industrializados no asumen la responsabilidad que les corresponde. No es justo que nuestras economías tengan que asumir los costos de adaptarse a un fenómeno que no generamos.

¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo para que la región se prepare ante el cambio climático?

A pesar de los consensos regionales, vemos una brecha entre las declaraciones políticas y las acciones concretas. El cambio climático debería ser abordado como un desafío regional, no individual. En la actualidad, nos enfrentamos a problemas como la falta de unificación en los sistemas de evaluación ambiental, donde los estándares varían entre países. Esto refleja la necesidad de una mayor colaboración y unificación en la región.

¿Qué medidas concretas podrían tomarse para abordar estos desafíos y promover la colaboración regional?

Un paso clave sería la unificación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Esto aseguraría que las actividades económicas cumplan con estándares uniformes en toda la región. Además, es esencial que los países trabajen juntos en políticas públicas que promuevan la adaptación al cambio climático y enfrenten los desafíos ambientales de manera conjunta.

¿Cómo puede la sociedad civil y la ciudadanía contribuir a este proceso?

La conciencia ciudadana es fundamental. La sociedad civil puede presionar a los gobiernos para que tomen medidas concretas y promuevan políticas ambientales efectivas. La educación y la sensibilización son herramientas poderosas para involucrar a la sociedad en la toma de decisiones y acciones responsables frente al cambio climático.

Hemos abordado temas cruciales relacionados con la deforestación y el uso del suelo en la región. ¿Cómo ve la participación del sector empresarial y la importancia de un enfoque más sostenible en sus prácticas?

La conciencia empresarial está creciendo, pero aún es insuficiente. Algunas actividades, como la expansión de monocultivos, han contribuido significativamente a la deforestación. Es esencial que los empresarios comprendan que seguir por este camino no es sostenible a largo plazo, y cada vez más están reconociendo esto. Sin embargo, aún hay ciertas actividades agresivas con el medio ambiente que requieren una mayor atención y regulación.

Hablando de biodiversidad, ¿cuál es la situación actual y qué medidas se pueden tomar para proteger las especies en peligro de extinción?

La biodiversidad enfrenta una situación crítica. Hay más de 200 especies en peligro de extinción, y la situación se ha agravado en los últimos años. Proteger estas especies requiere una combinación de medidas, desde la regulación más estricta hasta la concienciación pública sobre la importancia de preservar la biodiversidad. Además, se necesita un enfoque regional que aborde la conectividad de los ecosistemas y la protección de hábitats clave.

Finalmente, ¿cuál es su mensaje principal para la población de Centroamérica y los líderes de la región?

Mi mensaje sería que todos debemos reconocer que el cambio es necesario y que cada uno tiene un papel en la conservación de nuestros recursos naturales. Necesitamos un enfoque más sostenible en todas las actividades, desde el uso del suelo hasta la explotación de recursos. La colaboración regional es clave, y es urgente que los líderes tomen medidas concretas para abordar los desafíos ambientales que enfrentamos. El futuro sostenible de Centroamérica está en juego y depende de nuestras acciones hoy.

Me gustaría resaltar la importancia de reconocer que la conservación del medio ambiente es responsabilidad de todos. Cada acción, por pequeña que sea, contribuye a la salud de nuestro entorno. Necesitamos políticas públicas orientadas hacia la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático. Además, es crucial unificar los sistemas de evaluación ambiental para garantizar estándares consistentes en toda la región. Un dato clave es que, en promedio, solo se destina el 1.48% del Presupuesto General de la República al medio ambiente en la región. Esto refleja la falta de prioridad y es un llamado a cambiar nuestras agendas.

Hago un llamado a la acción y un compromiso compartido hacia un futuro más sostenible. La Asociación ACCH destaca la importancia de la participación ciudadana, la concientización y la presión para impulsar cambios significativos en la región. La responsabilidad recae en todos, y la información compartida es una herramienta para inspirar la acción colectiva.

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Mario Mérida. Escritor, comunicador y docente universitario

Intentar definir o conceptualizar el término mara es complejo y hasta absurdo desde la óptica social. Empero, es correcto aportar en su construcción, esperando coincidir conque: “son grupos de personas de ambos sexos, con denominaciones en idioma inglés de sus bandas, mayoritariamente conformadas por varones, cuyas edades oscilan entre los 12 hasta los 30 años, generalmente rapados, con tatuajes alusivos a la santa muerte o de carácter satánico. Emplean un lenguaje críptico, visten de forma simple, están asociados para actuar fuera del marco legal -extorsiones, asesinatos, asaltos, control territorial, etcétera-, causando pánico y terror por los métodos violentos en contra de quienes se niegan a cumplir sus exigencias,  hasta llegar al asesinato para lograr sus fines”.

Las maras aparecieron en nuestro país probablemente entre 1980 y 1990 -no existe una fecha específica-. El discurso de la izquierda en esos años vinculó a estos grupos con las fuerzas armadas, asegurando que estas boicotearían las elecciones de 1985, pero nada sucedió. Ahora se conoce por algunos estudiosos que esas agrupaciones no surgieron espontáneamente, sino vinieron procedentes de los Estados Unidos -Nueva York, Washington, Los Angeles, Texas y Atlanta-, ante la ofensiva de las autoridades de ese país, que se unió a su contención y expansión en el 2005, según declaraciones del embajador norteamericano de la época en Honduras, Larry Palmer quien mencionó: «el problema de las pandillas es compartido por mi país, que está dispuesto a colaborar en ese aspecto con Centroamérica» y agregó que: «las maras son un problema creciente y ese es un buen punto para que Estados Unidos entre en la lucha contra ellas, para tratar de resolver la situación lo más pronto posible»

La discusión acerca de las maras y los efectos colaterales de su actuar criminal era tan grave, que convirtió en tema de la XXVI Cumbre de presidentes de Centroamérica (30/06/2005), realizada en Tegucigalpa, a la que asistió Dan Fisk, expresando: «Fortaleceremos los mecanismos de defensa en Centroamérica, especialmente en lo que se refiere a las maras». Asunto, que el gobierno de EE.UU.[1], colocó en los medios este año al imponer: “sanciones a los jefes de la banda criminal internacional Mara Salvatrucha 13 en Nicaragua y Honduras. Washington también ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que facilite la captura del presunto líder Yulan Adonay Archaga Carías, alias “el Porky”

A mediados de 1994, con el apoyo de agentes de la policía por parte del viceministerio de Gobernación, se realizó una encuesta empírica a 200 adolescentes quienes vagaban en las calles de la ciudad, con el propósito de explorar la posibilidad de una encuesta científica de mayor envergadura, para identificar las causas por las cuales los jóvenes abandonaban los centros estudiantiles.

Los resultados obtenidos de las preguntas planteadas fueron los siguientes:

Considera beneficiosa la educación: si (70), no (70), no opino (60);

Está capacitado su maestro para educarlo: si (42), no (114), no opino (44);

Considera tener éxito en el futuro: si (43), no (104), no opino (53);

Ha consumido drogas: si (35), no (40), no opino (125); consume licor: si (70), no (90), no opino (40);

Cómo es la relación con sus maestros: Buena (36),  Mala (122), no   opino  (42);

En dónde se encuentra más a gusto: Con amigos (85), solo (65), en su casa (20), en la escuela (30);

Qué actividades realiza en su tiempo libre: Deportes (15), escuchar música (20), ver T.V (50), cine (55) busca amigos (60);

Problemas que más le afectan dentro de la familia: Alcoholismo (66), Desempleo (37), exceso de hijos (28), riñas entre esposos (32), desintegración familiar (37)

La medición, en sí, quizá no es relevante en la actualidad. Sin embargo, su resultado es útil para elaborar una encuesta técnica y más amplia, con la añadidura de otras interrogantes diseñadas por sociólogos, con el propósito de que sus resultados sirvan para diseñar una política particular, que atienda a jóvenes en riesgo o en conflicto con la ley y con ello reducir la eventualidad de que la autoridad termine enfrentada a balazos con estos adolescentes o se vea obligada a recurrir al modelo salvadoreño.

[1] 8/Febrero/2023. https://www.infobae.com/estados-unidos/2023/02/08/eeuu-impuso-s

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Por: Luis Rodrigo Asturias

Columnista de PERSPECTIVA

El crecimiento continuo de los sistemas financieros requiere de un proceso complejo el cual involucra políticas públicas y financieras que tienen que orientarse al fortalecimiento de la institucionalidad y la estabilidad económica,  la institucionalidad jurídica y la creación de nuevos instrumentos para la administración de los riesgos de índole económica y financiera.

Por lo tanto las políticas públicas deberían contemplar, entre otros objetivos, incentivar el desarrollo de los mercados de capitales mediante la aplicación de reformas en las prácticas de gobernanza corporativa.

Las prácticas que atañen al marco y esfera de acción de la buena gobernanza corporativa pueden constituir un mecanismo que mejora las condiciones financieras, productivas y sociales, lo cual obviamente tiene un efecto positivo en la condición de los grupos más pobres y vulnerables de las sociedades latinoamericanas. (CEPAL,2009)

La gobernanza corporativa puede generar  estabilidad financiera».

Cabe resaltar que la evidencia muestra que la gobernanza corporativa puede generar la condiciones necesarias para promover la estabilidad financiera a través del manejo prudente del riesgo y la disciplina de mercado, lo que la convierte en un importante eslabón  de una estrategia para atraer capital de largo plazo que sirve para trasformar el ahorro hacia inversiones productivas.  Por su parte a nivel microeconómico, lograr la buena gobernanza corporativa puede mejorar el acceso al financiamiento y reducir el costo de capital. Con lo que se trasforma en un elemento importante de competitividad.

Lo interesante de la buena gobernanza corporativa es que cada vez más cobra mayor importancia a nivel nacional, regional e internacional, debido a que se le reconoce como un valioso medio e instrumento para alcanzar prácticas de mercados eficientes y transparentes. Lo que se traduce en un marco legal que pueda adecuarse a las prácticas comerciales de las empresas y de los mercados financieros, lo cual cobra aún mayor trascendencia a la luz de la actual crisis financiera global.

Con el propósito de generar una gobernanza corporativa eficiente es necesario que se incluyan métodos estandarizados utilizados para proveer información así como las regulaciones existentes  y como éstos afectan el comportamiento de las inversionistas.

Correo: luisroasturias@gmail.com

twitter: @rodrigoasturias

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