La Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, se reunió ayer con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con quien abordó las acciones del MP en seguimiento a denuncias ciudadanas en el contexto electoral.

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El MP, asegura que durante la reunión con Almagro y la delegación de la OEA se pudo constatar de la fuente oficial, la información relacionada con las acciones de investigación que desarrolla el Ministerio Público en seguimiento a denuncias recibidas en esa dependencia, en donde aseguró que las investigaciones se desarrollan para garantizar el estado de derecho, la democracia y fundamentalmente los derechos de las víctimas, a quienes se debe el Ministerio Público.

“Como se ha dado a conocer anteriormente que el Ministerio Público es un ente técnico, no político y su labor se enmarca en su mandato constitucional que es la persecución penal y la investigación de los delitos de acción pública”, señaló Porras.

También se refirió a la declaración emitida por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), en la que reiteran su preocupación por constantes actos de presión política que afectan a Ministerios Públicos, Fiscalías y Procuradurías Generales, vulnerando autonomía e independencia de estas instituciones.

La Fiscal General reiteró que la investigación es una garantía a los derechos de cada ciudadano que no puede considerarse una intimidación ni un acoso. “Investigar nunca puede constituirse una herramienta de intimidación ya que es el único medio que permite e esclarecimiento de la veracidad de los hechos denunciados por las víctimas”, señala en un comunicado compartido a los medios de comunicación.

Porras Argueta enfatizó en que las investigaciones continuarán para garantizar el estado de derecho, la democracia y fundamentalmente los derechos de las víctimas, a quienes se debe el Ministerio Público.

Al finalizar la reunión, Ángel Amoldo Pineda Ávila, Secretario General del Ministerio Público entregó al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el documento conteniendo los temas abordados durante su visita para que sea trasladado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

ALMAGRO DARÁ ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE TRANSICIÓN

Tras recibir una invitación del presidente Alejandro Giammattei, una comitiva de la OEA, encabezada por Almagro, llegó al país para acompañar el proceso de transición del presidente electo, Bernardo Arévalo, quien obtuvo la mayoría de votos el pasado 20 de agosto en la segunda vuelta electoral.

Bernardo Arévalo participó en la contienda electoral con el partido Movimiento Semilla, una agrupación política que es señalada de anomalías en su constitución y que, tras denuncias de falsificación de firmas, el Juez Fredy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido. En tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha reiterado que según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), no es posible hasta que finalice el proceso electoral, en octubre próximo.

Esta judicialización del proceso electoral ha causado el rechazo de la población y de la comunidad internacional, situación que ha generado críticas a Porras, incluso a peticiones ciudadanas de su dimisión.  No obstante, la Fiscal General ha mantenido su postura y se ha reiterado que su función es técnica.

«Nosotros no tenemos ningún compromiso con ninguna institución, ni nacional ni internacional, únicamente con Dios y con el pueblo de Guatemala, nuestra función es investigar y es lo que hacemos como ente eminentemente técnico», afirma Porras.

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Juan Francisco Sandoval publicó un comentario en redes sobre la investigación estadounidense contra una empresa extranjera que operó en Guatemala. Inmediatamente, el Ministerio Público desmintió la publicación, que califica de falsa y tendenciosa.

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Juan Francisco Sandoval, quien huyó de Guatemala hace un tiempo, mantiene vigente la atención sobre hechos nacionales que comenta constantemente en sus redes. Estos siempre motivan polémicas que exponen posiciones extremas, a favor y en contra del ex jefe de la FECI.

La mayor parte de la atención del ex fiscal se centra contra su antigua jefe, Consuelo Porras, Fiscal General quien lo habría despedido por faltas administrativas. Antes de que las órdenes de captura en su contra fueran vigentes, Sandoval abandonó el país, acompañado por el ex PDH Jordán Rodas, también fuera de Guatemala para evadir cualquier investigación en su contra.

¿Por qué dijo el MP que la publicación es falsa y tendenciosa?

El MP no ha divulgado su postura oficial a los medios. Sin embargo, la reproducción de lo publicado por Sandoval tiene un cintillo rojo que dice «Falso» y en la entrada, el ente investigador escribió:

«Publicación tendenciosa y mal intencionada. Se le insta a informarse adecuadamente»

Al parecer, el fiscal cometió imprecisiones en su declaración. En primer lugar, motiva dudas sobre qué fiscalía habría iniciado la investigación, cuando menciona «la investigación que supuestamente inició»

Luego afirma que la investigación se enfocó en «empresarios con inversiones en Suiza», lo que ya fue exhaustivamente aclarado por empresas mencionadas en los medios como involucradas, cuya casa matriz se desmarcó totalmente de Rusia y se identificó como suiza, con un par de ejecutivos ucranianos actualmente suspendidos mientras dure la investigación contra estas personas, no contra la empresa suiza.

El elemento tendencioso estaría en el intento de implicar a la Fiscal General con el hecho mencionado por Sandoval. Esto, cuestionando que Porras estuvo en una reunión con la Cámara de Comercio Suizo Americana.

La presencia de la funcionaria en un evento de esa naturaleza no significa nada, aunque parece un intento de criminalizar a la Cámara de Comercio Suizo Americana en un hecho que por otra parte, no queda claro en el comentario del ex fiscal.

Probablemente estos fueron los motivos para que el MP calificara la publicación de «falsa y mal intencionada».

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Luego de la reelección de Consuelo Porras como titular del Ministerio Público y Fiscal General, se incrementaron las acusaciones y ataques mediáticos en su contra. Recientemente un medio internacional señaló a Porras como “el monstruo que aterroriza a los fiscales».

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Según la publicación de Univision, Consuelo Porras es vista como la responsable de un retroceso para la justicia del país. «Para mí es un monstruo», dijo a Univision Noticias la ex fiscal general Thelma Aldana.

Aldana, quien es prófuga de la justicia en Guatemala asegura que las denuncias en su contra son una estrategia para intimidarla y asegura que Porras es la responsable de intimidar a operadores de justicia y frenar investigaciones en contra de funcionarios del gobierno de Alejandro Giammattei.

Además, de las protestas tras la reelección de Porras, los exfiscales guatemaltecos que se encuentran en el extranjero, cuestionaron la decisión del mandatario.

Al igual que la exjefa del MP, Juan Francisco Sandoval se refirió al trabajo de Porras y aprovechó para señalar acciones que considera anómalas e ilegales. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas o procesos legales en contra de la Fiscal General.  

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Al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, Suecia lamenta la decisión del presidente Alejandro Giammattei de reelegir a Consuelo Porras como Fiscal General y jefa del Ministerio Público.

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Las agencias internacionales y diplomáticos aseguran que su preocupación ante la reelección de Consuelo Porras al frente del MP gira en torno a la “independencia judicial”.

Suecia expresó su preocupación y asegura que es una “noticia decepcionante para la lucha contra la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial”.

“Decepcionante noticia para la lucha contra la corrupción y la independencia judicial en Guatemala. La lucha contra la corrupción, en todos los niveles, es fundamental para que prospere la democracia”, dice el mensaje de Anne Linde, ministra de Relaciones Exteriores de ese país.

La presión de los organismos internacionales ante la reelección de Porras, es cuestionado por varios sectores que ven con preocupación la injerencia de agencias internacionales en las decisiones del país.

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Una vez más el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a la Fiscal General, Consuelo Porras por supuestos actos de corrupción, la noticia parece no causar alarma en el gobierno de Giammattei, quien de manera sarcástica se refirió a la “lista del zopilote” en la que incluiría a “enemigos” de Guatemala, durante un evento de la Anam.

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La reelección de la Fiscal General, Consuelo Porras fue cuestionada por varias organizaciones internacionales, especialmente por las autoridades estadounidenses que defienden a ex operadores de justicia refugiados en su país.

Aunque no existen denuncias formales en contra Porras, el exfiscal Juan Francisco Sandoval y la exjefa del Ministerio Público, Thelma Aldana describen a la Fiscal General como un agente de la corrupción.

Cabe resaltar que tanto Sandoval como Aldana enfrentan procesos penales en su contra y han sido declarados prófugos de la justicia en Guatemala.

Sin embargo, para el Departamento de Estado de EE.UU., Guatemala solo podrá avanzar en la lucha contra la corrupción con Porras fuera del escenario.

El pasado martes 17 de mayo, tras confirmar la reelección de Porras como titular del Ministerio Público, Estados Unidos anunció nuevas sanciones en su contra. En septiembre de 2021, EE.UU. incluyó a la funcionaria en la Lista Engel.

Durante un evento de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), el presidente Alejandro Giammattei, se refirió a las presiones que recibió por la elección de Fiscal General.

“Me han llamado, me han amenazado, me han dicho que me van a quitar, que me van a hacer. Yo lo único que he podido contestar, como se lo dije a un embajador de una potencia, de un imperio, en una visita que me hizo, le dije: embajador, ustedes no han entendido que mientras yo sea presidente de este país, que es así de chiquito comparado con el suyo, aquí se respeta la soberanía del país”, dijo.

El mandatario se refirió a las consecuencias de las acusaciones sin fundamento legal y aseguró que él también haría la “lista del zopilote”, en la que incluiría a los enemigos de Guatemala.

“El día de mañana cualquiera de nosotros puede ser acusado por la lengua de alguien y con la lengua de alguien pueden acabar con su vida en la prisión, sin pruebas; por ponerlo a una lista, yo también voy a hacer la lista del zopilote y vamos a principiar a poner a aquellos enemigos de Guatemala en la lista del zopilote, porque sí, si lo ponen a uno en una lista que no vale nada, por lo menos el zopilote vale algo”.

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Washington considera necesario que el gobierno de Guatemala recapacite la reelección de Consuelo Porras, la cual calificó como “un paso atrás para la democracia en Guatemala”.

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El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price cuestionó la decisión del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

“La reelección de Porras es un paso atrás para la democracia en Guatemala”, remarcó el funcionario estadounidense en rueda de prensa.

Además, de las fuertes críticas por la reelección de Porras, el Departamento de Estado anunció una nueva designación en contra de la Fiscal General, su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, y su “familia inmediata”.

Según, Price se trata de un “paso atrás” para la democracia de Guatemala. “La reelección de Porras es un paso atrás para la democracia en Guatemala”, remarcó el funcionario estadounidense en rueda de prensa.

Aunque no existe ningún proceso en contra de la Fiscal General, es acusada de “obstruyó y socavó en repetidas ocasiones las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar favor político indebido”.

Price, señaló que “el patrón de obstrucción de Porras incluye, ordenar a fiscales del Ministerio Público de Guatemala ignorar casos con base en consideraciones políticas, y despedir a fiscales que investigan casos que involucran actos de corrupción”.

“Estados Unidos está decidido a apoyar a todos los guatemaltecos y apoyar la democracia y el Estado de derecho y contra aquellos que socavan estos principios en beneficio personal. Instamos al Gobierno de Guatemala a que tome medidas concretas y serias para revertir el retroceso democrático”, indicó.

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Este miércoles 27 de abril, Consuelo Porras actual Fiscal General sostuvo una entrevista con el presidente Alejandro Giammattei como parte del proceso de elección del cargo.

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Porras se refirió a la importancia de fortalecer las agencias fiscales en todo el país y garantizar la justicia para la población “sin sesgo, en favor de los derechos humanos y con legalidad», finaliza Porras.

Además, destacó que el Ministerio Público ha sido reconocido por instituciones nacionales, centroamericanas e incluso por agencias estadounidenses.

«Tenemos agencias que garantizan a la población guatemalteca tener una respuesta inmediata para combatir la lucha frontal contra la corrupción» contra la impunidad en el país», puntualiza.

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Las bancadas de oposición del Congreso de la República y organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa este domingo solicitaron la renuncia de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras y el presidente Alejandro Giammattei.

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Durante una conferencia de prensa, diputados de Winaq, Semilla y URNG-Maíz expresaron su rechazo al despido de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

«No daremos marcha atrás» en las acciones por lograr la renuncia de Alejandro Giammattei y la fiscal general, enfatizó el diputado Edgar Batres de la bancada Winaq, durante la conferencia.

La bancada URGN-Maiz señaló que la sociedad debe unirse para rechazar las acciones de Consuelo Porras y exigir que se respeten los derechos laborales de Juan Francisco Sandoval.

Los legisladores anunciaron que están organizando mesas de trabajo para fortalecer el sector justicia.

Por su parte, la diputada Escobar del Parlacen condenó la destitución de Sandoval y agregó que la población no debe permitir este tipo de injusticias.

Mientras, que el diputado de la bancada Semilla, Samuel Pérez indicó que se presentará una denuncia contra la Fiscal General por actuar de forma ilegal al despedir a Sandoval.

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Aunque Gloria Porras dejó de ser magistrada el 13 de abril, al no ser juramentada, el jefe de la Comisión Pesquisidora del Congreso, Mario Taracena, insiste en afirmar que Porras es magistrada electa y, según comentó la abogada Amanda Santizo en sus redes, intenta librar de responsabilidad penal a la ex funcionaria.

Roxana Orantes Córdova

La semana inició con la reunión de la Comisión Pesquisidora que investiga a Francisco de Mata Vela, quien ocupa la vacante que se produjo cuando Gloria Porras no fue juramentada, y la ex magistrada, que según la ley, perdió la inmunidad que le otorga el antejuicio el pasado 13 de abril.

La comisión está integrada por dos congresistas de la UNE: Mario Taracena y Andy Figueroa, y Daisy Guzmán (Vamos); Jaime Lucero, de UCN; y Otto Callejas, de la bancada TODOS. La acción de Taracena como presidente ha sido cuestionada más de una vez por la Asociación de Dignatarios de la Nación, que interpuso el amparo motivo de la actual investigación.

El retiro del antejuicio fue solicitado por la asociación mencionada, a raíz del fallo que revocó la declaratoria de non grato a Anders Kompass, ex embajador sueco. Esto fue considerado contrario a la Constitución por sus redactores, organizados en la Asociación de Dignatarios de la Nación, debido a que según afirmaron varios de ellos y más de una vez, solamente el mandatario tiene autoridad para declarar non grato a cualquier embajador.

Estatus «poco claro«

Aunque parece muy claro que Gloria Porras dejó de ser magistrada en el momento en que le negaron la juramentación, el presidente de la pesquisidora, Mario Taracena, considera que «la magistrada Gloria Porras está electa, pero no ha tomado posesión; en el caso de De Mata Vela, es actual magistrado».

Esta afirmación pareciera ser resultado de la afinidad entre Porras y la UNE. Entrevistada poco después de salir del país por prensa internacional, la ex Fiscal Thelma Aldana dijo:

«Torres (Sandra) y Porras (Gloria son lo mismo. Ambas equivalen a impunidad»

Aunque actualmente Aldana expresa sin tapujos su simpatía por Porras, la frase quedó escrita y devela la cercanía de la ex magistrada con la UNE, que impulsó dos veces su magistratura, como representante del Ejecutivo y del Congreso.

Para ser electa por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Porras debía ser «de preferencia docente universitaria», señala la normativa. El Consejo Superior Universitario (CSU), siempre eligió a un catedrático, y como dijo Omar Barrios a Perspectiva, poco antes de la polémica elección, «preferentemente de la USAC, porque de esa manera, su trabajo académico es conocido por quienes lo eligen».

Además, la ley establece claramente que el proceso debe ser por voto secreto. Quienes defienden la forma pública en que se eligió a Porras, argumentan que esto le da transparencia, pero según abogados, no es posible transgredir la normativa, en todo caso existe la posibilidad de que se impulsara su cambio.

Sumado a los dos anteriores, los participantes no fueron informados oficialmente y esto motivó que Porras no pudiera ser juramentada. Similar situación se dio con la elección en el CANG, aunque quienes defienden el proceso irregular de la USAC, no han hecho lo mismo con el del Colegio de Abogados y Notarios.

En cuanto a Francisco de Mata Vela, ocupa temporalmente el puesto de Porras, mientras se organice una nueva elección en la USAC o bien, mientras se dirima si pierde la inmunidad. El lunes pasado, la pesquisidora anunció que solicitarán a la CC un «informe circunstanciado» para determinar el estatus de ambos.

Esta solicitud podría ser un simple formalismo o una maniobra si, como afirmó Amanda Santizo en sus redes sociales, Taracena está haciendo esfuerzos por lograr que Porras no sea investigada y validar la extraña elección del CSU.

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La Corte de Constitucionalidad (CC), declaró cesante a Neftaly Aldana, lo que abre la puerta para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designe a su representante. Esto sucedió luego de que el embajador William Popp sostuviera una reunión con los magistrados de la CC. Horas antes, Dina Ochoa había denunciado penalmente a Gloria Porras, y un grupo de ONG´s denunciaba a Ochoa. Según el analista Alfredo García, es probable que ambas denuncias terminen durmiendo “el sueño de los justos”. Entretanto, Roberto Molina Barreto señaló que estaban “matando del estrés” a Aldana y Ricardo Méndez Ruiz afirmó que la acción de Ochoa fue “un acto de decencia”.

Roxana Orantes Córdova

La magistratura de Neftaly Aldana ha estado vacante durante tres meses, y pese a que se encontraba incapacitado desde el 9 de julio, la presidente de la CC, Gloria Porras, insistió en negar a su familia las licencias prolongadas, primero, y la cesantía posteriormente.

El caso de Aldana motivó la virtual desintegración de la CC, que permaneció sin representante de la CSJ desde que inició la enfermedad del magistrado, por quien se interpusieron varios recursos de exhibición personal debido a que no había certeza sobre su condición. Inicialmente, Porras intentó desestimar el diagnóstico del médico familiar del magistrado, quien habría recomendado el reposo absoluto prolongado.

Un elemento que ahora se cierne contra la presidente de la CC como la “espada de Damocles”, es que después del 9 de julio, Aldana se habría inhibido más de una vez. A principios de octubre, la penalista Amanda Santizo comentó a Perspectiva que el 10 de septiembre, la CC emitió la sentencia número 2187-2020, que otorgaba un amparo a la Fundación Myrna Mack. Aldana se habría inhibido, aunque es imposible que esto haya ocurrido, tomando en cuenta que estaba incapacitado desde principios de julio, lo que implicaría el delito de falsedad ideológica, entre otros.

Hoy llegó a su fin el calvario del magistrado Aldana, finalmente cesado por la CC, que intentó hasta el último momento, lograr la presencia física del jurista, pese a que su condición lo impedía. Alrededor de las cinco de la tarde, la CC divulgó un comunicado informando el hecho. Sin embargo, antes de tomar una decisión que según varias opiniones era obligada por el sentido común y humanitario, la presidente de la CC realizó varias acciones que podrían volcarse en su contra.

El disenso de tres magistrados que se retiraron públicamente de participar en el pleno, debido a su virtual desintegración; intercambio de comunicados y amplia cobertura fueron la antesala de una medida que pudo haberse tomado inmediatamente después de que los familiares del magistrado pidieron su cesantía, avalados por un eminente neurólogo.

Sin embargo, “se les olvidó que la CC es un tribunal de garantías mínimas para los derechos humanos”, señala Molina Barreto. Entretanto, Méndez Ruiz considera que Porras “abusa de su cargo para sobrevivir” y Alfredo García indica: “la saga de la CC va a seguir mientras existan esas pugnas de poder internas”.

La decisión de declarar cesante a Aldana, que abre la puerta para que la CSJ designe a un magistrado que podría no plegarse totalmente a los intereses que han imperado en ese cuerpo colegiado, fue precedida por algunos hechos que probablemente no estén relacionados con la declaración de cesantía pero resulta necesario mencionar:

• El embajador estadounidense William Popp visitó a los magistrados de la CC hoy por la tarde, luego de visitar a la Fiscal General Consuelo Porras.
• Dina Ochoa interpuso una demanda penal contra Gloria Porras.
• Según un rumor que circuló en la CC, el médico de Neftaly Aldana habría escrito una carta a los magistrados, dando a conocer que la recuperación del magistrado podría ser un proceso prolongado.

Amparistas denuncian a Ochoa

Otro suceso del miércoles 21 fue la denuncia de la coalición llamada Alianza por Reformas, integrada por unas 40 organizaciones y que ha interpuesto varios amparos ante la CC, varios de estos tramitados de inmediato. Entre otros, el grupo abogó por la permanencia de Iván Velásquez y la elección de magistrados, aunque inicialmente estuvieron de acuerdo con los retardos de ese proceso en 2019.

En dicha coalición participan grupos como la Unidad de Defensores de DH de Guatemala (UDEFEGUA), la Batucada del Pueblo, Protección Internacional, Justicia Ya, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, CONGCOOP, Fundación Myrna Mack, Autoridades Ancestrales, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Además, la coalición mencionada tiene un vínculo con la cuenta de Twitter llamada RICIG o Red de Información Contra la Impunidad en Guatemala, que opera con el correo de la ex CICIG.

La denuncia de estos grupos contra Ochoa tiene algunos visos de ser un intento por contrarrestar la acción de la magistrada contra su colega. Sin embargo, considerando que la presidente de la CC habría decidido actuar según el sentido común, cesando a Neftaly Aldana, “el MP podría actuar con mucha cautela y ambas denuncias terminar durmiendo el sueño de los justos”, dijo Alfredo García.

“Dina Ochoa está curándose en salud”, dice Molina Barreto

“Presionada a integrar un pleno de forma ilegal, pese a las solicitudes de la familia y el dictamen del médico, la magistrada Dina Ochoa escogió curarse en salud al interponer la denuncia contra Porras. Parece que a esta señora y los otros cuatro se les olvidó que la CC es un tribunal de garantías mínimas para los derechos humanos”, expresa Molina Barreto.

El jurista también considera que el pleno no puede integrarse de forma diferente a la que establece la ley vigente, y que las inhibitorias de Aldana generan muchas dudas, porque en su condición, él no podía inhibirse. “Tres magistrados no pueden conformar un pleno, que estaría integrado de forma delictiva. Y oponerse a la declaración de cesantía es una actitud de delito flagrante, que incluye hostigar a un enfermo y su familia. Una actitud injustificada y que podría agravar seriamente la condición del magistrado”.

Méndez Ruiz: “Porras opera en modo de sobrevivencia”

La Fundación Contra el Terrorismo (FCT), ha presentado denuncias contra Porras y otros magistrados de la CC. Su presidente, Ricardo Méndez Ruiz, opina que Dina Ochoa demostró decencia con un acto que la separa de las actitudes asumidas por Porras, quien según dice, corresponden a “un estado patológico. Solo alguien fuera del uso de sus facultades mentales puede llamar a declarar a un enfermo grave. No es necesario ser médico para saber que si una persona sufrió uno o varios derrames no está en condiciones de presentarse en público”.

Además, Méndez Ruiz señala que la magistrada actuó obviando las peticiones del médico y la familia y tuvo una serie de actitudes que según dice, evidenciarían que la presidente de la CC actúa “en modo de sobrevivencia”.

“No me extrañaría que abandone el país muy pronto. En su contra hay varios casos penales que no me cabe duda, serán atendidos. Recientemente presentamos una demanda contra el magistrado Pineda, quien ha impedido que los antejuicios sean conocidos por el pleno. Podemos ver una estructura que abarca algunas fiscalías del MP, además de tener cómplices en la CSJ y la CC. Pero en este momento, Porras está en una situación complicada y su manejo de la enfermedad de Aldana mostró cómo abusa de su cargo para sobrevivir”.

“En este momento, no pueden autoampararse”: García

“Exigir la presencia de Neftaly Aldana fue un ataque contra su dignidad humana y su condición de salud. De acuerdo con los informes médicos, el magistrado no podía presentarse en público. Considero que la saga de la CC va a seguir mientras existan esas pugnas de poder. Actualmente, la CC está formalmente desintegrada y de acuerdo con las normativas vigentes, los magistrados no pueden emitir resoluciones sobre la CSJ, el Ejecutivo o el Congreso. Tampoco pueden autoampararse”, señala García.

Esto, porque para emitir ciertos fallos debe haber un pleno de siete magistrados titulares. “Los magistrados de la CC están gestionando la crisis que ellos mismos causaron. Con un número de magistrados incompleto, con uno solo que se inhiba, no podrían parar una ley, por ejemplo”, comenta y agrega:

“Si se llegara a comprobar que Neftaly Aldana se inhibió (pese a estar imposibilitado), hay delito de falsedad material e ideológica”.

En cuanto a las dos denuncias presentadas hoy, comenta: “al declarar la vacancia, comenzaron a ceder, contraviniendo su propia orden dada poco después. El MP podría a actuar con mucha prudencia, y las denuncias de Ochoa y el grupo de ONG´s podrían dormir el sueño de los justos”, concluye.

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