Raúl Falla, quien además de querellante adhesivo se constituyó en representante legal de Ronald García Navarijo, asegura que las declaraciones de Jose Rubén Zamora ante el juez lo incriminan en lugar de favorecerlo. Por su parte, Giovanni Fratti y Ricardo Méndez Ruiz, ambos columnistas de opinión desde hace varios años, coinciden en que el caso obliga a revisar la ética periodística. Entretanto, el fiscal Rafael Curruchiche aseguró que las cuatro horas de audios grabados son lo más relevante en la jornada de hoy.

Roxana Orantes Córdova

«Zamora reconoció que conoce al denunciante Ronald García, quien lo acusa de chantajearlo para lavar dinero. Además, mencionó que recibió dinero del Banco de los Trabajadores (BANTRAB) y de varias empresas, incluyendo la Pepsi, aportes que disfrazó de pauta publicitaria», indica el abogado Raúl Falla, quien representa al denunciante.

García Navarijo es un ejecutivo del BANTRAB implicado en el caso conocido como Arca, que hoy dio varias sorpresas y promete aún más. Por ejemplo, señalados en el caso Arca no habían sido mencionados, porque según el jefe de la FECI Rafael Curruchiche, son amigos de Juan Francisco Sandoval, hoy prófugo y quien habría ocultado estos datos.

La opinión pública se enfocó en el caso y abundó en información diversa, además de la transmisión en directo. Entre tantos datos, circularon algunos bulos. Por ejemplo, una persona que se identifica como «periodista» en redes sociales, aseguró que la embajada estadounidense se constituiría en querellante adhesivo para «velar por los nietos del periodista y empresario enjuiciado».

A esto, Curruchiche explicó que la embajada estadounidense no tiene legitimación para constituirse como querellante en el caso.

Los mencionados sorpresivamente son el periodista Juan Luis Font, el analista Phillip Chicola y el editor Raúl Figueroa Sarti. Chicola divulgó su posición en un comunicado, mientras Font y Sarti no se han pronunciado.

Curruchiche: “todos los mencionados en los audios serán investigados”

El fiscal de sección Curruchiche indicó que todos los mencionados en los audios serán investigados. Para el jefe de la FECI, lo más importante este día fueron las cuatro horas de grabación presentadas al juez, quien al final tomó declaración de los señalados, Jose Rubén Zamora, por lavado de dinero, y Samari González, ex fiscal quien presuntamente filtró información a Juan Francisco Sandoval aun estando prófugo.

«Ella ocultaba información de algunos elementos en el caso Arca y filtraba otros a Juan Francisco Sandoval, quien a su vez se los trasladaba a Zamora», indica.

«Urge revisar los valores de la prensa», dice Méndez Ruiz

El querellante adhesivo Ricardo Méndez Ruiz, quien durante varios años fue columnista de El Periódico, dijo a Perspectiva:

«Si algo positivo se puede sacar de este proceso, aparte de que José Rubén Zamora pague por los delitos que cometió, es que urge que la prensa revise sus valores éticos y morales, y que se aparte de las prácticas de chantaje que no han sido exclusivas de Zamora.

Eso, además de dejar por un lado el periodismo que acusa sin fundamentos y sin consecuencias, que destruye reputaciones e incluso vidas.

Zamora tiene en su contra también procesos por difamación que sin duda tendrá que atender como un preso más, ya sin las influencias que tenía para evadirlos».

«El despliegue de la fafa», señala Fratti

Abogado y columnista, Fratti expresó:

«Lamentablemente, estamos escuchando en vivo el audio de Zamora con su contadora y los dos abogados corruptos. Estamos viendo el despliegue de la fafa corrupta, la simulación de contratos y préstamos bancarios falsos para encubrir una vil extorsión y la fafa de la cual este señor, corrupto y marrullero, ha vivido durante décadas.

Eso no es periodismo, es extorsión y lavado de dinero. Agradezco al fiscal Curruchiche y a la Fiscal General el haber destapado esa cloaca de corrupción y ahora, de la boca de los acusados, gracias a las grabaciones telefónicas, nos damos cuenta de cómo extorsionó a empresarios, políticos corruptos, banqueros corruptos y mercantilistas que mantuvieron a este corrupto por años.

Qué vergüenza darle dinero a este señor para que mantuviera la corrupción en la prensa y qué bueno que se está denunciando, que esa cultura corrupta de la fafa se acabe con este caso paradigmático».

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El diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunció que una sola empresa vendió al Estado las pruebas para detectar el coronavirus y afirmó que esta venta fue sobrevaluada.

Redacción Perspectiva

 “Para nosotros hay indicios suficientes de corrupción y de una red corrupta en el Ministerio de Salud Pública que se está robando el dinero del pueblo”, afirmó Barreda, quien pidió actuar al Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Barreda afirmó que el 94% de las pruebas se compraron a Labymed S.A., a un precio unitario de Q198. Esa empresa habría hecho un donativo al gobierno, dijo Barreda.

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El alcalde de Mixco informó en su cuenta oficial que la municipalidad de Mixco comenzó a realizar pruebas de equipamiento en autobuses de rutas exprés.

Redacción Perspectiva

Estas no son pruebas de operación, sino de equipamiento y distanciamiento social, afirmó Bran, quien agrega que los pasajes se pagan con tarjeta, “cumpliendo con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Entre las medidas que menciona Bran están: higienización de las unidades, “lo cual se realizará al iniciar las operaciones todos los días”. El alcalde mixqueño agrega que “A la fecha se han identificado diferentes opciones del equipamiento requerido por el Gobierno a bordo de cada autobús, mientras se define quién cubrirá los gastos”.

Entre otros instrumentos, menciona un termómetro automático que emite sonido y luz verde cuando la temperatura es menor de 37.3 y otro sonido con luz roja cuando es mayor. Además, una cortina de protección para el conductor, quien estará debidamente equipado.

“El distanciamiento social fue identificado en asientos y en el piso. Cuenta con radio de comunicación, y aplicación con GPS para ubicación del autobús, cámaras de control y conteo de pasajeros, con DVR con 24 de horas de capacidad de grabación. En unos días se estarán habilitando una unidad de cada ruta express: (ERoosevelt, ENaranjo y EMinervas) así como buses rojos para su evaluación”, concluyó Bran.

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Fuentes oficiales confirmaron que el Transurbano iniciaría un plan piloto para la reapertura este sábado. La información fue divulgada por la agencia noticiosa del gobierno y la página del Transurbano.

Redacción Perspectiva

El pasado 7 de julio, la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), dio a conocer que luego de la prueba piloto realizada con unidades de Transmetro, se proyectaba realizar una similar con Transurbano, el sábado 13 de junio.

Hoy, autoridades de Transurbano dieron a conocer que el sábado iniciarán las pruebas, para lo que piden a los ciudadanos acudir con sus tarjetas SIGA para ingresar. Estarán autorizados a ingresar 35 pasajeros por unidad y todos los protocolos se establecerán de acuerdo con lo indicado por el Ejecutivo.

El horario de atención será entre 6:00 am y 15:30, los ejes en funcionamiento serán:

Eje Norte: Pinares del Norte, Colonia Maya, Centra Norte y Palencia, todas hacia el Centro Histórico. Contarán con 32 autobuses.

Eje Sur: Nimajuyú-Obelisco,  Villa Hermosa-Trébol y Justo Rufino Barrios-Centro Histórico.

Y el eje Vista Hermosa-zona 15-Hipódromo zona 2.

Las autoridades de ese transporte también informaron que se cumplirá estrictamente con los protocolos de prevención, como higienización de unidades, toma de temperatura, obligatoriedad de mascarillas y otros.

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Por Redacción Perspectiva

Con el objetivo de poder contar con un mayor número de pruebas a realizarse en el menor tiempo posible y luego de una exhaustiva evaluación de varios proveedores, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala -FUNDESA-, con el respaldo del CDC del Gobierno de los Estados Unidos y la Universidad del Valle de Guatemala, hizo un primer pedido de pruebas PCR a la empresa coreana SD Biosensor que cuenta con las aprobaciones de la FDA y CDC, las cuales serán donadas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social esta semana.

En este primer pedido se incluyeron 6,043 pruebas, además de insumos para el Laboratorio Nacional, las cuales servirán para fortalecer la capacidad de ejecutar las pruebas en nuestro país, incluyendo el hisopado, mix, entubados y esquemas de laboratorio.

Este esfuerzo ha sido posible gracias al aporte y compromiso de diferentes corporaciones, empresarios y personas anónimas, que se han sumado a esta gran campaña nacional de recaudación.

Con el resto de los recursos que se vayan recaudando se espera realizar un segundo pedido de 9,000 pruebas en las próximas semanas, para así aprovechar los insumos de laboratorio ya adquiridos.

FUNDESA ha trabajado con expertos internacionales que han logrado realizar pruebas masivas en otros países para salvar vidas, como el caso de Singapur, Corea, Alemania y Dinamarca, donde además del distanciamiento social -que ya se está implementando en el país- se hicieron grandes cantidades de evaluaciones para afrontar de manera más confiable y certera esta pandemia.

Si usted desea de sumarse, a título personal o a través de empresas que usted conozca, a esta campaña nacional de recaudación para donar más pruebas que detecten el COVID-19, puede escribir  a UnidosPorElDesarrollo@fundesa.org.gt o deposite directamente en nuestras las monetarias a nombre de FUNDESA del Banco Industrial en dólares: 0040009530 o en quetzales 0530022889. Luego envíe la boleta de depósito por correo con su nombre, dirección y NIT para emisión del recibo de donación correspondiente.

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La detención y el proceso judicial contra el ex ministro de Gobernación Carlos Vielmann son uno de los hechos más polémicos en la coyuntura actual. Perspectiva entrevistó al abogado defensor del ex funcionario, para conocer más detalles sobre la versión de la defensa, a fin de que nuestros lectores puedan formarse un juicio equilibrado, con la mayor cantidad de información posible.

Alberto Morales Velasco es el penalista que representa a Vielmann desde el inicio del proceso y afirma que en el caso de ejecuciones extrajudiciales, su cliente ya fue juzgado y absuelto. Sin embargo, señala que hay interés en perseguir al ex ministro. “No lo digo yo. Lo dice un testigo en el caso de ejecuciones extrajudiciales y está consignado en la propia sentencia que se dictó en España”, afirma.

Rafael Guillaumon Moreno, un policía español que trabajó para la Cicig entre 2008 y 2010, dijo a la corte de su país: “a un director de la policía se le ofreció un trato de favor a cambio de implicar al Ministro”. En el mismo documento, Guillamon aseguró que “habría presiones para involucrar de cualquier forma a Vielmann, que Cicig tenía fijación contra Vielmann, que contrastó la información y otros funcionarios de esa comisión tenían el mismo pensamiento”.

Como antecedente a favor de su defendido, Morales recuerda que Vielmann fue activo participante en la implementación de la reforma policiaca y destituyó a centenares de agentes corruptos. Asimismo, el ex funcionario fue Comisionado de Transparencia durante el gobierno de Oscar Berger, donde es indiscutible su aporte en la lucha contra la corrupción. Como parte de ese gobierno, es copartícipe en la presencia de la Cicig en Guatemala.

El ex ministro está consternado, según narra su defensor, quien agrega que jamás pensó que sería juzgado nuevamente, nada menos que por tortura, un delito de lesa humanidad. “Esto es  inverosímil y somete a escarnio público a un ex funcionario que ya fue absuelto”, concluye.

Roxana Orantes Córdova

¿Cómo valora el manejo del caso por el Ministerio Público (MP)?

Por mandato constitucional, el MP tiene no solo la obligación sino la facultad de llevar o promover todos los procesos penales en cuanto a la acusación de todos los delitos de acción pública y en este caso, consideró que había los suficientes elementos como para solicitar una orden de aprehensión en contra del señor Carlos Vielmann y otras personas.

Es una evaluación muy propia de ellos. Considero que en el caso de ejecuciones extrajudiciales ya el señor Vielmann había sido sometido a un proceso por los mismos hechos y fue declarado absuelto por los tribunales españoles.

¿Qué comentario tiene sobre la grabación que circula en redes y que se atribuye a un diálogo entre el reo Marco Tulio López y fiscales del MP, en 2010? El hecho se menciona porque López es uno de los testigos en el caso de tortura contra Vielmann.

Como defensores, nos quedamos sorprendidos de ese audio que sigue circulando, en el que se escucha una supuesta negociación. Digo supuesta porque a mí no me consta absolutamente nada. Ahí se escucha claramente que efectivamente, le están ofreciendo una negociación.

Hay que aclarar que ni el licenciado Juan Francisco Sandoval ni el licenciado Carlos de León, quien lleva el caso, estuvieron presentes o como fiscales en aquel entonces. Conozco a ambos y durante el tiempo que tengo de conocerlos, creo que siempre han actuado con mucha ética y profesionalismo. Al menos así lo considero.

Opino que ellos no se prestarían para una negociación de esa naturaleza. Son audios que andan circulando y por supuesto, la defensa va a determinar la procedencia del audio y pediremos un cotejo de voces entre el reo entrevistado en el audio por supuestos fiscales y la persona que declara en el proceso actual, el reo Marco Tulio López y López. Solo con el cotejo de peritos podremos establecer si es la misma persona. Esto se tendrá que hacer en el curso de la investigaci{on.

¿Qué indican las imprecisiones o incongruencias en las declaraciones?

Todo esto indica que no son testigos idóneos. Su deposición pudo haber sido manejada, e indica que ese testimonio no es creíble. Todo esto es parte de una sana crítica que lo establece un tribunal de sentencia.

La idoneidad de un testigo se determina hasta en una sentencia. Desde luego son personas que han cometido delitos deleznables, y desde luego cuando se examina esto en una sentencia se puede concluir que son poco idóneos.

No por ser reos se les va a descalificar como seres humanos pero me parece extraño que tres personas estén manejando todo un sistema a su sabor y antojo de dos formas: al principio trataron de negociar para dar sus testimonios y ahora que siguen manejando el sistema y por supuesto, alguien tiene interés de hacerle daño al señor Vielmann.

¿En qué se basa esta afirmación?

No lo digo yo, lo dice la propia sentencia que se dictó en España, donde se determina que Rafael Guillamon Moreno, un policía español que trabajó para la Cicig entre 2008 y 2010. Además de Guillamon, otros ex miembros de la Cicig y un oficial francés de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala.

Según el MP existen por lo menos 50 testigos y varias pruebas científicas ¿ya se presentaron estas pruebas?

Hasta ahora no existe otro elemento de convicción que los testimonios, especialmente los de tres reos que están cumpliendo condenas de entre 30 y 50 años. Existe la posibilidad de que se les haya ofrecido algún beneficio, como reducción de penas, a cambio de sus testimonios.

Esto ya sucedió en el proceso de España, donde resultó libre un reo de alta peligrosidad llamado Nelson Rodríguez, cuyo testimonio finalmente no resultó útil para la aplicación de la justicia porque finalmente fue desestimado.

En las acusaciones de tortura no existe una sola prueba científica o elemento de convicción, además de esos tres testimonios.

¿Han solicitado medidas sustitutivas para la prisión preventiva que enfrenta el ex ministro?

El jueves pasado apelamos la prisión preventiva. Estamos a la espera de que la sala resuelva. Pero estamos conscientes de que se va a hacer justicia, aunque no sea en el corto o mediano plazo.

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Las revelaciones de la Fiscal General Consuelo Porras sobre una estructura que facilitó ascensos de forma anómala debieran ser investigadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), afirma Victoria Sandoval, abogada de la familia Bitkov. El hecho fue explicado en una conferencia de prensa durante la cual Porras enfatizó en la necesidad de que los procesos establecidos se cumplan a cabalidad. En la conferencia se evidenció que este caso puede ser apenas la “punta del iceberg” de un sinfín de anomalías y señales de malos procedimientos que podrían ser el inicio de una investigación que llegue hasta la ex fiscal Thelma Aldana, opinan analistas.

Roxana Orantes Córdova

Anomalías en los procesos de ascensos de nueve fiscales del Ministerio Público (MP), quienes tomaron posesión en noviembre de 2017, fueron denunciadas a la Fiscal General Consuelo Porras, quien decidió investigar a fondo los hechos, con una comisión integrada por el departamento de Recursos Humanos y el asesor del despacho.

En la conferencia de prensa,  Porras señaló que sindicalistas y fiscales del MP denunciaron que los ascensos de 2017 no habían respetado los procesos establecidos. Luego de conocer la denuncia, solicitó un “estudio analítico serio y bien fundamentado”, que dio como resultado un informe en el cual se expone que los nombramientos para cargos en el MP deben seguir los procesos establecidos.

Según el artículo 78 de la Ley Orgánica del MP, los nombramientos deben basarse en méritos, dijo la Fiscal, quien agregó que existen irregularidades en la precalificación, en las pruebas de oposición y en los exámenes de méritos realizados.

Las primeras irregularidades mencionadas por Porras son relativas a la convocatoria, que se realizó sin que se hubiera elaborado un reglamento, como establece el artículo 22 del reglamento interno de trabajo del MP.

Además, la convocatoria no se publicó en el diario oficial y según la normativa vigente, debe ser publicada por lo menos una vez en ese medio.

Junto a lo anterior, entre la convocatoria y el inicio del proceso de selección transcurrieron dos días, lo cual a criterio de la Fiscal es un tiempo insuficiente. Estas anomalías se suman a muchas otras que la Fiscal detalló en la conferencia.

Un proceso de selección sui generis

Según señaló Porras, la normativa establece que quienes califican las pruebas de conocimiento no pueden saber la identidad de los examinados. Sin embargo, Porras, añadió que  “los aspirantes se calificaron entre ellos”.

Lo anterior, con base en que quienes actuaron como evaluadores habían sido jefes inmediatos de los evaluados. Por ejemplo, Aura Elena Guzmán Loyo era parte de la terna y “debió inhibirse porque su área era la administrativa”.

Para Porras, es inadmisible que una directiva del área administrativa evalúe a fiscales, un campo totalmente diferente. Además, uno de sus evaluados era su subalterno. Pese al evidente conflicto de intereses y pese a que el sentido común obligaba a inhibirse, no lo hizo, señaló la Fiscal.

Miriam Ambrocio y Aura Colindres integraron la terna y según la Fiscal, examinaron a quienes habían sido sus subalternos y a personas con quienes habían laborado en las mismas agencias fiscales.

Entre el cúmulo de irregularidades en el proceso, resalta que los contratados para impartir las capacitaciones previas a la selección fueron Juan Francisco Solórzano Foppa, Ricardo Guzmán Loyo y Rottman Pérez.

De 78 examinados, solamente 10 superaron la primera fase, lo que motivó la duda de Porras, quien argumentó que es imposible que fiscales fogueados durante años hayan tenido un resultado previo tan desastroso. A la par de esta selección, resalta que los seleccionados obtuvieron calificaciones entre promedio y bajas en pruebas escritas y orales, pero quienes no fueron seleccionados y tuvieron notas altas (94 y 95 puntos), recibieron 40 y 50 en una prueba bastante simple, explicó Porras, quien concluyó que “no hubo igualdad de oportunidades”.

Entre los ascensos anulados se mencionó a Stuardo Campo, Brenner Ronaldo López, Manuel Lemus, Elder Fuentes, Aura Colindres, coordinadora nacional y Miriam Ambrocio, de la Región Central. Estas últimas, presentaron sus renuncias al terminar la reunión que Porras sostuvo el viernes recién pasado con todos los fiscales que fueron ascendidos a finales de 2017.

Según lo narrado por la Fiscal, expuso detalladamente las anomalías en el proceso de selección y les informó a los fiscales que los ascensos quedarían sin efecto.

Poco después, Ambrocio y Colindres presentaron sus renuncias y denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que fueron coaccionadas para tomar esa decisión. Según se mencionó en la conferencia, las afectadas podrían llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Consultado por Perspectiva, el PDH, Augusto Jordán Rodas, respondió: “Existe una denuncia y nos pronunciaremos después de pedir los informes respectivos al MP”.

Al comentar las declaraciones de la Fiscal, Victoria Sandoval señaló: “Lo principal quedó claro. Hubo nombramientos irregulares que evidencian la existencia de una estructura interna operando en el MP y habrá que establecer la relación de Thelma Aldana con esto”.

Sandoval expresó: “Según lo dicho por la Fiscal Porras, no se cumplió la Ley Orgánica del MP en relación con los ascensos. Se violaron varias normas. Los nombramientos no fueron legales y lo que el MP hizo fue anunciarles la revocatoria, no despedirlos. Un dato importante es que abogados expertos hayan afirmado que se les obligó a renunciar. Este es un argumento infantil y desafortunado. Nadie puede obligar a firmar un documento a un fiscal con capacidades”.

Lo que se evidenció  hoy en la conferencia de prensa, fue la existencia de una estructura al margen de la ley. Es necesario que se investigue si Thelma Aldana tenía conocimiento o relación con esta estructura, concluye Sandoval.

Entre los cuestionamientos que se realizaron a la Fiscal resalta la mención a Diana Benavides, ex jefe del Departamento Jurídico quien el 15 de octubre publicó un comunicado solicitando “el acompañamiento de la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional” porque, según dice, fue coaccionada y humillada para que renunciara.

Benavides aseguró que el hecho fue una amenaza para que no interpusiera un recurso. Al no presentarlo, el MP deberá pagar cerca de Q251 millones a las empresas COPRECA y Globalcorp Internacional.

A esto, la Fiscal comentó que ya se interpusieron varios recursos anteriormente y que ninguno fue aceptado por contener diversos errores. La deuda es un lastre que el MP hereda de administraciones anteriores y según dijo, tendrán que cancelarla.

En cuanto a la renuncia de Benavides, Porras mencionó que la jefatura del Departamento Jurídico es una plaza de confianza y que Benavides puso el cargo a disposición.

Como conclusión, Porras aseguró que sus 40 años de experiencia y una trayectoria intachable la facultan para llegar hasta el fondo de las investigaciones sobre todas las anomalías que puedan haber ocurrido en el MP, incluyendo cualquier implicación de Thelma Aldana en hechos irregulares.

Y finalmente, cabe mencionar que en las redes sociales se mencionó que el jefe del Departamento Jurídico del MP está “muy unido” al dictamen de la compra sobrevaluada del edificio fantasma en la zona 5.

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El Juzgado Sexto de Instancia Penal ligó hoy a proceso a once sindicados de integrar una estructura conformada por particulares y empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuyo fin era favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones”. Dos de ellos fueron enviados a prisión preventiva y al resto se les otorgó medidas sustitutivas que no podrán ejecutarse hasta que la resolución quede firme.

La jueza suplente Mélida Vásquez halló suficientes elementos de investigación presentados por la CICIG y el MP para enviar a dos operadores-proveedores a prisión y ligarlos a proceso por los siguientes delitos:

• Alejandro Enrique Toledo Paz: asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.
• Juan Pablo Muralles Morán: asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

A las siguientes personas, la jueza les otorgó una fianza de Q35 mil, arresto domiciliario y prohibición de salir del país, entre otras medidas:

1. Hugo René Navas Bonilla (Director de la Policlínica del IGSS): asociación ilícita y cohecho pasivo.
2. César Estuardo Hernández Monroy (médico de la Unidad de Oncología del IGSS): asociación ilícita y cohecho pasivo.
3. Roberto Francisco Estrada Morales (Director del Hospital de Enfermedades Generales del IGSS): asociación ilícita.
4. Carlos Enrique Palma Carranza (Director del Hospital Juan José Arévalo del IGSS): asociación ilícita.
5. Marcelo Noguera Sagastume (Jefe de Unidad Financiera Hospital Juan José Arévalo del IGSS): asociación ilícita.
6. Carlos Rodolfo Salvatierra (Director Unidad Periférica del IGSS): asociación ilícita.
7. José Rafael Arriaga Fuentes (proveedor): asociación ilícita y cohecho pasivo.
8. José Rodolfo Barrientos Montepeque (proveedor): asociación ilícita y tráfico de influencias.
9. Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez (proveedor): asociación ilícita.

La jueza fijó el 11 de enero de 2016 para que el MP presente las conclusiones de la investigación y la acusación formal contra los once sindicados. Mientras que para el 26 de enero programó la audiencia en donde se decidirá si los sindicados enfrentan juicio.

Antecedentes
Las investigaciones establecieron que algunos operadores acuden a los proveedores para procurar la venta de su producto o servicio al IGSS. Para realizar lo anterior, los operadores se dirigen a los funcionarios periféricos (personal del IGSS que puede modificar el listado básico de medicamentos). Los operadores también acuden a los funcionarios centrales (personal del IGSS que intervienen en los procesos de adquisición institucional) para incidir en la manipulación de dichos procesos.

Esta actividad irregular de los operadores se realiza a cambio de “comisiones” porcentuales pagadas por el proveedor, y que son compartidas por los funcionarios centrales y periféricos.

En este caso continúan prófugos el médico Gustavo Adolfo Castillo Rojas y Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien fue incluido en el listado de los más buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Fuente: CICIG

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