Por lo menos en cuatro casos, la Corte de Constitucionalidad (CC), ha emitido fallos que contradicen anteriores decisiones de la misma corte. El actuar controversial de los magistrados, así como la responsabilidad que tienen por sus resoluciones fueron analizados por el constitucionalista Stuardo Ralón.

Roxana Orantes Córdova

En un evento convocado por el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), el 30 de octubre, el presidente de esa agrupación, Stuardo Ralón, explicó a los asistentes los límites, funciones y responsabilidad de los magistrados de la CC, en un momento complicado para el poder judicial, debido a que uno de los fallos contradictorios de la CC extendió el período de las magistraturas, pese a que este expiró el 12 de octubre recién pasado.

Durante la actividad, el CEDECON entregó a los asistentes un documento titulado La Corte de Constitucionalidad, límites, funciones y la responsabilidad de los magistrados. Ralón desglosó el contenido del texto, dividido en cinco capítulos con los contenidos:

1. Diferencia entre poder constituyente originario y derivado;
2. Funciones de la Corte de Constitucionalidad;
3. Responsabilidad de los magistrados;
4. Casos de conflictos de interés, causales de inhibitoria o de impedimento para conocer y
5. Resoluciones contradictorias de la Corte de Constitucionalidad.

Además, el documento presenta conclusiones y bibliografía.

En los 32 años de su existencia, la CC nunca había sido objeto de tanto interés ciudadano. Probablemente este interés tenga origen en que muchos de los fallos emitidos por esta magistratura han pasado rozando cada uno de los puntos expuestos en el documento del CEDECON.

Un poder derivado que se comporta como originario;  transgrede las funciones establecidas en la Carta Magna que le dio vida y debe resguardar; magistrados que no se inhiben aunque existan conflictos de interés y las resoluciones contradictorias que aparte de presentar argumentos y resultados sobre los mismos temas también han incumplido bloque de constitucionalidad, son algunos de los elementos que expuso Ralón en su plática y que se encuentran desarrollados en el texto citado.

Funciones y responsabilidades

“El poder constituyente derivado no puede actuar sin límites. No puede convertirse en un poder constituyente originario”, señaló el presidente del CEDECON. Varios académicos citados en el documento señalan que el poder constituyente originario es “Aquel que organiza y da forma jurídica a un Estado o permite que este vuelva a refundar un orden jurídico luego de un proceso revolucionario o de un golpe de Estado, o de ua decisión pacífica del cuerpo político de la sociedad, constituyendo una erupción de la libertad política del pueblo para dotarse de un nuevo orden jurídico fundamental”.

El poder originario no se encuentra limitado respecto a la forma de creación de normas constitucionales, pero sí a un período de tiempo. Al ser originario, es autónomo, “pues su razón es ordenar o reordenar la convivencia básica de una sociedad a través de una Constitución”.

La CC es un organismo creado por el poder originario que creó la Constitución vigente. Su función es velar por el cumplimiento de esa normativa fundamental del Estado. “Sus funciones son limitadas”, dijo Ralón.

El constitucionalista señaló que el principio según el cual “los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones”, ha sido usado para sentar una jurisprudencia errática, llegando a usarse para evitar antejuicios.

“No existe ningún dignatario, ciudadano o funcionario fuera del alcance de la ley. NO importa el cargo que ocupe, tiene que responder frente a la ley. Los magistrados son responsables de sus fallos y sus actos. No existe jurisprudencia que les permita evitar o evadir sus responsabilidades”.

Otro fenómeno que se ha dado es la falta de ética. “Las causales de inhibitoria o impedimento son un deber de ética. Un magistrado con conflicto de interés debiera inhibirse y no resolver”, dijo Ralón.

Sin embargo, añadió, “hemos visto más de una vez los auto amparos. Un juez no debiera poder juzgarse a sí mismo. Esto va contra los principios básicos de la justicia y no permite la imparcialidad. Sin embargo, para evitar los procesos de antejuicio, los magistrados han firmado algo que los beneficia, protegiéndose a sí mismos. La CC debe dar ejemplo. Alguien que se juzga a sí mismo, difícilmente es imparcial”.

Resoluciones contradictorias

En 2017, la actual magistratura de la CC decidió resolver que era inviable impedirle al Organismo Legislativo el proceso para formular una ley. Este año, la misma legislatura decidió detener mediante un amparo, el proceso para formular una ley. Esto, pese a que un poder derivado no debiera poder impedir que uno de los tres poderes del Estado cumpla con su función.

También en 2017, continuó Ralón, “se permitió a una hidroeléctrica que continuara sus labores mientras se iniciaba el proceso de consulta popular que dicta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. Meses después, ante el mismo caso de cumplimiento del convenio, la misma corte impidió a una minera trabajar durante más de un año, explicó.

El bloque de constitucionalidad es el conjunto de convenios internacionales firmados por un país, que tienen preeminencia sobre las leyes de los países que son parte de ese convenio. Pese a que Guatemala es parte de la OIT, que regula el trabajo a tiempo parcial, la CC suspendió las normas, lo que incumple el bloque de constitucionalidad, señaló.

Es decir, la CC expuso un amplio razonamiento en uno de los dos convenios con la OIT (el relativo a las consultas populares), mientras no se manifestó sobre el tema en el aspecto relativo al trabajo a tiempo parcial.

En el tema político, impidió la participación de una candidata porque existe un artículo pétreo sobre el tema, y “este solo puede interpretarse en forma gramatical”. Sin embargo, también el plazo de las magistraturas se establece en un artículo pétreo, y en este caso, “no se resolvió con base en una interpretación gramatical”, concluyó Ralón.

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Los recursos de amparo diversos, y las reacciones ante estos, marcan la tónica de una coyuntura política en la cual nada parece estar escrito y todo puede modificarse siempre que quien desee modificarlo, logre obtener un amparo. Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), y Edgar Ortiz, abogado de la Fundación Libertad y Desarrollo, exponen sus criterios sobre el tema.

Roxana Orantes Córdova

Hoy se conoció la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la permanencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones luego del 13. Según expresaron Stuardo Ralón y otros constitucionalistas en un foro de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, esto significa un rompimiento del orden constitucional.

Como contrapunto, Edgar Ortiz considera que la CC se enfrentó a la disyuntiva de decidir entre dos normas de igual rango: la Constitución Política de la República, que indica el plazo de permanencia para los magistrados, en los artículos constitucionales 215 y 217, y “la obligación de elegir jueces imparciales mediante procesos objetivos y acordes a la correcta aplicación del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

También hoy, Jordán Rodas anunció que obtuvo un amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que Finanzas amplíe el presupuesto de la PDH.

Sumado al amparo que intentó frenar el ejercicio ciudadano de esclarecimiento en el Congreso, las resoluciones evidencian cómo se usa y abusa de estos recursos.

“La CC no vela por la Constitución, sino por intereses personales”

Ralón dijo a Perspectiva: “la Constitución establece plazos improrrogables para los períodos de ejercicio de los magistrados. El vencimiento del período constitucional en la CSJ y Apelaciones es el 13 de octubre. La CC es una instancia creada para defender el orden constitucional y si otra normativa choca con la Constitución, esta debe prevalecer”.

“El plazo está claramente establecido en la Constitución Política de la República (CPR). Y la importancia de estos plazos es que ponen un límite, evitando que se prolongue el ejercicio del poder. Son aspectos de fondo, no simplemente de forma, creados para que no se afecte el principio de alternabilidad en el poder y que no se den traslapes que puedan afectar”.

“La opinión consultiva de la CC no puede derogar su referencia, que es la CPR. Los actuales magistrados pierden su calidad de magistrados el 13 de octubre. La CC emitió su opinión consultiva luego de dos amparos: el que otorgó a la Fundación Myrna Mack, para revisar la elección de magistrados de la CSJ, y a Noé Ventura Loyo, sobre la elección en la Corte de Apelaciones”.

“Esta es la segunda vez que el proceso se interrumpe a través de amparos. Primero, sin atender lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial, se dejó sin efecto la convocatoria. En la segunda ocasión, la CC cambió de opinión y se basó en la ley que anteriormente no tomó en cuenta. Hay una clara contradicción”, concluye.

La disyuntiva entre lo formal y lo ético: Ortiz

Para Edgar Ortiz, el tema está claro. Si no se repite todo el proceso de postulación de magistrados, estaremos en riesgo de una elección que no comenzó con claridad. Al mismo tiempo, expone que un caso similar se dio en 2014.

“Creo que hay un problema innegable en el proceso de comisiones postuladoras. No solo la Ley de la Carrera Judicial sino la normativa de Comisiones de Postulación permiten la prórroga”.

“La CC no tenía más opción que anular el proceso, aunque esto riña con el plazo establecido en la CPR. Es un tema donde se están enfrentando dos normas que tienen el mismo rango. La Constitución y convenciones internacionales que exigen una justicia independiente y que los procesos judiciales sean transparentes. La CC debió ponderar entre ambos y la prórroga más allá del 13 de octubre no es un hecho inédito en Guatemala”, finalizó.

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Dos de los candidatos a presidir el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), expusieron sus respectivas visiones en un foro organizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y Guatemala Visible.

Los participantes en el evento fueron Ovidio Orellana, de Visión Gremial, y Stuardo Ralón, de El gremio es primero. La posición ante situaciones coyunturales es uno de los aspectos divergentes en las propuestas de ambos juristas. Mientras Orellana se decanta por convocar a la asamblea del CANG (unos 30 mil miembros), para consensuar una posición, Ralón afirma que es necesario recuperar el liderazgo de ese colegio, que durante décadas se destacó por tener un rol protagónico en el posicionamiento ante asuntos de coyuntura nacional.

El bienestar gremial es un aspecto común en el discurso de ambos abogados. Ralón pretende «limpiar la casa» y transparentar varios aspectos en la administración del CANG, que según dice, han caído en la opacidad. Orellana enfatiza en la necesidad de descentralizar diferentes actividades, entre estas las capacitaciones.

Perspectiva sintetizó las preguntas que la moderadora de ASIES hizo a ambos candidatos y las presenta a sus lectores, a fin de que se formen una idea de las posiciones de quienes pueden dirigir un ente de importancia nacional, con incidencia en instituciones tan importantes como la Corte de Constitucionalidad (CC), las Salas de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Registro de Información Catastral, entre otras.

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Ovidio Orellana: «La defensa del agremiado»

¿Cuáles son los principales puntos de su propuesta?

La defensa del agremiado, basados en el sometimiento ante la ley. Pretendemos llevar a todo el país congresos jurídicos. La propuesta concreta es llevar el CANG a todo el país.

Elevar el nivel académico de los agremiados, gestionar maestrías y capacitaciones. Dignificar a los agremiados con un mejor sistema de pensiones y crear una comisión de Cultura y Deporte.

Asimismo, reposicionar al CANG en la vida nacional, retomar el prestigio del colegio. Pronunciarnos sobre ciertos temas sin favoritismos ni parcializaciones.

¿Cómo combatirán la apatía gremial?

Es necesario hacer sentir al gremio la presencia del CANG, que debe ser un motor permanente para motivar a los agremiados.

Lograr que cada abogado, notario y profesionales afines sientan que les interesa su colegio. Actualmente compiten tres planillas, antes eran hasta ocho. Esto muestra el poco interés en los profesionales.

Para recuperar el interés, el CANG debe estar a disposición del agremiado.

¿Cómo generar confianza en el gremio?

Con una gestión que implemente acciones a favor de la transparencia pero también que involucre a la asamblea en decisiones de importancia nacional y gremial, que deben tomarse sobre la base del voto de los asambleístas.

Vamos a trabajar con parámetros de austeridad, no solo a denunciar malos manejos.

¿Cómo abordarán sus posicionamientos ante la coyuntura?

El tema es general, no particular hacia una institución. Debemos ser objetivos y pronunciarnos con base en la ley. Si el CANG se adhiere a una tendencia, esto le impedirá hablar libremente.

¿Qué pasará si el convenio de la CICIG no finaliza en septiembre? Es importante orientar al país de una manera seria. Entre otros temas, están las comisiones de postulación de magistrados. El CANG necesita un candidato que no lleve tendencia, que sea imparcial.

No podemos pronunciarnos sobre la coyuntura en temas nacionales sin la voz de la asamblea, que es finalmente la que debe expresarse.

¿Cuáles son los mayores retos del CANG?

No hay cosa más triste que escuchar a un candidato subestimar al gremio. La asamblea tiene voz y voto. Ellos deben decidir sobre los temas relevantes.

El presidente del CANG y la Junta Directiva no deben tener una voz soberbia y cantante, ni hablar con medias tintas. No tengo miedo, vengo a trasladar la voz del agremiado.

El presidente del CANG no puede pronunciarse en nombre del CANG, no puede imponer su voluntad sobre la asamblea.

El principal reto que tenemos es llegar a todo agremiado. Trabajar fuertemente. EL CANG no es de su presidente, ni de la Junta Directiva.

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Stuardo Ralón: «Recuperar la voz institucional»

¿Cuáles son los principales puntos de su propuesta?

Somos una planilla balanceada, que incluye a mujeres y hombres provenientes de varias regiones del país. Buscamos recuperar la voz institucional, más allá de intereses particulares del gremio.

Este año es prioridad exigir al TSE elecciones libres. Que el Estado de Derecho se fortalezca y no haya favoritismo. Igualmente, con los nombramientos en las salas de apelaciones de la CSJ, donde no debe haber injerencia de grupos interesados.

Debemos pensar más allá de la defensa gremial. El CANG debe ser una voz con incidencia.

¿Cómo combatirán la apatía gremial?

Estadísticamente hay unos 30 mil colegiados. En realidad son unos 25 mil, de los que votan entre siete y ocho mil. El sentimiento general es que «ofrecen y no cumplen». Se ha perdido el rumbo, el listado de promesas incumplidas es largo y además, el CANG no opina.

Es necesario cambiar la dinámica, posicionarse presentando proyectos de ley, algo que hace mucho no hace el CANG. Buscando cooperación  con varias universidades, para temas de capacitación.

¿Cómo generar confianza en el gremio?

Hay que ordenar la casa. No está ordenada. Por ejemplo, no existe un directorio de leyes actualizados. Está claro que no está claro el manejo de los fondos.

En primer lugar hay que generar orden, en segundo, hacerlo público en el portal del CANG y para ordenar hay que saber detalladamente cuántas comisiones hay en el colegio, si trabajan, cuanto ganan.

¿Cómo abordarán sus posicionamientos ante la coyuntura?

La lucha contra la corrupción marca la coyuntura y está claro que el modelo de la ONU llamado CICIG finalizó. Es claro que en septiembre no se va a renovar.

La lucha contra la corrupción debe continuar, pero la ONU no es el camino. La CICIG es un experimento único en Guatemala, donde existen instituciones como el MP y el sector justicia. Somos los guatemaltecos los encargados de luchar contra la corrupción.

Debemos actuar fuera de agendas que no sean apegadas a la ética. En el mundo existen muchos modelos exitosos a los cuales podemos aferrarnos. No es labor de la ONU. Este será el principal tema de la coyuntura, entre marzo y septiembre.

¿Cuáles son los mayores retos del CANG?

El primero es la coyuntura nacional. El voto de confianza de la directiva del CANG le permite ser la voz delos agremiados. No podemos convocar a la asamblea para pronunciarnos por cualquier tema y finalmente emitir un pronunciamiento fuera de tiempo.

El CANG no puede quedarse callado. Lo peor que puede pasar es que termine la CICIG y no haya ninguna propuesta apegada a la ley.

¿Qué propuesta seria hay para después de septiembre? Lo peor es no hacer nada. Urge recuperar la voz del gremio. Es prudente llamar a la asamblea y salir a destiempo con un pronunciamiento, no una propuesta.

Pero el CANG es un grupo colegiado, que debe hacer propuestas. Ese es el reto. Propuestas para el país, no para favorecer a un sector.

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