Además de las denuncias penales por delincuencia común, cuya mora judicial es impresionantemente alta, los casos de derechos humanos y de corrupción parecen investigarse de acuerdo con lineamientos que no tienen relación con lo jurídico, afirma el penalista Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).

Roxana Orantes Córdova

La mora judicial es un problema que parece rebasar al sistema de justicia. En 2017, había más de un millón de denuncias no resueltas (mora acumulada). Un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN, 2017), afirmó que el sistema de justicia era “poco funcional”, porque de cada 10 casos penales que entraron al sistema, solo tres fueron resueltos.

El Ministerio Público (MP), reportó en 2017 una mora acumulada de 1 millón 79 mil denuncias sin resolver. En mayo del año siguiente, el número llegó a 1 millón 260 mil 581 casos y en enero de 2020 se logró reducir el número a 1 millón 183 mil 843 casos en el mes de enero de este año. Es decir, se alcanzó un número levemente superior a la mora reportada en 2017.

Los delitos relacionados con la corrupción parecieran tener otra suerte. Sin embargo, el penalista Raúl Falla asegura que en esos casos se evidencia, más que la falta de investigación, el abandono total de algunas denuncias que ni siquiera comienzan a gestionarse, mientras otros casos se trabajan inmediatamente y motivan capturas aparatosas, amplia exposición mediática y mucha parafernalia que muestran ante el público la eficiencia y eficacia de las acciones contra la corrupción.

Sin embargo, esta rápida y muy divulgada respuesta es solo la punta del iceberg de una realidad muy distinta. Según Falla, son muchos los procesos de corrupción relegados que sencillamente no se investigan, pese a que muchas veces corresponden a casos de defraudación millonaria al Estado, mientras los casos que merecieron toda la atención, algunas veces pudieron resolverse con simples citaciones a los acusados y representan sumas no significativas para el patrimonio nacional.

¿Casos más importantes que otros?

Por ejemplo, recuerda el abogado, a un ex funcionario que viajó en comisión de trabajo le allanaron la vivienda y lo capturaron con lujo de fuerza al volver del viaje, porque hubo un error en el formulario que llenó.

“Lo acusaron de malversar Q25 mil. Finalmente, fueron Q15 mil porque todavía traía cinco mil de regreso. Le fue retirada la visa, su nombre quedó en entredicho y perdió toda opción a solicitar crédito. Mientras, casos donde se han malversado millones al Estado, quedan olvidados y jamás avanzan”, expresó Falla.

“En casi todas las fiscalías hay casos que generan impunidad. Entre los casos que no avanzan en la Fiscalía Contra la Corrupción, dirigida por Stuardo Campo, están el de Oderbrecht, Filtraciones de la FECI, los señalamientos contra la ex ministra de Salud Pública y Asistencia Social Lucrecia Hernández y muchos otros en los que se han presentado pruebas suficientes pero permanecen engavetados”.

Casos que ingresaron mucho antes que, por ejemplo, el reciente del Libramiento de Chimaltenango, no han tenido ni la mitad del avance de este, que en un día reportó unas 30 capturas y marcha a toda velocidad, opina el abogado.

Entre denuncias que no han sido atendidas, menciona dos en las que interviene la FCT: una, contra el entonces representante del GAM, Mario Polanco, por entrega de cheques del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), a personas inexistentes, y otra también relacionada con el PNR, que involucra a Orlando Blanco y Jairo Flores, “sindicados de graves hechos de malversación, cuando laboraron en el Fondo Nacional Para la Paz, en los proyectos públicos denominados “Pollos Pelucos” y “Vivienda”, por cientos de millones de quetzales, dentro de los expedientes MP001-2015-104387 y MP001-2015-102687, respectivamente, donde la Fundación Contra el Terrorismo es denunciante”, señala una columna de Falla publicada hoy, donde cuestiona fuertemente al fiscal Stuardo Campo.

Falla insiste en que no está pidiendo ninguna clase de privilegio. Según dice, considera que todos los acusados, incluso los denunciados por la FCT, deberían tener derecho a procesos justos. Pero la realidad actual es que “algunos casos pasan años dormidos y otros mucho más recientes, se resuelven de manera inmediata”.

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Por tercera vez, el Procurador de los Derechos Humanos demanda que se mantenga el presupuesto de la institución que dirige, la cual es una dependencia del Congreso de la República. El tema ha motivado críticas contra Jordán Rodas, quien además es señalado por el abogado Raúl Falla de atacar su libertad de expresión, debido a una carta recibida por el magistrado de conciencia en la cual un grupo de académicos estadounidenses señalan a Falla de “amenazas” contra los jueces afines a la CICIG por emitir su opinión en una columna de Siglo Veintiuno.

Roxana Orantes Córdova

En 2017, durante los primeros 50 días de su gestión, Jordán Rodas interpuso tres recursos de amparo y realizó un viaje al interior y otro fuera de Guatemala. Esta ha sido la tónica de su mandato, afirman sus detractores, quienes más de una vez han dado a conocer el excesivo gasto de viáticos de Rodas, en viajes a Quetzaltenango, de donde es originario, y fuera del país.

Según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en agosto de 2017, Iván de León Duque, entonces titular de la PDH, devengaba Q31,120, menos descuentos de ley, más gastos de representación que casi volvían a alcanzar el ingreso líquido del PDH, donde poco más de 700 personas estaban contratadas en renglón 011, con sueldos que oscilaban entre poco más de dos mil quetzales y poco menos de veinte mil.

Un año después, con Rodas como titular, el PDH recibe mensualmente Q50,775, menos los descuentos y más gastos de representación, que en agosto recién pasado sumaron Q6,000. La nómina es similar en número, pero se incrementó la cifra de los contratados en 029 (por servicios profesionales, con sueldos más altos pero sin prestaciones). Actualmente, los sueldos oscilan entre los Q4,000 y los Q40,000, como puede verse en la página de la institución.

La PDH es una dependencia financiada con el presupuesto del Congreso de la República que para 2019 tiene presupuestados Q907.436,000.00, de los cuales Q100,000.000.00 derivarán hacia la PDH, Q13,000.000 al Parlacen y Q2,400.000.000 a la Corte Centroamericana de Justicia.

En 2018, el Congreso retiró Q30 millones que el PDH reclamaba para su presupuesto de este año (inicialmente había solicitado Q45 millones más). Y estos Q30 millones, son el motivo de la discordia que llevó a Rodas a interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia  (CSJ), que admitió para su trámite el amparo, a fin de que el Ministro y el Director Técnico del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas desembolsen los Q30 millones para la PDH.

A lo anterior, el Ministerio de Finanzas dio a conocer que en 2018, la PDH “abrió su presupuesto en el Sistema de Contabilidad Integrada por Q100 millones”. Además, indica esa institución: “El Ministerio de Finanzas Públicas no es la vía legal ni técnica prevista en la ley para autorizar la modificación presupuestaria de la PDH debido a que no ostenta la calidad de ser su máxima autoridad institucional”, la cual es el Congreso de la República.

El presupuesto de la PDH motiva diferentes opiniones y reacciones. Por ejemplo, Política Más una Docena… presentó una carta cuestionando “los constantes viajes a Quetzaltenango” ,  donde exigen la renuncia de Rodas.

Desde que Jordán Rodas asumió al frente de esa institución, cada año el presupuesto ha sido un motivo de debate. En 2017 afirmó que lo estarían coartando debido a su posicionamiento en la lucha contra la corrupción. Similar argumento expuso en 2018 y recientemente, aseguró que la PDH no puede funcionar sin los Q.130 millones.

La libre expresión atacada por académicos del país con mayor libertad de expresión en el mundo

La anterior afirmación parecería un absurdo pero es realidad. Un grupo de docentes de la Universidad de Oregon, EE.UU., envió una carta a Jordán Rodas, fechada el 27 de septiembre y que afirma:

“Estas amenazas se manifiestan en la forma de llamadas telefónicas, presión política, reducciones de personal y artículos de opinión. Como ejemplo podemos referirle un artículo (https://elsiglo.com.gt/2019/08/26/luego-de-cicig/) publicado el 26 de agosto en El Siglo que propone el enjuiciamiento de siete funcionarios judiciales por procesar casos en los cuales colaboró la CICIG”.

El texto al que aluden los estadounidenses está firmado por Raúl Falla, el abogado que ha llevado ante el Ministerio Público (MP), las dos denuncias contra Thelma Aldana, que suman dos órdenes de captura. Falla dijo a Perspectiva:

“Me atrevo a considerar que esta carta fue solicitada por Rodas a este grupo de catedráticos estadounidenses, incluso lo creo capaz de haberla llevado lista para su firma. Es inconcebible e inaudito que un grupo de académicos extranjeros se atrevan a señalarme por el simple hecho de emitir mi opinión al respecto de un grupo de jueces que más de una vez se han apartado de la ley”.

“Está claro que Yassmín Barrios es un personaje que goza del aval de los demócratas estadounidenses y la carta pareciera una táctica que busca mostrar el apoyo estadounidense a las diferentes prácticas de estos jueces. Pero no tienen ningún derecho a violar nuestras leyes, inmiscuyéndose en un tema tan claro como el derecho a la libertad de expresión”, comentó.

Sobre Rodas dijo: “es molesto que una persona designada por el Congreso pretenda acallarme. De mi parte, me reservo las acciones jurídicas que entablaré contra el PDH. Se me está intentando acusar de amenazas con base en una columna de opinión. Las otras amenazas que menciona la carta supuestamente redactada por los catedráticos, deben ser inmediatamente presentadas como denuncias al MP. Por ejemplo las llamadas telefónicas, son relativamente fáciles de rastrear y es urgente que las autoridades localicen a quienes estarían amedrentando a Barrios y otros jueces”,  concluye.

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La revocatoria del amparo otorgado en un juzgado civil a la ex fiscal Thelma Aldana abre el camino para que se investigue la contratación en el MP de José Carlos Marroquín, quien vive en EEUU desde hace años. El hecho podría dejar a Semilla sin binomio presidencial, aunque el partido mencionado asegura que cuentan con la capacidad para contrarrestar este nuevo ataque del “pacto de corruptos”. Mientras, Raúl Falla, de la agrupación civil que denunció la “plaza fantasma” de Marroquín, afirmó que Semilla tiene el camino “cuesta arriba” y que si el registrador del TSE insiste en inscribir a Aldana, estará incurriendo en fraude.

Roxana Orantes Córdova

En horas de la tarde se conoció a través de las redes y algunos medios, que el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil revocó el amparo que había otorgado a la ex fiscal Thelma Aldana, que suspendía la investigación por el caso que los críticos de Semilla conocen como la “plaza fantasma de José Carlos Marroquín” y los afines a la ex fiscal llaman “la contratación de un consultor”.

El hecho tiene en alerta roja al partido Semilla. Según medios de comunicación, Rootman Pérez “confirmó que ayer se presentó apelación en la Corte de Constitucionalidad (CC), tras decisión del Juzgado que suspendió el amparo otorgado a favor de Aldana y que frenaba las investigaciones en su contra, por la contratación de un consultor”.

Cabe mencionar que la declaración de Pérez ha sido criticada en redes sociales, debido a que confirmó que apelaron antes de que se conociera la resolución del juzgado, lo cual da lugar a que se comience a hablar de tráfico de influencias y fuga de información.

Javier Arango, vocero de Semilla, dijo a Perspectiva que Rootman Pérez se encuentra en reunión permanente con el equipo legal de Semilla, para “contrarrestar este nuevo ataque del Pacto de Corruptos”.

“Estamos seguros de que inscribiremos al binomio presidencial. Semilla tiene un equipo fuerte y con capacidad para derrotar a los corruptos que intentan impedir la inscripción. Confiamos en que el nuevo amparo presentado ante la CC pueda anular la decisión del juzgado”, señaló.

Luis Ramírez, vocero del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirma que esa instancia no ha sido notificada sobre la revocatoria del amparo, pero que cuando tengan conocimiento oficial, “el pleno del TSE se reunirá y decidirá conforme a lo establecido en la ley”.

Hoy, el abogado Marcelo Renato Sarti Monroy presentó una solicitud de antejuicio contra la juez Lucrecia Gamboa de Valvert, a quien señala de “proteger ilegalmente a Thelma Aldana”.

Al respecto, el abogado Raúl Falla, de Guatemala Inmortal (GI), afirma que el delito de Gamboa fue otorgar un amparo para proteger a ex funcionarios por una denuncia penal, siendo titular de un juzgado civil. “Algo así como quien llegara a casarse o divorciarse en un juzgado de Tránsito”, dijo Falla.

“Aldana no fue la candidata que Semilla esperaba”

“La revocatoria conocida hoy ratifica lo que muchos habíamos denunciado: el amparo fue ilegal. Sin jurisdicción ni competencia, la licenciada de Valverth, oficiando como juez civil, se tomó la atribución de otorgar un amparo para proteger a Thelma Aldana y Rootman Pérez de la denuncia penal interpuesta por Guatemala Inmortal, como consecuencia de la plaza fantasma otorgada a José Carlos Marroquín”, explicó Raúl Falla.

Según dijo: “evidentemente, este amparo sin jurisdicción no se sostenía y ella al parecer intentó comprar tiempo mientras obtenía inmunidad como candidata. Sin embargo, no lo logró porque existen otras denuncias y otras investigaciones en su contra. Debido a la orden de captura por la investigación sobre otra plaza fantasma, ahora es prófuga de la justicia”.

Falla mencionó que la denuncia administrativa y penal que GI interpuso contra Aldana y Pérez por la plaza otorgada a Marroquín debe seguir su curso. El informe migratorio del consultor que realizó trabajo de lobby para el MP debe ser una de las pruebas,  señaló.

“El Registrador Leopoldo Guerra ya no le podrá hacer el favor de inscribirla como candidata, porque estaría cometiendo fraude. La inscripción provisional debe ser revocada, porque atenta contra la ley. Además, hoy el ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), reiteraron que la ex fiscal se encuentra prófuga, puesto que la orden de captura en su contra por la investigación de otra plaza fantasma sigue vigente”, afirmó Falla.

Entre las implicaciones de la revocatoria, el abogado señaló que “Semilla tiene el camino cuesta arriba. Su binomio presidencial está enterrado. Es un duro golpe, porque Aldana fue el estandarte en la lucha contra la corrupción, pero emprendió esa lucha cometiendo varias ilegalidades. Entre otras, las plazas fantasmas. Hay 18 denuncias en su contra. No era la candidata que esperaban, sino un ídolo con pies de barro”.

En cuanto a Guerra, Falla expresó que un funcionario público no debiera justificarse afirmando que lo persiguen a él o su familia. “Parte de la función pública es sujetarse a la crítica social. Si no tiene capacidad de afrontar la crítica, mejor que renuncie. El cargo que ostenta lleva aparejadas diversas críticas y fiscalización. Si inscribiera a Aldana pese a todo, estaría cometiendo fraude”, concluyó.

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La participación de Zury Ríos como candidata presidencial del partido VALOR significa para un sector la posibilidad de tener en segunda vuelta a una representante del liberalismo clásico, frente a una de las dos opciones de izquierda encarnadas en Sandra Torres y Thelma Aldana. Según muestreos de CID Gallup y Mitofsky, las tres candidatas encabezan las preferencias de voto. Sin embargo, a escasos 33 días de que cierre el plazo para inscribir candidatos, la mayoría de los encuestados no sabe por quién votaría.

Roxana Orantes Córdova

Durante la mañana de hoy, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), autorizó la inscripción de Zury Ríos. El ex presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, vicepresidenciable de VALOR, dice:

“Nuestro binomio tiene grandes probabilidades de llegar a la segunda vuelta. Representamos a los liberales clásicos. Es un partido conservador y esto constituye una novedad en el ambiente actual Además, tenemos un verdadero plan de trabajo, que expondremos en su momento”.

La duda sobre la inscripción de Zury Ríos fue uno de los elementos que motivaron incertidumbre en un proceso donde la poca información sobre los candidatos y las limitaciones a la divulgación que impone la ley vigente, mantiene un panorama de dudas alrededor del proceso. Otro motivo de incertidumbre es la solicitud del Ministerio Público (MP), para que se retire el derecho de antejuicio a los presidenciables Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y a Mauricio Radford, de la Unión del Centro Nacional (UCN).

En torno a esta situación, Molina señala: “Las denuncias contra los candidatos crean zozobra. Es lamentable que el MP, pese a que tiene un convenio firmado con el TSE, no haya realizado la denuncia antes de la inscripción, para no generar esa inestabilidad. Todos los candidatos que llenen los requisitos legales, deben participar sin discriminación. En cuanto a quienes ya fueron denunciados, debe mantenerse el principio de que son inocentes, mientras no se demuestre lo contrario. Es deseable que no se pongan en práctica criterios discrecionales. Que no se descalifique a ningún candidato que cumpla lo establecido por la ley”.

Todo apunta a que Zury Ríos tiene allanado el camino a la participación electoral, aunque también es posible que un contendiente rival pudiera interponer un amparo contra su candidatura ante la Corte de Constitucionalidad (CC), donde los resultados podrían ser diferentes que ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Comoquiera que sea, la inscripción de Ríos no está exenta de polémica, señala el encargado del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz.

Encuestas: la mayoría indecisa

La cautela de candidatos e informativos es un elemento evidente en la elección que se avecina. Entre los 27 partidos inscritos, 10 tienen algún tipo de reparo, considerando que VALOR logró inscribir a su candidata presidencial.

Según Ortiz, el panorama político electoral en términos generales puede apreciarse en los resultados de las dos recientes muestras de opinión: CID Gallup y Mitofsky.

La primera concede un 17% de preferencia a Sandra Torres, Thelma Aldana se ubica en segundo lugar, con un 10% y Zury Ríos logra el 7% y Alejandro Giammattei, el 5%. La muestra fue de 1,800 personas en todo el país.

Entretanto, Mitofsky consultó a 1,000 ciudadanos capitalinos con acceso a Internet. El resultado señala que un 28% apostaría por Thelma Aldana; 18% por Zury Ríos y 6.1 se inclinaría por Sandra Torres, que ocupa el cuarto lugar, mientras Alejandro Giammattei, con el tercero, tiene un 14%.

En cuanto a los indecisos, CID Gallup muestra un 46% y según Mitofsky, 4 de cada 10 entre sus consultados no sabe por quién votará.

Para Ortiz, los resultados muestran que Aldana goza con el favor ciudadano. En cuanto a las diferencias que las dos encuestas presentan entre Torres y Ríos, pueden indicar que el voto rural se inclinaría por Torres, considerando que CID Gallup hizo consultas en todo el país. Entretanto, el voto urbano preferiría a Ríos.

Rumores de discrepancias e irregularidades pueden afectar a Semilla

En 33 días cerrará el plazo para la inscripción de candidatos ante el Registro de Ciudadanos. El partido Semilla, mencionado como probable vehículo electoral de Thelma Aldana, podría perder a su candidata o fraccionarse por esta candidatura, señalan varios indicios. Perspectiva intentó reiteradamente contactar a Samuel Pérez, secretario de Semilla, pero no respondió las llamadas.

Según rumores y especulaciones que circulan en las redes sociales, Semilla tiene algunos puntos de discrepancia interna, que podrían fragmentar a esa organización que comienza en la vida política.

Las discrepancias aparentes estarían en torno a la disputa por los puestos en el Comité Ejecutivo Nacional, que no ha sido nombrado oficialmente, pero sobre todo, en cierto recelo en torno a la figura de Aldana, que podrían llevar a la agrupación a prescindir de ella como candidata.

En Semilla hay por lo menos dos grupos: lo que podría considerarse “la vieja guardia”, radicalizado hacia la izquierda, y los “millenials”, donde estarían Samuel López, el secretario general, y la ex ministra de Salud Lucrecia Hernández Mack. Según una opinión, los “radicales” no tienen mucho poder de decisión interno.

Empero, es un hecho que hay por lo menos dos puntos de discrepancia en torno a la candidatura de Aldana: 1. Su acercamiento con el recién electo mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, a quien simpatizantes de Semilla señalan de misógino, despótico y corrupto; 2. Un mensaje de solidaridad que Aldana expresó en sus redes para Juan Guaidó.

Evidentemente, ambos cuestionamientos parten de la izquierda ortodoxa que se encuentra en Semilla, alineados con el salvadoreño FMLN y el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Además, existe una denuncia de Guatemala Inmortal contra esa agrupación, que estaría incumpliendo algunos aspectos formales del proceso. Raúl Falla, abogado denunciante, señala:

“Claramente, desde que se inicia la campaña electoral, para el TSE todas las horas son hábiles. Sin embargo, las gestiones de los partidos deben regirse de acuerdo con lo establecido por la ley del Organismo Judicial, donde se omiten los feriados y días de descanso.

El grupo Semilla publicó la convocatoria para su asamblea en La Hora el 30 de enero recién pasado. De esa fecha a la asamblea, solamente median 22 días hábiles, y según la ley vigente, se precisan 30 o más días. Al mismo tiempo, las asambleas municipales y departamentales de Semilla fueron regidas por un Comité Ejecutivo provisional, figura que no existe en la normativa actual. Se pidió al TSE que analice estas dos falencias. El 18 de marzo cierra el padrón y si no se han enmendado estos errores, puede ser que Semilla no corra. Si el TSE está actuando de forma ecuánime, esas asambleas que se llevaron a cabo con un comité provisional, son nulas ipso jure”, concluye.

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El fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ampara al procurador de los derechos humanos Jordán Rodas, para impedir que se continúen las pesquisas a fin de determinar si procede investigar a tres magistrados de la CC divide las opiniones entre quienes expresan que se trata de una decisión apegada a la ley y los que demandan al Congreso no suspender las investigaciones. Perspectiva reseña estas dos posiciones para sus lectores.

Roxana Orantes Córdova

Mientras la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se congratuló porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió favorablemente el recurso solicitado por Jordán Rodas para que tres magistrados de la CC no sean investigados, miembros de Guatemala Inmortal se presentaron al Congreso para solicitar a los diputados que continúen las pesquisas para evaluar si se retira la inmunidad a los magistrados.

“Resolvieron legalmente, no faltaron a la ética y lo más importante, cumplieron fielmente con el juramento de defender la Constitución y el Estado de Derecho. El tribunal quedó integrado respetando la jurisprudencia de la corte y la Ley de Amparo”, dijo Jordán Rodas a los medios al conocer el fallo.

El doctor en derecho Marco Vinicio Mejía Dávila, quien también interpuso un recurso de amparo sobre el tema, señaló:

“Se acumularon los expedientes. Este va dirigido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el mío contra el Congreso y los otros contra el Presidente y la Ministra de Relaciones Exteriores. Resuelven el primero que se presenta y los demás recibimos el mismo amparo. Hay error, porque el punto es si el Congreso tiene o no competencia para conocer. Suspendieron la resolución de la CSJ y no se pronuncian sobre el Congreso. A mí me notificaron aparte, respecto al Congreso. El temor es que, como ya ocurrió antes, el Congreso no obedecerá, pues el fallo no ordena suspender la investigación de la pesquisidora”.

“No pueden darles licencia para matar el Derecho Constitucional”

El penalista Omar Barrios explicó el tema en sus redes. El primer argumento que expuso es la diferencia entre “prerrogativa de opiniones e inmunidad de persecución penal”. Según Barrios:

“No discutiré si es o no delito lo actuado por “los tres mosqueteros”, ese no es el tema. Lo preocupante es detener diligencias de antejuicio con la excusa de la prerrogativa de opiniones”.

Según dijo, los magistrados no son responsables por sus opiniones en el debate para discutir la ponencia donde exponen sus posturas, pero cuando firman el auto o sentencia, deja de ser una opinión y existe responsabilidad.

Ante la opinión ciudadana, dice Barrios, hubiera sido mejor que los magistrados mostraran valor y respetando el proceso, demostraran que no cometieron delitos. “Que demostraran al querellante, a la CSJ, a la comisión pesquisidora, al pleno del Congreso, e incluso ante el Ministerio Público, o un Juez Penal, que su actuación cuenta con argumentos doctrinarios, legales, jurisprudenciales, derecho comparado y otras herramientas del derecho. Pero no, optaron por dejar a buena parte de la población la duda. Se verán como juristas que se escondieron en una interpretación dudosa de ellos mismos, lo peor es que para protegerse de una simple querella”, expuso el penalista, quien agregó:

“Refugiarse en su poder como máximo tribunal constitucional podría ser considerado un acto de cobardía jurisdiccional”.

Para concluir, Barrios señaló: “hay tantos problemas en Guatemala que no vale la pena seguir con este tema. Hago un llamado a los involucrados en que

Guatemala Inmortal demanda que continúe la investigación

El grupo cívico Guatemala Inmortal acudió al Congreso de la República para entregar a los diputados cartas en las que solicitan que se mantenga vigente la Comisión Pesquisidora que determinaría si procede retirar el derecho de antejuicio a los tres magistrados: Gloria Porras, Boanerge Mejía y Francisco de Mata Vela (este último, además de señalado por prevaricato, es firmante del amparo que lo protege de ser investigado).

Raúl Falla, abogado y activista de Guatemala Inmortal, calificó el amparo de la CC como “una resolución totalmente ilegal” y añadió que los magistrados de esa instancia, “de manera carente de legitimidad y de ética, deciden autoampararse para que no pueda tramitarse el proceso de antejuicio”.

Falla mencionó que según los artículos 153,154 y 155 de la Constitución Política de la República, todos los ciudadanos están sujetos al imperio de la ley. “Los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Tienen que gravitar bajo la esfera constitucional”.

Según el abogado, que dialogó con el diputado panista Fernando Linares Beltranena, es lamentable que la CC primero haya intentado limitar la función presidencial de manejar la política exterior y posteriormente, estén tratando de limitar la función del Congreso de tramitar los antejuicios contra los magistrados.

En coincidencia con lo expuesto por Barrios, Falla señaló: “Son autónomos, no responsables por opiniones. Totalmente, de acuerdo, los guatemaltecos no tenemos responsabilidad de nuestras opiniones. Pero sí por los fallos. Por eso existe la figura del antejuicio. También por ello se instituyó que puedan cesar de su cargo si cometen un hecho delictivo”.

En este caso, dijo, “existen varios aspectos en el actuar de los magistrados que deben ser investigados: prevaricato flagrante y violación de principios deontológicos, cuando juraron defender la Constitución y emiten una resolución ilegal, ilegítima y antiética. No es posible que una persona dictamine que su antejuicio no procede”.

Para Falla, son varias las instancias que debieran investigar este fallo. Entre estos, mencionó al Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar; a la Fiscal María Consuelo Porras, y a las autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. “Faltaron a la ética. Deben investigarlos”, concluyó.

El diplomático de la discordia

El origen del señalamiento de prevaricato contra los magistrados es el amparo que estos otorgaron para impedir la salida del embajador sueco Anders Kompass, a quien el mandatario Jimmy Morales declaró non grato en mayo de 2018, junto con la entonces embajadora venezolana, Elena Salcedo, quien salió de Guatemala días después. Ambos fueron señalados de injerencia en política interna del país.

Independientemente de los motivos que pudo haber tenido Morales, varios juristas coinciden en que la función del mandatario es manejar la política exterior y que en todo el mundo, cualquier presidente puede decidir que no desea la presencia de determinado embajador y tiene toda la potestad para retirarlo.

En aquel momento, varios juristas coincidieron en que el derecho internacional, basado en la Convención de Viena, amparaba al mandatario guatemalteco para tomar ese tipo de decisión, incluso sin necesidad de explicar sus motivos al otro Estado.

Aunque la embajadora venezolana partió “sin pena ni gloria”, tal como correspondía, la Fundación Myrna Mack y Alfonso Carrillo interpusieron recursos de amparo para garantizar la permanencia del sueco. La CC otorgó estos amparos, lo cual originó el señalamiento de prevaricato de la Asociación de Dignatarios de la Nación.

Al mismo tiempo, medios afines a la CICIG realizaron varias coberturas favorables a la permanencia de Kompass, quien representa a uno de los mayores donantes de la CICIG.

Fue durante el acto de donación de US$ 9 millones de Suecia para la CICIG cuando Kompass mencionó que una sociedad corrupta “exige una medicina fuerte, y creo que en Guatemala esta medicina se llama CICIG”.

En 1999, dirigió la Oficina de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Kompass tiene una Maestría en Historia Latinoamericana y ha sido embajador, Director Regional y Consultor para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores sueco.

En 2007, el diplomático dirigió la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), desde donde calificó como grave la situación de los derechos humanos y afirmó que “aumenta la percepción de que no hay suficiente voluntad política para proteger a los defensores”.

Actualmente, Kompass permanece al frente de su embajada, que cubre a Centroamérica, de Belice a Panamá, amparado por un polémico fallo de la CC, que según los conocedores transgredió las prerrogativas constitucionales del Presidente de la República.

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Las concentraciones frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), con objetivos contrapuestos, son evidencia del desacuerdo ante la disolución de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por una parte, y la demanda porque se retire el antejuicio a los magistrados que exhortaron al mandatario a reconsiderar la medida, por otra. Según el penalista Omar Barrios, no puede haber un pulso entre dos organismos tan disímiles como la CC y el Ejecutivo. “Lo que existe, es un pulso entre el abuso jurisdiccional y la ineptitud ejecutiva”, señaló. Entretanto, la CSJ notificó al Congreso la solicitud para que se investigue a tres magistrados de la CC.

Roxana Orantes Córdova

Según afirmó el abogado Giovanni Fratti, la CSJ trasladó al Congreso el antejuicio de los magistrados de la CC y el Legislativo deberá integrar de emergencia una comisión pesquisidora, que decidirá. “Si esto se llegara a dar, será el primer antejuicio contra magistrados de la CC que procede”, dijo Fratti, quien explicó que, cuando se interpusieron los amparos “la CICIG ya no existía”.

El abogado mencionó las declaraciones de la presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa, quien emitió un voto disidente ante el amparo y dijo a medios de comunicación que esa corte no tiene competencia para impedir la finalización del acuerdo de la CICIG, que según dijo, “escapa del conocimiento de un tribunal constitucional nacional”.

Ochoa afirmó que la decisión del mandatario es “vinculante, indeleble e irrevocable”. El Congreso creó la CICIG, pero la forma de finalizar el acuerdo, solo corresponde al Presidente, dijo la magistrada a la prensa.

En contraposición, Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana y uno de los interponentes de los recursos pro CICIG ante la CC, dijo:  “el fallo de la CC corresponde a la ley. El presidente terminó el convenio de la CICIG de manera ilegal, desde todas las perspectivas. Existen principios básicos que un mandatario no puede violar. No puede disolver el acuerdo legislativo que dio vida a la CICIG con un acuerdo gubernativo”.

La discrepancia entre ambas posiciones es evidente y en ambos se esgrimen argumentos jurídicos. Hoy, Perspectiva expone a sus lectores las diferentes interpretaciones de un hecho calificado como “crisis CICIG” mediáticamente, y que para algunas opiniones, puede poner en riesgo la democracia, mientras otras posiciones, como la de Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, se inclinan por privilegiar la importancia de que el próximo evento electoral sea transparente y democrático.

¿Corruptos vs luchadores por la transparencia?

Quienes abogan por la permanencia de la CICIG enfatizan en que esta entidad logró importantes avances en la lucha contra la corrupción. Sergio Beltetón, abogado del Comité de Unidad Campesina (CUC), presente en la concentración de apoyo a la CICIG frente a la CC, dijo a Perspectiva:

“No es una confrontación en dos partes, no es una polarización ni lucha entre ciudadanos. Es el enfrentamiento entre la mayoría de la población que está a favor de la CICIG, tal como se evidenció en la encuesta del científico Luis Von Ahn, que le da el 80 por ciento de aceptación ciudadana a la CICIG, contra quienes defienden la corrupción, el delito que tiene al país sumido en la pobreza absoluta, con inseguridad y carencias básicas en el sistema de salud. El grupo de defensores del gobierno está constituido por periodistas, empresarios vinculados con la corrupción y gente engañada”.

Según el abogado, “el sector empresarial organizado apoya a Morales porque la CICIG le destapó el financiamiento electoral ilícito, que va desde la entrega de fondos a los partidos hasta la distribución de contratos para hacer obra pública. El financiamiento electoral ilícito es un círculo vicioso descubierto y combatido por la CICIG”.

Para Beltetón, se trata de una crisis que “nos coloca ante la opinión del mundo como el gobierno que sacó a un ente que lo podría investigar. El presidente no tiene la potestad para sacar a una comisión técnica independiente con excusas espurias. La situación es crítica y delicada”.

Manfredo Marroquín reitera que el fallo de la CC es legal, mientras Jimmy Morales transgredió la ley. “El presidente terminó el convenio de la CICIG de manera ilegal, desde todas las perspectivas. Existen principios básicos que un mandatario no puede violar. No puede disolver el acuerdo legislativo que dio vida a la CICIG con un acuerdo gubernativo”.

Además, agrega, “por otro lado, está la imagen internacional del país, que se proyecta como una nación gobernada por gente que huye de las investigaciones por corrupción. Al parecer, Morales se siente más cómodo con esas investigaciones y decide terminarlas. Por el momento, la empresa calificadora de riesgo Moody´s ya dijo que se afectará la capacidad crediticia del país. Existe un riesgo de que se retiren las inversiones y la economía colapse, en un caso similar al de Nicaragua”.

En torno al pronunciamiento de Moody´s, Javier Zepeda dijo: “es el trabajo de esas instituciones. Lo que vivimos puede afectar, pero también es importante dejar de ver al país coyunturalmente. Es más importante enfocarnos en un proceso electoral que fortalezca el Estado de Derecho y también ubicarnos en el contexto mundial. Guatemala no es el único país en el mundo que vive una situación compleja. Esperamos que cuando esto pase, recuperemos la confianza y sobre todo, esperamos un proceso electoral enmarcado en la legalidad”.

“Ahora prefieren llevar la fiesta en paz”

El abogado Raúl Falla, de Guatemala Inmortal, es uno de los ciudadanos que ha mantenido una posición más crítica ante la CICIG y la CC. Según dice: “estamos sorprendidos por la suspicacia de la resolución, que se realizó en la madrugada, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana. Un horario en el que era imposible que hubiera una respuesta inmediata de quienes no estuvieran de acuerdo”.

Sin embargo, agrega, “también es evidente que comenzaron a bajar el tono y evitaron dar órdenes al mandatario. En cambio, dijeron que exhortan. Es decir, invitan. De ahí se desprende que por una parte quieren negociar, llevar la fiesta en paz, y por otra, que el mandatario puede o no aceptar la invitación o exhortativa. Si la CC mantiene su posición, podría haber una ruptura. Quienes afirman que el mandatario puede ser defenestrado, están muy equivocados. Por el contrario, Morales podría sacar a Guatemala de la ONU”.

“Más que un pulso, la resolución de la CC hoy por la mañana marca el inicio de una larga batalla”, concluyó Falla.

Una opinión independiente

El penalista Omar Barrios le ha ganado casos a la CICIG. Conocido por emitir su opinión de forma independiente y basada en lo que las leyes establecen, accedió a dar su punto de vista a Perspectiva. Según dice:

“No hay pulso entre el gobierno y la CC, porque se trata de entidades con naturalezas totalmente distintas. Sería como el pulso entre un niño y un atleta. Más que pulso, se trata de un reto. La CC está retando al jefe de Estado con una resolución legal, pero no legítima. El presidente a su vez, reta a la CC con la insinuación de que puede desobedecerla. Nos agrade o no, no se puede desobedecer una orden manifiestamente legal. Pero no es un pulso, porque las condiciones de ambos no son iguales”.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), señaló de prevaricato a los magistrados. Para esto, tiene que demostrar que hubo dolo. Y el tercer actor, será la CSJ, al admitir o no el señalamiento. Por otra parte, al admitir el amparo la CC desnaturalizó esta figura, puesto que el amparo es un recurso para proteger a personas. Se empoderó y ejecutó acciones fuera del marco de su competencia, dice Barrios y concluye:

“Considero que si hay un pulso, es entre el abuso jurisdiccional y la ineptitud del Ejecutivo”.

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Cuatro días después de las manifestaciones antigubernamentales que se realizaron en la capital y algunas cabeceras departamentales, el panorama es similar al que se presentó luego del evento homólogo del 20S 2017, aunque los elementos que constituyen esta coyuntura en particular se modificaron sustancialmente y por ello, es muy difícil que las autoridades renuncien o que exista alguna presión para defenestrar al gobierno. Por otra parte, quienes protestaron no pidieron diálogo nacional, que para algunos analistas sería la solución a este contexto crítico, mientras otros aseguran que el diálogo deberá ser entre el mandatario guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas (ONU), como está establecido.

Roxana Orantes Córdova

Comentado con entusiasmo en algunos medios de comunicación y redes sociales, la manifestación de 20-S no tuvo más trascendencia que evidenciar lo ya conocido: en Guatemala, las opiniones se dividen entre quienes avalan las acciones y permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y quienes apoyan al mandatario Jimmy Morales.

La manifestación fue numerosa. Alrededor de 60 mil personas caminaron desde la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y desde el Parque Morazán, zona 2, hasta la Plaza de la Constitución. Diversidad de grupos y sectores expresaron su rechazo a Morales y a los diputados, exigiendo su renuncia y el regreso de Iván Velásquez.

Fogosos oradores pronunciaron sus discursos en la tarima instalada frente al Palacio Nacional de la Cultura. Incluso, uno de ellos aseguró que el país podría verse involucrado nuevamente en un conflicto armado, debido a la desigualdad y la corrupción.

Sin embargo, a diferencia de otras manifestaciones sociales similares, no hubo articulación entre quienes se pronunciaron. Esto se evidenció en que, además de expresar el rechazo al gobierno, los manifestantes no intentaron presentar oficialmente un pliego de peticiones ni realizaron ningún llamado al diálogo nacional, tal como han propuesto varios analistas.

Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), afirma que el 20-S se produjo “una manifestación pacífica que tuvo dos particularidades. En primer lugar, vale la pena resaltar el liderazgo del sector académico y universitario. La juventud es un sector significativo, que representa alrededor del 40% del padrón electoral.

En segundo lugar, a esta manifestación se sumaron sectores políticos, representantes de partidos comprometidos con la lucha anticorrupción en 2015. Mal harían las autoridades en no escuchar el clamor popular y reaccionar con prepotencia”.

Adrián Zapata, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), señala que la manifestación puede calificarse como un éxito, puesto que tanto en la capital como en el interior, particularmente en Quetzaltenango, se manifestó una masiva participación ciudadana. Según dice, no existe contradicción entre el movimiento ciudadano y la posibilidad de diálogo nacional, sino todo lo contrario. “No hay diálogo sin manifestaciones”, afirma.

Contrariamente, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FTC),  expresa: “Nosotros nos oponemos a cualquier diálogo. Ya dialogamos en 1996 y el resultado de ese diálogo fue traicionado por los mismos que hoy están a favor de la intervención extranjera en Guatemala”, y agrega que un diálogo en este momento carecería de toda legitimidad.

Para el abogado Raúl Falla, de la FTC y Guatemala Inmortal, “Se comprobó una vez más que este movimiento no tiene eco. Su objetivo era defenestrar a las autoridades con cientos de miles de indignados en las calles pero pudieron verificar que la mayoría de guatemaltecos trabajamos ese día. Entonces no hubo paro. Este se transformó en marcha y de ahí en una caminata que demandaba el retorno de Iván Velásquez, cuando es un hecho que el Ministerio Público tiene la capacidad para funcionar sin tutela”.

Falla coincide con Méndez Ruiz en que ya se dio una oportunidad para dialogar y sanar las heridas. Sin embargo, este diálogo se desvirtuó gradualmente hasta llegar a la captura del sistema de justicia. El colmo de esta captura, dice Falla, se manifestó cuando Iván Velásquez se atrevió a presentarse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para inmiscuirse en las elecciones.

Guatemala: falta de liderazgos y Estado fallido

El coronel, escritor y comunicador Mario Mérida, afirma: “estoy convencido de que en Guatemala no hay actores determinantes para mediar en un diálogo. Por otra parte, lo que procede es un diálogo entre el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Presidente de Guatemala”.

Insistir en el retorno de Velásquez demerita al Presidente y atenta contra el artículo 183 de la Constitución Política de la República, señala Mérida, quien añade que la manzana de la discordia es la continuidad de Velásquez, quien podría ser destinado por la ONU a cualquier otro país. Sin embargo, señala, ningún otro país quisiera verse en la misma situación que Guatemala.

Un elemento de la coyuntura actual es la presencia de analistas que siguen agendas políticas, elemento que contribuye a generar confusiones en lugar de esclarecer el panorama, concluye Mérida.

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