Presentan una nueva solicitud de antejuicio en contra de la jueza Erika Aifán. La acción fue presentada por el abogado Francisco García Gudiel.

Redacción Perspectiva

La petición fue presentada al Juzgado Séptimo Penal, ante el juez “B”, Sergio René Mena Samayoa. Sin embargo, el togado se inhibió de conocer la solicitud.

De esta forma, el trámite se trasladó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para determinar el curso del proceso.

Nuevo antejuicio contra Aifán

De nuevo, la jueza de Mayor Riesgo «D», enfrenta una solicitud de antejuicio. En esta ocasión fue presentada por el abogado Francisco García Gudiel.

Debido a qué el titular del Juzgado Séptimo Penal se inhibió de conocer el proceso, este fue trasladado a la CSJ.

El caso contra García Gudiel

El abogado fue señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el caso denominado Asesoría Legal: Operación Lavado de Activos.

En este contexto, la jueza de Mayor Riesgo “D” ligó a proceso penal a García Gudiel por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

De acuerdo con la fiscalía, el sindicado prestó los servicios de asesoría legal al exdiputado José Guillermo Samayoa Soria vinculado en el caso Construcción y Corrupción Fase I.

Con relación al caso, el profesional del Derecho habría recomendado Samayoa Soria trasladar el dinero de sus cuentas bancarias para proteger su patrimonio.

Antejuicios contra Aifán

Anteriormente, se presentaron varias solicitudes de retiro de inmunidad en contra de la juzgadora. De ellas, la mayoría fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, la solicitud de antejuicio presentada por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (Imcaoj), se encuentra pendiente de la decisión final de la CSJ.

Esto pesé a que Aifán intentó frenar el proceso, mediante un recurso de aclaración y ampliación.

Según la togada se vulneró el principio de legalidad contenido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Finalmente, la CC resolvió denegar la solicitud de Aifán. Lo cual da luz verde para que la CSJ continúe con el proceso para determinar el retiro de inmunidad de la juzgadora.

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El juez pesquisidor Eduardo Galván Casasola recomendó retirar la inmunidad al presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul de Paz.

Redacción Perspectiva

El informe del juez pesquisidor recomienda al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar el derecho de antejuicio al juez Pablo Xitumul.

Motivo del antejuicio

El antejuicio en contra del togado fue presentado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), tras conocer la denuncia de un inspector de la PNC en contra de Xitumul.

De acuerdo con la denuncia, el juez Xitumul impidió la revisión de un vehículo en el cual habría una persona alterando el orden público.

Por otra parte, Xitumul denunció al agente de la PNC por supuestamente agredirlo en el mismo incidente.

Rechazan solicitud de juez Xitumul

La CSJ rechazó la semana pasada la solicitud del juez Pablo Xitumul de incorporar pruebas de descargo relacionadas con el antejuicio en su contra.

De acuerdo con la resolución, la Corte reconoce la decisión del juez pesquisidor Eduardo Galván Casasola, a cargo del proceso antejuicio en contra del juzgador.

Esto implica que determina no ha lugar la petición de Xitumul de Paz, quien habría solicitado incorporar sus argumentos al proceso en su contra.

Debido a que las pruebas de descargo no se presentaron en “el momento procesal oportuno”, explica la CSJ.

En los próximos días el pleno de magistrados de la CSJ tomará la decisión de retirar o no, la inmunidad del juzgador.

Recursos para frenar antejuicio

En julio pasado, Xitumul de Paz intentó frenar el proceso de antejuicio en su contra al solicitar a la CC un recurso de asistencia para la debida ejecución en contra de la resolución del pleno de magistrados de la CSJ que da trámite al retiro de inmunidad.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar un recurso presentado por el juez de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul de Paz en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) que da trámite al antejuicio en su contra.

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El alcalde de Mixco, Neto Bran confirmó este martes 18 de mayo que la Sala Primera de Apelaciones Penal le retiró la inmunidad, por incumplir una orden judicial para solventar la deuda que la comuna de Mixco tiene con el abogado Rodrigo Enrique Franco López.

Redacción Perspectiva

Según la resolución de los magistrados suplentes de la Sala Primera de Apelaciones Penal con fecha 11 de mayo, se declara con lugar el antejuicio en contra de Neto Bran y certificaron lo conducente al Ministerio Público (MP), para que inicie la investigación.

Bran se refirió al caso a través de un video publicado en su cuenta Facebook, en el cual explica que el proceso en cuestión data del año 2020 y se trata de un conflicto con un abogado que afirma haber laborado para la comuna de Mixco, algo que el jefe edil niega.

“Me quitaron el antejuicio por los Q52 millones que está cobrando un abogado, que nunca laboró en la MuniMixco , conflicto que data desde alcalde Elmer Morales del año 2000”.

Además, el alcalde de Mixco explicó que la deuda suma ahora 52 millones de quetzales, suma que pondría en riesgo la administración de proyectos de la comuna. El jefe edil podría ser acusado de cometer  desobediencia, ya que incumplió la orden judicial que establecía el pago de la deuda.

El caso

En 2013 el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo indicó a los miembros del consejo municipal de ese momento que cancelaran la deuda por honorarios profesionales al abogado Rodrigo Enrique Franco López.

La comuna tomó la decisión de evitar el pago y presentó diversos recursos legales para evitar el desembolso.

La situación se alargó hasta el 2017 cuando el mismo juzgado civil emitió un apercibimiento, donde se ordenó certificar lo conducente a la corporación municipal. Fallo que tampoco se cumplió.

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La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de antejuicio en contra del diputado Aldo Dávila, por agredir física y verbalmente a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

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El diputado Aldo Dávila quien recientemente denunció un atentado en su contra, podría perder la inmunidad de ser aceptada la solicitud del Ministerio Público (MP) por agredir a un agente de la PNC.

El hecho ocurrió el 3 de septiembre del año pasado, cuando varios estudiantes realizaban una manifestación frente al Congreso. Al lugar se presento el congresista como “mediador”. Sin embargo, terminó ofendiendo a un agente de la PNC.

 “Cuidadito conmigo, gato abusivo, yo soy diputado”, fueron las palabras del diputado que convenció a sus votantes con un discurso de respeto, equidad e inclusión.

El estallido de Dávila fue para muchos una muestra de la forma en que ciertos políticos perciben al pueblo de a pie. Gato, es decir inferior o sirviente, según la jerga importada de México.

El legislador dijo que actuaba en calidad de mediador, aunque fue señalado por el tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, de liderar una protesta en la cual varias mujeres vestidas de forma estrafalaria y con pelucas (aparentemente para disimular su identidad), afirmaron ser estudiantes universitarias e intentaron agredir a trabajadores del Congreso.

Antes de empujar al policía, Dávila se quitó la mascarilla y habló a gritos entre la aglomeración de gente, transgrediendo las regulaciones gubernamentales por la pandemia, que imponen el uso de mascarilla al interactuar con otras personas y obligan a la distancia social.

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