El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció que todos los directores de centros carcelarios serán sometidos a pruebas de polígrafo con apoyo de la Embajada de EE. UU. para garantizar la transparencia.

Redacción Perspectiva

Horas después de confirmarse la fuga de 20 reclusos de la cárcel Fraijanes II, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció la destitución inmediata del director del Sistema Penitenciario (SP). La medida se extendió a los directores y subdirectores de los centros carcelarios de Fraijanes II, Renovación I, Puerto Barrios y Mariscal Zavala.

Si tiene información que conduzca a su captura, comuníquese al 110 de la @PNCdeGuatemala. pic.twitter.com/UqLDrNBP5L

— MinGob (@mingobguate) October 13, 2025

Según explicó el ministro, la destitución del director del SP responde a la necesidad de “un cambio de enfoque” y aclaró que, por el momento, no hay indicios que lo vinculen directamente con la fuga. No obstante, advirtió que las investigaciones apenas comienzan.

“Se han interpuesto las denuncias necesarias ante el Ministerio Público para investigar lo ocurrido y señalar a cualquier persona involucrada”, afirmó Jiménez. Subrayó que las destituciones no se detendrán y que todo funcionario implicado “por acción u omisión será denunciado penalmente y separado del cargo”. Enérgicamente, aseguró que “no se tolerará complicidad, debilidad y menos aún la corrupción”.

Polígrafo para directores y nuevos nombramientos

Como una medida adicional para depurar el sistema, el ministro Jiménez ordenó que todos los directores de los centros penitenciarios del país deberán someterse a la prueba del polígrafo.

Para garantizar la fiabilidad del proceso y ante la “evidente corrupción que todavía existe en el sistema”, el Ministerio de Gobernación solicitó el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. “Quienes sustituyan a los funcionarios destituidos también se les someterá a una prueba poligráfica”, añadió.

El ministro fue contundente al afirmar que cualquier funcionario o empleado que falle la prueba será automáticamente relevado de su cargo, aplicando la misma regla para su sucesor.

Reacción de Actores Clave

La fuga de los 20 reos, miembros de la pandilla Barrio 18 catalogada como organización terrorista por EE. UU., generó una enérgica condena por parte de organismos internacionales y el sector privado guatemalteco, quienes exigieron acciones inmediatas y sanciones.

La Embajada de EE. UU. en Guatemala emitió un comunicado calificando el suceso como «totalmente inaceptable».

La sede diplomática subrayó que la fuga de estos individuos, designados como terroristas por EE. UU. el 23 de septiembre, representa una seria amenaza tanto para Guatemala como para la seguridad del territorio estadounidense.

Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras plataformas de redes sociales no se actualizarán con regularidad hasta reanudar operaciones, excepto para dar a conocer información urgente o de seguridad.

Los servicios para ciudadanos… pic.twitter.com/SsrLD28ftV

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 1, 2025

Además, Indicó que el gobierno de Guatemala debe actuar de manera inmediata y enérgica para la recaptura y que hará rendir cuentas a cualquiera que haya brindado o decida brindar apoyo material a estos prófugos. Reiteró la necesidad de que «todos los involucrados en estas fugas deben ser plenamente responsabilizados».

AmCham manifestó su «rechazo y preocupación» y lo catalogó como un hecho «inaceptable» que representa una seria amenaza para la seguridad, el Estado de Derecho, la certeza jurídica, y pone en riesgo la «confianza de ciudadanos, inversionistas y socios comerciales».

 

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El CACIF exigió «justicia y certeza de castigo», señalando que la fuga es una «grave amenaza a la seguridad nacional» y un «riesgo latente para la seguridad internacional».

Guatemala exige justicia y certeza de castigo

Ante la fuga masiva de reos peligrosos en la cárcel Fraijanes II, manifestamos:

Lee el comunicado completo aquí https://t.co/AD4DXzMqoc pic.twitter.com/JubYlNPnU4

— CACIF (@CACIFGuatemala) October 12, 2025

Además, condenó la fuga por revelar una «alarmante negligencia» y un «nivel de descontrol inaceptable» por parte del Ministerio de Gobernación. Por lo que piden la pronta recaptura de los delincuentes, una investigación exhaustiva que alcance toda la cadena de mando y la aplicación rigurosa de la ley para quienes resulten responsables por acción u omisión, enfatizando que «este episodio no puede quedar en la impunidad».

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) asegura que la fuga de reos altamente peligrosos, amenaza el bienestar de los guatemaltecos y deteriora el tejido económico y social del país.

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Este miércoles 23 de marzo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron una requisa en la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, Escuintla en conjunto con guardias del Sistema Penitenciario y personal del Ministerio Público.

Renée Saravia

Las autoridades del Ministerio de Gobernación ordenaron una requisa en la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, Escuintla.

En el operativo participaron 500 elementos entre ellos 50 guardias del Grupo Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario y el personal perteneciente a diferentes divisiones y unidades de la Policía Nacional Civil con el objetivo de mantener libre de ilícitos la citada cárcel.

Como resultado de la actividad se logró la incautación de dos computadoras portátiles con sus respectivos cargadores, objetos punzo cortantes y cable coaxial el cual fue incinerado en el lugar junto a cargadores telefónicos.

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El director del Sistema Penitenciario, Rodolfo Escobar fue destituido, según indican fuentes del Ministerio de Gobernación a distintos medios nacionales. De acuerdo a la información preliminar la decisión se tomó luego de la polémica fuga de un reo de la cárcel de Mariscal Zavala.

Redacción Perspectiva

Este viernes 17 de diciembre, trascendió la destitución de Luis Rodolfo Escobar, hasta ahora director del Sistema Penitenciario. La versión extraoficial sobre la causa de destituir a Escobar, es la fuga de un reo de la cárcel de Mariscal Zavala.

El pasado 17 de noviembre pasado, el reo Christhian Renato Rodríguez Gallardo con solicitud de extradición a Estados Unidos logró escaparse de la cárcel de Mariscal Zavala.

Aunque el director del Sistema Penitenciario advirtió que realizaban una investigación a fondo. El 11 de diciembre trascendió en redes sociales el video de la fuga del Mariscal Zavala de Rodríguez Gallardo, alias «el Patojo». En el video quedó grabado cuando uno de los guardias le dice al reo: «Feliz Fuga».

Ante la evidencia, las autoridades realizaron varias capturas en las oficinas del Sistema Penitenciario y Mariscal Zavala, donde personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a nueve guardias.

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El Sistema Penitenciario confirmó que Jairo Giovany Ramos Zapata, acusado de la muerte de un investigador del Ministerio Público en 2018, se fugo del Centro de Detención Preventivo para hombres de la zona 18.

Redacción Perspectiva

Por medio de un comunicado, las autoridades del Sistema Penitenciario informaron sobre la fuga de un privado de libertad en Preventivo para hombres de la zona 18.

El preso que logró fugarse fue identificado como Jairo Giovany Ramos Zapata, señalado de asesinar a investigador del Ministerio Público en 2018.

En el comunicado, el Sistema Penitenciario responsabiliza a los guardias de seguridad penitenciaria que tenían a su cargo la custodia del privado de libertad y advierte que la investigación esta en marcha.

“De esta forma se hace constar que de oficio se ha iniciado un proceso de investigación interna para deducir responsabilidades legales a las autoridades de dicho centro carcelario”, dice el comunicado.

Las autoridades instan a la población a colaborar con cualquier información útil para localizar al privado de libertad fugado.

“De poseer información o conocer el paradero de esta persona puede comunicarse al número 110 de la Policía Nacional Civil”, puntualiza el Sistema Penitenciario.

El crimen de Jairo Giovany Ramos Zapata

Jairo Giovany Ramos Zapata fue capturado el 20 de septiembre de 2018, en una acción coordinada por la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Los cargos en contra de Ramos son homicidio y robo agravado.

Según el ente investigador, el 21 de julio del 2018, Ramos  provocó la muerte de Dany Rojas, al intentar asaltarlo en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Rojas laboraba como investigador en la Dirección de Investigación Criminalística (DICRI) del MP.

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Sociólogo-criminólogo, docente universitario y ex funcionario del Sistema Penitenciario, Eddy Morales explica sus puntos de vista sobre el modelo carcelario de Guatemala y los muchos retos que tiene por delante.

Roxana Orantes Córdova

Con experiencia de primera mano, Eddy Morales es uno de los especialistas con mayor conocimiento del sistema penitenciario guatemalteco. Morales se graduó de Bachiller en la Escuela Politécnica y es un oficial del Ejército retirado que se especializó en diversos aspectos de la seguridad ciudadana y el diseño de estrategias de inteligencia.

Con pensum cerrado en Doctorado en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas, cuenta con Maestría y varios diplomados sobre temas de seguridad. En dos momentos de su carrera profesional fue director del Sistema Penitenciario y además, fue consultor para desarrollar los manuales de la Carrera Penitenciaria.

Entrevistado por Perspectiva, Morales expone cómo en el país se abusa de la prisión preventiva, lo que ha convertido al sistema en “un depósito de personas”, alejado de sus propósitos de rehabilitar y reinsertar a la sociedad a quienes transgreden la ley.

Asimismo, considera que «el sistema penitenciario está sobrediagnosticado y poco se hace para reformarlo».

¿Cómo surge el sistema penitenciario en Guatemala?

En el caso de Guatemala, el Sistema Penitenciario inicia el 9 de julio de 1875, cuando la Municipalidad de Guatemala encargó al Señor José Quezada de visitar la cárcel de hombres y de corrección Santa Catarina, ubicada en la 3ª. Avenida y 5ª. Calle, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Luego, el General Justo Rufino Barrios, quien gobernaba en ese entonces, ordenó que se iniciara la construcción de la Penitenciaria Central, el 11 de enero de 1877. El lugar en el cual se inició la construcción era conocido como El Campamento. La obra fue inaugurada el 3 de octubre de 1892.

La Penitenciaría Central tenía capacidad para 500 reos. Sin embargo, a principios del siglo XX, ya había más de 1,500 hombres recluidos; cifra que fue creciendo hasta llegar en algunas ocasiones, especialmente durante los años comprendidos en 1954 y 1957, a 2,500 hombres.

La Penitenciaría Central fue clausurada en 1968, después de 87 años de regir como centro penitenciario nacional, debido a factores como, la falta de agua, la falta de trabajo, la organización y el hacinamiento, entre otros.

En el año de 1963, se crean las denominadas Granjas Penales, que se instalaron en el departamento de Petén, a fin de trasladar a la población reclusa de la ya demolida Penitenciaría Central; asimismo, se planificó la construcción de Granjas Penales en Escuintla y Quetzaltenango. La Granja Penal de Pavón, para los reos del área central de la República y que sería de carácter eminentemente industrial.

La Granja Penal de Cantel, en el departamento de Quetzaltenango, para reclusos de zonas frías y; la de Canadá, en el departamento de Escuintla, para internos de zonas calientes. Es durante la administración del presidente Enrique Peralta Azurdia en donde se inicia la construcción de las Granjas Penales.

¿Qué ley enmarca a este sistema?

El Decreto Número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, contiene la Ley del Régimen Penitenciario, entró en vigencia el 05 de octubre del año 2006; cuenta con 102 artículos y contiene disposiciones preliminares, Derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas reclusas; órganos administrativos, régimen progresivo; redención de penas y, régimen disciplinario.

El objeto del Sistema Penitenciario, se encuentra enmarcado en el Art. 02 de la misma ley, el cual debe tender a la readaptación social y a la reeducación de las personas privadas de libertad (PPL) y, cumplir con las normas que le asigna la Constitución Política de la República; así como los convenio y tratados internacionales en materia de Derechos humanos en los que Guatemala sea parte, también con lo dispuesto en las demás leyes ordinarias del país. Así mismo, esta ley establece los fines del Sistema Penitenciario, dentro de los cuales se debe de mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas en resguardo de la sociedad, así como proporcionar a las personas reclusas las condiciones favorables para su educación y readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo personal, durante el cumplimiento de la pena y posteriormente reintegrarse a la sociedad.

¿Cuál es el enfoque para modernizar las cárceles guatemaltecas?

Actualmente, todo enfoque penitenciario está orientado a la rehabilitación y reinserción social de los reclusos, con esa visión se impulsó el programa de rehabilitación de reclusos (PPL) en coordinación con los equipos multidisciplinarios de la Subdirección de Rehabilitación Social, basado en la aplicación del régimen progresivo adaptado al trabajo asociativo productivo (cooperativismo penitenciario) que dio muy buenos resultados durante la gestión que presidí, durante agosto 2008 a enero 2012, pero debido al cambio de gobierno, el programa fue suspendido. A partir del año 2016  se está impulsando un nuevo modelo de gestión penitenciaria apoyado por la cooperación estadounidense que se basa en la experiencia del sistema penitenciario de la República Dominicana, que si bien es un modelo digno de adaptar al guatemalteco, pero, debe resolverse primeramente las deficiencias de infraestructura, del hacinamiento, de la corrupción, de la carrera penitenciaria, del recurso humano e inversión de recursos financieros en la Política Nacional de Reforma Penitenciaria aprobada en el año 2015 que constituyen diez ejes estratégicos y siete temas transversales para transformarlo a un sistema similar al dominicano con el acompañamiento y seguimiento estratégico interinstitucional por parte de la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario (CONASIP).

¿Qué expresa un hecho como el sucedido en Cantel?

El sistema penitenciario de Guatemala ha estado en crisis desde hace mucho tiempo. El incumplimiento de los derechos básicos de los reclusos redunda en motines y rebeliones. La situación general es preocupante y las propuestas políticas de reforma brillan por su ausencia.

Durante los últimos años, se han producido varios amotinamientos carcelarios en el sistema penitenciario similares al ocurrido el miércoles 19 de mayo en el del Centro de Cumplimiento de Condena Cantel, también llamado, irónicamente, Granja de Rehabilitación Cantel ubicada en Quetzaltenango.

Ha habido muchos episodios de violencia que fueron publicados y comentados en los medios de comunicación y la opinión pública, evidenciando la falta de control de las autoridades penitenciarias a cargo del resguardo y custodia de la población recluida en los centros penales, donde los reclusos tienen el control real debido a la corrupción que impera en todo el sistema penitenciario, donde existe complicidad entre altas autoridades de la Dirección General, directores de los centros penales, guardias y reclusos, lo que advierte un escenario crítico para la institucionalidad.

Estos hechos se producen debido a una situación de descontrol donde el trasfondo que lleva a los motines y a las protestas carcelarias se basa en el poder y dominación que tienen los reclusos pertenecientes a estructuras criminales vinculadas con el crimen organizado, narcotráfico y pandillas delictivas (maras). Esto, como resultado de la falta de una efectiva clasificación de los reclusos según su perfil y peligrosidad criminal, así como una infraestructura obsoleta y un recurso humano insuficiente y deficiente que carece de una carrera penitenciaria e incentivos por mérito y, además, a un presupuesto escaso que no alcanza para invertir en la construcción de nuevos centros penales de mediana y máxima seguridad.   

Se abusa de la prisión preventiva, y por ello el sistema penitenciario se ha convertido en un depósito de personas donde la prisión, en lugar de ser el último recurso, se ha convertido en la primera opción y no la excepción a la norma, pudiendo aplicarse medidas alternas a la misma, lo que implica un crecimiento acelerado de la población reclusa.

El sistema penitenciario y sus 21 centros penales tienen una capacidad para 6,800 reclusos y, actualmente, el número se aproxima a 26,000 que representa un 400%, de sobrepoblación lo que produce un hacinamiento extremo.

En los últimos años, el incremento de la criminalidad en Guatemala fue atendido con políticas de encarcelamiento masivo. Esto significó una enorme presión sobre el sistema penitenciario sin aumento en la inversión presupuestaria necesaria para la construcción de nuevos centros penales para atender la demanda, por lo que se vio ampliamente superada por el aumento de la población carcelaria.

El problema es muy complejo porque, por un lado, los políticos se sienten obligados a atender los reclamos ciudadanos de más seguridad y prisión, pero por otra parte la prisión se ha agotado como mecanismo de solución de la criminalidad.

¿Este tipo de motines pueden ser distractores orquestados para desviar la atención de otro tipo de hechos?

Considero que no es así, sino es el resultado de un sistema penitenciario obsoleto y corrompido que refleja los problemas de criminalidad que sufre la sociedad guatemalteca y cómo las estructuras criminales han ido cooptando las instituciones de seguridad y justicia en Guatemala.

Hay un desfase que ha provocado un empeoramiento progresivo de las condiciones de vida en prisión. No solo en cuanto al hacinamiento, sino también en las condiciones de higiene, de seguridad y programas de rehabilitación efectivos entre otros, por lo que, en este contexto, el aumento de motines, la violencia carcelaria y disturbios se deben a reclamos por mejoras de la situación de los presos o bien a enfrentamientos entre las pandillas delictivas o maras y los grupos delictivos que controlan los mercados ilícitos de droga al interior de las prisiones con las estructuras criminales externas para satisfacer las demandas de las personas reclusas adictas.

Aunado a lo anterior, se suma la complicidad de las autoridades penitenciarias en confabulación con los reclusos que pertenecen al crimen organizado y al narcotráfico.

¿Qué mensaje dan las autoridades a la población al no explicar ni comunicar ningún dato sobre algo tan extremo como la masacre en Cantel?

En Guatemala diversas organizaciones de la sociedad civil, observadores penitenciarios y de derechos humanos han denunciado situaciones muy críticas en torno al sistema carcelario de nuestro país.

El sistema penitenciario está sobrediagnósticado y poco o nada se hace para reformarlo.

Esto implica la poca transparencia y falta de rendición de cuentas ante la población, ya que existen intereses corruptos de personas ligadas a cada gobierno de turno con reclusos pertenecientes, ya sea, a estructuras criminales vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico o a políticos partidistas que están cumpliendo condena y tienen participación e interés en negocios mafiosos, e allí el silencio que los hace cómplices y permisibles. No hay visión de Estado y ni siquiera institucional.    

En las cárceles coexisten tres grandes problemas. En primer lugar, la sobrepoblación. El segundo problema son las condiciones de vida en la cárcel debido al hacinamiento y el tercero son los recursos escasos y bajo control institucional, lo que desencadena la violencia al interior de las prisiones. En varias prisiones hay un autogobierno dentro de los centros penitenciarios, por lo que son los reclusos quienes tienen el control.

La sobrepoblación y el atraso en la inversión han generado que la seguridad de las prisiones se haya deteriorado rápidamente. Un ejemplo es la cantidad de reclusos por custodio en el Sistema Penitenciario guatemalteco que es de aproximadamente 13 reclusos por 01 guardia en comparación a la norma internacional que es de 05 custodios por cada persona privada de la libertad.

Esta debilidad institucional, sumada a un contexto de carencia de necesidades básicas, crea mercados ilegales de productos tales como la venta de alcohol, drogas ilegales o hasta sexo, que se comercializan en el interior de las prisiones y controlar esos mercados es controlar las mismas, lo que implica el autogobierno en sí mismo, debido a que esos mercados son manejados por grupos criminales organizados.

Hay rumores sobre implicación de autoridades en la extorsión, ¿cree que sin este tipo de implicaciones podrían darse los cobros extorsivos en prisiones?

Las personas recluidas en las prisiones constantemente son víctimas de cobros indebidos, exacciones y extorsiones (talacha). Y, muchas veces, los guardias penitenciarios, los directores de los centros penales y hasta las autoridades de turno están involucradas.

Por ejemplo: en el motín suscitado en Cantel hay varias hipótesis, entre estas están la falta de atención de las autoridades a las demandas de la población reclusa, los abusos y extorsiones entre reos y, hasta funcionarios penitenciarios. Así también el ataque armado contra la pareja de un recluso que está vinculado con el narcotráfico, lo que incomodó a otro grupo de reos y por ello habrían coordinado el ataque.

Lo anterior demuestra que existen indicios sobre autoridades penitenciarias vinculadas. Mientras no se corrija y se sancione penalmente a los funcionarios responsables y a los reclusos, continuará el abuso.

¿Cómo puede sanearse un sistema que no cumple su objetivo de reinsertar y rehabilitar?

Debe tomarse en cuenta que uno de los problemas criminales en una sociedad es la prisión en sí misma. Ha habido propuestas para solucionar la problemática penitenciaria, las cuales son una combinación de medidas preventivas, entre ellas están: que la cárcel no sea la única solución a todo tipo de delitos sino que se apliquen medidas alternas y la prisión solo sea como una opción de ultima ratio para delitos graves y de alto impacto, otra es invertir en programas de prevención social del delito, el monitoreo electrónico, el arresto domiciliar, el servicio comunitario y otros más.

Las cárceles se han convertido en escuelas del crimen en lugar de centros de rehabilitación y las políticas criminológicas de castigo solo agravan el entorno de violencia y delincuencia de nuestra sociedad. Cualquier medida preventiva es de largo plazo, por lo tanto son impopulares a corto plazo. Lo que significa que cualquier político que las aplique no verá sus beneficios.

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A través de un comunicado, el Sistema Penitenciario informó ayer que las visitas a los diferentes centros preventivos serán suspendidas hasta nuevo aviso, en atención a las medidas del gobierno para evitar el aumento de contagios de COVID-19.

Redacción Perspectiva

El Sistema Penitenciario señala que su decisión se sustenta en el artículo 4 del Decreto Gubernativo 4-2021, que prohíbe actividades que generen aglomeración de personas, tales como celebraciones, reuniones, grupos, manifestaciones y demás eventos aún al aire libre, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), suspenderá las visitas a los privados de libertad. La medida permanecerá vigente hasta el 30 de abril.

En el comunicado, la DGSP solicita a las familias de los privados de libertad, comprender la situación ya que “se escapa de nuestras manos”.

El Sistema Penitenciario enfatiza que su intención es «proteger la vida y la salud de aquel que se encuentra probado de libertad por las complicaciones que podrían tener al existir propagación masiva».

El comunicado finaliza expresando el compromiso de las autoridades para velar por hacer cumplir las medidas sanitarias que deben extremarse, pues sus 21 centros son parte de las áreas geográficas en alerta máxima.

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Un fuerte contingente integrado por agentes del Sistema Penitenciario (SP) y Policía Nacional Civil (PNC) realizó el traslado 13 reos miembros de la Rueda del Barrio 18, con el propósito de desarticular a la organización criminal que opera desde las cárceles.

Redacción Perspectiva

El Ministerio de Gobernación informó que tras obtener amparo provisional, ayer por la noche coordinaron el traslado de 13 privados de libertad que integran la Rueda del Barrio 18.

El pasado 23 de septiembre, una jueza del Organismo Judicial había ordenado reintegrar a los integrantes de la organización criminal, sin embargo el MINGOB presentó un amparo provisional que finalmente fue concedido el día de ayer por la noche por lo que inmediatamente se realizó el traslado.

Los 13 pandilleros de la Rueda del Barrio 18 fueron enviados a diferentes centros carcelarios, con el objetivo de desarticular a la mara, al separar a los líderes que ordenan las extorsiones y asesinatos.

El viceministro de Seguridad, Gendri Reyes indicó que “por parte del Presidente de la República, Alejandro Giammattei y el Ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, se están realizando los esfuerzos correspondientes para la desarticulación de estas estructuras criminales pero se necesita la colaboración de otros entes del estado, siempre respetando la independencia de poderes”.

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Sistema Penitenciario confirma que los tres guardias que permanecían retenidos por privados de libertad del sector 11 del Preventivo para hombres de la zona 18, fueron liberados.

Redacción Perspectiva

El viceministro de Seguridad, Gendri Reyes, el Director del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil informan de la liberación de los tres guardias penitenciarios, que se logró sin ningún contratiempo.

El viceministro manifestó que los guardias se encuentran a salvo y se pudo evitar una tragedia; «Se articuló el trabajo con las diferentes instituciones entre el Mingob, PNC y distintas unidades especializadas y se llegó al consenso de los privados de libertad»

«Ningún guardia está golpeado, ni afectado en su condición física, a Dios gracias se evitó otra tragedia y estamos en toda la armonía y con la estrategia del trabajo con el Sistema Penitenciario», expresó el viceministro de Seguridad.

Los guardias permanecieron retenidos en el sector 11 del Preventivo de la zona 18 desde la tarde de ayer por pandilleros que exigían a las autoridades el traslado de miembros del Barrio 18 que fueron trasladados en un operativo del Ministerio de Gobernación que tenía como objetivo desarticular a una de las estructuras del grupo criminal que opera desde la cárcel.

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Desde el día de ayer, pandilleros del Preventivo de la zona 18 tienen retenidos a tres guardias del Sistema Penitenciario. Los criminales exigen el regreso de líderes de la Rueda del Barrio 18 que fueron trasladados a distintas cárceles del país.

Redacción Perspectiva

El vocero del Sistema Penitenciario, Carlos Morales indicó que tres del Sistema Penitenciario  permanecen retenidos en el sector 11 del Preventivo de la zona 18 desde la tarde de ayer por criminales que exigen a las autoridades el traslado de miembros del Barrio 18 que fueron trasladados en un operativo del Ministerio de Gobernación.

Las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) confirmaron que cuatro guardias fueron retenidos por privados de libertad en el Preventivo para Hombres de la zona 18. Durante la noche de ayer, se indicó que había sido liberado uno de los guardias y permanecían como rehenes tres guardias.

A través de un video que circulo esta mañana en redes sociales, los tres guardias que continúan retenidos en el sector 11 del Preventivo enviaron un mensaje en el que  piden a las autoridades hagan todo lo posible por liberarlos y responsabilizan al ministro de Gobernación y al director del Sistema Penitenciario de lo que pueda sucederles.

“Aquí nos encontramos en el sector 11 desde el día de ayer a las 3:30 de la tarde “Le mando un mensaje al ministro de Gobernación, si el día de hoy o mañana si nos pasa algo, el que sea  el responsable, si no nos apoya en ese sentido y al director general del sistema penitenciario”, dice uno de los guardias secuestrado por los criminales.

Las recientes acciones del Ministerio de Gobernación encaminadas a desarticular a la Rueda del Barrio 18 han generado el descontento de los privados de libertad que exigen el traslado de los líderes que según los criminales corren peligro sus vidas. El pasado lunes, fueron secuestrados 10 guardias en la Cárcel de máxima seguridad de Escuintla conocida como El Infiernito.

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Aldo Duppie Ochoa, alias el Lobo, es uno de los líderes del Barrio 18, fue trasladado anoche del Preventivo de la zona 18 a Matamoros.

Redacción Perspectiva

El privado de libertad y líder de la mara Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa, alias el Lobo, fue el único que no pudo ser trasladado de cárcel, en el operativo desarrollado por el Sistema Penitenciario para desarticular a la “rueda del barrio”, estructura del grupo criminal que se encarga de coordinar extorsiones y secuestros desde la prisión.

Tras la denuncia del presidente Alejandro Giammattei en contra de un juez que se negó a permitir el traslado del criminal conocido como el Lobo, miembro del Barrio 18 y quien cumple una condena de 1,670.

Finalmente la justicia resolvió a favor de la impugnación presentada por las autoridades, lo que permitió el traslado del criminal al cuartel de Matamoros.

El director del Sistema Penitenciario, Luis Rodolfo Escobar, informó que  Ochoa Mejía estará totalmente aislado en la cárcel de Matamoros.  “Él estará aislado sin privilegios y sin contacto con otros privados de libertad”, dijo Escobar.

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