El juicio contra el senador demócrata Bob Menendez inició en una corte federal de Manhattan en Estados Unidos. El funcionario está acusado de aceptar sobornos en oro y efectivo a cambio de usar sus influencias para hacer favores a tres empresarios de Nueva Jersey, según han informado medios internacionales.

Redacción Perspectiva

En una publiación de Associated Press, se detalla que Menendez, de 70 años, permaneció sentado acompañado de sus abogados y escuchó atentamente al juez Sidney H. Stein mientras informaba a decenas de posibles miembros del jurado sobre los cargos en contra del senador y dos de los empresarios.

También describen que, el juez les comentó que el “actual senador federal por el estado de Nueva Jersey” había sido acusado de ser parte de un plan en el que supuestamente “accedió a aceptar sobornos y aceptó sobornos”.

Además, detallan que después de advertirles que se tenía previsto que el juicio se extendiera hasta por siete semanas, Stein permitió que los jurados levantaran la mano si creían que no podían desempeñar su trabajo durante tanto tiempo. Posteriormente, llevó a cada uno de ellos a otra sala para preguntarles por qué.

Menendez, quien vistió un traje con corbata roja, llegó a la corte federal de Manhattan a las 8:15 de la mañana, 40 minutos antes de que la caravana del expresidente Donald Trump pasara por el lugar para dirigirse al otro lado de la calle a un tribunal estatal, donde enfrenta un juicio por la presunta falsificación de registros financieros para ocultar pagos a cambio del silencio de una actriz porno antes de las elecciones de 2016.

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Según una publicación del periódico digital salvadoreño, El Faro, un testigo asegura que Alejandro Giammattei negoció mantener en el cargo al entonces ministro José Luis Benito a cambio de Q20 millones para la campaña electoral de 2019. La información corresponde a una supuesta investigación bajo reserva de las autoridades.

Redacción Perspectiva

De acuerdo con la publicación, el mandatario guatemalteco accedió a un supuesto acuerdo con el exministro, José Luis Benito a cambio de Q20 millones para financiar la campaña presidencial del 2019.

El articulo de El Faro, se sustenta en la acusación de un testigo nombrado como Testigo A y que su identidad y una copia de su declaración están en una caja fuerte en el Tribunal D de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Erika Aifán.

La información confidencial filtrada por el medio salvadoreño asegura que el denominado Testigo A es un exhombre de confianza del presidente Giammattei, quien testificó en su contra al afirmar que el presidente negoció la entrega de Q20 millones (unos US$2.6 millones) para financiar la campaña en 2019.

Además de los sobornos, la información del testigo aborda una supuesta investigación a cargo de fiscales del MP bajo reserva.

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Los destituyó, hubo protestas y los restituyó en sus funciones en menos de 48 horas.

Este miércoles, el Fiscal de la Nación de Perú, Pedro Chávarry, volvió a incluir a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela en el equipo especial Lava Jato, que investiga los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios, políticos e incluso expresidentes del país.

Chávarry resolvió el miércoles «dejar sin efecto la resolución (de destitución) del 31 de diciembre de 2018 en todos sus extremos», según una disposición de la Fiscalía difundida por medios peruanos.

Horas antes de Año Nuevo, Chávarry los había sacado del grupo Lava Jato debido a que, según dijo, Pérez había cuestionado su permanencia en su cargo y Vela no le había entregado información completa sobre el caso Odebrecht.  Pérez y Vela cuentan con un alto respaldo popular, por lo que su destitución desató manifestaciones de desaprobación en Lima y el pedido de que Chávarry abandonara la Fiscalía.

Chávarry es uno de los funcionarios implicados en el caso conocido como «LavaJuez» o «CNM Audios», que salió a la luz en julio de 2018, cuando IDL-Reporteros y otros medios peruanos difundieron una serie de audios que descubrieron toda una telaraña de intercambio de favores en la justicia de la nación sudamericana.

El Fiscal de la Nación niega estar implicado y se niega a abandonar su cargo.

Emergencia

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, también cuestionó la decisión y el miércoles presentó un proyecto en el Congreso para declarar en emergencia el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación).  De aprobarse, esta medida implicaría que se suspendan las funciones del Fiscal de la Nación y de los Fiscales Supremos actuales, y que se forme una Junta Transitoria de Fiscales Supremos para reestructurar el Ministerio Público.

Domingo Pérez es el fiscal que pidió y consiguió los 36 meses de prisión preventiva contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, mientras se la investiga por supuestamente lavar activos procedentes de presuntos sobornos de Odebrecht.

La líder política ha apelado esta medida en su contra.

Pérez dijo que su destitución y la de Vela ponía en peligro el acuerdo de colaboración entre las autoridades peruanas y Odebrecht, que contempla el pago de una millonaria multa de reparación civil por parte de la firma y su cooperación en las investigaciones contra los políticos y funcionarios que habrían recibidos sobornos.

Fuente: BBC

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Por: Marco Vinicio Mejía

Al abordar la corrupción, generalmente se hace referencia al mal uso de las oficinas públicas para el beneficio personal o privado, y también a la confabulación dentro y entre empresas que imponen costos a los consumidores y a la sociedad. Esto podría incluir a quienes ejercer su influencia para evadir las leyes, o para tener injerencia en las decisiones de los juzgados, al dar o recibir mordidas en las adquisiciones públicas, o participar en sobornos, alterar reportes financieros o malversar fondos gubernamentales.

¿Dónde está el origen de la corrupción? Esta no solo se relaciona con el uso indebido de los recursos públicos. En la administración pública, principia porque se elige a funcionarios que no son idóneos, carentes de honestidad, experiencia, formación sólida y valentía. Hay corrupción en la economía informal, al promover y aceptar el contrabando. Corrupción en la piratería, la competencia desleal, las falsificaciones, la alteración de pesos y medidas.

Las formas más publicitadas de corrupción son la apropiación de fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, así como en los sobornos pagados por ciertas empresas o individuos para evadir las regulaciones de salud y seguridad que protegen al público en general. Este tipo de corrupción vuelve la vida más difícil y peligrosa para todos los guatemaltecos, en especial para los más pobres y vulnerables.

La corrupción se ha abordado, casi con exclusividad, alrededor del comportamiento de los agentes públicos. Resulta «políticamente correcto» exigir el saneamiento y la transparencia de las gestiones gubernamentales. También debemos tener en cuenta la implicancia de algunos agentes del sector privado, sin cuya participación los delitos derivados de la corrupción no habrían sido posibles. Lo mismo puede afirmarse de los funcionarios de organismos y bancos transnacionales, que entre otros casos promovieron la mercadotecnia del resarcimiento y el desvío de fondos en la única universidad estatal. La banca internacional ha financiado la obra gris, sin fiscalización, ya que el pago de las comisiones son «invisibles», al estar cubiertas por documentos.

Las soluciones a la corrupción no radican en los preceptos morales sino en el control político. Daniel Innerarity nos advierte: «parece claro que la política no puede reducirse a moral». No se trata de ser moralmente apolíticos o políticamente inmorales. Sobre el particular, son certeras las ideas de Antonio Gramsci: «No se puede juzgar al hombre político por el hecho de que sea más o menos honesto, sino por el hecho de que mantenga o no sus compromisos (y en este mantenimiento puede estar comprendido el “ser honesto”, es decir, ser honesto puede ser un factor político necesario y en general lo es, pero el juicio es político y no moral). El político es juzgado no por el hecho de que actúe con equidad, sino por el hecho de que obtiene o no los resultados positivos o evita un resultado negativo, un mal, y aquí puede ser necesario “actuar con equidad”, pero como medio político y no como juicio moral». (Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado, p. 171).

El desempeño de las funciones públicas no depende de virtudes privadas, sino de una organización estatal eficiente que permita fiscalizaciones, como el control político y jurídico de los políticos, la revisión de la financiación de los partidos políticos y las licitaciones públicas. Esta postura coincide con el ideal registrado en el monumento al Teniente General Manuel Cassola (1892), en Madrid: «El ejército debe estar organizado de suerte que nada tenga que temer de la injusticia ni qué esperar del favor.»

Es probable que la corrupción nunca sea eliminada por completo. Pero sí es seguro que su erradicación no se hará desde las categorías de la moral. Es un asunto de fiscalización política, la cual requiere la participación vigilante de toda la ciudadanía, sin desatender la valiente voz de quienes parecen clamar en el desierto.

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El empresario Marcelo Odebrecht salió de la cárcel de Curitiba este martes para cumplir prisión domiciliaria en su casa en Sao Paulo, según confirmó la agencia estatal Agencia Brasil.

Después de dos años tras las rejas, el expresidente de la empresa de construcción y de ingeniería Odebrecht irá a su residencia a cumplir con el resto de su condena de 19 años y 4 meses.

 El caso de Odebrecht es el mayor escándalo global de corrupción de la historia moderna. Su red de sobornos se extendió por cuatro continentes, provocó la mayor multa jamás emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: 3.500 millones de dólares. El escándalo de Odebrecht, además, ha salpicado a presidentes, expresidentes e importantes funcionarios latinoamericanos.

Según Agencia Brasil, a Odebrecht le están instalando un equipo de monitoreo electrónico y luego viajará a Sao Paulo para instalarse en su casa en un condominio de lujo en el barrio de Morumbi.

Marcelo Odebrecht fue condenado por delitos de corrupción, lavado de capitales y por haber mantenido una red criminal que extendió sus tentáculos en el interior de Petrobras.

Fuente: CNN

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Un grupo de fiscales peruanos viajaron a Curitiba, Brasil, para interrogar este jueves al exdirector ejecutivo de la empresa brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión tras ser acusado de haber pagado cuantiosas cantidades de dinero en forma de sobornos, entre ellos la financiación ilegal de varias campañas electorales a cambio de recibir beneficios de los gobiernos de turno.

En esta ocasión, los fiscales peruanos buscaban determinar el presunto nexo entre Odebrecht y la excandidata presidencial peruana, Keiko Fujimori.

Esto, tras una investigación del diario brasileño O Globo publicada en junio de este año donde presentaban copias de la agenda móvil de Odebrecht y entre las anotaciones se leía “aumentar Keiko para 500 y hacer visita”.

La controversia se agudiza tras la publicación este viernes de un reporte del diario peruano El Comercio que cita fuentes anónimas que aseguran que durante el interrogatorio de los fiscales peruanos a Odebrecht el empresario aseguró haber hecho pagos a la campaña de Fujimori.

 Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y candidata presidencial en Perú en 2011 y 2016, ha negado en varias ocasiones haber recibido fondos ilícitos para los comicios del 2011, la campaña bajo investigación. Este viernes reiteró su inocencia mediante un video divulgado en sus redes sociales, donde dice: “Claro está que no conozco al señor Odebrecht, claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo.”

El interrogatorio a Marcelo Odebrecht duró cuatro horas y según informó Rafael Vela, coordinador nacional de Fiscalías Especializadas en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Perú desde Curitiba, el empresario fue “bastante explícito en todas sus respuestas”. Sin embargo, señaló que no podía compartir detalles porque todos los presentes, entre ellos el equipo legal de Fujimori, habían firmado un acuerdo de confidencialidad.

El equipo legal de Fujimori también publicó un comunicado donde confirman su participación en el interrogatorio a Odebrecht, pero aseguran que en el encuentro “el señor Marcelo Odebrecht descartó cualquier hipotética vinculación entre él y la señora Keiko Fujimori al afirmar que no la conoce ni le entregó dinero”.

Fuente: CNN

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Es el mayor escándalo global de corrupción de la historia moderna. Su red de sobornos se extendió por cuatro continentes, provocó la mayor multa jamás emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: 3.500 millones de dólares. El escándalo de Odebrecht, además, ha salpicado a presidentes, expresidentes e importantes funcionarios latinoamericanos.

Estos son los más altos cargos que han sido señalados por este caso masivo de corrupción:

 Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela fue señalado por la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, durante un encuentro entre fiscales en México el pasado 18 de agosto.

En un audio de la participación, Ortega se refirió a la presunta persecución de empleados de la fiscalía venezolana y aseguró que «64 fiscales nacionales especializados en corrupción se les dictó prohibición de salida del país sin ninguna fórmula procesal por capricho del Gobierno». Según Ortega «todo esto tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht».  «Eso los tiene muy preocupados y angustiados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones montos y personajes que se enriquecieron y que esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno», dice Ortega.

Por eso, dice la exfiscal, «cualquier información que ustedes remitan en este momento al Ministerio Público va a ser utilizada para fines contrarios a los previstos. Sería destruir a la evidencia aprovecharían la información para atentar contra la fuente».

Maduro no se ha pronunciado al respecto y no hay cargos en contra del presidente.  Este jueves desde Brasil, Ortega reiteró que tenía pruebas independientes de corrupción en el caso de Odebrecht sobre Maduro, pero que permitiría que los fiscales de Brasil siguieran su investigación y no revelaría detalles.

Diosdado Cabello

En esa misma rueda de prensa en Brasil, a donde llegó Ortega proveniente de Colombia tras escapar de Venezuela, la exfiscal dijo que el dirigente oficialista venezolano Diosdado Cabello habría recibido 100 millones de dólares de sobornos de Odebrecht.

«La señora llega y dice que no sé quién me depósito a mí en una cuenta 100 millones de dólares. Te los regalo, mamá, que además no cuadran esas cuentas, ¿no? Porque según yo escuché el presidente de Odebrecht dijo (…) que en Venezuela se habían otorgado sobornos por 98 millones de dólares», respondió Cabello este miércoles.

No hay cargos contra el funcionario.

Jorge Rodríguez

El alcalde del municipio libertador de Caracas fue igualmente señalado por Ortega, quien dijo que Rodríguez habría recibido sobornos de la constructora brasileña.  Al igual que Maduro, Rodríguez no se ha pronunciado y no hay cargos en su contra.

Juan Manuel Santos

La Fiscalía General de Colombia afirmó en una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 13 de julio que tiene elementos y documentos que le permiten concluir «certeramente» que la constructora brasileña Odebrecht asumió costos en las campañas presidenciales del ahora presidente Juan Manuel Santos y el entonces candidato Óscar Iván Zuluaga en 2014.  Afirma que la campaña de Santos habría recibido un millón de dólares.

La Presidencia quienes afirmó que no se pronunciarán sobre este hecho y recordaron que el 14 de marzo el presidente Santos pidió perdón por los fondos de Odebrecht a su campaña, luego de rechazar enérgicamente las revelaciones hechas por el gerente Roberto Prieto de que sí se recibieron dineros de la constructora brasileña.

«Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010 quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar», afirmó Santos en un video publicado en Twitter. El mandatario enfatizó en que no había autorizado ni conocido estas acciones que violaban la ética y control que afirma haber exigido.

Oscar Iván Zuluaga

Sobre el excandidato y exrival de Santos en campaña, la Fiscalía dijo que Odebrecht aportó 1,6 millones de dólares a su campaña.  Según las pruebas recaudadas por la Fiscalía, Odebrecht habría servido de puente para llevar a cabo una reunión, en febrero del 2014, entre directivos de la campaña presidencial del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga y el publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonca, más conocido como ‘Duda’ Mendonca. El encuentro se realizó en Sao Paulo y fue coordinado por Marcio Polidoro, director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina.

Odebrecht asegura que le pagó 1,6 millones de dólares al publicista, correspondientes a un cobro adicional a una suma previamente convenida, para prestarle servicios a la campaña de Zuluaga, llamada “Manos Firmes, Corazón Grande”, valor que no aparece reportado por la campaña ante el Consejo Nacional Electoral. Zuluaga ha negado la acusación a través de sus redes sociales.  Zuluaga ha dicho en su cuenta de Twitter que ha colaborado con las investigaciones.

Keiko Fujimori

El 10 de agosto se supo de manera extraoficial de que los fiscales brasileños les dijeron —a través de una videoconferencia— a los fiscales peruanos que tienen una anotación de Marcelo Odebrecht donde aparece el nombre de Keiko Fujimori.

El fiscal Alonso Peña Cabrera confirmó en el programa de la Fiscalía «Sin Reservas» que se tiene extraoficialmente la información de que el nombre de Keiko Fujimori existe en las agendas de Marcelo Odebrecht.

La Fiscalía aún no tiene el documento. Solo lo asegurarán cuando tengan los documentos en sus manos.  Keiko Fujimori reaccionó en su cuenta de Twitter diciendo que no ha recibido dineros de Odebrecht y que «con el pedido de información de la Fiscalía a Brasil se confirmará que nunca» lo recibió.  No hay cargos criminales contra la excandidata presidencial e hija del expresidente Alberto Fujimori.

Carlos Polit

El 7 de agosto la justicia ordenó prisión preventiva en contra del excontralor de Ecuador Carlos Pólit por el escándalo de Odebrecht, aunque será sustituida por arresto domiciliario pues es mayor de 65 años. Según Carlos Baca, fiscal general del Estado, Pólit le habría pedido a un exejecutivo de la constructora brasilera seis millones de dólares. También se ordenó la incautación de fondos y la prohibición de enajenar los bienes del excontralor.

Pólit, quien renunció al cargo el pasado 20 de junio, se encuentra en Miami desde el 26 de mayo por un permiso médico de 60 días para recibir un tratamiento. A través de su abogado, ha negado las acusaciones y ha señalado que la vinculación al proceso por el caso de Odebrecht obedece a una retaliación del fiscal general del Estado, Carlos Baca.

En junio, la Policía allanó inmuebles propiedad de Pólit, donde se recabaron varios indicios que le permitieron a Fiscalía determinar un presunto delito de concusión.

Alan García

El expresidente de Perú Alan García (2006-2011) dio su testimonio en la Fiscalía en febrero de este año por el escándalo de Odebrecht.

La Fiscalía citó al exmandatario para declarar en la investigación de la adjudicación del proyecto para construir el gasoducto del sur a un consorcio del que hacía parte la compañía brasileña Odebrecht, según información de la agencia estatal de noticias de Perú, Andina.  “No tengo ningún temor y he actuado de acuerdo a mi conciencia y bien”, le dijo a periodistas en ese entonces, citado por la agencia de noticias peruana.

El exmandatario dijo que si funcionarios se aprovecharon de proyectos de construcción para “enriquecerse y extorsionar” a las compañías, debe caerles todo el peso de la ley.  “El máximo posible, porque traicionan al pueblo y ensucian obras que son en favor del pueblo”, dijo.

Este miércoles la fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Katherine Ampuero, dijo que su despacho evalúa pedir que se investigue al expresidente García, así como a Enrique Cornejo, quien fue ministro de Transportes y Comunicaciones, Vivienda Construcción y Saneamiento de Perú durante el gobierno de García, informó Andina.

La fiscal dijo que se evalúa la responsabilidad que podría alcanzar el exmandatario en el caso Odebrecht.  Pero García ha sido enfático en que la Fiscalía investiga la adjudicación del gasoducto durante la presidencia de su sucesor, Ollanta Humala, no de él.  “El Gobierno de Humala contrató Gasoducto con precio excesivo. La Fiscalía me cita para ratificar esa opinión. Iré”, dijo en Twitter el pasado 11 de febrero.

Ollanta Humala y Nadie Heredia

El expresidente Ollanta Humala y su esposa y exprimera dama Nadine Heredia están en prisión preventiva por el caso Odebrecht.  Los acusan de haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña de Humala en el 2011.  Tras escuchar los alegatos del fiscal que investiga a los Humala por el delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, el juez dictó prisión preventiva por 18 meses para los esposos Humala.

Según las declaraciones de Marcelo Odebrecht a autoridades brasileñas, representantes de la constructora se habrían reunido con Humala y su esposa Nadine Heredia. El expresidente, quien defiende su inocencia y la de su esposa, si aceptó haberse reunido con varios grupos empresariales, pero niega haber recibido dinero por parte de Odebrecht.

En el caso específico de la licitación del gasoducto, la exprimera dama, Nadie Heredia, fue salpicada por un testigo que la acusó de ser la encargada de dirigir la licitación para permitir que Odebrecht ganara este proyecto.  Heredia negó haber tenido injerencia en esa licitación e indicó que ella no modificó las bases del concurso de la obra.

En Perú, las autoridades investigan sobornos por 29 millones de dólares reconocidos por directivos de Odebrecht, entre 2005 y 2014.  Pero Humala no es el único expresidente de Perú en problemas con la justicia.

Alejandro Toledo y Eliane Karp

El pasado 17 de abril, el juez peruano Mario Guerra ordenó 18 meses de prisión preventiva para el exmandatario Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, como parte de las investigaciones por el caso Ecoteva. Toledo ya tenía una orden de detención preventiva en su contra por supuestamente haber recibido un soborno de la constructora brasileña Odebrecht, en un caso en el que es acusado de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Toledo permanece en Estados Unidos, país que a comienzos de este año recibió por parte de las autoridades peruanas la solicitud de prisión preventiva para el expresidente con fines de extradición por el caso Odebrecht. Siempre ha negado las acusaciones en su contra, dice que no es un fugitivo de la justicia y que los dos procesos que enfrenta están llenos de irregularidades y se trata de una persecución política.

Jorge Glass

El vicepresidente de Ecuador resultó salpicado esta semana por unos audios sobre el escándalo de Odebrecht, que supuestamente lo vinculan con la trama de corrupción que se fraguó desde la empresa brasilera. Este martes, Glas se pronunció rechazando los señalamientos y ratificando su voluntad de «apoyar todas las investigaciones que sean necesarias para que la verdad brille y se sancione todo acto de corrupción».

Michel Temer

El presidente de Brasil Michel Temer ha sido citado a declarar después de que funcionarios de Odebrecht lo han acusado de aceptar donaciones ilegales para su campaña, las que él ha negado.

Dilma Rousseff

Marcelo Odebrecht dijo que hizo donaciones ilegales para la campaña de Dilma Rousseff. La expresidenta niega estas afirmaciones y dice que todas las donaciones que recibió para su campaña fueron legales.

Fuente: CNN

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 El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, habría recibido “‘propinas’ por 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública”, según una investigación publicada en Aristegui Noticias y Proceso que el funcionario ha tildado de falsa.

El reporte, basado en supuestas declaraciones de altos funcionarios de Odebrecht a la justicia brasileña, explica que la constructora entregó a Lozoya los millonarios sobornos.

«Dadas las consultas de varios medios el día de hoy, a esta dependencia, es que se informa lo siguiente, misma que tiene como límite el no poner en riesgo las investigaciones que se están llevando a cabo y la eventual presentación de los inculpados ante la justicia federal», afirmó la Procuraduría General de la República de México en un comunicado este domingo y dice que está en contacto constante con la autoridades de Brasil para todo lo concerniente a la investigación. 

La investigación que publicaron este domingo Aristegui Noticias, de la periodista Carmen Aristegui, y Proceso estuvo a cargo de El Quinto Elemento Lab, una organización de noticias miembro de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas y que dijo haber tenido acceso a declaraciones secretas de altos funcionarios de Odebrecht en el proceso penal radicado en el Supremo Tribunal de Brasil sobre el caso de los sobornos de la constructora.

Lozoya fue director de Pemex de 2012 a 2016 y, en un comunicado que publicó este domingo en su cuenta de Twitter, negó los señalamientos sobre supuestos sobornos.  «La información contenida en la nota carece de prueba documental alguna, y relata una historia absolutamente falsa, dolosa e inexistente de principio a fin, sobre supuestos hechos en los que participé y empresas con las que supuestamente tengo relación. Asimismo señala reuniones con diferentes personas que incluso no sé ni quienes son ni los he conocido», se lee en el mensaje.  «Niego categóricamente estas aseveraciones», añade

Los sobornos de Odebrecht es el mayor escándalo global de corrupción de la historia moderna. Su red de sobornos se extendió por cuatro continentes, salpicó a presidentes e involucró a 12 países.  También provocó la mayor multa jamás emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: 3.500 millones de dólares.

Los primeros signos de soborno surgieron hace tres años en una investigación brasileña llamada Operación Lava Jato, que llevó a la detención de un ejecutivo de Petrobras, la petrolera estatal brasileña.  

Odebrecht estaba entre las beneficiadas por el esquema de corrupción masiva destapada en la petrolera y que incluía a ejecutivos de la compañía estatal, intermediarios y políticos de diversos partidos. La investigación mostró cómo se obtenían beneficios inflando los costos de los proyectos por los que Petrobras contrataba a Odebrecht y esos fondos acababan luego en otras manos, indicó Lava Jato.

El asunto ha llevado a prisión a los políticos y empresarios más prominentes de Brasil.  Pero las malas prácticas reconocidas por Odebrecht, que opera en 27 países, aparecieron más allá de las fronteras de en doce naciones, entre ellas México.

Según la PGR, ya cuentan con las «declaraciones de 10 servidores públicos y 9 ex funcionarios de PEMEX que interBrasil vinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño. También se han tomado declaraciones a 3 directivos de la empresa, incluido a Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de la empresa que lleva su nombre».

Pemex ha hecho públicos sus contratos con Odebrecht y ha dicho que colabora con las investigaciones de las autoridades mexicanas. Además, puso a disposición del público un sitio en internet donde se pueden consultar los contratos celebrados con la brasileña.

«El día 3 de abril de 2017, la PGR notificó a Petróleos Mexicanos el requerimiento para que comparezcan diversos funcionarios y ex funcionarios de Pemex en calidad de testigos, a fin de continuar con el desahogo de las investigaciones. Dada la naturaleza de la investigación que se sigue y en atención al debido proceso, los nombres de las personas no podrán ser revelados por ahora», afirman.  Sin embargo, dicen que no cuentan con toda la información de la Fiscalía brasileña, pero que llevarán este caso «hasta sus últimas consecuencias y directamente contra el o los responsables».

Fuente: CNN

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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público presentó este día la petición  ante el Juzgado Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Grupo “D” de que dicte auto de procesamiento contra los 28 sindicados en el caso Construcción y Corrupción.

Durante la audiencia de primera declaración la Fiscalía sustentó su petición con base en los indicios que recopilaron de forma preliminar para que la judicatura analice y resuelva dictar auto de procesamiento por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos, financiamiento electoral ilícito y cohecho pasivo.

Antecedentes

El caso fue presentado el pasado 14 de julio en donde se dio a conocer que de acuerdo con la investigación, se identificaron tres empresas de cartón que, por medio de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de sobornos.  Derivado de lo anterior, se conformó un equipo de expertos financieros para la reconstrucción de operaciones y transacciones encontradas.

Se estableció el perfil financiero de las empresas, socios, clientes, y sobre todo el engranaje que las movía operativamente, lo que dio paso a nuevas líneas de investigación.

Dentro del grupo de empresas se detectó que Constructora Benellia S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul, S.A. y Agropecuaria El Florido, S.A, estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores.

Por ello se llevaron a cabo 42 allanamientos en los departamentos de Guatermala, Sacatepéquez e Izabal y dejó 17 personas capturadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, cohecho activo, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y obstrucción a la justicia.

De las empresas antes mencionadas, las pesquisas determinaron que tenían características siguientes: toda la facturación de las empresas ocurrió entre los años 2012 y 2014, cuando Alejandro Sinibaldi era el Ministro del Micivi.

Los imputados por este caso son:

• Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso,
• René Felipe Cardona Pérez,
• Douglas Yoalmo Paredes Álvarez,
• Carlos Presa Aguirre,
• Juan Ignacio Florido,
• Ismael Arnoldo Donis Álvarez,
• Otto Vinicio Samayoa Soria,
• Rafael Ángel Díaz Fión,
• Elder Rumaldo Vásquez,
• José Jeremías Pérez de la Cruz,
• Juan Francisco Sandoval Girón,
• Juan Luis Tejada Argueta,
• Carlos Francisco Goyzueta Valladares,
• Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga,
• Roger Marcoantonio Navas Coronado,
• Carlos René Micheo Fernández,
• Raúl Eduardo Alvarado,
• José Luis Rodrigo Urruela,
• Álvaro Mayorga Girón,
• Juan Ramón Solórzano,
• José Guillermo Yupe,
• Randy Stuardo Uribio Aquino,
• Rafael Ángel Díaz Samos,
• Julio Roberto De la Peña González,
• Walter de Jesús López Acevedo,
• Jesús Augusto García Ibáñez

Fuente: MP

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, -FECI- inició la imputación de cargos en contra de 26 personas sindicadas de integrar una estructura criminal que estaba conformada por un grupo de empresas de cartón para recibir sobornos de empresas de construcción, vinculadas al exministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, durante la gestión de Alejandro Sinibaldi Aparicio en el gobierno del Partido Patriota.

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado de Mayor Riesgo D fueron imputadas las personas señaladas de participar en la administración de tres empresas, entre ellas la Constructora Benellia S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul, S.A. y Agropecuaria El Florido, S.A, que eran manejadas por una red de operadores, quienes, por medio de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de sobornos.

Las pesquisas

De las empresas antes mencionadas, las pesquisas determinaron que tenían características siguientes: toda la facturación de las empresas ocurrió entre los años 2012 y 2014.  En las fechas en que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la infraestructura para realizarlos.

Los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del Ministerio de Comunicaciones, que a su vez pagaron sobornos.

Fueron ocho las empresas que se conformaron para lograr obtener comisiones a favor del exministro Sinibaldi Aparicio. Siendo estas: Empresa Asfaltos de Guatemala, Compañía Constructora de Obras Civiles COCISA S.A., Construcciones y Diseño S.A., Constructora Jireh S.A., Constructora Nacional S.A., Ingenieros M y T, S.A., Denis Eli Marroquín Castillo / M&C Construcciones, Conglomerado empresarial, Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción (D&D Construcciones), Juan Francisco Sandoval Girón –ex viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Pavimentos, que de acuerdo con la investigación emitieron comisiones millonarias.

Las pesquisas concluyeron, que la empresa de cartón al pagar los sobornos funcionaba como una especia de “ventanilla especial” para los constructores, lo cual hacía que –una vez depositado el dinero- el engranaje gubernamental operase en su beneficio.

Entre los imputados figuran:

• Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso
• René Felipe Cardona Pérez
• Douglas Yoalmo Paredes Álvarez
• Carlos Presa Aguirre
• Juan Ignacio Florido
• Ismael Arnoldo Donis Álvarez
• Otto Vinicio Samayoa Soria
• Rafael Ángel Díaz Fión
• Elder Rumaldo Vásquez
• José Jeremías Pérez de la Cruz
• Juan Francisco Sandoval Girón
• Juan Luis Tejada Argueta
• Carlos Francisco Goyzueta Valladares
• Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga
• Roger Marcoantonio Navas Coronado
• Carlos René Micheo Fernández
• Raúl Eduardo Alvarado
• José Luis Rodrigo Urruela
• Álvaro Mayorga Girón
• Juan Ramón Solórzano
• José Guillermo Yupe
• Randy Stuardo Uribio Aquino
• Rafael Ángel Díaz Samos
• Julio Roberto De la Peña González
• Walter de Jesús López Acevedo
• Jesús Augusto García Ibáñez

Fuente: MP

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