Sonia Gutiérrez, en compañía de los diputados Andrea Villagrán y Adán Pérez y Pérez, presentaron esta mañana una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos contra la Junta Directiva del Congreso.

Redacción Perspectiva

Sonia Gutiérrez y los otros dos legisladores, señalan que su oposición a que el Ministerio de Comunicaciones reciba más de tres mil millones de quetzales para ejecutar obra gris, les valió más de una violación a sus derechos.

En primer lugar, señalan que se les coartó el uso de la palabra. Al parecer, la Junta Directiva prefiere no escuchar argumentos disidentes. En segundo lugar, indicaron que fueron objeto de amenazas por los integrantes de la “aplanadora del saqueo y la corrupción”.

Sonia Gutiérrez denuncia a la «aplanadora del saqueo y la corrupción«

La abogada y jefe de bancada de Winaq acuñó el término «aplanadora del saqueo y la corrupción» para referirse al grupo de legisladores obsecuentes a cualquier orden del Ejecutivo.

Pese a que VAMOS no logró una bancada significativa en las elecciones y los analistas auguraban debilidad para el partido gobernante en el Congreso, esa situación se «solucionó» poco después, con la adición de otras bancadas, especialmente el grupo «sandrista» de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que habría negociado su inmunidad a cambio de la adhesión al oficialismo.

En cualquier caso, los 112 votos que trasladan fondos al ministerio más opaco del gabinete (y de otras administraciones), no se lograron sin lucha y rencillas.

Por ejemplo, la diputada Patricia Sandoval, recién casada con el ex ministro Gendri Reyes y ex esposa de un presunto narcotraficante extraditado a EE.UU., tuvo un «rifirrafe» con Gutiérrez, a quien intentó tachar de «mediocre».

Pero más allá de los comunes debates con tono de disputa entre legisladores, se apreció la tónica totalitaria de la Junta Directiva, señalada de cortar el audio a quienes no expresaban loas a la propuesta oficialista.

Y mucho más grave que ello, serían las amenazas, si es que se dieron, contra quienes denunciaron graves nexos entre diputados y empresas constructoras o asociaciones educativas que más de una vez han sido beneficiadas por el ministerio de Comunicaciones con millones para obras que jamás fueron ejecutadas.

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Cerca del segundo año de gobierno, tres puntos de vista provenientes de posiciones contrapuestas, coinciden en un aspecto: calificar como negativa la gestión presidencial de Alejandro Giammattei, cuyas promesas de campaña quedaron en el olvido, mientras su administración se caracteriza por la falta de gobernabilidad y la opacidad en el manejo de los fondos públicos, señalan los abogados Sonia Gutiérrez, diputada; Amanda Santizo y Rafael Maldonado.

Roxana Orantes Córdova

Muchas de las promesas presidenciales eran poco realistas: por ejemplo, eliminar la SAAS y erradicar la desnutrición infantil. A la fecha, la SAAS pasó de ser cuerpo de seguridad élite a considerarse botín político y la desnutrición infantil alcanza cifras desoladoras.

En este marco, Alejandro Giammattei está próximo a finalizar el segundo año de su gobierno, percibido como un fracaso por los tres entrevistados.

Segundo año de gobierno, los principales cuestionamientos

Nos acercamos al segundo año de gobierno y la gestión de Alejandro Giammattei es vista con escepticismo, cuando no con una visión bastante crítica. Entre los cuestionamientos más constantes, están:

1. Ingobernabilidad, expresada en la falta de instancias que atiendan conflictos, los cuales afloran en diversidad de hechos que llegan al vandalismo y la violencia. La respuesta gubernamental suele ser la implantación de estados que restringen las garantías, señalan dos de los entrevistados.
2. Falta de transparencia. La insólita suma de US$ 146 millones para la atención de la pandemia se diluyó sin que exista certeza de su empleo. De los hospitales ultramodernos anunciados por el mandatario, no se ha construido uno solo que pueda denominarse «hospital» formalmente, señala Sonia Gutiérrez.
3. Declaraciones que muestran autoritarismo en varios campos, especialmente en el abordaje a la pandemia. Por estas declaraciones, Amanda Santizo y un grupo de ciudadanos interpusieron un amparo recientemente, al considerar que Giammattei parece inclinado a obligar a la vacunación, lo que es especialmente preocupante en el caso de los niños, dice Santizo.

«Desde su inicio, este gobierno consolidó su incompetencia»

Esto afirma Rafael Maldonado, quien señala que «la única estrategia establecida por el gobierno para abordar la conflictividad, ha sido establecer estados de excepción que violan derechos».

Maldonado afirma: «desde que asumió hubo indicios de corrupción entre quienes lo acompañan, además de la incompetencia manifiesta». Sumado a lo anterior, un discurso altamente confrontativo y el mal manejo de la pandemia, cuando el Estado dispuso de US$146 millones que «no está claro como se usaron».

Según indica, Giammattei parece no escuchar a sus asesores. «Cada vez que habla genera polémica y da la impresión de que se considera suficiente y buen comunicador».

Mientras, los políticos «se frotan las manos» al inicio de la época preelectoral, en la que circulan los millones y se negocian puestos. «Comenzaron las asambleas, justo después de aprobarse el presupuesto», señala.

«El segundo año de gobierno ha sido un fracaso»

Jefa de la bancada Winaq, la diputada Sonia Gutiérrez es de los legisladores que no votaron a favor del presupuesto.

«Desde nuestro trabajo en el Congreso, como bloque, fiscalizamos constantemente y hemos observado que los fondos aprobados para la emergencia no se destinaron a lo que se esperaba».

«Por ejemplo, los llamados apoyos de emergencia para la agricultura familiar y los adultos mayores, tuvieron una pésima ejecución. Cada uno de estos rubros, con Q.50 millones destinados y ninguno de los dos llegó siquiera al 50% de ejecución desde 2020».

«Y estas asignaciones son mínimas, comparadas con otros fondos de los que tampoco se ha dado cuentas de la ejecución. Este es un gobierno criminal, que en casos como el de El Estor, adopta la defensa de las empresas», afirma.

«A la fecha, los guatemaltecos siguen esperando varios hospitales que ofreció el Presidente. No ha construido un solo hospital, porque al nosocomio temporal del Parque de la Industria, como a las instalaciones habilitadas en el interior, no podemos llamarles hospitales».

«La gestión de Giammattei ha sido un fracaso, en términos de bienestar común y gobernabilidad. ¿Qué nos espera el próximo año? Al parecer, ya existen pactos para continuar con la impunidad que vivimos, expresado en los 110 diputados que votaron a favor del presupuesto».

Amanda Santizo: “nadie puede ser sujeto de experimentación científica contra su voluntad”

Según informa Santizo:

“Planteamos un amparo contra Alejandro Giammattei; los ministros de Salud Pública y Educación y todos los gobernadores departamentales del Estado de Guatemala”.

Los actos reclamados son las declaraciones de Giammattei y acciones tomadas a partir del 22 de octubre, cuando “el presidente inició a girar instrucciones para obligar o imponer la vacunación a los ciudadanos”. La abogada explica que:

Leyes internacionales garantizan la voluntariedad

Esto, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que «estas expresiones vulneran la voluntariedad a la que está sujeta la vacunación contra el COVID-19, medicamento que está en fase experimental”.

El artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, señala que nadie puede ser obligado a someterse a experimentos médicos o científicos, dice Santizo. Y recuerda que la FdA aprobó las vacunas de COVID-19 para menores estadounidenses, debido a la emergencia.

Guatemala carece de un sistema de salud para atender posibles complicaciones

Santizo agrega: “tanto Pfizer como Moderna han sido claros en indicar que las vacunas están en fase experimental y sus efectos en los niños solamente podrán saberse cuando comiencen a aplicarla”.

La abogada enfatiza en que los sistemas de salud y el acceso económico de la mayoría en Guatemala, están a años luz de Estados Unidos. Aplicar el medicamento experimental en pequeños del área rural guatemalteca, sin ningún tipo de atención médica ni acceso a atención especializada en casos de reacciones adversas, el panorama podría ser dantesco.

Y concluye:

“Según las estadísticas, no hay una cifra alarmante de niños enfermos de coronavirus en Guatemala, por lo cual es preocupante que se comience a realizar una vacunación a partir de las presiones gubernamentales, y preocupa que se condicione a hogares y familias”.

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Hoy inició el análisis de una ley que busca surtir al sistema de Salud Pública, luego de que fracasara la propuesta de un nuevo Estado de Calamidad. La diputada Sonia Gutiérrez, jefe de bloque de Winaq, expone sus primeras impresiones del proceso que se espera concluya mañana.

Roxana Orantes Córdova

Durante los tres días que duró el Estado de Calamidad, se subieron a la página de Guatecompras 569 eventos, de los cuales menos de 40 estaban relacionados con adquisiciones de medicamentos o insumos para COVID-19, observó el ex ministro Carlos Soto en sus redes sociales.

La propuesta gubernamental de sumar un nuevo estado de excepción a los seis reportados desde el inicio de la pandemia terminó en un evidente fracaso político para Alejandro Giammattei, según expresa Adrián Zapata en su columna de opinión.

Los cuestionamientos van desde el reclamo por el destino del dinero para las vacunas rusas que el Estado adquirió, hasta el retraso de la Junta Directiva del Congreso en cerrar la votación, alrededor de 30 minutos durante los que no se emitieron votos.

Esto le valió al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, una denuncia interpuesta por Acción Ciudadana, que lo señala de cohecho activo y abuso de autoridad. La denuncia se produce en el contexto previo a que el Congreso viva dos de los eventos más relevantes del año: la elección de nueva Junta Directiva y la discusión del Presupuesto General de la Nación.

Mientras Rodríguez se apresuró a promover el proyecto de ley de emergencia, el mandatario Alejandro Giammattei ha reaccionado emotivamente. El presidente se ha tornado en un entusiasta promotor de la vacunación, que aplica personalmente en más de un municipio.

Contradiciendo las proyecciones que podrían derivar de las cifras sobre COVID existentes, Giammattei aseguró que probablemente, entre la fecha y diciembre, podríamos llegar a diez mil fallecidos. Entretanto, el viceministro de Hospitales, Antonio Coma, aseguró que la variante Delta podría implicar serias complicaciones.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, dijo: «de Q.1,500 millones, hay Q.748 millones desembolsados. Tenemos la mitad de los recursos disponibles» y agregó que «no tiene sentido promover un «sobre stock» de vacunas, porque estas se vencen. Por el momento se están vacunando 70 mil personas cada día».

Algunas propuestas de diputados se apartan de la realidad. Por ejemplo, Evelyn Morataya, de BIEN, pretende que los hospitales privados acojan hasta un 20% de enfermos de coronavirus sin costo, y otra diputada promueve que el Hospital Militar se abra a los pacientes de COVID-19. Ambas propuestas, con probable buena intención, seguramente serán inviables.

Entretanto, Orlando Blanco, de la UNE, opta por el totalitarismo y pretende emular al mandatario francés Emmanuel Macron, expresando de forma muy agresiva que es necesario impedir el acceso de «no vacunados» a ciertos espacios públicos.

«Es necesario oxigenar el sistema de salud», afirma Sonia Gutiérrez

«Estaba claro que el Estado de Calamidad iba con el propósito de realizar compras, más allá de las restricciones, cuya recomendación consideramos es más competencia de los médicos que de los diputados», señaló Sonia Gutiérrez, al salir de la reunión de jefes de bloque donde comenzó a analizarse la propuesta de ley.

«Definitivamente, los diputados estamos claros en la necesidad de crear mecanismos que agilicen las compras de insumos, pero especialmente, contratar nuevo personal hospitalario y atender adecuadamente la pandemia».

«La ley de emergencia es necesaria, para hacer más efectivo el sistema hospitalario, tema que no ha sido asumido por el gobierno. Tuvo seis estados de calamidad, tuvo recursos suficientes. De atenderse adecuadamente la pandemia, no estaríamos atravesando esta crisis».

«El proyecto de ley del que hoy apenas se leyó un artículo, puede contribuir a oxigenar el sistema de salud, aunque debe enfocarse en otros rubros que no son la compra de vacunas, para el que se destinaron Q.1,500 millones en el presupuesto de este año, y del que según el ICEFI, se ha ejecutado el 42%, del que Q.614 millones fueron para las vacunas rusas que no han sido entregadas», comentó.

Guatemala: 80% del pico y bajando, dice Reuters

La agencia noticiosa Reuters realiza un análisis diario del COVID-19 a nivel mundial. Según esos datos, Guatemala está entre los países donde comienza a bajar el “pico”, pese a que la media diaria de muertes relacionadas con la pandemia reporta más de 66, con datos actualizados a las dos de la tarde del 8 de septiembre.

“Los contagios por COVID-19 están decreciendo en Guatemala, con 3,184 reportados de media cada día. Esto representa un 80% del pico de la media más alta, reportada el 24 de agosto”, señala la agencia.

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El partido Winaq cuestiona las actuaciones del diputado Aldo Dávila en el Congreso de la República y le solicita que trabaje de forma colectiva con la bancada.

Redacción Perspectiva

La jefa del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez  informó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido que el diputado Aldo Dávila a realizado acciones dispersas que afectan a la bancada y a la organización política a la cual pertenece el diputado.

En el documento dirigido al diputado Dávila se exponen varias actuaciones del legislador. Entre ellas la interpelación al ministro de Desarrollo, Raúl Romero y la invitación unilateral que Dávila hizo al director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez.

De acuerdo con el documento del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Winaq, las intervenciones del diputado:

“Pone en duda su falta de objetividad y que puede poner en riesgo los principios parlamentarios”, indica el comunicado de Winaq.

El comunicado firmado por la Secretaria General de la organización política y jefa del Bloque Legislativo, Sonia Gutiérrez insta a Dávila a evitar actitudes que debilitan el trabajo de la Bancada en el Congreso, como:

“Abandonar las reuniones, sin ejercer el derecho al diálogo…realizar acciones dispersas. Las acciones deben de ponerse a conocimiento de la Jefatura de Bloque y demás miembros del mismo para no dar lugar a dudas sobre el desempeño transparente de la Bancada y del propio que hacer del partido”.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Winaq  solicita al diputado que realice “sus mayores esfuerzos de coordinación con el bloque parlamentario.

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La diputada Sonia Gutiérrez Raguay,  de Winaq  acudió hoy a la CC para promover que se derogue el nombramiento de Eduardo Mendoza Soto  como viceministro del MAGA, aduciendo que es contratista del Estado y ya ejerce un puesto en ese ministerio por lo que habría conflicto de intereses.

María Renée Saravia

La legisladora dijo a los medios que solicitan una acción de amparo en contra del presidente Alejandro Giammattei por designar a Eduardo Mendoza Soto  como viceministro de Desarrollo Económico Social del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), quien asume el cargo el pasado 17 de enero.

De acuerdo a Gutiérrez, el  nombramiento es  ilegal, porque no reúne los requisitos establecidos, debido a que el funcionario es contratista del Estado y representante  de la dirección de la Federación Nacional de Asociaciones Agrícolas (FASAGUA)  por lo que representa un conflicto de intereses.

Además la congresista, agregó que el nombramiento tiene impedimento constitucional, al vulnerar varios artículos de la Constitución de la República.  

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