El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) realizan cinco allanamientos por un caso de corrupción que aún se encuentra bajo reserva, uno se los allanamientos se realizó en el edificio de Tigo, en el kilómetro 9.5 de Carretera a El Salvador.

De acuerdo a investigaciones, Tigo estaría vinculado a otro caso de corrupción. 

Supuestamente la empresa Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua), fue afectada por resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y del Ministerio de Comunicaciones para que Telgua le pagara a Tigo US$400 millones por un reclamo realizado en 1998, durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Según la Cicig, Telgua buscó acercarse al entonces presidente  Álvaro Colom y a sus allegados, pero no lograron ningún beneficio debido a que según Julio Carlos Porras Zadik, el entonces gerente de Telgua, Tigo había comprado influencias para obtener un fallo a su favor.  La Cicig señaló a Telgua de haber dado Q15 millones de financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota, en 2011, con el fin de solucionar una diferencia monetaria que tenía con Tigo.

La estrategia, según la Cicig, se ejecutó a través del exembajador de Guatemala en EE. UU. Julio Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Fuente Fotográfica: Prensa Libre 

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Una nueva estructura de corrupción fue revelada por las autoridades del Ministerio Público, la CICIG y el Ministerio de Gobernación, la cual era liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI), durante el gobierno del Partido Patriota.

En conferencia de prensa el Comisionado Iván Velásquez Gómez; el fiscal en funciones, Luis Archila; y el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, proporcionaron detalles de la investigación y de las 17 capturas realizadas el día de hoy luego de 40 allanamientos efectuados en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez e Izabal.

La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes: Negocios del MICIVI, lavado de activos, financiamiento electoral ilícito y obstaculización a la justicia.

Negocios del MICIVI:

A partir de una varias denuncias e informaciones sobre actividades ilícitas vinculadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio se solicitó una serie de allanamientos en los cuales se halló documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países. En dichas diligencias también se incautaron dispositivos electrónicos que contenían valiosa información.

Algunos de los sitios allanados, particularmente bodegas, eran utilizados para resguardo de documentación financiera, en la cual se evidenció la manipulación de soportes contables para aparentar la realización de actividades comerciales que generaban un importante volumen de dinero.

Derivado de lo anterior, se conformó un equipo de expertos financieros para la reconstrucción de las operaciones y transacciones localizadas. De esta manera se estableció el perfil financiero de las empresas, socios, clientes y sobre todo el engranaje que las movía operativamente, lo que dio paso a nuevas líneas de investigación. Se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos.

Dentro de este grupo de empresas se detectó que Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A. estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores.

Toda la facturación de las empresas entre los años 2012 y 2014, cuando Alejandro Sinibaldi era Ministro del MICIVI.

En las fechas en que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la infraestructura para realizarlos. Los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del MICIVI.

Lavado de activos
Compra de bienes a través de grupos de empresas de cartón: La investigación hasta el momento abarca tres grupos empresariales, cuyo factor común es que son controlados por Alejandro Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del MICIVI, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany.

En algunas ocasiones, en las adquisiciones que aparecían abiertamente ligadas a Alejandro Sinibaldi se usaba la modalidad de préstamos bancarios pagados en pocos días.

El pago a las empresas de cartón funcionaban como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que una vez depositado el dinero el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda de arrastre y/o nuevos proyectos.

Este esquema paralelo era el que movía las decisiones sobre cómo y a quien les pagaba el MICIVI. Las empresas que no entraban en el esquema de pago de sobornos estaban en una real desventaja frente aquellas que habían entregado cantidades millonarias para asegurar los desembolsos del MICIVI.

Financiamiento electoral ilícito
A raíz de una serie de diligencias de investigación financiera se detectó el ingreso de dinero en cuentas de las empresas relacionadas con Alejandro Sinibaldi, cuyo destino eran los gastos de campaña del 2011 y del 2015.

Campaña 2011
Se detectó financiamiento proveniente de la empresa de telefonía Telgua S.A., cuyo monto asciende a la cantidad de Q. 15 millones. También pagos de empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi para la campaña del PP, no reportados al Tribunal Supremo Electoral.

Campaña 2015
Se identificó financiamiento proveniente de las entidades de cartón controladas por Alejandro Sinibaldi. El dinero era canalizado luego para realizar los gastos de campaña. En esta modalidad se lograron detectar gastos al menos por Q 12 millones.

Obstaculización a la justicia
El grupo criminal intentó ocultar y destruir información relacionada con las operaciones de lavado.
Se allanó una oficina en la que se encontró documentación incinerada.
Se allanó la casa del contador de la estructura criminal, Douglas Paredes, en donde se encontró información digitalizada, probablemente correspondiente a la misma que había sido destruida.
Se allanó una bodega a cargo de Juan Ramón Solórzano, donde la estructura criminal había resguardado información de las operaciones de lavado.
Se conoció que Alejandro Sinibaldi, Juan Arturo Jegerhlerner y grupos de abogados al servicio de la organización criminal, contactaron a representantes legales y socios de las entidades de cartón para instruirlos sobre cómo debían declarar ante el Ministerio Público y cómo debían negar toda relación con Alejandro Sinibaldi.

LAS CAPTURAS
-Aneliese Mercedes Herrera Monterroso. Asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito.
-José Guillermo Yupe Ramírez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-René Felipe Cardona Pérez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-Douglas Yoalmo Paredes Alvarez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos y obstaculización de la acción penal.
-Carlos Presa Aguirre. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-Juan Ignacio Florido. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-Ismael Arnoldo Donis Álvarez. Asociación ilícita.
-Otto Vinicio Samayoa Soria. Cohecho activo.
-Rafael Angel Díaz Fión. Cohecho activo.
-Elder Rumualdo Vásquez Quevedo. Cohecho activo.
-José Jeremías Pérez De La Cruz. Cohecho activo.
-Juan Luis Tejada Argueta. Cohecho activo.
-Juan Francisco Sandoval Girón. Cohecho activo.
-Carlos Francisco Goyzueta Valladares. Cohecho activo.
-Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga. Cohecho activo.
-Roger Marco Antonio Navas Coronado. Cohecho activo.
-Carlos René Micheo Fernández. Lavado de Dinero u otros activos.

Personas citadas para ser escuchadas en su primera declaración:
-Randy Stuardo Uribio Aquino. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-Rafael Angel Díaz Samos. Cohecho activo.
-Julio Roberto de la Peña González. Cohecho activo.
-Walter de Jesús López Acevedo. Cohecho activo.
-Jesús Augusto García Ibáñez. Cohecho activo.

PENDIENTES DE APREHENSIÓN
-Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. Asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral ilícito.
-Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio. Lavado de dinero u otros activos.
-Juan Arturo Jegerlehner Morales. Asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.
-Juan Ramón Solórzano Henkle. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
-Denis Elí Marroquin Castillo. Cohecho activo.
-José Guillermo Samayoa Soria. Cohecho activo.
José Luis Rodrigo Agüero Urruela. Cohecho activo.
-Jaime Ramón Aparicio Mejía. Cohecho activo.
-Álvaro Mayorga Girón, Cohecho activo.
-José Roberto García Rodríguez, Cohecho activo.
-Raúl Eduardo Alvarado Cuevas, Cohecho activo.
-Allen Robert Krebs Wickfors, Cohecho activo.
-José Julio Alejandro Ligorría Carballido, Cohecho activo.
-Mayra Lissette Marroquín Castillo, Cohecho activo.
-Griselda Beatriz Alvarez Medina, Cohecho activo.

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Guatemala, 8 de diciembre 2014. Más de seis millones de líneas telefónicas fueron devueltas hoy a la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- por las 3 empresas operadoras de telecomunicaciones. Esta acción, sin precedentes en el país, fue tomada por Comunicaciones Celulares S.A, COMCEL (Tigo); Telecomunicaciones de Guatemala, TELGUA (Claro), Telefónica Móviles Guatemala, S. A. (TELEFÓNICA) como parte de las acciones que se implementarán con la intención de que los nuevos impuestos no afecten a sus consumidores.

Las líneas devueltas no estaban en servicio activo. Eran líneas nuevas o que estaban pendientes de ser resignadas».

La decisión fue tomada como consecuencia de la aprobación del nuevo Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación (Decreto 22 -2014 del Congreso de la República. Este cuerpo legal establece un impuesto de Q 5.00 por cada línea asignada, sin tomas en consideración están inactivas o cumpliendo un tiempo prudencial de espera, antes de ser resignada. Este impuesto, aprobado sin un proceso previo de consulta ni discusión técnica, genera grandes costos en el sector de las telecomunicaciones.

TIGO, TELGUA y TELEFONICA están buscando la forma de hacerle frente a una situación inesperada por la imposición de este nuevo gravamen. En su análisis entienden la importancia de proteger a su base de usuarios, por eso han decidido devolver esas 6 millones de líneas inactivas.

Más allá de esta devolución de 6 millones de líneas, TIGO, TELGUA y TELEFONICA no han tomado una decisión sobre el curso a seguir ante este inesperado cambio de reglas que decretó el Congreso de la República, pues aún están midiendo el impacto.

Resaltan que este impuesto ocurre de manera inconsulta, con una premura inusual y sin el análisis técnico requerido».

Los tres operadores de telecomunicaciones están haciendo lo que sea necesario para no impactar a usuarios de servicios prepagos que tienen bajo consumo los cuales constituyen una parte muy importante de sus consumidores.

TIGO, TELGUA y TELEFONICA lamentan que con imposiciones fiscales como ésta, se les impida continuar contribuyendo al desarrollo de la sociedad guatemalteca en genera, tal como han hecho hasta la fecha, por medio de la inversión en tecnología e infraestructura de última generación._

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