Durante la conferencia de prensa “La Ronda!, el presidente Bernardo Arévalo, aseguró que su administración no suscribió ningún acuerdo de «Tercer País Seguro» durante la reciente visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. El mandatario aclaró que lo que ha firmado el Gobierno fue un memorándum de entendimiento enfocado en la cooperación en materia de seguridad con el Ministerio de Gobernación.

Redacción Perspectiva

Arévalo detalló que el acuerdo alcanzado con la secretaria Noem permitirá a Guatemala acceder a tecnología, equipo y capacitación para fortalecer sus capacidades en seguridad. Este enfoque responde a la estrategia del gobierno guatemalteco de combatir el crimen organizado transnacional y mejorar los controles en sus fronteras.

En esa línea, el  mandatario aseguró que en ningún momento se contempló negociar o firmar un acuerdo que estableciera a Guatemala como un tercer país seguro para migrantes. Por aparte, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) informó previamente que los centroamericanos que deseen, podrán solicitar refugio y seguir el proceso que establece la Constitución Política de la República de Guatemala.

“El Gobierno de Guatemala no ha firmado ningún acuerdo de tercer país seguro, tampoco ha firmado ningún acuerdo en materia migratoria durante la visita de la Secretaria Noem.

Tal y como se estableció anteriormente durante la visita del Secretario Marco Rubio, Guatemala recibirá a centroamericanos que, en su retorno a sus países de origen, pasen por nuestro país”, detalló la SCSP.

Arévalo recordó también que el acuerdo migratorio que suscribió Guatemala se titula “Canje de notas para el retorno digno y seguro de guatemaltecos y centroamericanos a través de Guatemala”. Este instrumento legal se centra en la gestión ordenada y humanitaria de los retornos de migrantes, asegurando su dignidad y seguridad en el proceso.

Por su parte, la secretaria Kristi Noem, durante su estancia en Guatemala, también destacó que las conversaciones se centraron en la lucha contra delincuentes internacionales, la seguridad aeroportuaria y el uso de tecnología avanzada, como herramientas contra drones utilizados por grupos criminales.

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Estados Unidos confirma que el acuerdo de “tercer país seguro” con Guatemala fue cancelado.

Redacción Perspectiva

La noticia fue dada a conocer por el Gobierno de Guatemala mediante un comunicado en el cual la Cancillería indica que fue notificada sobre la decisión de Estados Unidos, poniendo fin así al convenio decretado por Trump y Jimmy Morales.

“El Gobierno de Guatemala recibe con beneplácito lo expresado por el presidente Joe Biden respecto al compromiso de su gobierno para con nuestro país y la región, orientado a mantener una estrecha colaboración y coordinación para afrontar juntos los desafíos relacionados con las causas de la migración irregular”, indica el comunicado.

El Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con Guatemala fue firmado en julio de 2019 por el expresidente Donald Trump y el expresidente Jimmy Morales, tenía como objetivo deportar a migrantes hondureños y salvadoreños que solicitaran asilo en EE.UU. al territorio guatemalteco.

El acuerdo denominado “tercer país seguro” fue cuestionado por distintos sectores de la sociedad debido a las implicaciones que tendría para la población migrante.

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Por Edgar Ortiz

Comenzó en secreto y el gobierno insiste en continuar así…

La discusión relacionada con el acuerdo de tercer país seguro que ha suscrito el gobierno de Morales con EEUU nos tiene en vilo desde hace dos semanas. El secretismo que rodeó al acuerdo marcó la tendencia desde el comienzo. Había rumores de que se firmaría un acuerdo de país seguro y tanto CNN, The Wall Street Journal y The New Yorker daban por hecho el acuerdo mientras el gobierno de Guatemala insistía en negarlo. Negarlo solo sirvió para dejarlos en ridículo, pues pese a sus enojos, el acuerdo existe y fue suscrito.

En la conferencia de prensa del 1 de agosto, la Canciller fue cuestionada sobre las negociaciones que siguen a la firma del acuerdo. Su respuesta fue: “lo que sucede es que toda negociación no es pública (…) No podemos estar ventilando todo lo que sucede en ese proceso”.

Es obvio que las negociaciones se dan en reuniones privadas entre funcionarios de ambos Estados. Pero resulta normal, como parte del principio de publicidad de los actos de la administración pública, que las autoridades hagan de conocimiento del público los asuntos que negociarán por ser de interés público. Si el público no tiene información, es incapaz de formarse un juicio sobre la conveniencia o inconveniencia de las políticas del gobierno. Eso es básico.

¿El acuerdo irá al Congreso?

Si recordamos el amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad en una acción promovida por varios ex cancilleres, la Corte resolvió que si el presidente Morales se disponía aprobar el acuerdo de tercer país seguro cumpliera con el procedimiento que establece el artículo 171 inciso l de la Constitución y lo envíe al Congreso para su aprobación.

Sin embargo, en la conferencia de prensa del 1 de agosto, tanto el Ministro de Gobernación como la Canciller, aseguraron que el documento estaba en análisis de los asesores jurídicos y que después de que sus asesores lo examinen determinarán si lo remiten al Congreso o no. Incluso el Ministro de Gobernación se permitió “recordarnos” que pasarlo por el Congreso lo haría más tardado y que hay “(…) mucha preocupación porque Trump dijo que para ellos esto debería estar ya avanzando (…)”.

Es obvio que el acuerdo debe ir al Congreso y, una vez más, el Ejecutivo lanza un desafío al tribunal constitucional. La Canciller también aprovechó para señalar a la gente que interpone los amparos en contra del acuerdo y argumenta que solo buscan protagonismo. Al parecer al Ejecutivo no le gusta que la Corte someta a control constitucional sus actos. Nada nuevo.

Por otra parte, sería oportuno que el acuerdo sea sometido a opinión de la Corte de Constitucionalidad para determinar la constitucionalidad del mismo. Esto en virtud de que es una de las funciones que la literal “e” del artículo 272 de la Constitución atribuye al tribunal constitucional.

La gran recompensa son las visas H2A, ¿pero no es el mismo trato que reciben Honduras y El Salvador?

No todo son malas noticias. La embajada de los Estados Unidos anunció que se firmó un “acuerdo de cooperación bilateral con Guatemala para  facilitar mayor transparencia, rendición de cuentas y seguridad de los trabajadores en el programa de visas de no inmigrantes H-2A”. El gobierno de Guatemala, en la conferencia de prensa, aseguró que si bien ya otorgaban visas H-2A, no existía un programa específico. Todo bien… pero.

No es muy distinto a la política que han tenido con Honduras y El Salvador. Estos países, desde inicios de año, han estado negociando la implementación de un programa similar. La prensa salvadoreña anunciaba el 15 de julio de 2019 que se disponían a firmar un acuerdo para obtener visas H-2A. La prensa hondureña lo anunciaba desde abril del presente año.

De modo que el convenio entre Guatemala y EEUU para obtener visas H-2A es una buena noticia, pero no debería contentarnos como moneda de cambio del complicado acuerdo de tercer país seguro considerando que Honduras y El Salvador obtienen beneficios similares sin asumir costos tan altos.

¿Entonces? ¿Todo es culpa de Morales?

Sería injusto afirmar que Morales tiene toda la culpa de lo ocurrido y que en su ausencia la amenaza de suscribir un acuerdo de tercer país seguro jamás habría llegado.

Es un hecho que Donald Trump tiene la mirada puesta en las elecciones de 2020 y quiere dar resultados en materia de migración. Busca que Guatemala sea su frontera legal. Tiene buenas razones para ello: hay aproximadamente 945,000 casos en cortes migratorias en EEUU. Algunos de estos casos son por peticiones de asilo. Solo entre guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, representan aproximadamente 500,000 de estos casos, según TRAC.

Guatemala ciertamente tiene pocas herramientas para negociar y hacer un papel medianamente digno como el que hizo México en junio pasado. Lo criticable es la opacidad y poca transparencia con la que el gobierno dirigió las negociaciones y los ataques de miembros de su gabinete respecto de los detractores de esta medida.

Los beneficios que Guatemala podría percibir, como dijimos antes, no justifican semejante medida y menos aún la prisa con la que se disponen a operarla. Guatemala podría negociar con Estados Unidos una reducción de las barreras no arancelarias para el ingreso de algunos de nuestros productos y con ello aumentar la inversión y generar más empleos. Solo así se reducirá la migración.

Mientras tanto, al Gobierno de Morales se lo critica por la opacidad, miopía y la hostilidad con la que se conduce contra sus detractores sobre este tema.

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Por Redacción Perspectiva

Luego de que el gobierno de Jimmy Morales suspendiera las negociaciones para convertir a Guatemala en un «Tercer país seguro»,  el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dijo que aplicaría medidas más fuertes para que Guatemala firme el acuerdo.

Además de establecer tarifas a las remesas que envían los migrantes guatemaltecos al país y los impuestos a los productos guatemaltecos, podría prohibir el ingreso de los  guatemaltecos a los Estados Unidos. 

Un funcionario de la Casa Blanca dijo  “Si Guatemala no toma medidas significativas para ayudar a proteger nuestras fronteras, entonces, por supuesto, veremos todo tipo de soluciones a la grave crisis que enfrentamos (…) ya sea una prohibición de viajar”.

Trump dijo “Guatemala nos dio su palabra de que íbamos a firmar un acuerdo de tercer país seguro y, de repente, retrocedieron, y dijeron que fue su Corte Suprema -Corte de Constitucionalidad-” la que frenó el convenio, pero que él no cree esa razón.

La congresista demócrata, Norma Torres, ante esta noticia dijo “Hey Donald Trump, ¿qué tal una prohibición de viajar para los corruptos funcionarios electos en su lugar? No castigue a las familias inocentes”.

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El presidente de la Cámara de Diputados de México, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió este lunes que la nueva medida ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para negar asilo a los migrantes centroamericanos, «configura a México como tercer país seguro».

La intención de Trump en su ley «prohíbe el asilo en los Estados Unidos a personas que hayan ingresado (por México). Eso significa tercer país seguro» enfatizó en rueda de prensa el legislador del oficial partido Morena.

Ante ello, Muñoz Ledo comentó que debe realizarse una negociación bilateral, «en la cual México debe hacer valer los acuerdos internacionales y los bilaterales».

Trump, y en un nuevo intento por frenar el flujo de migrantes en su país, anunció este lunes que quiere limitar las condiciones de asilo para los extranjeros que entren a Estados Unidos después de atravesar México y otros países.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard, negó esta misma mañana que ello convierta al país latinoamericano en un tercer país seguro al explicó que actualmente cuando un migrante entra a Estados Unidos y se determina que no se le otorga asilo, se inicia un proceso de deportación por parte de autoridades estadounidenses a su país de origen, algo en lo que no coinciden los legisladores mexicanos.

«Ante la medida del gobierno estadounidense, el gobierno de México debe responder, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) mexicana, aseguró a los legisladores que no aceptaríamos el principio de tercer país seguro, que hoy se consuma», insistió el máximo representante de la Cámara Baja de México.

Muñoz Ledo, y previo a las declaraciones a la prensa, fustigó las medidas que está tomando el gobierno de México para la detención de migrantes centroamericanos, al sostener que se aplican procedimientos carcelarios.

«Denuncio claramente que el enclave de la Secretaría de Gobernación tiene procedimientos carcelarios y ha militarizado sí, el tema de los migrantes«, indicó Muñoz Ledo en la reunión de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, de la Frontera Sur y Frontera Norte de Diputados, con el vicecanciller mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga.

El diputado, tras asegurar que de lo que ha denunciado tiene vídeos para comprobarlo, consideró que el gobierno mexicano actúa de manera «equivocada y en contra de la Constitución».

Recordó que de acuerdo al artículo 11 de la Carta Magna dice que «toda persona tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes».

«Si no acatamos esto, es simplemente violatorio de la Constitución, y mucho me temo que nos estamos inclinando hacia una política contraria», puntualizó.

Trump ha sido un duro crítico de la ley migratoria de su país porque alega que incentiva la migración y, en una medida sin precedentes, su gobierno ha devuelto desde enero a casi 20.000 solicitantes a México para que aguarden su proceso de asilo ante cortes estadounidenses.

Los gobiernos de México y Estados Unidos pactaron el 7 de junio medidas para contener la oleada de centroamericanos que cruzan México para entrar a suelo estadounidense, luego de que el presidente Trump, amenazó con cobrar un arancel general y gradual a las importaciones mexicanas a causa de esa migración.

La recién creada Guardia Nacional, es un cuerpo con soldados y policías, para combatir el crimen organizado y actualmente ayuda a las autoridades migratorias en el sur de México a fortalecer la aplicación de la ley en materia migratoria y combatir el tráfico de personas.

Fuente: Xinhuanet

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Por Redacción Perspectiva

Este lunes  se realizó un desayuno en la residencia del embajador estadounidense Luis Arreaga, entre diplomáticos y varios exministros de Relaciones Exteriores, quienes presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la intención del presidente Jimmy Morales para firmar un acuerdo y convertir a Guatemala en un Tercer País Seguro con el fin de recibir a migrantes rechazados por Estados Unidos.

El objetivo del evento fue conocer de primera mano los argumentos por los cuales presentaron el amparo en la CC.

El evento se llevó a cabo sin la presencia del embajador debido a que fue llamado de emergencia a Washington, por lo que David Hodge, el segundo a bordo fue quien los atendió.

Los excancilleres expresaron a los funcionarios de EE.UU. que no es viable que Guatemala se convierta en un “tercer país seguro, ya que se podría violar el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona, el principio de justicia social sobre el que está fundado el régimen económico y social de Estado, así como la obligación del Estado de proteger a la persona y el fin supremo de la realización del bien común de todas las guatemaltecas y guatemaltecos”.

Además indicaron que al asumir dicha  decisión se debe contar con una disponibilidad presupuestaria para atender a miles de migrantes que buscan asilo.  También se contravienen normas que regulan la política exterior de país, al firmar acuerdo que atentan contra la soberanía y la Constitución Política de la República de Guatemala.

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Por Redacción Perspectiva

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó los amparos provisionales presentados en contra de las últimas decisiones realizadas por el gobierno de Jimmy Morales.

El presidente Morales busca firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un «tercer país seguro», para poder darle asilo a los migrantes en ruta a Estados Unidos, sin embargo dicha decisión debe ser sometida a conocimiento y aprobación del Congreso de la República, según lo establecido en la literal l) del artículo 171 de la Constitución Política de la República.

El excandidato presidencial por el partido Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, fue una de las personas que presentó una acción de amparo en contra del mandatario.

El excanciller Gabriel Orellana y en representación de otros exfuncionarios fue quien presentó otra de las acciones. Este amparo fue presentado en contra del mandatario y de los ministros de Relaciones Exteriores y de Gobernación, Sandra Jovel y Enrique Degenhart respectivamente.

Según informó Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, la reunión del presidente Morales con su homólogo estadounidense Donald Trump, planificada para este lunes fue suspendida.

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