La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó su Informe Anual de Resultados 2025, reportando una gestión sólida que superó las expectativas financieras y operativas. Bajo el liderazgo del Superintendente Werner Ovalle Ramírez, la institución logró una ejecución del 102.8% respecto a la meta programada, consolidando un crecimiento significativo en los ingresos tributarios del país.

Récord en recaudación y transformación digital

El dato más relevante del informe es la recaudación total de Q111,981.5 millones. Según las autoridades, este resultado fue posible gracias a una estrategia enfocada en el cumplimiento voluntario y una fiscalización inteligente basada en la gestión de riesgos.

En el pilar de transformación digital, la SAT destacó avances que han reducido costos y discrecionalidades para los contribuyentes:

• Expansión masiva de la Factura Electrónica en Línea (FEL).
• Consolidación del expediente electrónico y digitalización de trámites.
• Ampliación de servicios en la Agencia Virtual para facilitar el cumplimiento desde cualquier lugar.

  #InformeAnualSAT25 | El Superintendente @wovalle07 comparte el informe de gestión 2025, como parte del compromiso con Guatemala, de continuar fortaleciendo a la #SAT hacia una administración más moderna, cercana y ágil para los contribuyentes.

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  — SAT Guatemala (@SATGT) February 3, 2026

Liderazgo aduanero y combate al contrabando

En el ámbito del comercio exterior, la SAT facilitó más de 1.3 millones de operaciones, fortaleciendo la seguridad de la cadena logística. Estos esfuerzos han posicionado a Guatemala como un referente regional ante la Organización Mundial de Aduanas (OMA), destacando por su eficacia en el combate al contrabando y la facilitación del comercio.

Como parte del fortalecimiento institucional, se anunció la creación de la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos y Gobernanza de Datos, una unidad transversal diseñada para mejorar la toma de decisiones estratégicas mediante el análisis de información.

Visión hacia el 2030

El Superintendente Ovalle subrayó que estos resultados no son solo un cierre de ciclo, sino el punto de partida del Plan Estratégico Institucional 2026–2030. Este nuevo plan buscará consolidar una SAT «más cercana, moderna y confiable», manteniendo la transparencia y la rendición de cuentas como ejes centrales para el desarrollo económico de Guatemala.

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En un entorno donde la confianza se gana con transparencia, la emisión de la NIIF 18 (IFRS 18) marca un paso clave hacia una comunicación financiera más clara y comparable. Su principal novedad son las “medidas de desempeño definidas por la gerencia” (MPMs), métricas que, aunque comunes en la práctica, ahora deberán presentarse bajo un marco normativo formal y auditado.

Por Guillermo Varela

Durante años, las empresas han recurrido a medidas alternativas como el EBITDA ajustado o la utilidad recurrente para explicar su desempeño. Sin embargo, estas métricas carecían de una regulación uniforme bajo las NIIF. IFRS 18 viene a llenar ese vacío al establecer una definición precisa y requisitos de divulgación para los subtotales de ingresos y gastos que la gerencia utiliza públicamente para reflejar su visión del negocio.

El estándar delimita con claridad qué califica como una MPM: solo los subtotales de ingresos y gastos que expresen la visión de la gerencia sobre el desempeño global. Se excluyen medidas no financieras, ratios o métricas relacionadas con flujos de efectivo. Además, introduce una “presunción refutable”: si la entidad comunica públicamente un subtotal de ingresos y gastos, se presume que refleja la visión de la gerencia, salvo que pueda demostrarse lo contrario. Esta medida busca fortalecer la disciplina y la coherencia entre lo que las empresas comunican al mercado y lo que reportan en sus estados financieros.

Uno de los principales desafíos será la conciliación entre cada MPM y el subtotal más comparable bajo NIIF, incluyendo los efectos fiscales y sobre intereses no controladores. Aunque se permite cierto grado de simplificación en los cálculos, esta exigencia puede representar un reto operativo considerable, especialmente para grupos multinacionales. Requerirá una coordinación más estrecha entre las áreas contables, fiscales y de auditoría, así como un juicio profesional sólido.

Desde la perspectiva de los usuarios inversionistas, analistas o reguladores, IFRS 18 representa un avance importante. Las medidas que antes se presentaban de forma dispersa y sin verificación ahora estarán dentro del cuerpo auditado de los estados financieros, lo que aporta mayor claridad, comparabilidad y confianza.

En última instancia, la transparencia se consolida como un factor competitivo. IFRS 18 eleva el estándar, exige rigor técnico y promueve una comunicación más clara, pero también ofrece a las empresas la oportunidad de reforzar su credibilidad ante los mercados.
Más que un cambio contable, es una invitación a alinear la narrativa financiera con la realidad del negocio.

La implementación de IFRS 18 será, sin duda, un ejercicio exigente. Pero también es una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas, elevar la calidad de la información y construir relaciones de confianza más sólidas con los inversionistas y el mercado.
En un contexto donde la transparencia es sinónimo de reputación, adoptar estas nuevas exigencias con criterio y responsabilidad no solo cumple una norma: consolida una ventaja competitiva sostenible.

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Progreso ha reforzado su compromiso con las comunidades donde opera a través de un modelo de relacionamiento que prioriza la confianza, la transparencia y el diálogo. Durante el primer semestre de 2025, el equipo de Licencia Social de la compañía sostuvo 612 reuniones con vecinos, autoridades y representantes de distintos sectores sociales, con el objetivo de construir alianzas duraderas.

Redacción Perspectiva

El trabajo de relacionamiento de Progreso va más allá de las comunidades vecinas, participando activamente en los diferentes niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Esta colaboración ha permitido impulsar proyectos de inversión social en áreas como infraestructura, fortalecimiento del clima de negocios y desarrollo del capital humano, demostrando que el relacionamiento genuino es clave para generar valor compartido.

La estrategia de la compañía se adapta a la realidad de cada región. En algunos lugares, la interacción se da directamente con Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), iglesias y líderes locales. En otros, se han habilitado espacios físicos de atención ciudadana para abordar inquietudes y proponer alianzas.

Esta visión se sustenta en un principio claro: el respeto por el territorio y el compromiso compartido son la base para crecer juntos. Progreso continuará consolidando su reputación como una organización que escucha, actúa y construye soluciones de manera conjunta para el desarrollo de comunidades sólidas y prósperas.

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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Universidad del Istmo (UNIS) anunciaron un convenio de cooperación enfocado en promover la ética empresarial, la transparencia y la competitividad.

Redacción Perspectiva
En conferencia de prensa se dio a conocer que el acuerdo abarca el desarrollo de proyectos colaborativos y la unificación de esfuerzos para impulsar eventos formativos, académicos y prácticos relacionados con la mejora en ética profesional, empresarial, cumplimiento, anticorrupción, gestión antisoborno, competitividad y reputación corporativa.

Además detallaron que, como parte de esta cooperación, ambas instituciones se comprometen a impulsar todas las acciones desde sus campos de acción: CIG desde el liderazgo en el sector privado, empresarial y de emprendimiento, y UNIS como entidad académica de prestigio.

Entre las acciones se tiene contemplado promover el Programa Especialización en Ética Empresarial y el Programa de Actualización en Ética para Juntas Directivas del Centro de Investigaciones Humanismo y Empresa (CIHE) de la UNIS, así como la implementación del Programa de Ética y Liderazgo para Funcionaros Públicos del CIHE, para lo cual se diseñará una estrategia de acercamiento con instituciones públicas. 

También, como parte del convenio, se impartirán charlas para las audiencias de GuateÍntegra, programa insignia de CIG que impulsa una cultura de legalidad y transparencia. Estas capacitaciones contarán con temas como la gestión de la ética, la reputación corporativa, mejores prácticas en materia de cumplimiento, entre otras.

«Para Cámara de Industria, además de fomentar el desarrollo de los sectores productivos, la formación y capacitación constante son parte de nuestro quehacer diario. Estamos convencidos de que fomentar una industria más competitiva va de la mano con las prácticas transparentes, éticas y con principios, y estamos seguros de que este convenio lo impulsará aún más», indicó Carmen María Torrebiarte, directora de la Junta Directiva de CIG.

Por su parte, el Ingeniero Francisco Mejía, Rector de la UNIS, dijo que “este convenio no es solamente un compromiso por parte de la Universidad del Istmo, sino una declaración de nuestra voluntad conjunta de trabajar por un futuro mejor, en el cual la ética y la excelencia sean pilares fundamentales de nuestras acciones y decisiones”.

¿QUÉ IMPLICA EL CONVENIO?
Como parte del convenio, se desarrollarán consultorías sobre ética empresarial, elaboración de códigos de ética, y talleres específicos para comités de ética. Asimismo, se trabajará en alianza para promover la ética, el cumplimiento y la sostenibilidad en la región centroamericana.

Al anunciar el convenio, CIG y la UNIS indicaron también que realizarán esfuerzos para fortalecer la estrategia de visibilidad en las actividades y acciones que se acuerden.

Con la firma de este acuerdo, ambas instituciones reafirman su compromiso con la formación profesional de los guatemaltecos en la búsqueda de una cultura de legalidad, ética y transparencia.

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La falta de transparencia en la oficina puede tener un impacto negativo en la moral de los empleados, la productividad y la confianza en la dirección de la empresa.

Redacción Perspectiva

Aquí hay algunas sugerencias para abordar este problema:

1. Establecer políticas claras de comunicación: Asegurarse de que haya políticas claras y explícitas sobre la comunicación en la empresa, y que los empleados las entiendan bien. Establecer canales abiertos y accesibles para la comunicación entre los empleados y la gerencia.
2. Ser transparente sobre las decisiones: Si se toman decisiones importantes que afecten a los empleados, es importante que la gerencia explique el razonamiento detrás de esas decisiones y las comunique de manera clara y oportuna.
3. Fomentar la retroalimentación y la participación: Fomentar la retroalimentación y la participación de los empleados en la toma de decisiones importantes y en la identificación de problemas y soluciones.
4. Promover una cultura de confianza: Promover una cultura de confianza en la empresa y fomentar la apertura y la honestidad en la comunicación entre los empleados y la gerencia.
5. Establecer un sistema de transparencia: Establecer un sistema de transparencia en el que los empleados tengan acceso a información importante sobre la empresa, como los objetivos, la estrategia y las finanzas.
6. Capacitar a los empleados en comunicación: Capacitar a los empleados en habilidades de comunicación para que puedan expresar sus preocupaciones y opiniones de manera clara y efectiva.

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José Enrique Urrutia Estrada decidió presentarse como candidato a la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) de Guatemala, motivado por lo que considera una atención deficiente al agremiado, que se suma a diversos hechos anómalos en la administración del CANG.

En entrevista para Perspectiva, expone su experiencia académica y política, incluyendo la amenaza de muerte que denunció cuando fue candidato a Fiscal General, así como su activismo y participación en la fundación de Guatemala Inmortal.

Urrutia también narra cómo fue difamado y chantajeado por un medio cuyo propietario actualmente está en prisión por chantaje y lavado de dinero. Según afirma, los grupos que lo postulan para el CANG tienen años de existencia y su planilla está integrada por profesionales prestigiosos.

Roxana Orantes Córdova

¿Quién es José “Pepe” Urrutia?

Pues soy un hombre normal, cristiano, libre y de buenas costumbres, fiel a mis principios, un hombre de familia, notario y abogado litigante con más de 22 años de experiencia, consultor y asesor jurídico y empresarial. También soy pequeño caficultor en Fraijanes. Me gusta mucho el campo y practico el tiro deportivo.

¿Cuáles son sus credenciales académicas?

He sido profesor de Derecho de Propiedad intelectual en la URL. Abogado y Notario graduado de la misma universidad. Tengo postgrados en Derecho Mercantil y de Propiedad Intelectual en Salamanca, España; Suecia, Singapur y estudios completos de Maestría en la USAC. Actualmente estudio el último año del Doctorado en Criminología y Criminalística en la Northern International University. Pero ante todo, soy un hombre trabajador de sol a sol. Desde que me gradué del colegio empecé a trabajar para costearme mis estudios.

¿Que lo motiva a participar como candidato a la presidencia del CANG?

Mi compromiso como agremiado al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Decidí asumir mi responsabilidad ciudadana de participar, para trabajar por un mejor CANG, que actualmente se encuentra en un estado muy lamentable, sin transparencia en el gasto y manejado por el mismo grupo de siempre, que se ha acomodado y cuyo servicio al abogado deja mucho que desear. Como abogado litigante, he vivido la falta de apoyo del CANG en los tribunales, registros y oficinas públicas.

¿Que nos puede decir de las asociaciones de profesionales del derecho que lo apoyan, Coalición Gremial y Salvemos al CANG?

Coalición Gremial es quizás la asociación de profesionales del derecho y ciencias afines de más largo recorrido en la política gremial. No se trata de una más entre tantas plataformas que se organizan improvisadamente, meses o días antes de las elecciones, solo por participar.

Coalición Gremial y Salvemos al CANG, aglutinan a las asociaciones de abogados y criminólogos más importantes del país, y tienen presencia en todos los departamentos y municipios de Guatemala.

Salvemos al CANG es una organización que se formó en tiempos de pandemia, como un movimiento que ha luchado por las precarias condiciones en las que cayeron muchos colegas, al no poder trabajar. La pandemia, los encierros y las restricciones destruyeron la vida de muchos profesionales.

Ahora, ambas asociaciones hacemos una fuerza extraordinaria.

¿Quiénes conforman su equipo de trabajo?

Nuestra plataforma electoral está compuesta por profesionales del derecho y ciencias afines, de mucho prestigio y de distintos sectores. La Licenciada Marisol Morales Chew, académica con más de treinta años de experiencia en la USAC, lidera la planilla del Tribunal de Honor; la licenciada Nancy Paiz, fiscal de amplio caminar en varias agencias del MP, lidera la planilla del Tribunal Electoral.

Nuestro equipo, bastante heterogéneo, comprende colegas del sector privado, litigantes, consultores jurídicos, jueces, magistrados, fiscales, auxiliares del sector justicia y asesores de gobierno. Profesionales de toda la República. Le hemos dado mucho espacio a la mujer en nuestras planillas. Gente muy querida en el medio.

Usted participó como candidato a Fiscal General en el año 2022. ¿Cuál fue su experiencia en dicho proceso?

Fue un proceso que me dejó un sabor de boca agridulce. Me metí en aguas muy turbulentas. Fue una experiencia de vida que me ha enseñado mucho y me ha hecho más fuerte. Incluso fui amenazado de muerte y presenté la denuncia respectiva. Sabían que, si quedaba elegido, las mafias criminales que invaden propiedad privada, bloquean carreteras, queman hidroeléctricas y roban electricidad, por ejemplo, iban a ser perseguidas hasta el último rincón de Guatemala.

En dicho proceso fue señalado en algunos medios por estar vinculado con sobornos a funcionarios públicos durante el gobierno del PP. ¿Algún comentario al respecto?

Debo decir que quien me atacó mediáticamente, calumniándome y difamándome con noticias falsas, hoy se encuentra guardando prisión preventiva, acusado de graves delitos, como el chantaje, la extorsión y el lavado de dinero. Su pasquín va en picada y yo estoy libre. Descaradamente me pidió mucho dinero para no sacarme en su medio. No le di ni un centavo, y bueno, he allí las consecuencias.

En los procesos donde este personaje me quiso involucrar en su infame “medio de propaganda”, nunca fui señalado, acusado, citado, oído, ni vencido o condenado en juicio. Jamás fui parte de los mismos.

También me quiso involucrar con el presidente Giammattei (que era su “gallo tapado” para la Fiscalía General). Yo, al día de hoy, no tengo el gusto de conocer al presidente. Nunca le he hablado.

¿Cuál es su relación con la Fundación Contra el Terrorismo y otras asociaciones?

Yo no soy miembro de la FCT, mas Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla son buenos amigos. Soy de los fundadores de Guatemala Inmortal, allá por 2017, cuando fuerzas perversas y oscuras querían manosear la Constitución, creando un sistema de justicia paralelo y refundar el Estado de Guatemala, como un Estado Totalitario, tipo Cuba o Venezuela.

Creo que ser miembro de augustas instituciones como la Liga Pro Patria, la Cámara de Industria, ACDEPRO y ACTEPAR, reflejan que creo y apuesto por la libertad de industria y de comercio, por la justicia, la igualdad ante la ley, la vida, la libertad individual y la propiedad privada de todos los guatemaltecos.

¿Cuál es su plan de trabajo para el CANG?

En primer lugar, presentar cuentas claras de la ejecución del presupuesto a los agremiados. Algo básico, que debería de darse por sentado y no lo vemos actualmente. La máxima descentralización de los servicios al agremiado, tiene un lugar preponderante en nuestro plan. Llevaremos la academia a todos los rincones del país, a través de una Unidad Académica de primer nivel. Devolveremos al CANG, el prestigio y el poder que le corresponde, incidiendo en la defensa valiente del Estado de Derecho y la Certeza Jurídica, emitiendo comunicado y accionando ante los tribunales de justicia, cada vez que personas, el Estado o entes internacionales atenten contra la institucionalidad y la Constitución.

Promoveremos proyectos de ley para presentarlos a quienes tienen iniciativa. Pensamos que el CANG debe tener una Cooperativa de apoyo económico y social al agremiado, y si es posible una clínica médica de primera. Revisaremos, y en su caso, mejoraremos sustancialmente el plan de prestaciones, jubilaciones y seguros. Crearemos alianzas de cooperación con instituciones nacionales e internacionales para apoyo al agremiado y finalmente, eliminaremos el cobro obligatorio del polémico Congreso Jurídico, del cual casi ningún agremiado se beneficia, pero del que, las juntas directivas “hacen su agosto”.

¿Qué mensaje le manda a los profesionales del derecho y ciencias afines?

Que ejerzan su derecho y responsabilidad gremial, yendo a votar por la planilla número 4, dándonos su confianza en todas las papeletas y salvemos a nuestro querido CANG.

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La reforma tributaria que propone el gobernante colombiano Gustavo Petro, amenaza con descalabrar la economía colombiana, ya que plantea una serie de medidas en detrimento, no solo de «los más ricos» sino de toda la sociedad colombiana. Esto señala el partido Cambio Radical en un comunicado de prensa, donde informan que no votarán a favor de la mencionada propuesta.

Roxana Orantes Córdova

Según los partidarios del nuevo mandatario colombiano, Gustavo Petro recibió un país en crisis y un Estado desfinanciado. Y necesita dinero para cumplir sus propuestas reformistas.

El proyecto de reforma tributaria propone «aliviar la crisis de caja menor del Estado», como prioridad, además de «atender necesidades de los más pobres» y reducir la desigualdad.

Según la normativa que deberá aprobar el Congreso colombiano:

«La reforma tributaria propuesta se construye sobre los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad, y tiene como propósito saldar parte de la deuda social histórica del Estado con la población colombiana».

Reforma tributaria: impacto negativo en precios

Cambio Radical, argumenta su oposición con base en que se incrementaría la canasta básica de los colombianos de más bajos ingresos,subiendo en 10% o más los precios de varios productos básicos.

Las bolsas y empaques plásticos serían gravados en 10%, y la mayoría de importaciones tendrían aranceles del 20%, señala el comunicado de Cambio Radical, partido dirigido por Germán Vargas Lleres, ex ministro de Gobernación de Juan Manuel Santos.

Empresarios y productores agrícolas serían afectados por la reforma tributaria

Más de 500 mil familias cafetaleras pueden ser afectadas, ya que la propuesta plantea eliminar la deducción del 40% en costos de mano de obra. Además, deroga los incentivos para el agro.

También propone eliminar prestaciones conocidas como «pagos en especie», actualmente deducibles, y que consisten en servicios de salud y educación para los trabajadores.

La clase media, blanco de los impuestos para «aliviar la crisis de caja menor»

Por ejemplo, los proyectos de vivienda de interés social pagarán impuestos altos con la propuesta de la izquierda colombiana. Los pensionados que reciban más de 9 millones de pesos mensuales (cerca de Q15 mil), entregarían al Estado entre una y tres mesadas al año, para pagar el Impuesto Sobre la Renta.

Asimismo, tendrán gravámenes altos las ventas de inmuebles, herencias y costo de combustibles para localidades fronterizas.

Empresarios y emprendedores: blanco de la reforma

El impuesto a los dividendos subiría del 10% a 39% y la tasa para las utilidades de las empresas, al 104%, señala el partido Cambio Radical.

El proyecto de ley no indica en qué se gastarían o como se invertirían los $25 billones que el gobierno quiere recaudar. La propuesta tampoco especifica ninguna acción para reducir los $80 millones de evasión y contrabando en ese país.

Puede vislumbrarse que si se aprueba ese proyecto, Colombia pronto se encaminará hacia la misma ruta que Venezuela: fuga de capitales y pobreza extrema, entre otros efectos críticos.

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Cinco puntos del ente fiscalizador que pueden marcar la diferencia entre una Contraloría General de Cuentas (CGC) inoperante y tolerante con la opacidad y un ente que cumpla a cabalidad la función para la que fue creado. En octubre, un nuevo Contralor asumirá el cargo, y de su probidad dependerán muchas cosas en Guatemala.

Roxana Orantes Córdova

El licenciado Edwin Humberto Salazar Jerez, titular de la Contraloría General de Cuentas, concluye su mandato el próximo 12 de octubre. Recientemente, Salazar en representación de la CGC firmó un convenio de coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

El objetivo del convenio es fiscalizar y dar seguimiento a las entidades públicas con obras no finalizadas, deduciendo responsabilidad penal cuando corresponda, informaron los medios de comunicación.

Durante el evento, Salazar expresó:

“Las instituciones que firmamos compartimos objetivos estratégicos para cooperar y unir esfuerzos que permitan la fiscalización de la infraestructura y obras no finalizadas. Se fortalecerán los canales de comunicación interna en el marco de la legalidad con apego a los principios y valores éticos que cada institución signataria promueve, estamos convencidos que la lucha contra la corrupción la opacidad y la impunidad es asunto de todos”.

Carencias y vacíos en el ejercicio de la CGC 2018-2022

Como antecedente, la CCG ha tenido titulares muy cuestionados y otros que pasaron por la institución sin marcar diferencias. Los casos dramáticos fueron Marco Tulio Abadío, quien estuvo preso por un millonario desfalco, y Carlos Mencos, actual diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza quien recientemente perdió la inmunidad por un caso de presunta corrupción durante su gestión como Contralor, luego de que la Corte de Constitucionalidad fallara en su contra.

En la administración de Salazar, se observa un interés manifiesto en mejorar diversas situaciones, aunque aparentemente tuvo algunos frenos que impidieron al ente fiscalizador actuar de forma más enérgica.

Por ejemplo, en 2020, el informe de hallazgos de la CGC libró al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), de responsabilidades y hallazgos relacionados con la entrega de obra pública a constructores, diputados y allegados al Ejecutivo.

El caso, posteriormente, se destapó mediáticamente con la noticia de que Fredy Chojolán, director de Caminos, era parte de una red familiar y que sus primos dirigían más de 40 constructoras favorecidas por el Estado. En 2020, Chojolán fue destituido.

Sumado a ello, los medios informan que la CGC cuenta con pocos funcionarios para fiscalizar las más de 360 alcaldías, lo que podría dificultar su labor. En 2021 se realizaron 342 auditorías y algunas municipalidades no fueron revisadas.

Cinco puntos que otorgan especial importancia a la CGC

1. Es la institución rectora de la fiscalización de los recursos públicos y control gubernamental.
2. Su acción busca mejorar la eficiencia del gasto público, impactando positivamente en los guatemaltecos.
3. Regula el régimen de calidad y probidad de los empleados públicos y sus funciones.
4. Corrige hechos que afecten los intereses del Estado.
5. Instituye procesos modernos para fiscalizar y promueve la auditoría social.

En plena elección de Contralor

Actualmente, el proceso de elección está entrampado por una disputa ante la Corte de Constitucionalidad entre la Junta Directiva y el Tribunal Electoral. Esto podría incidir en que la elección, programada para el 12 de agosto, pueda retrasarse.

El tema cobra especial relevancia con la cercanía del año electoral y el retraso podría incidir en temas como la entrega de finiquitos a los candidatos, dijo a los medios Francisco Quezada, del CIEN.

En cualquier caso, la disputa interna podría incidir negativamente, y es de esperarse que la CC resuelva pronto para evitar que se empañe un proceso tan relevante como este.

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Otto Pérez Molina, ex presidente que purgó siete años a la espera de su proceso, declaró hoy ante los medios. Las palabras del ex mandatario motivaron una amplia atención mediática y no faltaron las acaloradas discusiones sobre Pérez Molina, quien trata de presentarse como víctima de una conspiración.

Roxana Orantes Córdova

El caso La Línea implicó a decenas de funcionarios, empresarios y comerciantes, además de que llevó a la defenestración de los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Voluminosos expedientes con miles de páginas y cientos de grabaciones, además de que más de un «sapo» testificó contra sus antiguos jefes, no bastaron y el proceso se prolongó siete años, que para Pérez-Baldetti y otros señalados, son siete años de prisión sin juicio, hecho muy alejado de la llamada «justicia pronta y cumplida» independientemente del delito.

Otto Pérez Molina, quien se dio a conocer como el «General de la Paz» y el hombre que capturó al «Chapo» Guzmán, acudió ante al tribunal a declarar por primera vez sobre este caso y enfatizó que esta es una primera declaración. Posteriormente, presentará pruebas, dijo.

Otto Pérez Molina: «La CICIG actuó políticamente»

En una entrevista de esta mañana que circula en redes, Otto Pérez Molina reconoce que pactó la permanencia de la CICIG «porque podría haber un caso en el que yo estuviera involucrado».

«Cumplí con la palabra», expone Pérez Molina, quien añade que el antejuicio en su contra fue presentado el 21 de agosto, «sabiendo que el 3 de septiembre finalizaba el periodo (de la CICIG)».

Además, señala que si bien «dio la cara» para resolver su situación, la resolución «se está dando siete años después, lamentablemente».

Biden y Todd Robinson en 2015

Está ampliamente documentado que Joe Biden, entonces vicepresidente de EE.UU. visitó Guatemala en marzo, poco antes de que estallara el escándalo conocido como La Línea. En su visita, demandó a los mandatarios de El Salvador y Honduras, que replicaran el experimento de la CICIG en sus países, a lo que ambos se negaron.

Biden también exhortó a Pérez Molina a renovar el mandato de la CICIG, que expiraba en septiembre de ese año y ya se había dado por finalizado. Este antecedente es mencionado por Otto Pérez Molina como un factor que determinó el destape del escándalo y finalmente, el proceso interminable que, pese a miles de supuestas pruebas, las autoridades judiciales tardaron tanto en armar.

En cualquier caso, la injerencia (que no incidencia) estadounidense en el llamado «despertar ciudadano» de 2015 se evidenció cuando Roxana Baldetti dio a conocer que el embajador Todd Robinson se atrevió a pedirle la renuncia, en un franco acto de injerencia y dominación colonialista.

Las paradojas del poder

Pérez es el único ex mandatario defenestrado y encarcelado (sin juicio) por corrupción, aunque no es el primero en cometer ese delito mientras gobernaba. Sin embargo, uno de los pilares de su campaña y los primeros dos años de su gobierno fue precisamente, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Durante el mandato de Pérez-Baldetti, se creó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción y Gobierno Electrónico (COPRET), que presidía Baldetti. Además, se instaló una Fuerza de Tarea contra la corrupción.

Entre las distinciones que recibió Baldetti, quien como diputada fue la «punta de lanza» anticorrupción del Partido Patriota, está la de Presidenta Humanitaria de la Cruz Roja. Asimismo, durante esa gestión Guatemala fue sede de la Asamblea General de la OEA, que tuvo como tema central la problemática de las drogas y fue inaugurada por Pérez Molina.

Si, como afirma el ex presidente, tiene pruebas suficientes como para demostrar su inocencia, la noticia podría resultar tan poderosa como en su momento fue el destape de La Línea. Sin embargo, luego de una caída sin precedentes, la credibilidad que pudo tener el ex mandatario terminó y solamente queda su capacidad innegable para generar polémica, desatar pasiones y convertirse en tendencia de las redes por unas horas.

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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) lanzan la plataforma digital y certificación GuateÍntegra para promover la formación en ética y transparencia.

Redacción Perspectiva

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y su programa GuateÍntegra, fundado en 2017 con el propósito de educar y formar a una generación de ciudadanos que se conviertan en actores y no solo en espectadores en la construcción de una Guatemala transparente, lanzan la plataforma digital y certificación GuateÍntegra en materia anticorrupción.

GuateÍntegra: Propuesta anticorrupción

La corrupción genera daños profundos en los países y repercusiones globales, perjudicando las perspectivas de crecimiento económico, frenando el desarrollo, disminuyendo la productividad y dañando la credibilidad de las instituciones.

Es por ello que, con una actuación responsable y coherente, GuateÍntegra ha implementado un programa de formación en transparencia, cumplimiento y anticorrupción y un plan de certificación para brindar herramientas prácticas a las empresas para implementar los más altos estándares en materia de ética, integridad y cumplimiento.

El objetivo del programa de formación en transparencia, cumplimiento y anticorrupción, que se ofrece a través de una plataforma digital de e-learning, es brindar conocimientos generales y específicos para la implementación de una estrategia de integridad empresarial.

A través de esta plataforma digital se busca promover que los colaboradores de las empresas aprendan a identificar, monitorear y reportar los riesgos de la empresa en materia anticorrupción, implementar mecanismos de control adecuados y desarrollar políticas que promuevan un actuar transparente, ético y legal dentro de la corporación.

GuateÍntegra

El programa cuenta con cuatro módulos de formación, los cuales pueden desarrollarse en el transcurso de un mes por medio de la plataforma virtual.

“Las prácticas de integridad empresarial, en un mundo globalizado, competitivo y exigente, deben ser una prioridad estratégica para todas las empresas sin importar su tamaño o sector, ya que se ha convertido en una característica y requisito determinante para hacer negocios. Estamos comprometidos con consolidar y unir esfuerzos desde diferentes espacios para poder fomentar la cultura de legalidad en todo el país”, afirma Luis Alfonso Bosch, presidente de la Junta Directiva de CIG.

Por otro lado, la Certificación GuateÍntegra incorpora todos los insumos y estándares internacionales con la visión de facilitar y regularizar un proceso que prepare a las empresas con los conocimientos y herramientas necesarias que provean las condiciones de integridad empresarial en cada una de ellas.

“Esta certificación cumple con los más altos estándares internacionales en materia anticorrupción”, indica Paola De La Torre, directora de Compliance de Valorum Ethics, una de las consultoras internacionales que le está dando acompañamiento a la certificación GuateÍntegra.

Certificación

Para que una organización se certifique debe cumplir cinco grandes pasos:

1. Interés en certificación: La empresa con interés por la certificación debe firmar una minuta de declaración de compromiso para que se proceda al proceso de certificación.
2. Diagnóstico: Se recogen los datos e insumos necesarios para realizar un análisis y diagnóstico, definición de objetivos, estrategias y la elaboración de plan de acción por parte de la empresa.
3. Curso preparatorio: La empresa se somete a un programa que tiene por objetivo sentar bases sólidas para asegurar que sus procesos estén blindados contra el problema creciente de la corrupción y las malas conductas empresariales.
4. Auditoría: Se evalúa objetivamente las evidencias sobre el control de documentos y cumplimiento de las acciones previstas en el diagnóstico. Por último, asegura que la empresa cuenta con todos los requerimientos de la certificación.
5. Certificación: Se otorga la certificación con una validez de tres años, la cual ofrece las condiciones de integridad empresarial para que una
   empresa pueda cumplir con estándares y solicitudes de clientes. “BDO estará a cargo de la auditoría sobre los documentos que respalden un Sistema de Anticorrupción y cumpla con los estándares GuateÍntegra, mismos que cumplen con los requerimientos de la norma ISO 37001:2016”, añade Claudio Rodríguez, Socio de consultoría BDO, República Dominicana.

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