La patronal guatemalteca representada en Cacif ha dado un claro mensaje: “Los guatemaltecos votamos de forma pacífica en primera y segunda vuelta eligiendo a las próximas autoridades. El presidente y vicepresidenta, Sr. Bernardo Arévalo y Sra. Karin Herrera; diputados y alcaldes, deben tomar posesión de sus cargos a partir del 14 y 15 de enero de 2024, conforme a los resultados que ya fueron oficializados por el Tribunal Supremo Electoral”. Esto deja por fuera cualquier duda o comentario malintencionado sobre cómo piensan miles de empresarios representados dentro de la cúpula empresarial.

En nuestro país, la ley es clara y establece de forma inequívoca que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, según lo establece el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional. Por ello no hay cabida dentro de la norma constitucional existente para pensar en un escenario distinto a que todas las autoridades electas, y plenamente oficializados los resultados, puedan tomar posesión en enero.

Ahora bien, es totalmente comprensible que existan malos perdedores. La historia demuestra que eso es normal en varios países, incluso en países desarrollados y a lo largo de varias épocas. El fin de semana tuve oportunidad de leer el último libro de los profesores de Harvard Steven Levinsky junto con Daniel Ziblatt titulado Tyranny of the Minority (Tiranía de la minoría). Una frase que se me quedó grabada y muy apropiada a la situación que pasamos ahora es: “Una vez los partidos políticos aprendan a perder, la democracia puede tomar raíz”, y es que explican cómo a lo largo de la historia y en países como Estados Unidos, Francia, Tailandia, y otros ejemplos, siempre han existido partidos y representantes políticos que simplemente no aceptan que perdieron, o que saben que su poder o influencia están en riesgo y quieren aferrarse a ello.

Ya lo dijo también claramente Fundesa en varios comunicados, que no hay otro escenario legal posible y que las autoridades electas deben asumir; sin embargo, el viernes, además, se añadió el claro mensaje a “no dejarse llevar por rumores o comentarios infundados, que solo buscan dividirnos y que sigamos trabajando juntos por afrontar los retos que el nuevo Gobierno tendrá para generar mayores oportunidades y desarrollo para todos”. Y vaya si no lo estamos viendo, cuentas falsas que suben videos grabados en el 2019 de otros partidos políticos, tratando de desinformar, o personas inescrupulosas que no entienden que ya todas las instituciones de diferentes sectores han expresado su claro rechazo a un rompimiento constitucional.

Guatemala está interconectada y es una nación que tiene una enorme oportunidad de aprovechar el nearshoring y otras tendencias globales gracias a su excelente evaluación macroeconómica, financiera y de riesgo, por lo que tenemos que seguir trabajando en fortalecer nuestras instituciones y la forma en que damos certeza jurídica a la inversión. Un análisis económico elaborado por Fundesa muestra que un rompimiento constitucional impactaría en más de US$6,100 millones en exportaciones, más de US$21 mil millones en remesas, alrededor de US$630 millones en turismo, US$2,600 millones del PIB y US$775 millones en inversión extranjera directa, así como US$280 millones en cooperación internacional, además de pérdidas incalculables por riesgos de tasa de interés. Por ello, por el futuro de nuestro país y el sostenimiento de nuestra República, las autoridades electas deben tomar posesión.

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Con 108 votos el Congreso de la República aprobó al final de la noche por una moción presentada por el diputado Alberto Sánchez para someter a votación retirarle el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco.

Redacción Perspectiva

Después de una maratónica jornada en donde también fue aprobado el Presupuesto General de la Nación y de un primer intento de someter a votación el antejuicio contra las autoridades electorales, los legisladores consiguieron el quorun necesario y votaron por dejar sin inmunidad a los togados que son investigados por el Ministerio Público (MP).

La CSJ declaró con lugar la solicitud de retiro de antejuicio en contra los magistrados titulares Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, así como Marco Cornejo, Marlon Catalán y Ricardo Paredes en su calidad de magistrados suplentes, esto luego que el ente investigador los señalara de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.

Según el caso, magistrados hicieron constar en acta que TSE suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del programa de sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares 2023 con la entidad DATASYS Guatemala, S. A., en donde argumentan que no existió una supervisión independiente del software.

Cabe mencionar que a Alfaro y los magistrados suplentes, Barahona, Cornejo y Paredes les otorgaron el amparo provisional. La Corte de Constitucionalidad (CC) consideró, por unanimidad, que la magistrada Alfaro disintió de la adjudicación y aprobación de la contratación del Programa Informático para Transmisión de Resultados Preliminares del Proceso Electoral 2023.

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Juan Carlos Zapata

Los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) serán prioridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), publicaron los diferentes medios de comunicación la semana pasada, luego de una reunión del TSE con fiscales y secretarios generales de los partidos políticos.

Con esta primera reunión entre diferentes partidos políticos, empezará a coordinarse la agenda de la futura Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), cuyo objetivo es impulsar reformas para ir mejorando la Lepp después de cada evento electoral. Entre los temas pendientes que se deberán analizar están: los conceptos de campaña política anticipada, proselitismo, personas vinculadas y relacionadas y las fases del proceso electoral, la creación de la franja electoral y el ajuste a la regulación de la campaña en medios de comunicación, así como normativas relacionadas con el régimen sancionatorio y la regulación del transfuguismo, que pueden ser corregidas mediante normas que garanticen la representatividad de los diputados.

Así mismo, va a ser importante tener una propuesta integral que ayude a garantizar una correcta modificación del sistema de elección de diputados con el objeto de acercarlos a sus electores, el aumento del período de funciones y la creación de una elección escalonada del Pleno de Magistrados del TSE, con el fin de garantizar su independencia como jueces del proceso electoral, la corrección de las normas vigentes que están mal diseñadas o que han demostrado ser inaplicables, la democratización del sistema político (los altos costos asociados con la creación y funcionamiento de los partidos políticos deben disminuirse, reduciendo las barreras de entrada y permitiendo la creación de nuevos partidos con mayor legitimidad que puedan postular candidatos a diputados) y la corrección de la asignación estática de escaños para los distritos electorales, que actualmente desconoce el principio constitucional de proporcionalidad y, por lo tanto, contradice el derecho de igualdad a nivel político.

Un dato que debe preocuparnos como guatemaltecos es que según la última publicación de Latinobarómetro, 66% de la población dice que no importa si el gobierno llega al poder sin democracia, siempre y cuando resuelva los problemas. Esto es el resultado de una Ley Electoral y de Partidos Políticos que genera un marco institucional que no le permita a la población organizarse de mejor forma para elegir a autoridades que sean cada vez más representativas de sus necesidades.

Está claro que hay un sentimiento importante de la población de que las juntas electorales se deben proteger y que son un mecanismo que ha resultado ser efectivo para garantizar un voto confiable. Ese primer acuerdo debería ser una buena base para contar con una propuesta de reforma integral que ayude a que nuestro país tenga instituciones democráticas más representativas y que se fortalezca con ello nuestra capacidad de generar un instrumento que regule la participación democrática.

El gobierno electo deberá acompañar el proceso generando un apoyo para ir logrando los consensos que sean necesarios para que posteriormente el Congreso de la República pueda aprobarla. Recordemos que nuestro sistema democrático, en una economía de mercado, es un requerimiento necesario para poder avanzar hacia mayor desarrollo. El mercado necesita reglas claras y no los antojos de una minoría de poder. Una economía competitiva y un sistema democrático necesita políticos que generen cambios que ayudarán a mejorar la economía y, por ende, las condiciones de la población.

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En los resultados finales de las elecciones infantiles, se anunció que Edmond Mulet, el candidato presidencial del partido Cabal, obtuvo el mayor porcentaje de votos con un 13.55 por ciento. Le siguió Zury Ríos, de Valor Unionista, con un 12.45 por ciento, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con un 11.89 por ciento.

Redacción Perspectiva

El informe presentado por la fundación Elecciones Infantiles de Centroamérica y el Grupo Promotor 2023 resaltó que de los 287,675 empadronados, 120,002 asistieron a emitir su sufragio, lo que representa una participación del 41.71 por ciento.

Es interesante destacar que el mayor porcentaje de votos fue emitido por niños de 9 a 11 años, lo cual muestra su interés y participación activa en el proceso electoral.

En cuanto a la participación por género, las niñas tuvieron una intervención del 50.40 por ciento, superando ligeramente a los niños, quienes representaron el 49.60 por ciento.

Los organizadores informaron que más de 5,000 menores fueron capacitados en conceptos básicos cívicos y democráticos para formar parte de las mesas receptoras de votos en 147 municipios de todo el país. Este aprendizaje se llevó a cabo a través de plataformas virtuales, con el apoyo de padres de familia, responsables y docentes de instituciones públicas y privadas, bajo el aval del Ministerio de Educación (Mineduc) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que la suspensión temporal impuesta al partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) quedó sin efecto, tras cancelar la multa de Q250 mil.

Redacción Perspectiva

De acuerdo con una circular del TSE, la organización política podrá realizar las diligencias correspondientes en el TSE y en sus dependencias.

La suspensión temporal quedó sin efecto, luego de que la UNE hiciera efectivo el pago de la sanción económica que le había sido impuesta.

«La licenciada Sandra Julieta Torres Casanova en su calidad de Secretaria General y representante legal del partido político Unidad Nacional de la Esperanza «UNE», acredita que solventó la situación de la agrupación política relacionada», se lee en el documento.

Torres retoma dirección de la UNE

En octubre del año pasado Sandra Torres retomó la dirección del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), gracias a una resolución del TSE. Su presencia en el partido no se hizo esperar ya que este lunes, se conoció que el diputado Carlos Barreda fue removido como jefe de bancada.

Asimismo, la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) informó que el diputado Carlos Barreda ya no será el jefe de Bloque.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que el proceso de cancelación de la organización política sigue avanzando. Mientras Sandra Torres busca recobrar la dirección de la UNE.

Redacción Perspectiva

De acuerdo con la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el proceso de cancelación del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se encuentra en proceso.

Según el tribunal, una reciente verificación comprobó que la UNE «cuenta con un Comité Ejecutivo Nacional desintegrado».

Por lo cual, tomó la decisión de «correr audiencia de cancelación por el pazo de 30 días hábiles» a la UNE “. Con el fin de aclarar lo referido en los informes, dice el documento de la dependencia del TSE.

TSE inicia cancelación

El TSE inició el proceso de cancelación de la UNE, luego de una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que lleva un proceso en contra de la dirigencia por un caso de financiamiento electoral ilícito relacionado con la campaña política de 2015.

Por el mismo caso, la actual Secretaria General y excandidata a la presidencia, Sandra Torres, enfrenta un proceso penal en su contra.

Sandra Torres regresa y reconfigura la UNE

Con el retorno de Sandra Torres a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), este partido enfrenta una coyuntura complicada para el grupo que se apartó de su líder y fundadora, cuya presencia reconfigura la UNE. Los analistas Secil de León y Christians Castillo explican la situación de estos diputados.

El 31 de julio, el Tribunal de Honor de la UNE expulsó a Sandra Torres. Sin embargo, tres meses después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ordenó su reinstalación, hecho que marca el “principio del fin” para los disidentes.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Redacción Perspectiva

Entre ellos se encuentran ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y uno de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Los magistrados  podrían estar relacionados con el caso Comisiones Paralelas 2020. La fiscal general, Consuelo Porras, autorizó a la FECI presentar la solicitud de antejuicio.

Los magistrados que podrían perder su inmunidad y ser investigados por la FECI son:

• Silvia Patricia Valdés Quezada, CSJ

• Josué Felipe Baquiax Baquiax, CSJ

• Ranulfo Rafael Rojas Cetina, TSE

• Manuel Reginaldo Duarte Barrera, CSJ

• Vitalina Orellana y Orellana, CSJ

• Nery Oswaldo Medina Méndez, CSJ

• Sergio Amadeo Pineda Castañeda, CSJ

• Néster Mauricio Vásquez, Pimentel, CC

• José Antonio Pineda Barales, CSJ

• Silvia Verónica García Molina, CSJ

Según la FECI, la solicitud fue presentada por «actividades posiblemente ilícitas realizadas en su función de comisionados de postulación para magistraturas de las Salas de la Corte de Apelaciones».

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El magistrado del TSE, Ranulfo Rojas Cetina asumió como presidente del órgano electoral  en medio de la controversia generada por supuestamente presentar documentos falsificados. Este miércoles, Rojas aseguró que se trata de una equivocación.

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Luego de la ceremonia en donde Rojas asumió la presidencia para el período 2021-2022, el TSE ofreció una conferencia de prensa en la que Rojas se refirió a los señalamientos en su contra sobre el supuesto uso de documentos falsificados.

“Sí cursé ese doctorado en la Universidad Da Vinci, existen ahí los registros académicos y obran en esa casa de estudios”, aseguró.

“Yo me he preparado para poder tener los conocimientos suficientes y prestar un servicio ante la administración pública de una manera técnica y profesional. De esa cuenta me (formé) en el ámbito constitucional”, enfatizó.

Rojas manifestó que no renunciará al cargo debido a esta situación ya que no ha cometido ningún delito o realizado acciones indebidas.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE),  informó sobre el robo de computadoras con un valor aproximado de Q75 mil en dos sedes de la institución. Los hechos ocurrieron el pasado 20 y 21 de marzo.

Redacción Perspectiva

A través de un comunicado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), denunció el robo de equipo de cómputo valorado en Q75 mil.

Según el documento, el hecho se reporto en dos sedes del TSE ubicadas en el Centro Histórico.

Entre el equipo robado se encuentran: tres computadoras tipo laptop de las oficinas de la Dirección Electoral, ubicada en la 6ª avenida, 2-71 zona 2. Dichos equipos tienen un valor total de Q15 mil.

Durante la Semana Santa fueron sustraídas siete computadoras de escritorio y seis computadoras tipo laptop, las cuales tienen un valor de Q60 mil. Estas pertenecían a distintas oficinas de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, ubicadas en la 1ª calle, 6-34 zona 1.

El TSE indica que dieron parte a la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público (MP), quienes han iniciado las investigaciones correspondientes.

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Una iniciativa incluida en el proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) presentada por el Tribunal Supremo Electoral busca autorizar el transfuguismo de los diputados que sean expulsados o su partido sea cancelado.

Redacción Perspectiva

El jueves 18 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió al Congreso de la República el proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), en el cual se incluye una iniciativa que podría permitir el transfuguismo.

Una de las modificaciones propuestas por el TSE a la LEPP, es permitir a los diputados cuyos partidos sean cancelados, trasladarse a otro partido sin recibir ningún tipo de penalización.

Asimismo, los congresistas que sean expulsados o suspendidos podrán incorporarse a otra organización política.

La propuesta del TSE, modificaría el  artículo 205 de la LEPP, referente al transfuguismo y quedaría de la siguiente manera:

«Se exceptúa de la prohibición contenida en el presente artículo, cuando la incorporación a otra organización política deviene de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de la organización política con la cual alcanzó la diputación».

El transfuguismo sería considerado unicamente en los casos en los cuales un diputado renuncie al partido político para el que fue electo e intente integrarse a otro.

La iniciativa podría beneficiar a varios diputados que pertenecen a partidos políticos que podrían ser cancelados o fueron suspendidos definitivamente como es el caso de la organización política Unión del Cambio Nacional (UCN), partido que fundó Mario Estrada y que fue cancelado hace unas semanas por el TSE.

Asimismo, varios legisladores que han sido expulsados podrían incorporarse a otras bancadas, como es el caso de Aldo Dávila, quien fue expulsado de Winaq y Santiago Nájera de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien junto a otro grupo de diputados fue echado de la agrupación.

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