La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha manifestado su rechazo al Decreto 7-2025, aprobado este 2 de septiembre por el Congreso de la República bajo el procedimiento de urgencia nacional. La ley busca asegurar la continuidad de los proyectos de los Consejos de Desarrollo (Codede) utilizando recursos no ejecutados, pero el gremio industrial argumenta que su aprobación apresurada compromete la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.

Redacción Perspectiva

En un comunicado, la CIG expresó que la aprobación en un solo debate no permitió analizar a fondo los mecanismos para la ejecución presupuestaria. Bajo el lema «El problema no es la falta de recursos, sino la falta de acción», la organización empresarial subraya que la ineficiente ejecución ha sido un problema histórico, y que un nuevo decreto no lo solucionará. Por ello, instan al presidente Bernardo Arévalo a analizar la ley y a los diputados a realizar una evaluación exhaustiva antes de cualquier aprobación.

Manifestamos nuestra preocupación ante la aprobación del Decreto 7-2025 y el presupuesto 2026 que limitan el desarrollo del país.

Lee el comunicado completo aquí: https://t.co/EiFO1dUIQR pic.twitter.com/6YC7LCJDyW

— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) September 4, 2025

La oposición de la CIG se suma a otras preocupaciones del sector privado. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Comercio también han expresado su preocupación respecto a la aprobación de dicho decreto. 

La transparencia en el uso de los recursos públicos debe garantizarse. #ComunicadoCACIFhttps://t.co/iqc5s7cNSg pic.twitter.com/uEJ9Aw02hs

— CACIF (@CACIFGuatemala) September 3, 2025

En un comunicado, el sector privado organizado solicita al Presidente de la República, Bernardo Arévalo, vetar el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobado por el Congreso de la República.

Agregan que el decreto permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año a otro, lo cual viola el principio de anualidad del presupuesto y delega al Ministerio de Finanzas atribuciones que son exclusivas del Congreso, esto según lo establecido en la Constitución Política de Guatemala.

Asimismo advierten que de entrar en vigencia, esta ley abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución. Por ello, pedimos al Presidente ejercer el veto y resguardar el orden jurídico y la transparencia en el manejo de las finanzas del Estado.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala solicitó el veto del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, al considerar que podría abrir la puerta a la conformación de fondos públicos paralelos.

CIG RECHAZA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2026

El comunicado también rechaza la propuesta de presupuesto para 2026, la cual presenta un incremento superior al 10% en comparación con el año anterior. La CIG argumenta que destinar la mayoría de recursos a gastos de funcionamiento y pago de deuda compromete la capacidad del Estado para invertir en infraestructura.

¿QUÉ DICE PRESIDENCIA?
En respuesta a la solicitud del sector empresarial, Presidencia indicó: “El Ejecutivo aún no ha recibido el decreto aprobado por el Congreso. Sin embargo, su equipo de trabajo lo está analizando. Una vez sea recibido formalmente, el Presidente tomará una decisión en apego a la Constitución y velando por los intereses del país”.

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Tres caminos puede seguir la normativa vetada ayer por Alejandro Giammattei, explica el diputado Julio Lainfiesta Rímola, ponente de la propuesta que según indica, estuvo durante cuatro años en el Congreso pero se convirtió en fuente de polémica porque se le vincula con medidas propias de la «dictadura sanitaria».

Redacción Perspectiva

Luego del veto presidencial, la iniciativa 5343 tiene tres caminos, explicó Lainfiesta a Perspectiva:

1. El Congreso puede hacer uso de la supremacía parlamentaria y devolverla a Alejandro Giammattei para que la sancione. Para ello necesitan 107 votos.

2. El Congreso acepta el veto y la ley queda desestimada. Necesitan 81 votos.

3. Retorna a la Comisión de Salud y Asistencia Social, para evaluar modificaciones.

Según el diputado, la opción más probable es la tercera. Esto daría espacio para que grupos ciudadanos puedan participar en la discusión de los cambios a la propuesta de ley.

“La vacuna contra el COVID-19 no es parte del esquema nacional”

Lainfiesta también expresó su sorpresa por la oposición al proyecto de ley. Según afirma:

“El espíritu real de la ley de vacunación es garantizar los fondos y existencia de vacunas a los niños y adolescentes, de forma gratuita, informada y voluntaria”.

Sobre el carnet de vacunas mencionado en la normativa, que ha despertado suspicacias, señala que “siempre ha existido y todos los establecimientos lo solicitan, para tener control epidemiológico, no para dejar entrar o no a un colegio o para presionar a la gente, como están haciendo con la de coronavirus. La vacuna del coronavirus no es parte del esquema nacional básico de vacunación: polio, sarampión y otras son las que integran dicho esquema”.

“La ley siempre fue abierta a propuestas de la ciudadanía”

“Todo es susceptible de modificarse o mejorarse. Esta ley siempre fue abierta a las propuestas de la sociedad civil. Estuvo cuatro años en el Congreso. Lamento que algunas personas hasta ahora se enteraran y despotricaran de algo que de veras, tiene un espíritu noble”.

“Tal como está ahora el sistema, los ministros de turno transfieren el dinero de un lado a otro. Eso se traduce en que no hay vacunas, a veces desabastecimiento. Por ejemplo, un porcentaje de los impuestos a bebidas alcohólicas y fermentadas se destina al fondo de vacunas, pero los ministros lo usan en otros rubros.

A veces hay desabastecimiento. Queremos garantizar que el esquema nacional de vacunación siempre tenga existencia de vacunas”.

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Venezuela arremete contra el FMI por retener dinero que quiere usar para luchar contra la pandemia.

Por DPA

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha arremetido este miércoles contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) por retener 5.000 millones de dólares que el gobierno quiere destinar a la lucha contra la pandemia de COVID-19.

«Venezuela reitera la denuncia de que el FMI se niega a entregar a nuestro pueblo los 5.000 millones de dólares que corresponden a nuestro país para luchar contra la pandemia», ha señalado Rodríguez.

Rodríguez expresó su opinión durante la XV Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Culpa a EE.UU.

Para la vicepresidenta, la razón es «el veto expreso de Estados Unidos contra Venezuela». «Hemos sido blanco de más de 430 medidas coercitivas unilaterales».

De forma paralela, ha denunciado que el país caribeño ha perdido más de 63.000 millones de dólares (más de 54.500 millones de euros) como resultado.

«En Venezuela las medidas coercitivas representan un 99 por ciento de pérdidas (…) con un impacto innegable que se ha extendido a todas las áreas, sobre todo en los sectores de alimentación, salud, transporte, tecnología, entre otros», enfatizó.

Rodríguez ha remarcando que estas medidas son «delitos de lesa humanidad y atentan contra el sistema internacional de garantía de los Derechos Humanos».

Venezuela pide investigar impacto del veto

En este contexto, ha pedido a la UNCTAD que «agrupe, cuantifique y analice los impactos macroeconómicos de las medidas coercitivas unilaterales».

Por último, ha destacado que Venezuela avanza hacia la recuperación económica.

FMI aprueba préstamos

Mientras que Venezuela cuestiona el retraso en la entrega de los 5.000 millones de dólares, Ecuador recibirá un desembolso inmediato de 800 millones de dólares (690 millones de euros) anunció el FMI.

El gobierno de Ecuador indicó que el dinero será invertido especialmente en la recuperación económica.

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Al finalizar la tarde del 20, el elemento sorpresa lo aportó el vicepresidente, quien en una acción unilateral llamó a la renuncia de Alejandro Giammattei y anunció la propia. Al mismo tiempo, el mandatario presentó una conferencia intentando esclarecer la creciente oposición ciudadana ante una ley considerada inconstitucional y que además fue aprobada con varias irregularidades de procedimiento, narra Manfredo Marroquín, quien interpuso un recurso de amparo contra la ley del Presupuesto General de la Nación.

Roxana Orantes Córdova

Para este sábado están convocadas por lo menos dos manifestaciones. Una a las 12 de mediodía frente al Congreso, por Guatemala Inmortal (GI), y la otra en la Plaza de la Constitución, donde grupos afines a la extinta CICIG pretenden revivir las protestas de 2015 que terminaron con la administración de Otto Pérez y Roxana Baldetti.

Un dato interesante es que, tal como en 2015 y en varios intentos de derrocar a Jimmy Morales, se realizaron convocatorias en varios departamentos. En redes sociales se evidencia unanimidad en condenar a las autoridades por la aprobación del presupuesto, a lo que se suman otros focos de descontento.

Políticos que no lograron buenos resultados en los comicios y piensan que este sería el momento propicio para derrocar a Alejandro Giammattei y  convocar Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución (desde la “izquierda”) o simplemente, llegar al poder político sin someterse al escrutinio popular (caso de Roberto Arzú), han comenzado a sumarse a las convocatorias, calculando que podrían abonarles a sus exiguos capitales políticos.

Por ejemplo, el ex guerrillero Jorge Soto, alias Pablo Monsanto, escribió en su cuenta de Twitter:

“Es tu momento pueblos de Guatemala, llego la hora de limpiar, de barrer la basura, de construir algo nuevo que beneficie a todas y todos”.

Por su parte, Sandra Torres citó una frase de Winston Churchill y diversos actores vinculados a la política se han sumado a esta “cruzada cibernética” donde despliegan triunfalismo e incluso apología del delito.

¿Cisma en el gobierno?

Guillermo Castillo tomó distancia de la actual administración, al parecer totalmente convencido de que el tema del presupuesto será el sepulturero de un gobierno que aún no cumple el primer año y atravesó por la pandemia seguida de dos depresiones tropicales.

El vicepresidente, quien nunca ha ocultado su afinidad y vínculos con la llamada “izquierda pink” o “globalistas”, ofreció una insólita conferencia de prensa alrededor de las seis de la tarde. Según afirmó, ha sostenido varias pláticas con el Presidente pero este no ha tomado en cuenta sus propuestas.

Castillo parece haber “quemado sus naves”, anunciando su propia renuncia si bien condicionó este acto a que Giammattei siga su ejemplo. Según dijo en la conferencia y minutos después publicó en su cuenta de Twitter:

“Ante distintas decisiones de gobierno que afectan intereses de la población, solicité al Presidente Giammattei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas. Insostenible continuar en estas condiciones”.

Según aseguró, le habría solicitado al presidente: desintegrar el Centro de Gobierno y otras instancias; vetar el presupuesto 2021; evaluar la destitución de cuestionados funcionarios de gobierno y tener más acercamiento a sectores del país para escuchar sus propuestas.

La acción de Castillo le ha valido la simpatía del grupo “globalista” y podría colocarlo en posición de “líder”, en caso de que se cumplan los pronósticos de quienes convocan desde la izquierda, que prevén una afluencia histórica y masiva que podría terminar con el gobierno. Empero, si esto no se cumple y la manifestación resulta escuálida (como ha sucedido muchas veces), el vicepresidente deberá apelar a sus mejores estrategias para mantenerse en el puesto, si bien algunas opiniones consideran que a la conferencia, seguirá la renuncia.

Entretanto, Giammattei se presentó en conferencia de prensa rodeado por su gabinete de ministros, lo que evidenció cohesión institucional (en términos de imagen pública). Esto debilita la imagen solitaria de Castillo, a quien avalan las ONG´s y sus financistas pero quien está solo en el escenario institucional.

Aunque Giammattei pareció oponerse a vetar el presupuesto por varios riesgos que conllevaría, existe la probabilidad de que finalmente se decida por esta opción, dejando sin el principal argumento a quienes sueñan con una segunda edición del 2015.

“Todo tipo de grupos se oponen al presupuesto”: Manfredo Marroquín

Uno de los recursos de amparo interpuestos contra la Ley del Presupuesto General de la Nación fue presentado por Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana. Aunque la normativa es inconstitucional, Marroquín afirma que interpuso amparo por los procedimientos, debido a que el Presupuesto General de la Nación todavía no está en vigencia.

Esto, debido a que falta la revisión por artículos, la redacción final y otras partes del proceso de aprobación por los cuales no procedería una acción de inconstitucionalidad, que se interpone para frenar leyes inconstitucionales, pero en este caso, el presupuesto sigue siendo un proyecto.

“Esperamos que el amparo llegue antes de que esté en vigencia y logre detenerlo”, señala.

Según Marroquín, la aprobación de la normativa “violó normas internas establecidas en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Por ejemplo, cualquier proyecto debe ser conocido por la comisión respectiva 48 horas antes de que se realice la lectura para aprobación y este no fue el caso. La comisión terminó su lectura media hora antes de que se convocara al pleno, es decir estaban simultáneamente trabajando en el mismo tema. No cumple aspectos técnicos ni de procedimiento”.

“No puede haber comisión de trabajo al mismo tiempo que el pleno, que iniciaba mientras la comisión realizaba el dictamen. Todo el proceso fue viciado. Fue la gota que derramó el vaso de esta mala gestión y hay mucha gente convencida de que se dará una repetición de 2015. Creo que mañana podría haber entre 10 mil y 30 mil personas en la Plaza, pidiendo la renuncia del gobierno. No se trata de gente guiada por estupideces ideológicas. Gente común, indignada por el tema del saqueo”, concluye.

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Alfredo García y Edgar Ortiz conversaron con Perspectiva sobre el Decreto 15-2020 y el veto presidencial. Ambos nos fallaron, afirma Ortiz, mientras García menciona que los legisladores no “saltaron la tranca” al votar para desconocer el veto, pero sí al incluir el tema del agua, que no es asunto del gobierno central sino de las municipalidades, las cuales gozan de autonomía.

Roxana Orantes Córdova

Más de un abogado asegura que el Decreto 15-2020, según el cual se deben diferir los servicios de “luz, agua y teléfono”, tiene errores de redacción que son inconcebibles en un documento tan breve, lo cual evidencia el desconocimiento de los legisladores que lo crearon y los asesores que seguramente lo redactaron y analizaron.

Sin embargo, también es cuestionado el veto del mandatario Alejandro Giammattei, puesto que tardó 25 días hábiles en tomar su decisión y lo hizo horas después de que la Corte de Constitucionalidad (CC), le diera 48 horas para vetar o sancionar el decreto citado.

En su cuenta de Twitter, Ortiz escribió: “Nos fallaron todos: el Congreso primero hace una ley con errores; luego el presidente tarda una ETERNIDAD en vetar algo que pudo vetar hace 20 días; el Congreso vuelve a fallar rechazando el veto e incumpliendo procedimiento. Mal, mal…”

Ayer, con 126 votos, los diputados rechazaron el veto presidencial. Para Ortiz, debieron someter el decreto a consulta de la CC, por lo que se habrían “saltado las trancas”. García, sin embargo, considera que la Ley de Amparo faculta a los legisladores para rechazar el veto con las dos terceras partes de votos.

Argumentos como “bien común” y “dar la espalda” abundaron entre quienes están a favor de la normativa, aunque presente errores que podrían convertirla en inconstitucional.

Poco después de que los diputados lograran revertir el veto del mandatario, un abogado interpuso un amparo ante la CC para que el texto sea revisado. Mientras los argumentos a favor del decreto insisten en el beneficio de las mayorías, quienes no lo avalan consideran que retardar los pagos por tres meses solamente lograría endeudar a los ciudadanos, al mismo tiempo que quedaría en duda quién asumirá la mora de los intereses por esas deudas.

Un comunicado de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresa su aval al veto presidencial, enfatizando en: 1. La falta de precisión o ambigüedades en la propuesta pueden tener efectos negativos; 2. El mandatario está facultado para el veto; 3. Las iniciativas de apoyo deben plantearse sobre bases técnicas y correctas; 4. Es necesario evitar la quiebra y cierre de las pequeñas y grandes empresas.

“El retraso en la decisión presidencial fue maliciosamente extemporáneo”

Ortiz, encargado del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, comenta:

“estoy de acuerdo con que es necesario ayudar a la gente ante el peligro de cortes de servicios por la crisis, pero en el Decreto no se acotó por ejemplo, a quienes se va a ayudar. Se limita a indicar personas vulnerables pero no se fijaron parámetros. Tampoco se incluyó un mecanismo de compensación. Ciertamente, la Empresa Eléctrica tiene mucho dinero, pero era necesario establecer los mecanismos del pago de intereses moratorios. ¿Quién asumirá el costo del impago, será el Estado y cómo lo hará?”.

Por otra parte, el entrevistado señala que si bien existían razones para el veto, no fue correcto que el Presidente tardara tanto en tomar una decisión sobre un texto de cinco párrafos. Esto, indica, parece indicar que sus asesores no son muy versados. Especialmente, porque al final presentaron un argumento legalista simple. No se trataba de un tema complicado y tardaron mucho, lo que hace pensar que hubo un retardo maliciosamente extemporáneo.

En cuanto a las bancadas que lograron revertir el veto, considera que “saltarse el paso de acudir a la CC por una opinión consultiva, vicia el procedimiento. Fue un error saltar el procedimiento sin pasar por la CC y ya hay un amparo en esa instancia. La CC no puede ir contra su propia jurisprudencia”

“La consulta a la CC no es obligatoria”

Alfredo García, dignatario de la Nación, considera que la opinión consultiva es un paso opcional en el procedimiento, puesto que la Ley de Amparo faculta a los diputados para rechazar el veto.

“Están ejerciendo la primacía legislativa, que les permite inclusive pasar leyes anticonstitucionales. Esto no significa que lo deban hacer” dice.

Además de la imprecisión al referirse a la energía eléctrica como “luz”, hay un tema de fondo cuando se refieren al agua. El Ejecutivo y el Congreso no pueden obligar a las municipalidades a ejecutar ninguna acción, puesto que son autónomas.

El resultado, dice García, podría ser que alcaldes tomen decisiones negativas, como dejar de clorar el agua o prestar un servicio irregular.

Para la CC la situación es una “prueba de fuego”, porque deberá resolver la consulta que le plantea el amparo interpuesto el jueves por la noche, concluye.

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En conferencia de prensa, el presidente Alejandro Giamatti dio a conocer que su decisión de vetar el Decreto 15-202, fue porque presentaba aspectos que vulneraban la Constitución Política de la República, además de presentar inconsistencias técnicas.

Redacción Perspectiva

El día 29 de abril en cadena nacional, Alejandro Giamattei expuso las principales razones que lo llevaron a vetar el Decreto 15-2020, aprobado por el Congreso de la República.

La decisión fue recibida  en medio de la polémica generada por el amparo en contra de Giamattei por no sancionar y publicar el Decreto 15-2020.

De acuerdo con el presidente, el Decreto 15-2020, fue analizado detenidamente para evitar que fuera impugnado por inconstitucionalidad. Giamattei aseguró estar a favor del contenido del Decreto 15-2020.

Sin embargo, se encontraron serias incongruencias  que de ser aprobado, atentaría contra los intereses de la población guatemalteca. Según dijo “contiene aspectos técnicos que hacen inviable su aplicación. Así como hay  disposiciones que vulneran la Constitución Politica de la República de Guatemala. Lo cual haría que sea una ley que nazca muerta”

“Estoy a favor del espíritu del decreto 15-2020, del  espíritu.  Pero tenemos que entender que para el gobierno es prioritario atender a la población que está siendo afectada por esta crisis y garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, indicó Alejandro Giamattei.

Los principales motivos para el veto fueron:

Primero, el Decreto no es claro al indicar quienes son los usuarios que deberán gozar de la protección.

Segundo, se obliga al Crédito Hipotecario Nacional a endeudarse sin indicar la fuente para su financiamiento. Lo que pone en gran riesgo al banco.

Tercero, La normativa no instruía al Ministerio de Finanzas Públicas que debía realizar asignaciones presupuestarias para su cumplimiento.

Cuarto, El Decreto 15-2020, carece de una disposición que establezca la obligación reglamentaria para el ente responsable de desarrollar la misma y el plazo de su emisión.

Asimismo contraviene los artículos 15, 43, 44 y 119 literal M, 240 y 253 de la Constitución.

Finalmente el presidente expresó su compromiso para garantizar la continuidad de los servicios básicos. Según indico, el Gobierno presentó la iniciativa de Ley, Medidas temporales de protección para la población de los efectos económicos causados por la pandemia del COVID-19, que es similar al Decreto 15-2020, aprobado por el Congreso de la República.

Para conocer la propuesta del Gobierno: https://bit.ly/2yZNtYs

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