Este martes se llevó a cabo la audiencia de primera declaración en donde fue ligado a proceso el periodista José Rubén Zamora Marroquín, en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, a cargo del juez Jimmi Bremer. En este caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) le atribuyó el delito de uso de documentos falsificados en forma continuada.

Redacción Perspectiva

Durante la audiencia, la fiscal Cinthia Monterroso aseveró que Zamora habría usado documentación falsa para salir de Guatemala entre febrero y marzo de 2015. Además, añadió que el periodista habría realizado al menos 15 viajes utilizando misma cantidad de boletas de declaración jurada aduanera con firmas falsificadas.

En este sentido, se informó que, a solicitud y con base en los indicios presentados, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, dictó auto de procesamiento en contra Zamora por el delito señalado, por lo cual el periodista quedó ligado a un nuevo proceso en su contra.

Pese a que Zamora ya se encuentra guardando prisión la fiscal de la FECI y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), solicitaron que Marroquín, sea enviado a prisión preventiva.

CONDENADO POR LAVADO DE DINERO

Ayer el Tribunal Octavo, condenó al periodista a seis años de cárcel inconmutables por el delito de lavado de dinero, en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero. Cabe destacar que la Fiscalía apelara la sentencia del Tribunal al considerar que las penas debían ser más drásticas, según se informó a los medios de comunicación.

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Jose Rubén Zamora, presidente de El Periódico fue ligado a proceso penal por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Renée Saravia

Este 28 de febrero, el periodista Jose Rubén Zamora fue ligado a proceso por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

El juez Décimo Penal Jimi Bremer resolvió ligar a proceso a Zamora. Según argumentó el togado, el audio que entregó Ronald García Navarijo es un “indicio” que ameríta continuar con el proceso.

Tras una larga espera debido a los constantes tropiezos de la defensa para que se realizara la audiencia de primera declaración, finalmente el caso en contra del director de El Periódico, sigue su curso.

Caso de Lavado de dinero

Zamora también enfrenta un proceso penal por los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. La defensa no logró invalidar las pruebas y finalmente, el juez Séptimo de Primera Instancia, Freddy Orellana, resolvió ligarlo a proceso con Samari Gómez, acusada de revelar información reservada.

Jose Rubén Zamora y Samari Gómez fueron ligados a proceso esta tarde, con base en los medios de prueba que presentó ayer la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en una larga jornada que se prolongó durante todo el día.

Los abogados de los dos imputados cuestionaron la investigación, el manejo del dinero y la legalidad de los audios, todos ellos, medios de prueba presentados ayer. Sin embargo, el juez aceptó los medios de prueba y los ligó a proceso.

Zamora y su amistad peligrosa con un presunto corrupto

Ronald García Navarijo, ex gerente del Banco de los Trabajadores, interpuso la denuncia contra Zamora, pero además, grabó horas de audio que lo incriminan y permitió que en su oficina se filmara con cámara oculta, el momento en que dos empleados de Aldea Global S.A. (El Periódico es parte de esta empresa), le llevan los Q.300 mil en efectivo, para que él los depositara en un banco del sistema, lo que según la ley es una simulación para ocultar la procedencia del dinero.

Según indicios, el dinero pudo provenir de «donaciones» que le realizaban varias empresas a Zamora. Esto tiene dos versiones:

1. Era pago de chantaje por no aparecer en El Peladero (versión vox populi y denuncia de García);

2. Empresas muy importantes que aprecian profundamente a El Periódico le donaban el dinero para su funcionamiento. Por temor a las reacciones gubernamentales, estas empresas preferían no pautar ni aparecer como benefactores. Esto fue declarado por Zamora ayer.

El empresario y periodista también aseguró que sus amigos empresarios acudirían ante el juez a declarar a su favor, pero esto no sucedió. A la ausencia de los amigos donantes y la acción del abogado Christian Ullate (costarricense, ex CICIG), se suman varias declaraciones de Zamora quien sin querer, pudo haberse auto incriminado.

Por ejemplo, reconoció que es amigo cercano de su denunciante desde hace años, pese a que García Navarijo está implicado en el caso Arca, investigado por la CICIG, donde burócratas del Bantrab financiaba campañas electorales desfalcando al banco.

Además, Zamora afirmó que había llevado a García Navarijo a la FECI y a la «embajada» (de EE.UU), para «apoyarlo» con la resolución de su caso. Esta declaración, hecha ayer por el empresario, puede voltearse en su contra.

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El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche confirmó la detención de Mario Castañeda, abogado defensor de José Rubén Zamora. Además, está pendiente de ejecutar orden de captura del abogado Romeo Montoya García.

Redacción Perspectiva

La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) informó que como parte de los avances de una nueva investigación solicitaron la orden de captura en contra de los abogados de Jose Rubén Zamora, dueño de El Periódico por el delito de conspiración para obstruir una investigación, relacionada posiblemente al lavado de dinero.

En el caso están implicados Jose Rubén Zamora, director y dueño de El Periódico; Flora Silva, gerente financiera de Aldea Global y los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya García.

«Según la investigación, al darse la destitución de Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la FECI, los posibles involucrados se reunieron para planificar el desvío de la investigación», aseguró Rafael Curruchiche, Fiscal de la FECI.

Al momento, el MP informó sobre la captura de Mario Castañeda y esperan hacer efectiva la orden de aprehensión en contra de Montoya.

La audiencia de primera declaración de Marroquín y Silva será el próximo 31 de enero.

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Jose Rubén Zamora resultó ligado a proceso por los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. La defensa no logró invalidar las pruebas y finalmente, el juez Séptimo de Primera Instancia, Freddy Orellana, resolvió ligarlo a proceso con Samari Gómez, acusada de revelar información reservada.

Redacción Perspectiva

Jose Rubén Zamora y Samari Gómez fueron ligados a proceso esta tarde, con base en los medios de prueba que presentó ayer la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en una larga jornada que se prolongó durante todo el día.

Los abogados de los dos imputados cuestionaron la investigación, el manejo del dinero y la legalidad de los audios, todos ellos, medios de prueba presentados ayer. Sin embargo, el juez aceptó los medios de prueba y los ligó a proceso.

Zamora y su amistad peligrosa con un presunto corrupto

Ronald García Navarijo, ex gerente del Banco de los Trabajadores, interpuso la denuncia contra Zamora, pero además, grabó horas de audio que lo incriminan y permitió que en su oficina se filmara con cámara oculta, el momento en que dos empleados de Aldea Global S.A. (El Periódico es parte de esta empresa), le llevan los Q.300 mil en efectivo, para que él los depositara en un banco del sistema, lo que según la ley es una simulación para ocultar la procedencia del dinero.

Según indicios, el dinero pudo provenir de «donaciones» que le realizaban varias empresas a Zamora. Esto tiene dos versiones:

1. Era pago de chantaje por no aparecer en El Peladero (versión vox populi y denuncia de García);

2. Empresas muy importantes que aprecian profundamente a El Periódico le donaban el dinero para su funcionamiento. Por temor a las reacciones gubernamentales, estas empresas preferían no pautar ni aparecer como benefactores. Esto fue declarado por Zamora ayer.

El empresario y periodista también aseguró que sus amigos empresarios acudirían ante el juez a declarar a su favor, pero esto no sucedió. A la ausencia de los amigos donantes y la acción del abogado Christian Ullate (costarricense, ex CICIG), se suman varias declaraciones de Zamora quien sin querer, pudo haberse auto incriminado.

Por ejemplo, reconoció que es amigo cercano de su denunciante desde hace años, pese a que García Navarijo está implicado en el caso Arca, investigado por la CICIG, donde burócratas del Bantrab financiaba campañas electorales desfalcando al banco.

Además, Zamora afirmó que había llevado a García Navarijo a la FECI y a la «embajada» (de EE.UU), para «apoyarlo» con la resolución de su caso. Esta declaración, hecha ayer por el empresario, puede voltearse en su contra.

Reconocerse amigo de un procesado por corrupción y hacer negocios con él (mandarle Q.300 mil en efectivo con dos empleados de El Periódico), son dos de las debilidades expresadas en la audiencia de ayer que pudieron terminar convenciendo al juez de la decisión expresada esta tarde.

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El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval respondió a los señalamientos en su contra y los audios en los que supuestamente acepta entregar información confidencial de casos.

Redacción Perspectiva

Durante la audiencia de primera declaración contra el periodista José Rubén Zamora y la fiscal Samari Gómez se presentaron grabaciones de conversaciones que incluían audios que implican al exfiscal Juan Francisco Sandoval.

En una entrevista radial, Sandoval calificó como ilegales las grabaciones de conversaciones presentadas por el Ministerio Público (MP) en la audiencia de primera declaración contra el periodista José Rubén Zamora y la fiscal Samari Gómez, en las que se pudo escuchar su voz.

Según el exfiscal, prófugo de la justicia, el MP no aclaró las fuentes de interceptación ni qué garantías se vulneraron. «No existe una resolución judicial que permitiera interceptar comunicaciones telefónicas».

Sandoval considera que se trata de una “venganza” en su contra y que la fiscal Gómez es un chivo expiatorio para poder desprestigiarlo a él. Según afirma, ella fue grabada ilegalmente por Ronald García Navarijo.

«Con Samari, a quien le expreso toda mi solidaridad, aprecio y respeto, desde mi salida de Guatemala, prácticamente no tuvimos comunicación. Salvo alguna manifestación de solidaridad o felicitación», agregó el exfiscal.

Además, Sandoval garantiza que no firmó ningún convenio de colaboración con García Navarijo. «Tengo la certeza de que al momento de mi salida de Guatemala no había sido suscrito ningún convenio de colaboración con el señor García Navarijo», enfatizó el exjefe de la FECI.

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Raúl Falla, quien además de querellante adhesivo se constituyó en representante legal de Ronald García Navarijo, asegura que las declaraciones de Jose Rubén Zamora ante el juez lo incriminan en lugar de favorecerlo. Por su parte, Giovanni Fratti y Ricardo Méndez Ruiz, ambos columnistas de opinión desde hace varios años, coinciden en que el caso obliga a revisar la ética periodística. Entretanto, el fiscal Rafael Curruchiche aseguró que las cuatro horas de audios grabados son lo más relevante en la jornada de hoy.

Roxana Orantes Córdova

«Zamora reconoció que conoce al denunciante Ronald García, quien lo acusa de chantajearlo para lavar dinero. Además, mencionó que recibió dinero del Banco de los Trabajadores (BANTRAB) y de varias empresas, incluyendo la Pepsi, aportes que disfrazó de pauta publicitaria», indica el abogado Raúl Falla, quien representa al denunciante.

García Navarijo es un ejecutivo del BANTRAB implicado en el caso conocido como Arca, que hoy dio varias sorpresas y promete aún más. Por ejemplo, señalados en el caso Arca no habían sido mencionados, porque según el jefe de la FECI Rafael Curruchiche, son amigos de Juan Francisco Sandoval, hoy prófugo y quien habría ocultado estos datos.

La opinión pública se enfocó en el caso y abundó en información diversa, además de la transmisión en directo. Entre tantos datos, circularon algunos bulos. Por ejemplo, una persona que se identifica como «periodista» en redes sociales, aseguró que la embajada estadounidense se constituiría en querellante adhesivo para «velar por los nietos del periodista y empresario enjuiciado».

A esto, Curruchiche explicó que la embajada estadounidense no tiene legitimación para constituirse como querellante en el caso.

Los mencionados sorpresivamente son el periodista Juan Luis Font, el analista Phillip Chicola y el editor Raúl Figueroa Sarti. Chicola divulgó su posición en un comunicado, mientras Font y Sarti no se han pronunciado.

Curruchiche: “todos los mencionados en los audios serán investigados”

El fiscal de sección Curruchiche indicó que todos los mencionados en los audios serán investigados. Para el jefe de la FECI, lo más importante este día fueron las cuatro horas de grabación presentadas al juez, quien al final tomó declaración de los señalados, Jose Rubén Zamora, por lavado de dinero, y Samari González, ex fiscal quien presuntamente filtró información a Juan Francisco Sandoval aun estando prófugo.

«Ella ocultaba información de algunos elementos en el caso Arca y filtraba otros a Juan Francisco Sandoval, quien a su vez se los trasladaba a Zamora», indica.

«Urge revisar los valores de la prensa», dice Méndez Ruiz

El querellante adhesivo Ricardo Méndez Ruiz, quien durante varios años fue columnista de El Periódico, dijo a Perspectiva:

«Si algo positivo se puede sacar de este proceso, aparte de que José Rubén Zamora pague por los delitos que cometió, es que urge que la prensa revise sus valores éticos y morales, y que se aparte de las prácticas de chantaje que no han sido exclusivas de Zamora.

Eso, además de dejar por un lado el periodismo que acusa sin fundamentos y sin consecuencias, que destruye reputaciones e incluso vidas.

Zamora tiene en su contra también procesos por difamación que sin duda tendrá que atender como un preso más, ya sin las influencias que tenía para evadirlos».

«El despliegue de la fafa», señala Fratti

Abogado y columnista, Fratti expresó:

«Lamentablemente, estamos escuchando en vivo el audio de Zamora con su contadora y los dos abogados corruptos. Estamos viendo el despliegue de la fafa corrupta, la simulación de contratos y préstamos bancarios falsos para encubrir una vil extorsión y la fafa de la cual este señor, corrupto y marrullero, ha vivido durante décadas.

Eso no es periodismo, es extorsión y lavado de dinero. Agradezco al fiscal Curruchiche y a la Fiscal General el haber destapado esa cloaca de corrupción y ahora, de la boca de los acusados, gracias a las grabaciones telefónicas, nos damos cuenta de cómo extorsionó a empresarios, políticos corruptos, banqueros corruptos y mercantilistas que mantuvieron a este corrupto por años.

Qué vergüenza darle dinero a este señor para que mantuviera la corrupción en la prensa y qué bueno que se está denunciando, que esa cultura corrupta de la fafa se acabe con este caso paradigmático».

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El MP señaló al extitular de la FECI, Juan Francisco Sandoval en caso contra José Rubén Zamora, quien enfrenta cargos por lavado de dinero.

Redacción Perspectiva

De acuerdo con La Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) del Ministerio Público, el exfiscal Juan Francisco Sandoval estaría implicado en el caso contra José Rubén Zamora.

Este lunes 8 de agosto, durante la audiencia de Zandoval, la fiscalía indicó que Sandoval, está relacionado con el caso: «Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero».

La fiscal Cinthya Monterroso a cargo de la investigación, manifestó que la fiscal auxiliar Samari Gómez estuvo a cargo de enviar información a Sandoval, quien dejó el país tras ser destituido por la Fiscal General, Consuelo Porras.

El ente investigador indica que Gómez, entregó información confidencial a cambio de colocar a varios de sus familiares en el banco que dirige Ronald García Navarijo, quien denunció a Zamora.

Gómez es acusada de «información constante» a Sandoval, tras su destitución del MP, por lo cual es señalada de filtrar información confidencial.

Mientras que Zamora es acusado de «chantajear» a varias personas con publicar información comprometedora en su medio de comunicación a cambio de dinero.

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Aunque la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora fue suspendida la semana pasada por el cambio de abogados en su defensa. Finalmente, el periodista decidió continuar con el mismo equipo defensor.

Redacción Perspectiva

Este lunes 8 de agosto se reanudó la audiencia de primera declaración contra el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora. Luego de la suspensión, solicitada por Zamora argumentando que cambiaría a sus abogados defensores.

«Estarán los mismos, más uno. Aquí nos dieron cinco minutos para discernir, no entendíamos lo que habían presentado y pensaron que sólo me podían afectar, pero hablamos después y a veces ellos estarán en la mesa, pero se van a ir rotando», detalló.

De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), los abogados defensores de Zamora están implicados en el mismo caso.

El ente investigador señaló a los abogados Mario Castañeda y Romero Montoya, de estar vinculados al caso contra el periodista y acusados de «conspiración para la obstrucción de justicia», luego de identificarlos en una grabación en la que  supuestamente los implica.

Pesé a las implicaciones contra sus abogados, Zamora indicó que no cambiará representantes.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) brindó detalles sobre los cargos contra José Rubén Zamora y el caso que lo vincula. De acuerdo con el ente investigador, Zamora esta relacionado con un caso de lavado de dinero por chantajear a Ronald García Navarijo por la suma de Q200 mil.

Redacción Perspectiva

En la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora, el periodista solicitó aplazar el proceso, luego de retirar a sus abogados defensores.

Por su parte, Ministerio Público, aseguró que cuenta con pruebas y la denuncia de Ronald García Navarijo, en contra de Zamora.

Según García Navarijo,  el presidente de elPeriódico le solicitó Q200 mil para supuestamente no involucrarlo en un caso por lavado de dinero.

Asimismo, señala a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, por no haber investigado a Zamora.

Acusación contra García Navarijo

La persona que denunció a Zamora fue acusado en 2016 por el MP y la extinta Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG) por un caso de delito de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.

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El juez Baltasar Garzón, pionero en la aplicación de justicia transicional, es investigado por el presunto cobro de sobornos en España. Entretanto, Martha Lucía Zamora, ex representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Quetzaltenango, enfrentará la justicia para responder a tres cargos por actuaciones ilegales en el ejercicio de su función. Ambos son personajes cercanos a Iván Velásquez, que ha sido calificado como una versión latinoamericana de Garzón, quien siempre dio su aval al colombiano.

En el momento complicado por el que atraviesa Velásquez, los señalamientos contra sus dos amigos pueden sumar al deterioro de su imagen pública. José Luis González Dubón, ex presidente de la Liga Pro Patria, considera que los tres juristas son personajes que se han movido en la dinámica del lawfare, además de ser izquierdistas consumados.

Entretanto, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, enfatiza en que quienes se han enfrentado a la corrupción con las leyes en la mano, suelen ser objeto de elaboradas venganzas, entre las que están acusaciones, procesos judiciales y señalamientos.

Roxana Orantes Córdova

El comisionado Iván Velásquez se encuentra en una situación complicada. Hace tres años, la prensa internacional lo calificaba como “el colombiano que hace temblar al gobierno de Guatemala” y “magistrado estrella”.

Actualmente, ni siquiera su paradero está claro para los guatemaltecos y alrededor de él comienzan a circular rumores, algunas veces malintencionados. Por ejemplo, hace algunos días, un supuesto periodista divulgó en una red social que Velásquez estaría atrapado en un avión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el aeropuerto de Guatemala, sin poder bajar de la aeronave. Fantasías como esta circulan constantemente. Lo cierto es que hasta el momento, la Organización de Naciones Unidas (ONU), no ha nombrado al comisionado adjunto que anunciara y que Velásquez continúa dirigiendo la CICIG a distancia.

El hecho puede tener repercusiones e incluso, considerarse una advertencia para Velásquez y sus aliados en Guatemala, afirma González Dubón, quien asegura que tarde o temprano, el comisionado y su equipo enfrentarán la ley Magnitsky.

“Garzón, Zamora y Velásquez son coyotes de la misma loma. Garzón es un juez de la izquierda, que lo ha usado para imponer su agenda política, en el ejercicio de lawfare (control del sistema de justicia). No me sorprende para nada que el juez español esté implicado en hechos irregulares, puesto que tiene la misma agenda que Velásquez. En Guatemala intentaron implantar el desafortunado experimento de la CICIG, de la cual Martha Zamora fue representante en Quetzaltenango, donde hizo lo mismo que la CICIG en el resto del país: uso de testigos falsos, presión a jueces y otros abusos. Esperamos que la Comisión Magintsky deduzca las responsabilidades a todos los implicados”, señala.

Según González Dubón, Velásquez no entrará a Guatemala, pero la CICIG todavía puede hacer mucho daño en el país, especialmente porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está capturado por esa comisión.

“Han hecho todo lo posible por eliminar a algunos partidos políticos mientras favorecen a otros. No es raro que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), esté indemne, puesto que su secretaria general, Sandra Torres, era vicepresidente de la Internacional Socialista cuando Antonio Guterrez era el presidente. El vínculo es más que evidente: Guterrez preside la ONU, la CICIG es una comisión de la ONU y Sandra Torres es secretaria de la UNE”.

González Dubón agrega que son “secretos a voces” que todos conocen pero todos permanecen de brazos cruzados. “Como país soberano y con base en el artículo 183 literal O, Guatemala puede poner fin a ese acuerdo”.

En una posición totalmente opuesta, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, considera que los jueces o fiscales que realizan investigaciones de alto perfil suelen ser objeto de venganza por parte de sus acusados o los aliados de estos.

“No se puede descartar que exista persecución contra ellos. La corrupción siempre contraataca. Puedo citar el caso del presidente de Transparencia Internacional, el peruano José Ugaz, contra quien hay más de trescientas acusaciones. Esto, por encarcelar al ex presidente peruano Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Además del caso reciente, Garzón tiene tres o cuatro procesos anteriores en su contra”, dice.

La solvencia a prueba de señalamientos es la cualidad que jueces y fiscales de este tipo deben ostentar, a fin de no ser víctimas de las revanchas montadas por los corruptos, asegura Marroquín y agrega:

“No creo que los señalamientos contra Garzón y Zamora tengan incidencia en la situación de Velásquez, pero es un hecho que se presta para que quienes están contra la CICIG monten una campaña de desprestigio que no podemos corear y puede tener algún efecto o consecuencia, por la innecesaria exposición del comisionado. Pero en la coyuntura actual de Guatemala y los esfuerzos contra la corrupción, esto no tiene ninguna repercusión”, señala Marroquín.

Los amigos de Velásquez

Baltasar Garzón y Martha Lucía Zamora son dos juristas que tienen en común más de una cosa: ambos son personalidades en la izquierda política de sus países; los dos han estado al frente de investigaciones polémicas y peligrosas y, los dos son amigos de Iván Velásquez.

A estas coincidencias, recientemente se sumó que los dos abogados enfrentan a la justicia en sus respectivos países. Garzón es investigado porque supuestamente recibió pagos del comisario retirado José Manuel Villarejo, quien recibió sobornos del naviero Ángel Pérez-Maura para impedir que este fuera extraditado a Guatemala, como consecuencia del caso Terminal de Contenedores Puerto Quetzal (TCQ), cuyo principal investigador fue la CICIG.

Aunque en medios españoles circuló la versión sobre la supuesta presencia de Iván Velásquez en una reunión entre los actores del soborno, la CICIG desmintió ese hecho.  El comisionado visitó Madrid en julio de 2017, para hablar sobre los desafíos de la lucha contra la corrupción. Su viaje fue auspiciado por Oxfam, cuyo presidente era Alberto Fuentes Knigth.

Según los medios españoles, “Villarejo solo necesitó unos días para lograr el primer objetivo. En abril de 2016, la Audiencia Nacional rechazó la entrega de Pérez-Maura”.

En los años noventa, Baltasar Garzón era uno de los jueces más mediáticos en el mundo. En 2000, logró el arresto del general chileno Augusto Pinochet. A partir de ese año, trabajó con la denuncia que interpuso ante la Audiencia Nacional de España la premio Nobel Rigoberta Menchú contra el general guatemalteco Efraín Ríos Montt.

El juez es una figura importante de la izquierda española. El año pasado, inscribió un proyecto político llamado Actúa, que es parte de la coalición Izquierda Unida. Sin embargo, como juez, prohibió las manifestaciones a favor de los presos de la ETA en el país vasco y simpatizantes de esa organización lo señalaron de avalar las torturas contra los presos de ese grupo terrorista.

En 2012, Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación judicial, aparentemente como consecuencia de una venganza implementada por el Partido Popular, afectado por una investigación del juez. Sin embargo, su imagen permaneció intacta ante sus seguidores y más de una vez manifestó su apoyo a Iván Velásquez, especialmente en los momentos críticos. En febrero de 2018 dijo: “Ya sabemos que nadie es imprescindible, pero en este caso el comisionado debe continuar”.

La juez colombiana Martha Lucía Zamora es amiga personal de Velásquez desde hace décadas. Han compartido profesional y socialmente. Por ello, no fue extraño que Velásquez la nombrara representante de la CICIG en Quetzaltenango “para evadir la justicia colombiana debido a la persecución penal surgida de acusaciones por montar casos espurios mediante la utilización de testigos falsos”, asegura en un artículo el capitán Oscar Platero Trabanino.

Zamora fue secretaria general de la Alcaldía de Bogotá durante la gestión de Gustavo Petro (2012-15). Posteriormente, llegó a Guatemala como responsable de la CICIG en Quetzaltenango, pero salió del país subrepticiamente. Según Platero, esto fue para ocultar el incumplimiento de su contrato y seguir recibiendo su sueldo.

Nuevamente en Colombia, fue nombrada directora administrativa de la Secretaría Ejecutiva de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Recientemente, se conoció que el 16 de octubre, Zamora deberá responder por tres cargos derivados de irregularidades en la JEP: asesoramiento ilegal, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales.

Independientemente de las implicaciones políticas o de imagen que los señalamientos contra Garzón y Zamora puedan tener para el comisionado, la coincidencia de que dos personalidades que lo han apuntalado de diferente forma se encuentren acusados ante la justicia, es un elemento que suma negatividad a la ya difícil situación del comisionado.

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