En un pronunciamiento emitido por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Cámara del Agro (Camagro), Cámara de la Construcción, Amcham Guatemala, Cámara de Comercio, Azasgua y la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (Cecoms), el sector señala que, es urgente una solución efectiva que garantice la continuidad de operaciones en la terminal de contenedores de Puerto Quetzal.
Redacción Perspectiva
Según se lee en el documento, en una reunión de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa del Congreso de la República realizada hoy, fueron informados que la semana pasada las autoridades de Puerto Quetzal fueron notificados sobre la ejecutoria de la sentencia de nulidad del contrato entre APM Terminals y la Empresa Portuaria Quetzal. Según aclaran, dicha notificación por cuestiones de forma está en trámite de ejecución final.
“Recibimos con suma preocupación y sorpresa, esta noticia por los graves impactos que en cuestión de días estarán afectando a las empresas, trabajadores, y a la población general de Guatemala”, destacan.
De acuerdo con lo informado por las cámaras, este proceso lleva meses de discusión preocupa de sobremanera la falta de sentido de urgencia y respuesta efectiva por parte de las autoridades de Puerto Quetzal.
“Reiteramos nuestra solicitud para que de manera urgente se encuentre una solución efectiva que no genere retrasos, sobre costos e ineficiencias al manejo de carga en la terminal de contenedores de puerto quetzal”, enfatizan.
En este contexto, mencionan que, después de meses de gestiones y ante la falta de una respuesta efectiva que se anticipara a esta grave situación, exigen a las autoridades que se garantice la inversión privada y la continuidad de operaciones de la terminal especializada de contenedores, para la atención de la carga de importación y exportación. Esto, en el contexto que dicha entidad maneja cerca de 2 mil 500 contenedores al día.
Por su parte, el Congreso informó que el objetivo de la reunión se centró en intermediar por temas relacionados a la empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal, S.A.
EL PROCESO
El conflicto tiene su origen en 2016, cuando la Procuraduría General de la Nación irregularidades en acuerdo por el que, en 2012, la estatal Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) concedió a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) la construcción y gestión de las 34 hectáreas de terminal, durante 25 años. En diciembre de 2017, la Justicia de Guatemala anuló dicho contrato, al constatar una trama de sobornos a autoridades del país, entre 2012 y 2015, detrás de la adjudicación.
Hace unas semanas, medios internacionales dieron a cononcer que APM Terminals inició un proceso de conciliación con Guatemala en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por su desalojo de Puerto Quetzal.
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