Aun no salíamos del asombro por el caso de filtración de documentos confidenciales de una conocida firma de abogados panameña, suceso conocido como “Panama Papers” cuando se destaparon nuevos casos en Guatemala, los denominados “Cooptación del Estado” y “La Cooperacha”. Detecciones de funcionarios y empresarios ha sido la principal noticia en los titulares de prácticamente todos los medios de comunicación.
Una característica de la forma de operar nacional e internacionalmente en casos de corrupción y lavado de activos, es a través de las denominadas empresas “offshore”. Como consecuencia lógica, la utilización de estas Sociedades fuera de Plaza “offshores”, está hoy bajo la mirada del mundo, estigmatizada de ilegalidad, como medio para facilitar la evasión fiscal, la corrupción, el lavado de dinero y financiamiento del narcotráfico.
Sin embargo, es recomendable que antes de emitir juicios u opiniones conozcamos un poco sobre la figura y uso de las empresas “offshore”. Si una persona constituye una empresa fuera del país de donde es originaria, reside u opera principalmente, esta empresa es considerada una “offshore”, es decir una empresa en el extranjero. Pero, es esta figura “offshore” una ¿figura ilegal? La respuesta correcta es NO. Las Sociedades fuera de Plaza “offshores” son legales, como tan legal es para una persona la portación de un arma de fuego después de contar con las licencias respectivas y si su uso lo realiza dentro de lo que manda la ley. O un poco más simple la analogía, una sociedad (offshore o local) es un vehículo a través del cual se realizan actividades para llegar a un objetivo (generar ganancias por ejemplo). Si el vehículo se utiliza para fines ilegales (asalto, secuestro, etc.) ello no hace ilegal el vehículo, lo ilegal es lo que se haga con él.
En tal caso podríamos indicar que la creación o uso “per se” de una empresa offshore no es ilegal, pero la misma sí sobrelleva una gran responsabilidad en cuanto al objeto y finalidad de sus operaciones, ya que ello sí podría devengar en ilegalidades. Con frecuencia este tipo de empresas han sido utilizadas por organizaciones delictivas para esconder o lavar dinero, o para evadir el pago de tributos.
Entre los factores positivos de una empresa “offshore” están por ejemplo la optimización de la rentabilidad, agilidad, eficiencia y menos burocrática en sus operaciones en varios países, consolidación de resultados, minimización de tiempos; y si su creación se ampara bajo la premisa de la transparencia y realidad de sus operaciones entonces su funcionamiento es lícito y legítimo. Sin embargo, su uso se convierte en ilegal si se realiza con el fin de utilizar estructuras jurídicas para esconder verdaderos dueños al frente (actuando como sociedades pantalla), lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, ocultar patrimonio proveniente de actividades ilícitas, ocultar dinero al fisco o autoridades públicas.
Hoy en día en Guatemala, los cambios sociales y políticos han generado una presión hacia la transparencia, concebida como un valor diferencial y una garantía para reafirmar confianza a nivel público y privado. Es el valor “confianza” el que hoy se exige al sector empresarial, en el sentido de implementar prácticas sanas en sus empresas y sus operaciones; herramientas como un adecuado diagnóstico del uso de sus estructuras corporativas, análisis del riesgo conforme la operación del negocio, códigos de ética, entre otros.
Para hablar sobre este tipo de temas y cómo una típica empresa operando en Guatemala puede evitar caer en malas prácticas, el próximo 28 de junio Deloitte impartirá una conferencia sobre la Legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento al narcotráfico. Este tema es hoy de interés público, desde los bancos y empresas que operan en la comunidad de negocios, hasta las personas que adquieren un vehículo, una joya o hacen una donación a una entidad no lucrativa.
