Por: Andres Castillo
Nadie cuestiona que la lucha contra la corrupción e impunidad es una demanda ciudadana en la cual debemos involucrarnos todos los sectores. Sin embargo, no podemos caer en los linchamientos mediáticos y mucho menos en abusos de poder que debilitan el Estado de Derecho.
Hemos visto como a través de conferencias de prensa, manipulación de redes sociales y el amarillismo de las noticias, se provocan juicios paralelos que establecen un prejuicio social y a través de ellos se “juzga” a las personas sujetas a procesos e investigaciones penales. El juicio paralelo es un fenómeno que aparece cuando los medios de comunicación y redes sociales al informar de una captura o de un proceso pendiente de sentencia, emiten todo tipo de juicios de valor y apreciaciones sobre el acusado, provocando en la sociedad un veredicto anticipado de culpabilidad o inocencia. Es difícil creer que los juzgadores no se vean afectados e influenciados por estos juicios paralelos que condenan socialmente, muchas veces sin fundamento.
No es ese el camino de la Justicia, sino recabar evidencia, presentar denuncias bien sustentadas, solicitar órdenes de captura si así procede y luego iniciar el proceso penal en tribunales, respetando las garantías constitucionales, el derecho de defensa y el debido proceso.
Lord Acton decía que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Lamentablemente eso es lo que estamos viendo hoy, funcionarios nacionales y extranjeros que se sienten superiores a la Ley y actúan más allá de sus facultades establecidas en las leyes o sus propios mandatos. Asimismo, vemos como instituciones y altos funcionarios de Estado que, investidos de sus cargos, también actúan al margen de la ley y optan por una agenda de activismo político, socavando las bases de la Justicia, protegiendo a unos y acusando a otros, con una Justicia Selectiva evidente.
La imparcialidad de la Justicia ya prácticamente no existe, hay casos que lo demuestran como las invasiones de fincas en la Franja Transversal del Norte o el robo descarado de Energía Eléctrica que parecieran estar siendo alentados por estas instituciones que deberían perseguir penalmente a los autores intelectuales y materiales de estos actos criminales, no protegerlos ni encubrirlos. En los últimos meses, hemos sido testigos de la cuestionada forma en que se conocen y tramitan recursos y acciones legales ante las Cortes que supuestamente imparten justicia.
La peor dictadura de todas es la de los jueces, porque ellos pueden quitarle a usted, apreciado lector, la libertad, la propiedad, su libre emisión del pensamiento, etc. ¿No cree usted que peligrosamente nos acercamos a esto?
Recientes resoluciones judiciales y constitucionales, han minado la confianza de inversionistas, a tal punto que nuestro país ha retrocedido en el poco crecimiento sostenido que se había logrado en los últimos años. Esto no perjudica a los políticos, tampoco a funcionarios públicos, sino a los sectores productivos y sus trabajadores, pues le niega el acceso a un puesto de trabajo digno, perjudica las finanzas del Estado al dejar de percibir impuestos considerables y daña la imagen de Guatemala en el extranjero, ya que el mensaje que se da es que no existe certeza jurídica.
¿Queremos de verdad combatir la pobreza que afecta a millones de guatemaltecos? Fomentemos entonces el emprendimiento y la inversión productiva, en un marco legal con reglas claras, objetividad y estricto apego a la normativa vigente. Debemos tener claro que solamente la inversión privada genera riqueza y desarrollo.
Es el imperio de la Ley el que debemos exigir y defender. No podemos seguir callando ante tan inminentes abusos a la ley. Debemos cerrar filas y manifestar nuestro enérgico rechazo a la politización de la justicia y exigir que se aplique el principio constitucional que nadie está sobre la Ley. Sólo así podremos, aspirar a la realización del bien común dentro del marco del Estado de Derecho que tanto anhelamos.
