Mario Mérida
Es importante promover la conciencia y responsabilidad de las autoridades de los países, cuyos ciudadanos y funcionarios comparten espacios geográficos interconectados social y económicamente, a fin de contraer el compromiso de enfrentar los problemas de manera amplia (bilateral, trilateral o cuadrilateralmente)
En el caso de Guatemala y México, es conveniente conocer algunas opiniones de quienes han realizado estudios relacionados con el espacio geográfico compartido por ambos países, para orientar la caracterización de los mismos a “partir de experiencias como la de México, valorar la acción del crimen organizado en las fronteras como un problema de criminalidad local y no como una amenaza a la gobernabilidad es un grave error. Aunque en la frontera sur no se presentan -todavía- situaciones de violencia generalizada por guerra entre bandas o carteles, el crecimiento del fenómeno del sicariato debe ser considerado por las autoridades como una grave advertencia de lo que puede pasar si los “espacios vacíos” que ha venido dejando el estado siguen siendo aprovechados por el crimen organizado”[1].
Es obligado implementar programas con la participación de países divididos por una línea fronteriza, para establecer las vulnerabilidades y enfrentar las causas sociales que estimulan la delincuencia, así como la responsabilidad política de las autoridades estatales. No se trata de listar las amenazas, como transito ilegal de personas, narcotráfico, trasiego de armas, contrabando, lavado de activos y terrorismo o los riesgos de ingobernabilidad que pueden surgir; sino comprender las causas que las propician y las razones por las cuales no se logra enfrentar con éxito dentro del marco legal y los derechos humanos.
La primera acción, es la construcción de un concepto compartido de “SEGURIDAD TRANSFRONTERIZA”, término aún no aceptado por algunos Estados. Lo trasfronterizo implica un compromiso Bilateral o trilateral, de beneficios comunes, “políticas públicas comunes, superando barreras políticas, económicas y jurídicas, haciendo de la cooperación un instrumento para el desarrollo y complementando la gestión transfronteriza en torno a soluciones comunes”. De igual manera debe atenderse las relaciones fronterizas entre los países del Triángulo norte, constituidos también el plan Trifinio.
La próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris, es una buena oportunidad para relanzar el Plan Trifinio (1988)[2], aprovechando que la vicepresidenta planea viajar a México, Guatemala y posiblemente otros países de Centroamérica para hablar de su trabajo en el Triángulo Norte, “de vital importancia para EE. UU. y la región. Hoy (ayer) reuní a expertos para discutir las causas fundamentales de la migración, establecer asociaciones a largo plazo y construir un futuro más esperanzador para las personas en sus propias comunidades”(elPeriodico. 15/abril/2021*).
El Trifinio, es un plan de desarrollo integral dirigido a los municipios fronterizos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que cubre aproximadamente una extensión de 7,584 km2. Este espacio geográfico lo conforman 8 municipios de los Departamentos de Santa Ana y Chalatenango en El Salvador; 15 municipios de los Departamentos de Jutiapa y Chiquimula en Guatemala; y 22 municipios de los Departamentos de Ocotepeque y Copán en Honduras, que suman más o menos 818,911 habitantes.
El solo anuncio de la visita de la vicepresidenta de EEUU, debería generar la redacción de borradores por parte de los gobiernos integrantes del Trifinio, como una manera de expresar su voluntad y disposición para cumplir con lo expresado por el presidente Giammatei, acerca que: “el Gobierno de EE. UU. analizará nuestras propuestas y entonces surgirán los acuerdos” (*). Inicialmente debería revisarse y ampliarse la ESTRATEGIA DE DESARROLLO, concebida en el informe Ejecutivo de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1992), que son entre otros: 1. Crecimiento económico sostenible, 2. Desarrollo social, 3. Integración trinacional y 4. Protección ambiental (3 of 6) [5/17/2000).
[1] Sergio I. Moya Mena, Secretaría General–FLACSO. crimen organizado en la frontera Costa Rica – Panamá.
[2] https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea29s/oea29s.pdf
