El 3 de noviembre, la bancada de Convergencia presentó una iniciativa de ley para la reparación y acceso a la justicia de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Activistas pro vida cuestionaron que el proyecto intenta legalizar el aborto, mientras la diputada Sandra Morán afirmó que lo más relevante es que se busca la justicia y la reparación para las víctimas.
Equipo editorial Perspectiva
Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), 35,823 niñas y adolescentes guatemaltecas entre los 10 y los 19 años, fueron madres entre enero y junio de este año. Algunos de estos embarazos son consecuencia de violaciones y trata de personas.
Este es uno de los argumentos que sostienen la propuesta de ley trabajada en conjunto con la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) y presentada por los diputados Sandra Morán y Enrique Álvarez.
El informe detalla que de estos casos, 1,138 son menores de 15 años. 7,639 tienen 18 años y 11,206, tienen 19. Alrededor del 53 por ciento de los partos citados en el informe del OSAR corresponden a mayores de edad, en un rango denominado “adolescencia tardía” por organizaciones que trabajan con el tema, en tanto 47 por ciento son menores, entre estos casos se reporta un parto de una niña de 10 años.
Muchos de los embarazos en menores son consecuencia de violencia sexual o trata de personas y estas niñas inician su vida con una maternidad que no eligieron y se convierte en foco de nuevas violencias, señalan diferentes documentos y estudios de agrupaciones feministas.
La siguiente gráfica muestra las edades y el número de partos reportados por el OSAR, entre enero y junio de 2017:
En las disposiciones generales del proyecto, se menciona que su objetivo “es restituir los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas que a consecuencia de ello enfrenten un embarazo forzado y maternidad forzada, por medio de acciones interinstitucionales que permitan alcanzar la reparación digna y transformadora, creando y promoviendo condiciones para garantizar su proyecto de vida”.
Un problema, dos visiones para abordarlo
El mismo documento indica: “obligar a una niña menor de 14 años llevar a término un embarazo y asumir una maternidad forzada, es someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo tanto la adopción o la interrupción voluntaria del embarazo deben ser medidas de aplicación efectiva de reparación digna y transformadora”.
Este es el punto que motivó la inmediata respuesta de la Asociación la Familia Importa (AFI), cuya directora, Astrid Ríos de Marroquín, afirmó: “Estamos preocupadas, especialmente porque en ese proyecto no se tocan los problemas reales. Creemos que el Estado debe proteger la vida de la madre y el niño desde la concepción, tal como está en el Artículo 3 de la Constitución. Lo que hace la bancada de Convergencia es proponer una solución superficial, que hace más daño que bien”.
El comunicado de AFI, emitido el 3 de noviembre, afirma: “Nuestras niñas merecen mucho más. Las víctimas de violencia sexual merecen soluciones que verdaderamente ataquen el problema de raíz”.
Ríos de Marroquín comentó que facilitar el aborto a una niña de entre 10 y 14 años, es provocarle “mucho más daño que bien”. Según dice, quienes les proporcionan los fármacos no les explican las secuelas físicas y psicológicas. “Estos no son argumentos religiosos, sino científicos. Está comprobado que quienes abortan tienen mayor riesgo de contraer cáncer de mama, útero y cérvix, además de los daños físicos y emocionales que sufren”.
Según AFI, la iniciativa se queda corta al no abordar temas como la pornografía infantil. Además de que niños son utilizados en esa industria y muchos otros están expuestos a esta. Este es uno de los factores que inciden en los abusos sexuales y no se menciona en el proyecto, comentó.
Las activistas agregaron que tanto OSAR como MTM han recibido fondos de Planned Parenthood, conocida por sus críticos como “la multinacional del aborto” y por sus simpatizantes como “una organización que trabaja a favor de la salud sexual y reproductiva”.
En su página web, Planned Parenthood menciona a MTM entre sus socios y contrapartes. Además, varios de los estudios de OSAR indican que recibieron apoyo de esa organización multimillonaria, que posee una cadena de clínicas de aborto en Estados Unidos y promueve la anticoncepción en varios países. También es un promotor incansable de la ideología de género. En Guatemala financia a diferentes organizaciones no gubernamentales, entre estas, medios de comunicación y grupos feministas.
Consultada sobre el tema, la diputada Sandra Morán expresó; “La propuesta es resultado de cerca de año y medio de trabajo con la organización MTM. Es una iniciativa que surgió de la preocupación por lograr una reparación digna y transformadora para las niñas. Las respuestas de las cortes de justicia no logran esto”.
Morán explicó que la normativa no se limita a promover el aborto legal en casos de violación. “La reparación incluye el acceso a becas de estudio, a la salud y cuando las niñas o adolescentes decidan continuar con el embarazo forzado, la obligatoria atención a la madre y al niño”.
Además en el proyecto se plantea la creación de una coordinadora interinstitucional para atender estos casos. “El embarazo y la maternidad forzados como resultado de una violación deben ser atendidos por el Estado”.
Finalmente, Alexandra de Skiner Klée, de la organización Sí a la Vida, concluyó: “Estamos analizando cuidadosamente cada párrafo de la propuesta para evitar una iniciativa inconstitucional, porque se opone al Artículo 3 de la Constitución”.
