La Comisión de Gobernación dictaminó hace una semana, a favor la ley contra el terrorismo, una normativa que busca entre otras cosas, ampliar las penas a las personas que usen el terror como una coacción para obtener beneficio.  

El concepto «acto terrorista», en la redacción de la iniciativa se podría aplicar a grupos que bloquean carreteras y que se generen perdidas económicas o de personas como consecuencia. 

El artículo 4 de la iniciativa dice “Toda conducta típica, antijurídica, culpable y punible que provoque intimidación, zozobra, alarma o temor en la población o sector de la misma (…) que atente contra la salud, la libertad y la seguridad de las personas o del patrimonio, afectando edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalación motrices o cualquier otro bien o servicio”, lo que es muy amplio según analistas.

Opiniones encontradas

• Napoleón Rojas, diputado de la Unión del Cambio Nacional, propuso la iniciativa y la justificó diciendo que “El objetivo de esto es tipificar la acción terrorista, no el arma que se utiliza. Existen acciones que forman la ejecución la causa del terror que genera pánico”.
• Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala, no firmó el dictamen porque a su criterio la ley podría afectar a quienes no integren grupos criminales.
• Luis Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador dijo que “un acto terrorista, no solo es matar a alguien, sino también dañar la iniciativa privada por personas que están actuando fuera de la ley”.  Sobre el riesgo de criminalizar las manifestaciones dijo que la protesta ciudadana y el clamor está garantizado en la Constitución. “El derecho está, pero una cosa es protestar y otra cosa es el daño a las personas y a la propiedad privada, eso es un delito”.
• Marvin Orellana, del bloque Alianza Ciudadana opinó  “Lo que se tendría que hacer es delimitar claramente quiénes son los terroristas, para que mañana no sea tomado en una forma general y salgan dañadas otras personas que no tienen nada que ver con maras u otros grupos.
• Patricia Sandoval, de la Bancada Frente de Convergencia Nacional  agregó que esta iniciativa “es congruente con la estrategia de seguridad centroamericana y es indispensable para poder establecer mecanismos idóneos dirigidos para el fortalecimiento de la paz, la democracia y el desarrollo en el país”.
• Elvyn Díaz, presidente y director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) dijo que “Hay que recordar que uno de los pilares de la democracia es la libre expresión y la libre manifestación, es un derecho constitucional reconocido” y agregó que la ley podría tener vicios de inconstitucionalidad.
• Carlos López, dirigente del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca)  grupo que ayer realizó bloqueos expresó “Nos han acusado que somos terroristas y es lógico que el Congreso haga leyes en contra del pueblo”.  “Ese tipo de leyes no nos asusta porque somos un pueblo que estamos defendiendo derechos sociales”.

Fuente Fotográfica: Prensa Libre