El Organismo Ejecutivo presentó en enero de 2022 una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos (Decreto Ley 109-83) y crear la figura denominada Límite Económico del yacimiento, para que las empresas pueden solicitar la continuidad de sus contratos.
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Pero la iniciativa no ha avanzado en el Congreso, aunque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) argumentó que los cambios se propusieron ante la necesidad de seguir fomentando la inversión en extracción petrolera, teniendo en cuenta los ingresos que representan para el Estado y los grandes beneficios para las comunidades del Petén, Alta Verapaz e Izabal.
Empresa productora de hidrocarburos tendrá que abandonar el país
Actualmente, en Guatemala operan cinco empresas, principalmente en las áreas de Petén y Alta Verapaz.
La empresa con mayor presencia en el área ha sido la multinacional franco-británica Perenco, la cual produce el 75% del petróleo nacional desde el campo Xan.
A pesar de las gestiones que ha hecho la Asociación Guatemalteca de Empresa Productoras de Hidrocarburos (AGEPH) ante el Ministerio Energía y Minas y el Congreso, la compañía Perenco Guatemala ya inició en marzo del presente año el proceso denominado “abandono”, lo cual significa que la compañía empezó a desmovilizar las instalaciones del mayor campo petrolero del país.
Pérdida de ingresos
En 2022, el Estado percibió de la industria petrolera más de Q400 millones.
Si la ley no es aprobada, el escenario que maneja la asociación de empresas de petróleo es que, el Estado dejaría de percibir aproximadamente Q300 millones por año en los próximos veinte años, producto de la explotación petrolera, lo cual afectaría en gran manera el presupuesto del Estado.
Panorama incierto
Si no se aprueba con urgencia la ley, el futuro de la industria petrolera está en peligro.
Aunado al cierre del Contrato 2-85 de Perenco Guatemala, se cerraría la refinería La Libertad y el oleoducto denominado Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH) también operados por Perenco, que va desde Petén hasta la terminal Piedras Negras, en el Puerto Santo Tomás de Castilla, lo cual significaría que las otras 4 empresas productoras van a ser afectadas.
Con el fin probable de la operación del oleoducto en 2024, las municipalidades por donde transita dejarán de percibir los ingresos que les corresponden, y los programas sociales que benefician a las comunidades desaparecerán.
La producción de asfalto local comenzará a disminuir en las próximas semanas y desaparecerá totalmente en 2025, por lo que se deberá comprarlo en el extranjero a costos muy elevados, aproximadamente 80MUSD/anuales.
Se estima que más de 5 mil familias se verán afectadas directamente a corto plazo con la desaparición de la actividad petrolera.
Urge la aprobación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos
Si el Congreso aprueba las reformas a la Ley de Hidrocarburos, el panorama para la industria es mucho más optimista, se tendrá mayor visibilidad y certeza para generar inversión que provocaría el incremento de la producción y la exploración de nuevos yacimientos en el país.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas ha comunicado en varias ocasiones que existen varios contratos por vencerse y lo que se busca es que sean renovados con la nueva modalidad que se propone en la iniciativa, siempre y cuando las condiciones económicas sean mejores para el Estado.
Congreso tiene en sus manos la responsabilidad del futuro petrolero de Guatemala
Hoy está en la balanza el futuro de la industria petrolera.
Si el Congreso aprueba las reformas a la Ley de Hidrocarburos permitirá la continuidad y futuro crecimiento de la industria petrolera y el desarrollo de las comunidades de Petén, Alta Verapaz e Izabal.
De no hacerlo, se desencadenará, como un efecto dominó, la destrucción de la industria petrolera en Guatemala. Lejos de fomentar desarrollo económico e inversión extranjera, en sus manos estará condenar a todo un sector clave para el País.
Fuente: Fredy Gudiel, Presidente de la Asociación Guatemalteca de Empresas Productoras de Hidrocarburos (AGEPH), y diapositivas presentadas en la Reunión con la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, junto al Ministerio de Energía y Minas y la AGEPH.
