Como consecuencia de la vista pública que organizó la Corte de Constitucionalidad con relación al caso del Proyecto hidroeléctrico Renace, la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz, expresó su preocupación por las posibles decisiones que puedan atentar contra del desarrollo de Guatemala, poniendo en riesgo una operación de más de 20 años de antigüedad que es previa a la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, abriendo la puerta a que se pueda suspender cualquier empresa que brinda un bien público, afectando a la población del país, a la economía y a la seguridad jurídica.
Con estas acciones, según la Mesa, la Corte de Constitucionalidad está poniendo en riesgo el desarrollo de miles de comunidades del departamento de Alta Verapaz, que gracias a las acciones que se han impulsado desde la Mesa de Competitividad Local, han generado más de US$70 millones de dólares en inversiones nuevas, así como la creación de cientos de empleo que han ayudado al departamento a reducir la pobreza y a generar una estrategia de desarrollo urbano.
También mencionan que, adicionalmente las actuaciones políticas de la Corte de Constitucionalidad están poniendo en riesgo el suministro de energía y podrían generar un alza al costo de la electricidad, ante una posible suspensión judicial de Renace, debido a que representa el 16% de la matriz energética del país y la ofertada más barata para la tarifa eléctrica en las últimas licitaciones públicas, lo que permitió contar con tarifas bajas y así percibir beneficios para la economía familiar.
La Mesa de Competitividad de Alta Verapaz es un esfuerzo impulsado por diferentes sectores empresariales, de sociedad civil y de las municipalidades que conforman la Mancomunidad de Alta Verapaz para fortalecer la productividad de los municipios de Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz, a través de la coordinación de los esfuerzos que cada uno aporta al crecimiento económico y el impulso de ecosistemas de crecimiento para mejorar la competitividad de Alta Verapaz.
Por lo que esperan que la Corte de Constitucionalidad comprenda la gravedad de sus acciones y no atente contra el desarrollo del pueblo Q’eqchi´ y el bienestar de Alta Verapaz.
