En el marco de la inauguración del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLADIT 2026), autoridades y expertos del sector financiero lanzaron una severa advertencia: la falta de aprobación de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo provocará repercusiones directas en la economía diaria de la población, afectando de forma medular el flujo de las remesas familiares, la inversión y el empleo formal.
Redacción Perspectiva
El encuentro regional, organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) bajo el lema “Guatemala ante una nueva era de cumplimiento”, congregó a los principales tomadores de decisión del sistema bancario, regulatorio y legislativo del país para analizar el estancamiento de esta normativa en el Congreso de la República.
El riesgo inminente de la «Lista Gris» del GAFI
Los especialistas internacionales señalaron que si Guatemala no moderniza su legislación antes de su próxima evaluación técnica, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría reincorporar al país en su lista gris, catalogándolo como una jurisdicción con deficiencias estratégicas.
Entrar a este listado elevaría de inmediato el perfil de riesgo del país ante los bancos corresponsales internacionales, lo que se traduciría en:
- Trámites más lentos y costosos para recibir remesas familiares.
- Mayores comisiones y controles en transferencias bancarias internacionales.
- Obstáculos operativos para abrir cuentas y actualizar datos financieros.
- Incremento de precios en productos importados, debido a las demoras y sobrecostos logísticos que enfrentarían las empresas, los cuales terminarían trasladándose al consumidor final.
“Desde la Asociación Bancaria de Guatemala consideramos fundamental avanzar hacia un sistema moderno y con reglas claras. El costo de no aprobar esta ley podría terminar afectando el bolsillo, las oportunidades y la estabilidad económica de los guatemaltecos”, trascendió como el mensaje central de la jornada de apertura.
Protección de la economía, no persecución tributaria
Durante los paneles de discusión, los funcionarios aclararon que el propósito del proyecto de ley no es perseguir a los ciudadanos que trabajan honradamente, prohibir el uso de dinero en efectivo ni operar como un instrumento de fiscalización tributaria. El fin estricto de la reforma es blindar la economía formal frente al flujo de capitales ilícitos provenientes del narcotráfico, las extorsiones, el contrabando, la corrupción y el tráfico de personas.
En el acto protocolario y técnico participaron figuras clave del sector como Juan Luis Fonseca (vicepresidente de la ABG y gerente general de Banrural), Álvaro González Ricci (presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria), Saulo de León Durán (superintendente de Bancos), Luis Alberto Contreras (presidente del Congreso de la República) y Juan Carlos Monroy (intendente de la IVE). Las autoridades concluyeron que la aprobación de la ley en el pleno legislativo es un asunto de urgencia nacional para salvaguardar la competitividad del país.
