Tres periodistas con amplia experiencia comentan el intento de cinco diputados para reformar dos artículos del Código Penal que pretenden castigar penalmente la libertad de emisión del pensamiento. Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo; Estuardo Gasparico, director de noticias del Grupo A, y Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación, señalan que el intento de los legisladores evidencia ignorancia de las leyes vigentes y pretende atentar contra el derecho más representativo de la democracia: la libertad de pensamiento y expresión.
Roxana Orantes Córdova
En la novela 1984, Georges Orwell habla de una sociedad en la cual los ciudadanos estaban divididos en castas. La mayoría vivía bajo el control de las “telepantallas”, que analizaban detalladamente hasta las palabras que las personas expresaban mientras dormían. El Estado orweliano tenía expertos en leer los labios. Escribir cualquier pensamiento privado era uno de los delitos más graves, que podía llevar a la pena de muerte.
Durante la década del setenta, en Cuba estaba prohibida la lectura de cualquier texto que no respondiera a los dictámenes de los censores oficialistas. Pero además, estaba prohibido escuchar música de José Feliciano, Julio Iglesias y otros, simplemente porque estos artistas no eran afines al régimen.
Esos son los extremos a los que la censura puede conducir a una sociedad basada en la intolerancia y la coerción del pensamiento. En 1994, la Declaración de Chapultepec, uno de los marcos referenciales de la libre expresión, señaló:
“Aún persisten países con gobiernos despóticos que reniegan de todas las libertades, especialmente las que se relacionan con la expresión”. Esta frase puede aplicarse a Venezuela, donde según un informe de Espacio Público (enero – abril 2018):
“La “Ley contra el odio” que, entre otras cosas, castiga las expresiones de odio hasta con 20 años de prisión, se empezó a aplicar este año. Entre enero y abril de 2018, este instrumento fue utilizado en al menos ocho oportunidades contra trabajadores públicos, manifestantes procesados judicialmente, miembros de la Iglesia Católica, y como una forma de hostigamiento contra comunicadores para exhortarlos a “suavizar” su línea editorial, sobre todo cuando abordan temas que evidencian la crisis social, en materia de salud y alimentación”.
Algo similar a la “Ley contra el odio” es la propuesta de los cinco legisladores guatemaltecos: Delia Bac y su hija, Eva Monte Bac, de Alianza Ciudadana (grupo surgido del transfuguismo posterior a la elección de 2015); Dolores Beltrán (LIDER y MR); Karla Martínez, hija de la diputada Sofía Hernández, ambas electas por LIDER y actualmente en Alianza Ciudadana y Estuardo Galdámez (PP y FCN).
Los diputados proponen incorporar las literales P y Q al artículo 407 del Código Penal. En el primer caso, se pretende crear el delito de “acoso político”, que pena con prisión a quien realice actos de presión y hostigamiento a los postulantes o electos a puestos políticos.
La segunda literal propone crear el delito de “violencia política”, que pena con cárcel de entre dos y cinco años a quien “realice agresión física, psicológica o cualquier otro tipo de coacción contra postulantes o electos”.
Según dijo a los medios Monte, quienes critiquen sin fundamento o ataquen a un político a través de las redes, debieran ser rastreados para sancionarlos. Diversos cuestionamientos han sido publicados en los medios contra estos cinco legisladores, pero la crítica más reciente, expresada por conocedores de la ley y periodistas experimentados, es que al parecer, no están familiarizados con el Artículo 35 de la Constitución Política de la República.
Las pretensiones de modificar el Código Penal seguramente quedarán en un intento por resguardar de la opinión pública los delitos de funcionarios y políticos. Sin embargo, en una sociedad democrática, la crítica y las denuncias contra estos personajes son un derecho y la libre emisión del pensamiento está blindada por diferentes leyes, coincidieron los entrevistados.
Aunque el tema se diluya y la propuesta de censura quede como una más entre tantas que se engavetan en el Congreso, vale la pena conocer el objetivo de este intento de censura generalizada, que abarca la penalización hasta los chistes y “memes” de las redes.
La opinión de los periodistas
“Aprendí que los periodistas somos almas salvajes que galopan junto a la libertad de expresión”, dice Menocal en su blog de Relato GT. Es decir, sin libertad de expresión, no puede haber periodismo.
Consultado por Perspectiva, afirma: “para empezar, la libre expresión y de pensamiento son dos derechos humanos universales. A todas luces, la libertad de expresión es un derecho garantizado en un artículo constitucional que a todas luces sería violado si se aprueba este aberrante proyecto, concebido como respuesta a los esfuerzos ciudadanos contra la corrupción y la impunidad. Es imposible imponer una coerción de esa naturaleza contra la libre expresión, no solo de los medios sino de la ciudadanía en general”.
Estuardo Gasparico señala: “muchos diputados actúan sin saber los fundamentos de lo que están haciendo. Este intento de instaurar la censura, solo muestra la profunda ignorancia de estos señores sobre la Constitución de la República, especialmente el artículo 35, donde se garantiza que cualquier funcionario o persona que reciba ingresos del Estado, está sujeta a la fiscalización de los ciudadanos y, por supuesto, de los medios.
Tratar de acallar la crítica, o simplemente limitar a los medios, es realmente un intento lamentable que seguramente no tendrá eco. Considero que estos entuertos no merecen atención. Sería el colmo que este intento de reforma pasara al pleno. En cualquier caso, denota la ignorancia o probablemente una intencionalidad malévola en un año electoral. Estos señores seguramente tienen mucho qué ocultar”.
Entretanto, la Cámara Guatemalteca de Periodismo denunció el intento de censura a través de un comunicado. Además, esta instancia accionó contra artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que también atentan contra ese derecho.
El presidente de esa cámara, Mario Fuentes Destarac, dijo a Perspectiva: “la libre expresión de las ideas posibilita a todos los habitantes de un país a externar su conciencia. Es un derecho fundamental. Paco Pérez de Antón dice que si bien no existe jerarquía en materia de libertades, la libertad de expresión de ideas es la más elocuente”.
Fuentes explica que cuando se conculca este derecho, “se está derrumbando la primera trinchera. Es fácil que todos los demás derechos se violen si se cae esta trinchera”. Y agrega:
“Que se intente coartar es muy dañino para la sociedad. Estas modificaciones lo que hacen es resucitar el delito de desacato, abatido en 2006 por un fallo de la Corte de Constitucionalidad”.
Según dice, “Guatemala ha avanzado significativamente en materia de emisión del pensamiento, existen avances en cuanto al libre juego de opiniones, que era inexistente en la década del ochenta. La sociedad ya no es pasiva y silenciada. El juego de opiniones es la sangre de la democracia. Es insensato pretender volver al pasado, al oscurantismo. Defendemos a capa y espada esa conquista social”.
