El Congreso de la República aprobó con 123 votos el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, una normativa orientada a modernizar la infraestructura marítima, elevar la competitividad del comercio exterior y brindar certeza jurídica a las inversiones. 

Redacción Perspectiva

La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como entidad autónoma encargada de regular, planificar, fiscalizar y sancionar la actividad en los puertos del país.

Puntos clave del Decreto 20-2026

• Creación de la APN: Funcionará como ente rector del Sistema Portuario Nacional, integrado por comités de protección, apoyo logístico y usuarios. Su Directorio estará conformado por representantes del Ejecutivo, MINECO, CIV y MINGOB.
• Planes de desarrollo (Planport): Establece el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario para reducir tiempos y costos logísticos, definir inversiones e identificar zonas clave en los litorales y áreas de influencia intermodal.
• Seguridad y financiamiento: Cumple con el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) y fija tarifas portuarias de manejo de carga, así como una tasa turística de US$2 por pasajero de crucero.

Postura de las cámaras empresariales

El sector privado organizado reaccionó favorablemente a la aprobación del Decreto 20-2026, coincidiendo en que la normativa permitirá superar el rezago histórico en la infraestructura marítima del país:

• CACIF: Manifestó que la legislación sienta las bases para un sistema más eficiente y competitivo, lo cual contribuirá a reducir costos logísticos, agilizar el movimiento de mercancías y mejorar la cadena de abastecimiento.
• AmCham Guatemala: La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana calificó la aprobación del Decreto 20-2026 como un avance estratégico para la facilitación del comercio internacional y la atracción de inversión extranjera directa. Destacó que contar con una Autoridad Portuaria Nacional autónoma y alineada a los estándares de seguridad del Código PBIP incrementará la competitividad de las cadenas de suministro binacionales y fortalecerá la resiliencia logística del país.
• Cámara de Industria de Guatemala (CIG): Resaltó que cerca del 75 % del comercio exterior del país se moviliza por vía marítima y enfatizó que el verdadero impacto de la ley dependerá de una ejecución técnica, transparente y coordinada.
• AGEXPORT: Calificó la ley como un hito histórico para la Agenda de Competitividad, destacando que fortalece la rectoría del sistema, genera confianza para la atracción de inversiones y fomenta la creación de empleo.
  

  Desde AGEXPORT celebramos la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, una decisión histórica que representa un paso firme hacia la modernización del sistema portuario y el fortalecimiento de la competitividad de Guatemala.

  Aquí nuestra postura pic.twitter.com/olXNwxgbre

  — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) August 5, 2026

• Cámara del Agro (CAMAGRO): Afirmó que la ley marca un antes y un después para el desarrollo económico al crear condiciones que disminuyan costos de transporte que inciden en el abastecimiento y precio de los alimentos.
• FUNDESA: La Fundación para el Desarrollo de Guatemala felicitó al Congreso y a la Comisión de Economía por los consensos alcanzados. Destacó que el país operó durante décadas sin una legislación integral, lo que generó cuellos de botella y sobrecostos trasladados al consumidor. Subrayó que la nueva APN brindará certeza jurídica, atraerá inversiones y reducirá costos logísticos.
  

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La semana pasada en uno de los desayunos mensuales de Fundesa, el presidente del Congreso de la República, diputado Luis Contreras, anunció públicamente que para el próximo 7 de abril podría estar avanzando en tercer debate y redacción por artículos la Ley del Sistema Portuario Nacional, una de las iniciativas más importantes en materia de infraestructura de este año y la iniciativa en temas portuarios más relevante en los últimos 33 años, desde que se creó la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla.

Por Juan Carlos Zapata

Una ley para garantizar mayor inversión y seguridad portuaria en Guatemala.

Esta es una gran noticia, ya que el año pasado, nuestro país perdió cerca de US$1 mil millones en multas por retrasos generados por diversos puertos, por la falta de inversión portuaria, que fue pagado por todos los consumidores. A esto se le suma que otros países como Honduras, El Salvador y México, están ya haciendo grandes inversiones de modernización de sus puertos, con lo cual es urgente esta iniciativa, para lograr más inversiones de instalaciones portuarias privadas, además de garantizar mayor certeza jurídica a los puertos existentes.

Para alcanzar los objetivos de mayor protección portuaria, incremento de la competitividad y atracción de nueva inversión, resulta indispensable la creación de una Autoridad Portuaria Nacional (APN) con capacidades institucionales y recursos suficientes. Además, en respuesta a los grandes desafíos en materia portuaria que tiene nuestro país, la ley del Sistema Portuario Nacional establece un marco claro, coherente y previsible para la inversión portuaria, aplicable a todos los actores del sistema. Este marco no se limita a la creación de una nueva autoridad reguladora, sino que incorpora reglas precisas sobre los mecanismos de inversión disponibles, los procedimientos para su implementación y las condiciones para el uso de bienes públicos, con el objetivo de brindar certeza jurídica, transparencia y seguridad a las inversiones portuarias.

La ley contempla dos instrumentos principales para la estructuración de proyectos de inversión portuaria. El primero es el contrato de alianzas público-privadas, cuya ley específica fue reformada el año pasado y el segundo es la creación del Usufructo Oneroso Portuario, a través de un contrato administrativo portuario, el cual es oponible frente a terceros y se inscribe en el Registro Público Portuario Nacional.

El dictamen que se espera aprobar el próximo mes, reforma otras leyes importantes como la Ley del Organismo Ejecutivo, para que la Autoridad Portuaria Nacional pueda formalmente desempeñar la rectoría en materia portuaria, la Ley de Contrataciones del Estado para superar la restricción existente para los dragados marinos, la Ley Reguladora de las Reservas Territoriales del Estado de Guatemala, para garantizar que las áreas estratégicas para infraestructura portuaria queden sujetas a reglas claras, técnicas y compatibles con el modelo de desarrollo portuario definido y otras como la Ley de Patrimonio Cultural, que evitan que la infraestructura portuaria se considere patrimonio cultural de la nación, hoy o en el futuro, dadas las implicaciones para la ampliación, restauración o mantenimiento de los puertos.

Con esta ley, los diputados al Congreso de la República están dejando un legado invaluable para el desarrollo del país y fomentarán que Guatemala pueda seguir creciendo a tasas por encima del 4% para generar mayor desarrollo. Esta legislatura ha demostrado que ha puesto al individuo al centro de la conversación, mejorando la infraestructura tan necesaria para que las oportunidades sigan generándose.

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