Por: Jorge Samayoa
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una estrategia cuya base es el desarrollo sostenible basado en el respeto a la legislación, al medio ambiente y al ser humano. A pesar que muchas de sus tácticas tienen un componente filantrópico, no significa que la empresa que la practica reemplaza las funciones y responsabilidades de las instituciones del Estado, iglesias, ONG´s, etc.
La naturaleza de la RSE es su carácter voluntario por parte de quienes la practican, ayudando a fomentar el desarrollo de su público interno, grupos de interés y comunidades en el área de influencia de las empresas, lo que por supuesto, concluye en legitimar la presencia de la empresa y crear un vínculo positivo cliente – empresa que repercute en una ventaja comparativa en el mercado. La RSE es una herramienta que vuelve más exitosa a la empresa en términos de rentabilidad.
La inversión social que las empresas practiquen en sus áreas de influencia, debe contener un enfoque holístico para determinar sus acciones –lo que será pieza fundamental para su éxito- y estará basado en la conjunción de prioridades y habilidades de la empresa, intereses de sus colaboradores y necesidades de la comunidad. Al unir estos criterios y trabajarlo junto con representantes de empresa, comunidad y Estado, se creará lo que se llama Valor Compartido, la fórmula perfecta para crear una relación GANA-GANA entre empresas, comunidad y país.
Las empresas que invierten en Guatemala encuentran muchas ventajas tales como su posición geográfica, su cultura y lugares turísticos, puertos en dos océanos, costo de mano de obra barata entre otros; por otro lado, los inversionistas tendrán que lidiar con los alarmantes bajos índices de educación y nutrición de su población (razón de la mano de obra barata), alta tasa de criminalidad y corrupción, mal estado de la red vial, crisis de institucionalidad, una fuerte brecha entre las poblaciones urbanas y rurales en materia de desarrollo y un lastre político y cultural de un conflicto armado que duró 36 años, desventajas que en conjunto han creado un cultivo de resentimiento, pobreza e ignorancia el cual organizaciones sin escrúpulos han aprovechado para crear un ejército de personas convertidas en borregos obedientes, capaces de parar la actividad productiva y económica de un país sin medir sus consecuencias con actos que según ellos están haciendo por su propio bienestar e incluso, en ocasiones sin siquiera tener claro cuál es su demanda o qué esperan obtener de ella. Todo esto, repercute en una falta de certeza jurídica en un país ávido de inversión para la creación de empleos y combatir la pobreza. ¿Paradójico verdad?
Afortunadamente, existen empresas que a pesar de las desventajas que tenemos como país – que se traducen en riesgos para la inversión, creen e invierten en Guatemala con el fin de generar utilidades, mientras apoyan el desarrollo de sus zonas de influencia creando Valor Compartido por medio de sus estrategias de RSE. Entre estas empresas, muchas han confiado su inversión en zonas rurales del país, promoviendo trabajos dignos y construyendo capacidades a población de zonas que históricamente, no han tenido oportunidades de desarrollo concretas. Estas empresas pertenecen en su mayoría a las industrias extractiva (minería de metales preciosos, vidrio, níquel, cemento, etc.), agrícola (azúcar, palma africana), generación de energía renovable (parques eólicos) y energía hidráulica (hidroeléctricas). Coincidentemente todas estas industrias han sufrido un ataque sistemático por parte de organizaciones pseudo ambientales y sociales (generalmente operando con financiamiento extranjero proveniente de países y/o empresas competidoras) que se oponen al desarrollo (sin proponer alternativas) presentando siempre el argumento que su interés es por el bienestar social, ambiental, o de preservación de otros derechos de las comunidades en las a las que según ellos defienden. Lamentablemente, dichas organizaciones se valen de la falta de conocimiento de la población, vendiéndoles la idea que están siendo afectados por el proyecto en cuestión y a su vez la población encuentra en la participación en manifestaciones en contra de proyectos de desarrollo, un vehículo para exigir Derechos y librarse de sus frustraciones, envidias e incluso, en el peor de los casos como es vox populi, un medio para agenciarse de una ínfima suma de dinero que les servirá para la alimentación de su familia por un par de días aún sin saber siquiera qué es lo que defienden, a qué es lo que se oponen y porqué lo están haciendo.
La mayor parte de las organizaciones “sociales” que “luchan” por el Medio Ambiente y “abogan” por la igualdad de Derechos de los más necesitados, no han invertido un solo centavo para generar empleos, para reforestar (considerando que comúnmente colocan los riesgos ambientales como bandera de su denuncia) o en la construcción de capacidades de ningún tipo, lo cual, debería ser parte de la estrategia si su interés es legítimamente el bienestar de la comunidad; por el contrario, generalmente se han dedicado a desinformar a la población, bloquear carreteras y presentar acciones legales frívolas con lo cual han generado en la población general animadversión a los proyectos de desarrollo y en ocasiones, suspensiones parciales o totales a los mismos, las cuales representan millones de dólares de pérdidas no sólo para las utilidades de las empresas objeto del bloqueo, sino a sus colaboradores, a los beneficiarios de las iniciativas sociales promovidas por las estrategias de RSE de las mismas, a las empresas y negocios locales e internacionales que interactúan y dependen muchas veces de dicha empresa. Es importante tener noción que estos incluyen desde negocios locales pequeños como tiendas de barrio, farmacias, talleres, comedores, pensiones, etc. derivados de las necesidades que la operación genera hasta negocios internacionales que también sufren el impacto de dichas suspensiones y por ende, el Estado como ente beneficiado por el flujo de efectivo, pago de impuestos que estos negocios representan. Adicionalmente, con ayuda de la facilidad de divulgación de información que actualmente se tiene, han aprovechado para formar una opinión, muchas veces sobre información a medias, en la población urbana, que frecuentemente al verse en una realidad paralela distante a la población rural, consideran que su opinión es la mejor forma de apoyar a la pobreza del interior del país. Todo esto sin duda, contribuye al cese de operaciones de empresas que si han tomado acción proactiva para la reducción de la pobreza en el país mientras hacen rendir su inversión, porque no hay que olvidar que están buscando el rendimiento de su inversión, no hacer caridad.
Por su parte el Estado, considerando el alto costo político de apoyar a las empresas – que dicho sea de paso, llenan de impuestos y regalías sus arcas- toma una actitud pasiva, tendiendo a nula, para hacer valer los Derechos de las empresas, evitando el uso de su poder coercitivo para respetar las licencias que previamente fueron expedidas por el mismo Estado después que las empresas han cumplido con todos los requerimientos que su propia legislación exige. A la vez, se ven fallos por parte de los operadores de justicia en contra de las empresas, incluso cuando las mismas han excedido los requisitos legales, revirtiendo luego estos fallos meses después, creando un mayor nivel de conflictividad y frustración por parte de la población luego de haber hecho a las empresas perder millones de dólares en ventas, pagar multas por incumplimiento de contratos y sufrir muchas veces bajas en el precio de sus acciones.
Con todo esto, podemos asegurar que Guatemala es un país de lamentables contradicciones, exigimos menores precios de los productos pero hacemos todo lo posible para que dichos productos no sean producidos en Guatemala; queremos energía a bajo costo pero nos oponemos a los proyectos de generación de energía como lo son las hidroeléctricas, queremos tecnología de punta pero no permitimos la instalación de antenas o torres para su funcionamiento, exigimos fuentes de empleo pero no apoyamos a la inversión ni ofrecemos certeza jurídica para la Inversión Extranjera Directa, pedimos que haya inversión social pero obstaculizamos por distintas vías la operación de empresas que aportan millones en impuestos y regalías, exigimos igualdad de oportunidades de desarrollo para el interior de la república pero con todo esto, los condenamos a que su única herramienta de trabajo sea el azadón.
Así pues, mientras esperemos que el Estado nos provea de todo y practiquemos la ley del mínimo esfuerzo, estamos condenados a vivir en el PIERDE-PIERDE, en donde no existirá ninguna estrategia de RSE ni proyecto político que nos permita salir de nuestro subdesarrollo auto infringido.
