Por: César Melgar
Quienes detentan el poder en repúblicas democráticas, lo hacen en el supuesto de servir a la comunidad: prestando aquellos servicios cuyo fin es garantizar una mejor convivencia en sociedad.
La coyuntura que vive Guatemala, ha pasado de la desaprobación y el horror, a la esperanza. Las últimas protestas muestran que la ciudadanía está consciente de que es necesaria una reforma para reestructurar el sistema político actual.
Esta reforma no debe pensarse solo como una simple depuración o cambio de leyes (lo cual será necesario), sino que, además, deben tomarse en cuenta los siguientes factores: Entender exactamente que es detentar un puesto en la administración pública, por un lado, y del otro, el
papel de la sociedad civil.
Para empezar, se debe tener noción sobre tres términos importantes en el contexto democrático: soberanía, poder y ley (y en resumen, esta sería la explicación condensada de las diferentes teorías y doctrinas): la soberanía (la voluntad política de organizarse para vivir en armonía) viene del pueblo, quien la deposita en las autoridades electas. Esta soberanía se expresa a través del poder, mediante la creación y aplicación de la ley. La ley es el conjunto de normas que buscan regular dicha convivencia en armonía. Y aquí estaría una de las razones por la cual los servidores públicos y autoridades electas están obligados a rendir cuentas. En concordancia con lo anterior, León Duguit señala que el Estado ejerce el poder y servicio público, para “buscar la satisfacción y bienestar de sus asociados.”
Y según Tocqueville, en la democracia se “extiende la esfera de la libertad individual. Por lo tanto, es importante evitar caer en aquel camino de servidumbre, que según Hayek, es dar exceso de poder a los funcionarios (de manera que se arroguen a más atribuciones de las que les corresponde).
Entonces, para que la democracia sea funcional, habrá que fortalecerla. Y allí es donde entra en escena la sociedad civil. El papel de la misma es la reconstrucción de normas ciudadanas que conviertan la democracia en una práctica, no solo delegativa, sino también participativa (Tusell, 1997). Por ello, entiéndase a la sociedad civil como el instrumento para que el pueblo no se convierta en esclavo, después de ceder la soberanía al emitir el voto, (tal como señalaba Rosseau). Es el instrumento que permite al pueblo no permitir el abuso por parte de los gobiernos, y exigir que la administración de estos últimos vaya encaminada a lograr el bien común.
Así, en los países con carácter más democrático (y por ende, con una mayor participación ciudadana) la corrupción es mal vista y no tolerada; y por supuesto, muestran mejores indicadores de desarrollo. Esto se puede comprobar tomando una muestra de países y correlacionando la nota
del Índice de Democracia (calculado por The Economist), en primera instancia con la nota del Índice de Percepción de Corrupción (de Transparencia Internacional); y posteriormente, con la nota del Índice de Desarrollo Humano.
transición democrática, para lo cual se requiere (entre otras cosas) un cambio de paradigma social, donde no se toleren los abusos ni la arrogancia de la autoridad, y además, donde la participación ciudadana sea activa y constante.
