La crisis de confianza del Estado guatemalteco que surgió al destaparse las evidencias de corrupción masiva de parte de las mas altas autoridades ha tenido el efecto curioso de generar un consenso político. Dada la descalificación por completo de la clase política entera, hasta políticos en campaña para la presidencia llegaron a lo que sería tal vez la peor conclusión para casi cualquier político tradicional que aspira al poder político – el pueblo no tolerará mas impuestos para mas grandes proyectos públicos.
El Estado existe para ciertas tareas, de las cuales en Guatemala ninguna se hace bien. Eso es un hecho. Salud, educación, medioambiente, infraestructura y seguridad todos son focos de una tremenda corrupción. Eso es otro hecho. Cuando finalmente tuvo que renunciar el ex presidente Otto Pérez Molina, solo tenía a dos defensores en el país, el sindicato de educación y el sindicato de salud. Eso es todavía otro hecho que logro algo impensable. En Guatemala se logró descalificar y deslegitimar por completo a dos pilares de las fuerzas políticas progresistas – ante una audiencia compuesta que incluía a la izquierda política del país. En este ambiente, no es solo a los lideres políticos corruptos que se tachan de inútiles y contraproducentes, sino al Estado mismo que ocupan. El rechazo es completo.
Dado el rechazo al sistema político, el pueblo no cree en ninguna promesa que implica pagar impuestos a cambio de beneficios colectivos. En las entrevistas a la gama de candidatos presidenciales, todos los binomios, menos uno, el de la extrema izquierda, URNG-WINAQ, se negaron a proponer mas gasto público, mas impuestos, mas deuda, para financiar proyectos públicos. La austeridad fiscal fue el primer punto de consenso. Un segundo y cercano punto, fue la necesidad de continuar con la conservadora política monetaria del país. Se debe de reconocer que se ha mantenido, en plena crisis, buenos resultados, medidos por la baja inflación, tipos de interés y de cambio estables, y altas reservas internacionales, reflejando tal vez el único punto de solidez institucional en el aparato estatal guatemalteco – las autoridades monetarias del país, tanto la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala.
Programas sociales fueron el tercer punto de consenso económico guatemalteco encontrado en el turbulento año electoral de 2015. Pese al mensaje de austeridad fiscal y disciplina monetaria, los políticos de todo el espectro político aceptaron que los programas sociales deberían de continuar, pero ser mejor manejados, sin corrupción ni clientelismo. Esto, de nuevo, refleja el largo alcance del tema de la corrupción, que alcanza a preocupar a los votantes en todas las ramas y actividades del Estado guatemalteco.
Este consenso es entre elites, por supuesto. Su grado de intensidad y profundidad también es relativo y condicional. Los líderes, militantes e intelectuales de izquierda no han cambiado de metas, solo de método. Sin embargo, eso no quita la importancia y relevancia de haber logrado un consenso político entre elites sobre temas económicos en el corto plazo.
Independientemente de que si uno es socialdemócrata o socialista con deseos de ver el Estado encargado de todo aspecto de la vida social, o liberal-conservador tradicional que quiere mantener al Estado fuerte, pero no grande, a todos les deberían de interesar que las instituciones políticas funcionen. De nada [bueno] sirve pagar mas impuestos a un gobierno corrupto con instituciones no transparentes ni funcionales. El hecho que aun bajo esas condiciones se piden mas impuestos y gastos para que haya siempre mas Estado tiene que ver mas con los intereses privados de los agentes públicos, y los que pretenden ser.
¿Quién sabe? A lo mejor con un Estado no corrupto, con instituciones públicas relativamente funcionales, se logre recuperar la legitimidad del Estado, y se vuelva a confiar en el como un posible instrumento para solucionar problemas de acción colectiva.
