Por: Jorge Palmieri
El Tribunal Federal Suizo, máxima autoridad judicial en ese país, dictó con fecha veintinueve de junio, una sentencia contenida en ciento diez páginas, la cual anula la sentencia a cadena perpetua que un tribunal penal de segunda instancia de Ginebra, había dictado contra el ex Director de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) Erwin Johann Sperisen Vernon.
Ha trascendido que la razón de la anulación ha sido la violación a la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege particularmente el derecho de defensa de Erwin Johann Sperisen Vernon, como parte del debido proceso, violaciones que fueron denunciadas hasta la saciedad por la familia y los defensores del sindicado, particularmente los abogados Florián Baier y Giorgio Campá, con declaraciones tanto a la prensa nacional como internacional, mientras se tramitaba “el indebido proceso”.
De todos es sabido que la acusación se basó en los hechos que ocurrieron cuando la Policía Nacional Civil recuperó el control de la Granja Penal de Pavón, que estaba en poder de los reos que cumplían condena en esa cárcel, operación que culminó con la muerte de siete presidiarios. A esta acusación se le sumó la sindicación de que también habría asesinado a tres reos que se fugaron de la cárcel de “El infiernito” en el año 2005.
Se sindicó de esas muertes al Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes, al Dr. Alejandro Giammattei, Jefe del sistema Penitenciario, al Director de la Policía Nacional Civil (PNC) Erwin Johann Sperisen Vernon y al Subdirector de esa Dirección, Javier Figueroa.
El Dr. Giammattei fue procesado y absuelto de cargos en Guatemala. Igual suerte corrieron las acusaciones contra Javier Figueroa en Viena (Austria) y contra Carlos Vielmann en Madrid (España). Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Erwin Sperisen, quien había sido condenado a cadena perpetua en Suiza.
La acusación contra Erwin Sperisen la organizaron, en Guatemala, la CICIG bajo la dirección del fiscal costarricense Francisco Dall´Anese y el Ministerio Público bajo la dirección de Claudia Paz y Paz.
Con la acusación de la ONG de izquierda TRIAL, se inició en Suiza el proceso, con un documento que contenía una declaración de seis páginas, escrita en francés, idioma que ella no habla, ni entiende, y que se realizó sin que se le hubiera auxiliado de un traductor para que entendiera el contenido del documento, de la señora María del Socorro Vásquez, madre de Carlos René Barrientos Vásquez, uno de los procesados muertos en la toma del presidio. En esta declaración aparece designada como su representante en Suiza para llevar la acusación, la abogada Alexandra López.
Dada las evidentes anomalías en la obtención de la declaración, hechas públicas en Suiza, el periodista suizo Alex Baur vino a Guatemala, entrevistó a la madre del reo muerto y grabó un video con sus declaraciones, en las cuales, entre otras cosas, dijo que ella no conocía a Erwin Sperisen, que no hablaba francés, que no sabía que decía el documento que firmó y que lo había firmado porque le habían dicho que si lo firmaba recibiría una fuerte suma de dinero. El fiscal Bartossa se negó a aceptar como prueba este video en el proceso, pero puede verse en la siguiente dirección electrónica.
Al conocerse la existencia de este video en Suiza, nuevos investigadores quisieron obtener declaraciones de la madre del reo muerto, pero la CICIG y el Ministerio Público, la aislaron e incomunicaron con la excusa de que pretendía amenazar a la “testigo”.
En el momento de la recuperación del control del penal, cumplía condena en ese lugar un reo de nacionalidad francesa, de nombre Jean Philippe Birete, condenado en 1995 a treinta años de prisión por el asesinato de sus tíos, a los que torturó, mató, quemó y robó, quienes eran propietarios del restaurante Chez Pierre. El tal Birete resultó ser un personaje ad-hoc para utilizarlo como testigo contra Sperisen, pues además de haber estado guardando prisión en el lugar de los hechos en la fecha en que ocurrieron, hablaba francés, actor y podía hacerse entender sin problemas en el tribunal penal suizo. Por arreglos de TRIAL terminó de cumplir parte de su condena en Francia, en donde obtuvo su libertad condicional a cambio de declarar como testigo falso en Ginebra, para condenar a Sperisen.
Pero, como las declaraciones de los testigos falsos tarde o temprano resultan refutadas por la realidad, este individuo declaró haber visto cuando, a las cuatro de la tarde, Erwin Sperisen le disparaba en la cabeza al reo José Abraham Tiniguar Guevara, dándole así el tiro de gracia. Sin embargo, al presentarse el informe de la autopsia practicada por el médico forense, resultó que el reo muerto tenía tres heridas de bala en el cuerpo, pero no tenía lesión de disparo alguno en la cabeza, y que había fallecido a eso de las siete de la mañana. A pesar de ello fue una prueba clave para la condena de Sperisen. En una segunda declaración Birete se retractó y contradijo, pero aun así el tribunal validó su declaración diciendo que sus contradicciones eran porque había vivido una experiencia traumatizante y encomió su falsa declaración.
Cuando el fiscal colombiano Iván Velásquez asumió como Comisionado de la CICIG, Linda Vernon de Sperisen, la señora madre de Erwin Johann Sperisen Vernon, le solicitó una audiencia a la cual acudió acompañada por testigos honorables, haciéndole ver las falsedades y anomalías de la acusación contra su hijo, presentándole el video con las declaraciones de la madre del reo y copia del informe del médico forense, pero al pedirle que corrigiera la falsa acusación contra su hijo se negó a hacerlo.
Iván Velásquez manifestó que no podía hacer nada porque eran actuaciones de su antecesor, el costarricense Francisco Dall´anese, y de esa manera se lavó las manos permitiendo la condena de un inocente.
Durante el proceso salió a luz pública que el fiscal suizo Yves Bertossa, a cargo de la acusación, estaba vinculado a la ONG de izquierda TRIAL la cual promovió y alentó propagandísticamente la acusación, de la cual su padre había sido nada menos que su presidente, lo que explicaba su conducta total y evidentemente parcializada a favor de la condena.
El fiscal suizo quien –por increíble que parezca- a su vez en el derecho suizo tiene la facultad de decidir que pruebas pueden recibirse –convirtiéndose así en juez y parte acusadora- se negó a recibir casi la totalidad de las pruebas de descargo del acusado, dejándolo en un estado de total indefensión, lo cual terminó de evidenciar su consigna ideológica: condenar a Erwin Sperisen a cualquier costo y a como diera lugar. Sperisen lo recusó, pero Bertossa se negó a recibir el escrito de recusación.
Mientras tanto, durante cinco años la justicia suiza mantuvo ilegalmente detenido al sindicado, en una celda en solitario, pudiendo salir de la bartolina una hora al día y recibiendo una hora por semana la visita de su esposa.
La izquierda se había venido regocijando públicamente en Guatemala, por la condena a cadena perpetua ilegalmente dictada contra Erwin Sperisen, así que hoy están de capa caída y aunque el juicio deberá repetirse, cumpliendo con las garantías de los derechos fundamentales del procesado, es poco probable que tal condena se repita.
Lo trágico del caso es que las entidades encargadas de la persecución penal en Guatemala, sin cuya participación dolosa no podría haberse dado ese proceso, vienen a corroborar lo que es ya un secreto a voces en nuestro país: que sus actividades son manifiestamente violatorias de los derechos de los procesados, particularmente de su derecho de defensa, que sus persecuciones son selectivas procesando sistemáticamente a sus enemigos políticos, y que lejos de contribuir a la Guatemala que todos queremos, destruyen la esperanza ciudadana de vivir en un Estado de Derecho.
