¿Cacería de brujas o derecho constitucional del Congreso? La creación de una comisión legislativa que investigará a la CICIG durante poco más de tres meses motiva que aliados y simpatizantes de la comisión contra la impunidad muestren su desagrado por la acción del legislativo, que ya motivó un primer recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Entretanto, los afectados por los procesos judiciales de la CICIG y quienes sin haber sido afectados cuestionan los procedimientos de la comisión citada, consideran que la investigación es necesaria.
Roxana Orantes Córdova
En medio de la avalancha de reacciones por la conformación de una comisión que investigará las actuaciones de la CICIG, el mandatario Jimmy Morales dio su espaldarazo a la acción legislativa, cuando dijo en la 74 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que es necesario investigar las acciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La noticia se presentó el 24, entrada la tarde, e inmediatamente se ubicó en el centro de la atención pública. Como todo lo relacionado con la comisión, el debate se va hacia los extremos y los comentarios imparciales son muy escasos. Entre estos, un conocido “twittero” quien afirma: “No apoyo la investigación de la CICIG. Es pegarle a caballo muerto”.
Indignación y amparo contra la comisión pesquisidora
Las primeras y más airadas reacciones contra el intento de investigar provienen del ex comisionado Iván Velásquez y de su más cercana colaboradora, la ex fiscal Thelma Aldana, con orden de captura. Velásquez afirma que la acción del Congreso proviene “del miedo, la necesidad de asegurarse impunidad. Por eso el objetivo es la FECI”.
Al parecer, con esto alude a que una investigación a fondo de varios casos de la CICIG que rozaron el absurdo (como la confusión que terminó con el supuesto suicido del ex ministro Pavel Centeno), podrían alcanzar a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que participó activamente en todos los casos de la CICIG.
Entre otros, Anastasia Bitkova dijo hace varios meses a Perspectiva que durante el allanamiento de la FECI (que se prolongó durante horas), de su hogar desaparecieron varios objetos de valor por una suma considerable.
Muchos de los señalados en procesos de la FECI-CICIG terminaron siendo declarados inocentes por falta de pruebas, aunque primero debieron sufrir la prisión preventiva prolongada. Varios de ellos fueron liberados sin una disculpa ni reparación del Estado.
Thelma Aldana también se pronunció sobre la comisión investigadora. Con un tono mucho más apocalíptico que el de Velásquez, la ex fiscal expresó en sus redes:
“Ante los últimos acontecimientos es evidente la inminente destrucción del Estado de Guatemala. ¡Está en juego mantener la eterna impunidad y terminar de destruir el débil estado de derecho!”. El partido político de Aldana, Semilla, también se pronunció contra la creación de la comisión parlamentaria, que calificó de “espuria” y “burdo acto de revancha política”. Mientras, Acción Ciudadana interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y calificó de “aberrante” “lo que sucede en el Congreso”.
Eddie Cux, presidente de Acción Ciudadana, afirmó a los medios que los diputados “no están facultados para investigar y recabar información”.
Y finalmente, la presidente del Caucus para América Central, la congresista estadounidense Norma Torres, publicó una carta de la cual se presentan extractos.
En nombre de la independencia, Torres le da órdenes a Consuelo Porras
Según Torres, la creación de la pesquisidora “es reprensible y debe ser denunciado por toda la comunidad internacional”. El inicio de la investigación es considerado por la estadounidense como “represalia contra personal de la CICIG”, que según afirma, “realizó importantes contribuciones a la lucha contra la corrupción y la impunidad en apoyo del pueblo guatemalteco y la comunidad internacional”.
Torres, una figura política que resultó acercándose a Guatemala a raíz de la intención de implantar el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, es decididamente afín a Aldana y Velásquez. Cabe recordar que el Caucus para América Central que ella preside fue creado en el contexto de ese fallido proyecto y que el asesor de Aldana, José Carlos Marroquín, tuvo entre sus principales actividades en EE.UU. (detalladas en sus informes), las reuniones con personalidades del Caucus.
En su misiva, la congresista afirma que “miembros de la clase política de Guatemala han amenazado con represalias contra la CICIG”. Torres se constituye en asesora del Estado guatemalteco cuando dice:
“En lugar de perseguir a aquellos que ayudaron a la CICIG a investigar y enjuiciar la corrupción, el Congreso y el gobierno de Guatemala deberían centrarse en conservar y construir sobre sus éxitos”.
Más adelante, demanda al Congreso que actúe “para consagrar las reformas legislativas y constitucionales propuestas por la CICIG”, que califica de “fundamentales para fortalecer la capacidad de las instituciones de Guatemala para combatir la corrupción y la impunidad”. Y finalmente, se dirige a Consuelo Porras, Fiscal General, en estos términos:
“Es esencial que el sistema de justicia permanezca independiente. Para ese fin, la Fiscal General Porras debe abstenerse de abrir cualquier investigación que tenga motivaciones políticas que no estén respaldadas por los hechos”.
“Quien nada debe, nada teme”
Un trillado refrán que la ex fiscal Aldana repetía constantemente para referirse a los acusados por la CICIG-FECI, y que dejó de pronunciar cuando escapó de la justicia guatemalteca, parece idóneo para calificar la situación actual.
Si la CICIG obró con total transparencia y ética, no tendría por qué calificar como persecución política la intención del Legislativo de investigar su actuación. Sin embargo, una investigación a fondo podría evidenciar, por ejemplo, los vínculos entre bancos rusos y el Estado ruso con algunos operadores guatemaltecos de la CICIG.
Las injusticias e incoherencias de esa comisión han sido evidenciadas exhaustivamente. Y no debe olvidarse un detalle: el caso Bitkov, convertido en el emblema de los malos procedimientos de la CICIG en Guatemala, se presentó ante la Comisión Helsinki, que sigue realizando investigación sobre ese y muchos otros casos que podrían poner el ojo de la justicia, tanto sobre Iván Velásquez, a nivel internacional, como sobre sus operadores en Guatemala.
