La audiencia de la Comisión Helsinki ha motivado tanto expectativas como descalificaciones que pueden estar muy por distantes de la realidad. El hecho es que los testigos del caso Bitkov, que evidencia extralimitaciones y abusos de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), declararon ante una instancia en la que participan senadores estadounidenses. Entretanto, en el país priva un clima de desinformación y rumores esparcidos por los dos bandos: a favor y en contra de la CICIG, entidad que, pese a su predilección por la presencia mediática, permanece en total silencio.
Roxana Orantes Córdova
roxana@perspectiva.com.gt
“No tenemos comentarios al respecto. Seguimos trabajando”, fue la respuesta de Matías Ponce, vocero de la CICIG, al ser consultado por Perspectiva sobre la existencia de una estrategia para terminar con el mandato de esa comisión en el país, tal como han aseverado varios generadores de opinión afines a la entidad internacional.
Una de las columnas de opinión a favor de esa comisión, afirma que grupos de rusos oponentes a Vladimir Putin mantuvieron una campaña de cabildeo en Estados Unidos, y tergiversando la realidad sobre las acciones soberanas de las cortes guatemaltecas, lograron esa audiencia en la Comisión de Helsinki.
Contrariamente a esta posición, que pareciera alarmada por la presencia de los abogados que defienden a la familia Bitkov ante esa comisión, otra nota periodística desestima el poder real de la Comisión Helsinki. Una tercera posición favorable a la CICIG, emitida en una red social por una comunicadora reconocida, enfatiza en que la audiencia del viernes 27 tuvo una mínima presencia de senadores.
Paralelamente a estas dos posiciones, hay infundios y rumores de diferentes especies que circulan a través de las redes sociales. Desde su trinchera cibernética, los simpatizantes de la CICIG-MP divulgaron un diagrama ilustrativo que lleva como titular: “Estrategia del Pacto de Corruptos y su capitán Jimmy Morales”.
Los pasos que comprendería esa “estrategia” son: 1. Hacer creer que la CICIG amenaza la seguridad del Estado; 2. Declarar estado de sitio (prohibidas las manifestaciones y libertad de expresión); 3. Ordenar, sin necesidad de mandamiento judicial, la detención de los sospechosos de conspirar contra el gobierno y 4. Disolver unilateralmente la CICIG y expulsar al Comisionado Iván Velásquez.
Los detractores de la CICIG no se quedan atrás en cuanto a elucubraciones y el 26 circuló un llamamiento a la prudencia, puesto que se esperaba la invasión de huestes provenientes del interior, que ejercerían como grupos de choque para generar confrontaciones. Cabe preguntarse si la difusión de ambos rumores puede tener el mismo origen.
En cualquier caso, parece improbable que Morales decrete Estado de Sitio con el único fin de protegerse de la CICIG, que se encuentra replegada, y teniendo como único antecedente el insulto imprudente de un comediante, también afín a los grupos que avalan a la comisión de la ONU.
Por el momento, el grupo “la Batucada del Pueblo” convocó a una nueva manifestación para el sábado a las tres de la tarde frente al Tribunal Supremo Electoral, donde pedirán la disolución del partido gobernante.
Entretanto, poca y confusa es la información que circula sobre la audiencia de hoy por la mañana en la Comisión Helsinki, donde declararon la abogada de derechos humanos Victoria Sandoval y José Rolando Alvarado, abogado defensor de los Bitkov y tutor de Vladimir Bitkov (6).
Además, tomó la palabra Bill Browder, empresario que sufrió la represión del gobierno ruso y cuyo abogado, Sergei Magnitsky, murió en prisión preventiva en Rusia, en 2009. Browder recomendó a la comisión que el gobierno estadounidense suspenda el financiamiento a la CICIG, hasta que se investiguen sus posibles nexos con el gobierno de Vladimir Putin.
Señalamientos desgastan a la CICIG
Tres frentes debilitan la imagen de la CICIG, que en 2015 brilló como la abanderada de la lucha contra la corrupción y poco a poco ha cosechado diferentes cuestionamientos, rara vez esclarecidos.
En primer lugar, César Rincón, uno de los abogados colombianos de esa entidad, podría ser expulsado del país a pedido de la Fundación contra el Terrorismo, debido a que en una audiencia afirmó que el mandato de la CICIG es “casi” de carácter superior a la propia Constitución de la República de Guatemala.
Un informativo afín a la CICIG asegura que Rincón está en lo cierto, puesto que “el artículo 46 “reconoce los tratados internacionales como superiores al derecho local”. El citado artículo señala:
“Artículo 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”. Evidentemente, el artículo referido habla de tratados como las convenciones de derechos del niño, la mujer, la convención contra la tortura y muchas otras de las cuales el país es signatario y que lo obligan, incluso, a modificar sus leyes para estar a tono con las convenciones ratificadas.
La CICIG fue creada por medio de un acuerdo, que constituye un tratado internacional de cooperación en materia de derechos humanos, que faculta al ente para investigar, promover la persecución penal, asesorar a instituciones estatales, suscribir acuerdos de cooperación con el Ministerio Público y otra serie de atributos derivados de sus funciones: investigar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que sostienen la impunidad en el país. Queda a los especialistas dilucidar si Rincón acertó o no con su declaración, al parangonar este acuerdo con las convenciones internacionales.
Otro caso que empaña a la CICIG es la denuncia del magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones Eddy Giovanni Orellana, quien debido a un señalamiento en su contra que se publicó en un medio de comunicación, desde febrero de 2016 pidió a la CICIG ser investigado, renunciando a su inmunidad.
Fue meses después que la fiscal Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez aparecieron en una conferencia de prensa, señalando al magistrado de estar relacionado con el “Rey del Tenis” Roberto Villatoro, de quien la CICIG comandada por Carlos Castresana dijo en su momento que había influenciado para la designación de Aldana en la Corte Suprema de Justicia.
Según un video de Orellana, fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), gente de la CICIG y representantes del ex embajador Todd Robinson, acudieron más de una vez a intimidarlo y a proponerle impunidad a cambio de que señalara a otros juristas y otras personas. Las acusaciones en su contra, dice, son consecuencia de su negativa a colaborar contra su ética profesional.
Orellana asegura que ese video puede costarle la vida, pero pese a todo hace su denuncia por esa vía. Evidentemente, el magistrado conoce los delitos en los que incurriría si presentara una denuncia falsa, lo que permite el beneficio de la duda a sus señalamientos y hace indispensable que las autoridades lo tomen en serio.
Por último, el caso Bitkov y todas las particularidades que lo rodearon hasta llegar a la Comisión Helsinki y al reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordena liberar a esta familia que fue condenada a penas desmesuradas, considerando que fueron encarcelados por usar pasaportes legales, puesto que fueron emitidos por el Estado, pero obtenidos de manera ilegal, a través de una red que operaba en Migración.
La Convención de Palermo, de la cual Guatemala es signataria y por ende, superior a la Constitución, considera que los migrantes que usan papelería obtenida de forma irregular, son víctimas de trata y como tales deben considerarse. Jamás como delincuentes.
El ex ministro de Gobernación Carlos Menocal, considera que el caso de la familia Bitkov fue abordado como si se tratara de personas vinculadas con el crimen organizado, pese a que no eran parte de una mafia.
“Esto contrasta con que no se realizó la investigación de la estructura que facilitaba documentación a varias personas, desde la Dirección General de Migración. Es un caso complicado. Me parece que esta familia pudo ser catalogada como colaboradora eficaz, sobre todo considerando que muchos personajes realmente perversos son convertidos en colaboradores eficaces”, afirma.
El presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, asegura: “Es grotesco el contraste entre la forma en que se aplicó la justicia contra la familia Bitkov y la indiferencia en cuanto a la responsabilidad de la Secretaria del MP Mayra Véliz en un caso similar, de emisión y venta de pasaportes a más de cien ciudadanos sirios, cuando ella laboraba en Migración”.
“La condena contra los Bitkov es desproporcionada, se les penalizó con un tiempo de cárcel similar al que debería aplicarse a un asesino. Este caso, que involucra al pequeño hijo de la familia, ofrece a la vista una justicia que no se apega al mundo moderno, sino parece, más bien, una justicia sacada de las páginas de una novela de Víctor Hugo”.
Una serie de eventos desafortunados donde ganan las víctimas
Tal como en la novela, película y ahora popular serie de Netflix, la historia de la familia Bitkov bien podría titularse “Una serie de eventos desafortunados”. Según la versión de Igor Bitkov en su blog, la historia inicia en Rusia, donde la pareja constituida por Igor e Irina logra convertirse en millonaria poseedora del monopolio del papel, con varias fábricas en todo el territorio de la ex Unión Soviética.
Pronto, las empresas de los Bitkov despertaron la codicia del mandatario ruso Vladimir Putin, quien habría exigido a los millonarios su colaboración, al estilo mafioso. Al negarse, su hija Anastasia, entonces de 15 años, sufre un dramático secuestro que lesiona su equilibrio emocional.
Los Bitkov deciden salir de Rusia y viajan a Inglaterra. Tiempo después, los contacta Cutino Internacional, una empresa que les ofrece documentación legal en Guatemala. Inicialmente todo fue normal, tuvieron otro niño, llamado Vladimir y comenzaron una nueva vida.
Sin embargo, una mañana fueron despertados para un allanamiento que se extendió durante 20 horas. Sufrieron diversos atropellos, incluyendo el saqueo de su hogar por parte de policías, denunció el abogado ante la Comisión Helsinki.
A partir de ese momento, fueron apresados y su caso trasladado a un juzgado de alta peligrosidad, donde Jazmín Barrios los condenó a 19 y 14 años de prisión. Durante el allanamiento fueron acusados de tener una deuda con el banco ruso BTV, lo que posteriormente se cambió a participar en una red criminal.
Entre otros atropellos, el abogado José Rolando Alvarado narra que el pequeño Vladimir, entonces de tres años, le fue arrebatado a él y a la otra tutora (ambos designados por los padres), por una implacable juez de familia que no se conmovió en ningún momento y decidió enviar al niño a un orfanato donde estuvo poco más de 50 días.
Cuando lo entregaron, recuerda Igor Bitkov en su blog, el niño padecía desnutrición, parasitismo, tenía lesiones como una cicatriz en la frente y un diente quebrado, pero sobre todo, estaba traumatizado.
El caso parece acercarse a un final feliz para los Bitkov, quienes han pasado tres años en prisión. Aunque desde el inicio, la Corte de Constitucionalidad (CC), les había otorgado un amparo, este fue detenido porque la CICIG interpuso un recurso para ello.
Coincidentemente, un día antes de que se celebrara la audiencia en la Comisión Helsinki, la CC otorgó un amparo a los Bitkov y ordenó que se les libere y se reanude el juicio. Finalmente, un dato que vale la pena anotar es que Henry Comte, magistrado suplente de la CC, es socio fundador del bufete que representa al banco ruso en el caso Bitkov.
La familia rusa comienza a ser exculpada. Mientras, la CICIG guarda el mayor silencio sobre el caso y sus seguidores anuncian revueltas sociales y represión estatal. El elemento decisivo que decida esta trama, es la decisión que tome el Senado estadounidense, considerando que, si bien la Comisión Helsinki no puede decidir sobre el financiamiento a la CICIG, los Bitkov son apoyados por senadores tan influyentes como Marco Rubio. Y Estados Unidos es el mayor financista de la comisión, que por otra parte, termina su mandato en 2019.
