Ante el interés que suscitó en redes la noticia sobre la acusación de Erika Aifán contra una notificadora que habría perdido un expediente, Perspectiva consultó al penalista Raúl Falla, quien considera que tras la denuncia hay una burda maniobra.
Redacción Perspectiva
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó que la Unidad del Régimen Disciplinario investigue una denuncia de la Juez de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, quien habría denunciado que la notificadora Paula Villar Cifuentes habría extraviado un memorial del proceso contra Gustavo Alejos. Según Aifán, esto “detiene el desarrollo del caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.
Al respecto, Raúl Falla dijo:
“Hemos tenido noticias de que se cercenó un expediente y la juez Erika Aifán responsabilizó a notificadores de ocultar o destruir parte del mismo. Llama la atención su denuncia, porque cualquier abogado o aún estudiante de leyes, sabe perfectamente que el epositario de la guardia y custodia de los expedientes no es el oficial, sino el juez a cargo de esa judicatura, quien debe responder de las pérdidas”.
“Da la impresión de que ha habido alguna manipulación por parte de Aifán quien ya no puede sostener el tema de Alejos, vinculado por ella con el tema de la elección de las cortes del país, buscando crear entre la opinión pública la impresión de que sus subordinados estarían intentando retardar un proceso que no se sostiene”, comentó.
Para Falla, la denuncia resulta totalmente burda y falta de ética, porque la ley establece claramente que quien debe guardar los expedientes judiciales es el juez. La pregunta, dice Falla, debe ser ¿por qué se perdió? ¿Será que había pruebas contra ella, Aldana o Sandoval?
Por otra parte, considera imposible que la juez no haya obtenido una reposición del memorial extraviado, porque cada litigante lleva un original con duplicado y además cinco copias, que se entregan en diferentes dependencias. “Es inaceptable que un juez se atreva a decir que su labor está imposibilitada por pérdida de documento probatorio.
Otra cosa sería el extravío de una prueba en un caso de impacto, pero las pruebas documentales cuentan con una gran cantidad de copias, lo que hace casi imposible su pérdida. Pido a los guatemaltecos que pongan atención y no confíen en simples argucias y al MP, que investiguen el origen del documento y el trasfondo de esa pérdida, así como el contenido de lo extraviado, porque podría tener hechos relevantes”
