Juan Francisco Sandoval podría enfrentar una nueva querella, asegura Otto Gómez, quien dijo a Perspectiva que denunciará anomalías en la negociación de un colaborador eficaz en el caso Autopatrullas de la PNC, donde Héctor Florentino Rodríguez Heredia fue condenado a 27 años sin más pruebas que el testimonio de un ex sindicado que presenció todos los debates antes de dar la declaración que lo eximió de pagar Q101 millones y lo liberó de la cárcel.
Roxana Orantes Córdova
En cualquier país del mundo es insólito que un tribunal acepte a un testigo que estuvo presente en todas las audiencias.
Sin embargo, esto pasó en Guatemala durante el caso conocido como “Autopatrullas de la PNC”, cuando “a última hora y después de haber presenciado todo el debate, se aprobó un acuerdo de colaborador eficaz”que designó como tal al también sindicado Elden Leonel Cabrera Chan. A quien le rebajaron y finalmente suspendieron, la multa que debió pagar y ascendía a Q.101, 066,915.02”.
“Con semejantes beneficios (aparte de la rebaja de las penas de prisión), tuvo suficientes motivos para ajustar su relato a los intereses de los fiscales a cargo del proceso aunque dicho relato no se ajustara a la veracidad de los hechos”, indica una petición constitucional entregada ayer al Ministerio Público por la defensa de Héctor Florentino Rodríguez Heredia, quien fue sentenciado a 27 años y ha pasado cuatro en prisión preventiva, con el argumento de que podría fugarse.
Rodríguez fue “víctima de diversas violaciones a sus derechos humanos sustantivos y procesales, por parte del personal de la FECI, principalmente el ex fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro”, indica la petición constitucional mencionada.
El documento solicita al MP que se analice detalladamente la actuación de la FECI, especialmente Sandoval, para determinar “si se actuó de manera objetiva, imparcial y con total respeto del principio de legalidad” y “Una vez determinado el actuar ilegal de quienes resulten responsables, si ese fuera el caso, se tomen las decisiones y disposiciones administrativas, procesales y penales que en Derecho corresponda”.
Sumado a lo anterior, el proceso se llevó a cabo sin que la Contraloría General de Cuentas interpusiera la denuncia previamente, como establece la ley.
Rodríguez y sus abogados solicitan a la FECI “Que en el resto de las actuaciones procesales dentro del presente caso, respeten los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad que rigen el actuar del MP, principalmente en la audiencia de vista de casación próxima a celebrarse”.
Dicha audiencia se realizará el próximo 17 de agosto, y la expectativa de Rodríguez es que se repita su juicio porque: “hay errores muy graves. El primero es que no acogieron la apelación argumentando que no había protestado la prueba, pero hay dos protestas, una el 7 de noviembre y otra el 9 de noviembre de 2018, ambas plenamente documentadas. Pero probablemente el más grave, es el convenio de colaborador eficaz y el uso de la declaración de Cabrera Chan como prueba nueva”.
La abogada Doris Edelmira Contreras Barrios, No. de Colegiada 32736 contactó a Perspectiva para facilitar los documentos y declaraciones de su cliente que sintetizamos para nuestros lectores.
“Como ciudadano, presentaré una querella”, afirma Gómez
Otto Gómez afirma que el convenio de colaborador eficaz es ilegal, porque no podía haber sido presentado al concluir el proceso. Gómez también comenta que Sandoval pudo haber cometido obstrucción de la justicia al presentarse en lugar de un agente fiscal.
“La ley establece que los fiscales de sección no deberían acudir a los procesos y que el indicado es el agente fiscal. Voy a presentar querella como ciudadano que conoció un presunto hecho delictivo, para que se determine a quién beneficiaron estos hechos anómalos”, dijo.
La aplicación de justicia que fragmentó una vida
“Me condenaron a 27 años de cárcel por un testimonio que tribunal calificó de inverosímil”, afirma el ex Director de Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Florentino Rodríguez Heredia, quien narra que cuando inició su trabajo en el Ministerio de Gobernación, su primera medida fue retirar los vehículos y gasolina que seguía utilizando la señora Helen Mack.
“No debía usarlos, porque en ese momento ya no era Comisionada para la Reforma Policial”. En 2014, un periodista conversó varias veces con Rodríguez, quien afirma que le proporcionó toda la información y fue desagradablemente sorprendido al ver en la portada de una revista el titular: “Así se roban Q10 millones en la PNC”.
En el reportaje, que omitió todas sus declaraciones, informaba que el funcionario manejaba empresas de cartón y lo señalaba de varios ilícitos.
El MP inició una investigación de oficio en su contra, que concluyó con su captura, el 23 de junio de 2015, acusado de asociación ilícita, fraude, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “Ninguna de estas detalla hechos, solo señalan temporalidad. Todas las acusaciones indican que cometí los delitos entre el 3 de agosto de 2012 y el 15 de enero de 2015”.
La asociación ilícita fue desestimada por un analista de la CICIG, quien afirmó: “Es improcedente jerarquizar al señor Rodríguez en una estructura criminal”. Se le señaló de fraude por “intervenir en compras directas, licitaciones y cotizaciones, y en el mismo período se habría enriquecido y lavado dinero en Panamá (país en el que nunca estuvo).
Cuando finalizaba el debate, se presentó Juan Francisco Sandoval, en lugar de la fiscal de la Agencia Tres del MP Amy Girón. “Los jueces se pusieron nerviosos y estaban evidentemente presionados. Dijeron que nunca habían visto que un fiscal llegara al final del debate a pedir un convenio de colaborador”.
Sandoval exigió que la declaración fuera aceptada como “prueba nueva”. Y los jueces aceptaron, pese a que el testigo no aportó ningún dato nuevo y se limitó a repetir lo que había escuchado durante el año que se prolongaron las audiencias.
Según Rodríguez, el tribunal le dijo a Cabrera Chan: “Su declaración es inverosímil, porque va orientada a que sus familiares y allegados evadan la responsabilidad penal”. Pese a ello, la condena contra el ex logista de la PNC fue de 27 años, mientras Cabrera Chan fue exonerado de la multa y Sandoval pidió la suspensión condicional de la pena.
Los abogados de Rodríguez protestaron la declaración como prueba ilegal. Sin embargo, “fui condenado de una forma draconiana, con las penas máximas en cada delito, habiendo sido absuelto de lavado y enriquecimiento. Solo me condenan por asociación y por fraude. Pero ellos dicen que me dieron la máxima sentencia por el daño al Estado. Así es como llegué a 27 años. Sin una prueba en el debate, simplemente basados en la declaración del colaborador, quien me acusó de ser parte de una estructura”.
La apelación especial fue denegada, con el argumento de que “no había protestado al colaborador”, lo cual según afirma el ex funcionario, es totalmente falso, porque hay dos protestas plenamente documentadas.
Según dice, su vida resultó despedazada en otros aspectos. Al no probar el delito de lavado de dinero, Sandoval consiguió que todos los bienes de Rodríguez pasaran a Extinción de Dominio, argumentando “creemos que esas propiedades fueron adquiridas ilícitamente, porque él está vinculado a un caso de fraude”.
“Eran bienes que tenía hace tiempo. Ahora no tengo casa. Mis hijos y mi hermana tampoco tienen casa. Todo pasó a la SENABED”, concluye.
