Tercero en discordia en un amparo contra Alejandro Giammattei, Jordán Rodas dio a conocer un comunicado donde pide a la Junta Nacional del Servicio Civil “analizar” el despido de la influencer María Alejandra Morales, quien hace unos días lanzó una campaña promoviendo el miedo ante el incremento de ataques contra las mujeres.
Redacción Perspectiva
El contexto del comunicado oficial de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), es un país donde están cesantes más de cien mil trabajadores con salarios 15 veces menores al de la ex funcionaria despedida. Otros datos del contexto: el padre es viceministro de Economía y por lo menos cinco miembros de su familia son funcionarios entre altos y medios.
A esto se suma que la campaña lanzada por la ex funcionaria de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC), implícitamente demeritaba todos los esfuerzos institucionales de las fuerzas de seguridad para reducir la violencia homicida, que según el CIEN, está en 15.2 por cada cien mil habitantes, lo que es un evidente descenso con respecto a años anteriores, si bien en medio de este descenso, se han incrementado los homicidios contra mujeres, con 1.6 muertes por cada 100 mil mujeres, indica el CIEN.
El contrato con la ONSEC de Morales, quien había laborado en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la identifica como Bachiller y le asigna la función de “implementar estrategias con los medios de comunicación”.
En su momento, el penalista Rolando Alvarado señaló que lanzar una campaña desde el gobierno contra el propio gobierno, era una burla no solo contra el Estado sino contra las personas que la replicaron.
Las contradicciones del PDH
La misión de los Ombudsman en todo el mundo es defender a la ciudadanía de cualquier atropello que el Estado cometa. Sin embargo, el PDH guatemalteco confesó tener miedo, cuando se sumó a la campaña y aseguró que para él, vivir en Guatemala es motivo de temor constante por las mujeres de su familia.
Esta es la primera contradicción evidente, puesto que si la campaña #Tengomiedo correspondiera a una realidad palpable, la violencia en el país sería tan terrorífica que hasta el Ombudsman tendría miedo.
La segunda contradicción es la defensa apasionada de una persona quien además estaba contratada en el renglón 029 (esto no la priva de sus derechos, pero tiene modalidades diferentes de cese y cumplimiento).
Rodas asegura que debe investigarse si el cese fue por represalia del gobierno, pero en ningún momento hace notar que, como funcionaria, Morales tiene vedado realizar campañas mediáticas contra su empleador. Además, es evidente la plaza no fue clasificada con apego a las normas, debido a que su grado académico no corresponde al salario establecido por la propia ONSEC, que define los requisitos y perfiles de todas las plazas estatales.
Sumado a ello, es contradictorio que los miles de empleos directos e indirectos de la mina San Rafael nunca motivaron un acto de solidaridad de la PDH, como tampoco se ha pronunciado por las medidas draconianas que están quebrando la economía con el argumento de proteger a la población de un virus con poco más del 3% de letalidad.
Pero posiblemente el argumento más contradictorio en el comunicado del PDH sea:
“Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Al leer esta defensa a la libre expresión irrestricta, es imposible no pensar en que el mismo Ombudsman ha calificado de “netcenter” y prácticamente terroristas mediáticos a ciudadanos que se limitan a externar su opinión en redes contra funcionarios afines a sus convicciones ideológicas y ha calificado de “amenazas” las opiniones que no encajan en la “agenda globalista”.
