Con el propósito de preparar al sector corporativo ante una profunda transformación en materia de supervisión financiera, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) y la Cámara del Agro organizaron conjuntamente el foro de análisis «El nuevo Decreto 15-2026». El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, directores de cumplimiento y representantes del sector privado para evaluar los alcances de la recién aprobada Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
Redacción Perspectiva
La nueva normativa unifica y sustituye de forma íntegra a los históricos Decretos 67-2001 y 58-2005. Esta reforma estructural establece un marco legal más riguroso en el país, el cual amplía el catálogo de personas obligadas, endurece el régimen de sanciones y fortalece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, alineando la legislación local con los estándares internacionales de transparencia y fiscalización.
Evaluación de GAFILAT en 2027 y el nuevo enfoque de riesgos
El foro dedicó un espacio prioritario al análisis del contexto nacional frente a la evaluación mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizará a Guatemala en 2027. Especialistas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) expusieron los fundamentos técnicos que motivaron la aprobación de la ley, detallando las métricas de efectividad que serán evaluadas y el impacto directo que este examen internacional tendrá sobre la calificación de riesgo país y la inversión extranjera.
Ante este panorama, consultores en cumplimiento técnico presentaron una hoja de ruta operativa para que las organizaciones inicien su transición hacia el nuevo reglamento. El plan de acción empresarial abordó variables estratégicas como:
- El diseño e implementación de metodologías bajo un enfoque basado en riesgos.
- El robustecimiento del perfil del Oficial de Cumplimiento dentro de las corporaciones.
- Los mecanismos estrictos para la identificación e informe del beneficiario final.
- La adaptación de las cadenas de valor de los distintos sectores de la producción.
«La actualización del marco regulatorio representa un reto, pero también una oportunidad para mejorar nuestros estándares internacionales, fortalecer la cultura de cumplimiento, la transparencia y la competitividad del país», puntualizó Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de AmCham Guatemala.
Reformas legales y nuevas categorías de personas obligadas
Durante el panel de discusión —donde participaron delegados de la Superintendencia de Bancos (SIB), AXIS Compliance, la Cámara de Finanzas, la Cámara del Agro y el Congreso de la República— se examinaron los cambios transversales de la ley. Se destacó que el Decreto 15-2026 abarca ahora a nuevos actores de la economía nacional, obligando a implementar controles antilavado a proveedores de activos virtuales (criptomonedas), profesionales independientes e inmobiliarias.
Finalmente, el foro abordó cómo este nuevo decreto de unificación legal conlleva reformas paralelas e inmediatas al Código de Comercio, Código Penal y Código de Notariado, con especial énfasis en el endurecimiento de las penas y la responsabilidad jurídica institucional. Los ponentes concluyeron que una implementación exitosa del Decreto 15-2026 dependerá del trabajo coordinado y de una comunicación abierta entre el sector público regulador y el sector privado.
