Ciudad de Guatemala, 4 de septiembre de 2026. La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) expresó su profunda preocupación ante las acciones policiales que atentan contra la libertad de expresión y de prensa en el país, tras la interceptación de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, integrantes del medio digital Vox Populi, durante un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 2 capitalina, en donde Figueroa fue detenido.
Redacción Perspectiva
A través del comunicado, la gremial enfatizó que la investigación de asuntos de alto interés público no coloca a los profesionales fuera del alcance de la ley, pero sí obliga al Estado a examinar con máximo rigor y apego a los derechos humanos cualquier intervención en su contra.
Inviolabilidad del secreto profesional y garantías constitucionales
El pronunciamiento centra su postura en la defensa del ejercicio periodístico y la protección de las fuentes informativas. Además, advierten que ninguna supuesta falta al orden público autoriza a las fuerzas de seguridad a revisar los dispositivos o herramientas de trabajo de la prensa.
Entre los elementos destacados por la CGP figuran:
- Protección de fuentes: El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los estándares del sistema interamericano garantizan el secreto profesional, cuya vulneración afecta no solo al periodista, sino a toda la ciudadanía que confía información de interés público.
- Respeto a la dignidad: La gremial exigió el respeto a la dignidad humana y la libertad de emisión del pensamiento, recordando que ningún procedimiento policial puede traducirse en tratos intimidatorios o en un menoscabo al honor.
Revisión de la Inspectoría de la PNC y resolución judicial
En respuesta a los hechos ocurridos en las inmediaciones del Parque Jocotenango durante la semana, la Policía Nacional Civil emitió un comunicado en el que aseguró que la intervención se originó por el presunto consumo de alcohol en la vía pública, falta de identificación e insultos a la autoridad.
Pese a sostener que el procedimiento no tuvo relación con la labor informativa y reiterar su respeto al periodismo como pilar democrático, la cúpula policial confirmó que solicitó la intervención de la Inspectoría General para revisar minuciosamente el actuar de los agentes de la Comisaría 11.
Paralelamente, el proceso avanzó en el ámbito legal: un Juzgado de Paz resolvió enviar a juicio al reportero consignado por la figura de alteración al orden público, otorgándole la libertad tras fijar una caución económica de Q500.
Exigencias de investigación y devolución de herramientas de trabajo
Pese a la resolución judicial e investigación interna de la policía, la CGP ratificó la necesidad de que la Inspectoría de la PNC presente conclusiones públicas e instó al Ministerio Público (MP) a conducir una investigación diligente sobre las denuncias contra los agentes captores. Asimismo, solicitó a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) dar seguimiento a la exhibición personal planteada y exigió la devolución inmediata de los bienes incautados al equipo periodístico, concluyendo con el recordatorio de que «sin libertad de prensa no hay transparencia, y sin periodismo no hay democracia».
