En una jornada marcada por enfrentamientos, estudiantes de diversas facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) lograron retomar las instalaciones del Campus Central en la zona 12, luego de que grupos de supuestos universitarios encapuchados mantuvieran el recinto tomado desde la madrugada del lunes.
Redacción Perspectiva
La disputa escaló en horas de la tarde cuando estudiantes con rostros cubiertos se organizaron para retirar los obstáculos en los accesos. La tensión llegó a su punto máximo cuando un grupo de estudiantes prendió fuego a neumáticos en las afueras y, con la ayuda de un vehículo tipo pickup, logró derribar los portones para ingresar al campus.
Según denuncias de los estudiantes y sectores de oposición, los grupos que mantenían la toma —algunos presuntamente armados— son señalados de ser afines a la administración del rector Walter Mazariegos. El objetivo de la toma, de acuerdo con los manifestantes, era obstaculizar la movilidad estudiantil y desviar la atención de los eventos políticos internos; aunque quienes bloquearon y cerraron el acceso a la Universidad ayer, argumentaron que era en protesta al alza de combustible.
El trasfondo: La sombra de la elección del Rector
La toma y posterior recuperación del campus se dan en la víspera de un evento crucial: la elección del Cuerpo Electoral Universitario, órgano responsable de la elección del rector para el periodo 2026-2030, programada para este miércoles 8 de abril.
La Universidad de San Carlos atraviesa una de sus crisis institucionales más profundas. La importancia de quién dirija la rectoría trasciende lo académico, ya que la USAC posee representación directa en órganos de decisión nacional como la Junta Monetaria, el IGSS y las Comisiones de Postulación para la elección de magistrados y Fiscal General.
La comunidad universitaria permanece en alerta, mientras sectores disidentes incluso han propuesto la intervención de la casa de estudios ante la ingobernabilidad y los constantes señalamientos de fraude que han rodeado la gestión actual.
OEA deja al Gobierno en una posición comprometida
A este escenario de confrontación interna se suma el escrutinio internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su profunda preocupación por el asedio a la autonomía universitaria y los brotes de violencia en la tricentenaria.
El comunicado de la OEA no solo es una alerta sobre la fragilidad democrática en las instituciones académicas, sino que coloca al Gobierno de Guatemala en una posición comprometida: el silencio o la inacción del Ejecutivo ante la cooptación de espacios públicos por grupos de choque cuestiona la coherencia de su narrativa de fortalecimiento institucional.
Mientras el organismo internacional demanda garantías para un proceso electoral transparente, la gestión actual enfrenta el reto de demostrar que su respeto a la autonomía no es una excusa para permitir la impunidad en la toma de decisiones que afectan la estabilidad del país.
“La autonomía universitaria (artículo 82 de la Constitución Política de la República) es una garantía institucional diseñada para proteger la libertad académica, la libre organización interna y el gobierno propio de la universidad, y no puede ser invocada como justificación para la omisión del Estado ante la comisión de hechos delictivos, actos de violencia o la vulneración de derechos fundamentales dentro del recinto universitario”, enfatiza la OEA.
Agregan que: “La autonomía protege a la universidad de la injerencia indebida del poder político, pero no crea un espacio de impunidad ni exime al Estado de su obligación constitucional de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas».
De esa cuenta, la Misión exhorta al Ejecutivo a: «i) disponer medidas de seguridad adecuadas e inmediatas para electores, candidatos, observadores y periodistas antes, durante y después de la jornada; y ii) actuar con determinación ante los reportes de personas armadas, grupos de choque con el rostro cubierto y actos de violencia física dentro y en los alrededores de las instalaciones universitarias, ejerciendo para ello de manera razonable y proporcional las competencias que la Constitución y las leyes le confieren en materia de orden público. La autonomía universitaria no puede ser esgrimida como pretexto para la inacción frente a conductas delictivas que afectan a los miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad en general”, se lee en el pronunciamiento.
