Este miércoles trascendió la destitución de José Rafael Curruchiche como fiscal de sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La información difundida en distintos medios de comunicación detalla que la remoción cobró vigencia de forma inmediata este 20 de mayo de 2026, tras emitirse las notificaciones oficiales por parte del Ministerio Público (MP).
Redacción Perspectiva
Después de las 15 horas de este miércoles, el MP informó de manera oficial sobre la decisión, la misma marca una de las primeras acciones de alto impacto bajo las directrices de la nueva jefatura de la institución, liderada por el Fiscal General Gabriel García Luna, abriendo paso a una reestructuración dentro de las dependencias clave del ente investigador.
Cabe mencionar que el fiscal Curruchiche tampoco se ha pronunciado sobre esta acción en sus redes sociales.
Detalles del acuerdo y sustento legal
De acuerdo con los reportes en medios locales, el cese de funciones quedó oficializado mediante el Acuerdo 771-2026 de la Dirección de Recursos Humanos del MP. Los documentos publicados por los medios señalan que la disposición se fundamenta en la Ley Orgánica de la institución y el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
Los estatutos legales y laborales del Ministerio Público estipulan técnicamente que la posición de Fiscal de Sección constituye un puesto de alta responsabilidad patronal. Al ser catalogado como un cargo de estricta confianza, la normativa vigente faculta a la jefatura general para ejercer el libre nombramiento y remoción del personal de manera directa.
Contexto: El proceso de liquidación de la fiscalía
La destitución de Curruchiche se produce apenas tres días después de que el Fiscal General, Gabriel García Luna, anunciara públicamente que la FECI entrará en un proceso definitivo de liquidación y cierre. En sus primeras declaraciones al asumir el cargo, el jefe del MP argumentó que la fiscalía especial —creada originalmente durante el mandato de la CICIG— había perdido por completo la credibilidad ciudadana y no estaba cumpliendo con sus objetivos técnicos.
García Luna detalló que esta fase final servirá para auditar la unidad y revisar minuciosamente cada expediente para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales de sus integrantes, poniendo fin a lo que calificó como una etapa de persecución selectiva y politizada.
