La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) destapó una presunta red de corrupción vinculada a un memorándum de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). En conferencia de prensa, el fiscal de sección, Rafael Curruchiche, presentó los hallazgos de la investigación denominada “UNOPS: Corrupción Presidencial”, que revela graves anomalías en la gestión de fondos públicos y la compra de medicamentos.
Redacción Perspectiva
Casi en simultáneo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, respondió con duras críticas a la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sobre el caso “UNOPS: Corrupción Presidencial”, acusando al Ministerio Público (MP) de ser un ente dedicado a “fomentar la corrupción y la impunidad” en el país.
En sus declaraciones, el mandatario afirmó que el Ministerio Público se dedica a inventar casos y a perseguir a funcionarios inocentes mientras protege a los verdaderos culpables. “Son factores y promotores de corrupción que acusan a inocentes y dejan libres a culpables”, sentenció.
SOBRE EL CASO
El MP informó que la investigación se originó a raíz de denuncias presentadas en abril de 2024 por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad. Según el agente fiscal Mario Véliz, los hallazgos evidencian una serie de violaciones a la ley y malas prácticas que han comprometido las finanzas del Estado y la salud de los guatemaltecos.
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✅ Caso UNOPS – Corrupción Presidencial: FECI revela irregularidades en convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y UNOPS
En conferencia de prensa, el fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI),… pic.twitter.com/SgfdMrIgMI
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 21, 2025
Entre las principales irregularidades detectadas por la FECI se encuentran:
Violación Constitucional: El memorándum, que implicaba un gasto de USD$943,944,469.00 (más de Q7,230 millones), fue suscrito sin la aprobación del Congreso de la República, un requisito indispensable según el artículo 171 de la Constitución para convenios internacionales.
Falta de Fondos y Costos Excesivos: Se determinó que el MSPAS no contaba con la disponibilidad presupuestaria para cubrir el convenio. Además, un examen de la Contraloría General de Cuentas reveló que el proyecto generó USD$143,944,469.00 (más de Q1,115 millones) únicamente en comisiones, fortalecimiento institucional y otros gastos administrativos para UNOPS.
Ahorros Inexistentes y Sobreprecios: Los supuestos ahorros en la compra de medicamentos fueron mínimos, con descuentos de apenas entre 0% y 25%. En varios casos, se pagaron precios superiores a los que el MSPAS adquiría previamente.
Proveedores y Medicamentos Contaminados: UNOPS incumplió su compromiso de realizar procesos internacionales competitivos, comprando los medicamentos a los mismos proveedores nacionales. Se estableció que una parte significativa de los fármacos provenía de la India. Uno de los lotes del medicamento paracetamol (acetaminofén) presentó contaminación macroscópica, lo que llevó a la suspensión de la licencia sanitaria del proveedor Farmacofocus Internacional, S.A. el 21 de febrero de 2025.
Riesgo a la Salud Pública: A pesar de la suspensión, se constató que el medicamento contaminado continuó siendo distribuido durante meses en al menos diez hospitales del país. Algunos centros incluso reportaron falsamente que el retiro se debía a «vencimiento» y no a contaminación.
ACCIONES LEGALES Y ALLANAMIENTOS
Como parte del operativo, la FECI y la Policía Nacional Civil ejecutaron ocho allanamientos en sedes administrativas, empresas y domicilios, así como diez inspecciones en hospitales y bodegas.
El Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal ha girado órdenes de aprehensión en contra de:
Óscar Arnoldo Cordón Cruz, exministro de Salud, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
María Gabriela Chaulón Pérez, por asociación ilícita, peculado por sustracción y tráfico de influencias.
Edwin Romeo Sicán, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Luis Felipe Aldana Cermeño, jefe de Presupuesto del MSPAS, por falsedad ideológica (captura ya ejecutada).
Adicionalmente, se presentó una solicitud de antejuicio contra el actual ministro de Salud, Joaquín Barnoya Pérez, para investigarlo por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
El fiscal Curruchiche destacó que este caso no es un hecho aislado, ya que la FECI mantiene 24 investigaciones abiertas por denuncias de la Contraloría en ministerios como Desarrollo Social, Agricultura, Comunicaciones, Educación y la SOSEP. El Ministerio Público reafirmó su compromiso de investigar con firmeza todos los actos de corrupción para defender los intereses del Estado.
En contraste, Arévalo calificó las acusaciones como “ridículas” y una “ficción”. Además, atribuyó estas acciones a la “desesperación” de la actual administración del MP ante la proximidad del 16 de mayo, fecha en la que se espera un cambio en la dirección de la institución. “Están desesperados porque el 16 de mayo se les acaba la fiesta”, aseguró, sugiriendo que la cúpula actual intenta fabricar una crisis para detener un cambio que considera “irremediable”.
La fiscal de la corrupción y la impunidad sabe que se le acaba el tiempo.
Por más que den patadas de ahogado, la fecha se acerca. Un día a la vez. pic.twitter.com/Y2DN2B9YU3
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 21, 2025
El presidente también se refirió directamente a la fiscal general María Consuelo Porras, describiéndola como una “proscrita internacional” a quien se le ha negado la entrada a más de 30 países y cuyo liderazgo, según informes internacionales no especificados por el mandatario, representa uno de los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción en Guatemala.































