Según La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés, en el allanamiento realizado por la FECI en el Juzgado Tercero a cargo de Mynor Moto, se identificaron una serie de ilegalidades. El hecho es irregular porque se secuestro un expediente que jamás debería salir del juzgado que lo tramita. Además, durante la diligencia se cerró el juzgado sin la debida autorización.
Redacción Perspectiva
Valdés presentó un oficio dirigido a la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras en la que manifiesta su desaprobación por el allanamiento que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), realizó en el Juzgado Tercero de Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.
“La diligencia de allanamiento que fue practicada no observó el procedimiento legal preestablecido…en el sentido de requerir en primer término el consentimiento del superior jerárquico y únicamente si el mismo hubiere sido negado o no se hubiere podido recabar, resultaba procedente requerir la autorización al juez competente”, detalla el documento.
Otra irregularidad señalada por Valdés, es el cierre del juzgado por dos horas, sin contar con la debida autorización. Situación que afectó la gestión de la judicatura.
“El personal de la FECI procedió a girar instrucciones en el sentido de no permitir el ingreso de ninguna persona a la sede del órgano juridiccional, esto en detrimento del libre acceso de la población”, expone la presidenta de la CSJ.
Además, Valdés solicita al ente investigador que devuelva el expediente y libro oficial que fue incautado durante dicho procedimiento, ya que la acción no fue autorizada y a la fecha no se tiene conocimiento de que otros documentos fueron secuestrados por dicha fiscalía.
“Resulta necesario señalar que no se tiene conocimiento si existía autorización judicial para el secuestro de los mismos. En todo caso, es importante manifestar que de conformidad con lo regulado en la Ley del Organismo Judicial los expediente no pueden salir de la sede del órgano juridiccional”, exige la magistrada.
