Tras una jornada de paros viales en distintos puntos del país, el presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa la entrega al Congreso de la República de una iniciativa de ley para implementar un nuevo Apoyo Social Temporal a los precios de los combustibles.
Redacción Perspectiva
La propuesta del Ejecutivo plantea otorgar un subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular. Para financiar el programa, se prevé un presupuesto de Q3 mil 480 millones, con una vigencia proyectada hasta finales de 2026. Según el mandatario, los fondos provendrán de una «reorganización de las finanzas públicas», descartando la adquisición de nueva deuda o la creación de impuestos.
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El antecedente del AST: rebote de precios tras vencer el subsidio previo
De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Guatemala ya aplicó un esquema de Apoyo Social Temporal entre el 28 de abril y el 2 de julio. Durante ese periodo, el Estado otorgó un descuento directo de Q8.00 por galón de diésel y Q5.00 por galón de gasolina regular.
Sin embargo, las gráficas del MEM reflejan la volatilidad de la medida: mientras duró el subsidio, el diésel para el consumidor final en autoservicio bajó de un pico de Q43.93 a Q27.29, y la gasolina regular descendió a Q31.09. Tan pronto venció la cobertura el 2 de julio, los precios experimentaron un marcado efecto rebote en las estaciones de servicio, escalando el diésel hasta los Q42.29 por galón y la gasolina regular a los Q40.09.
Esta dinámica evidencia cómo los subsidios temporales actúan como un alivio pasajero que, al caducar, expone nuevamente al consumidor al costo real del mercado internacional sin haber resuelto la distorsión de fondo.
El sector industrial advierte: «Subsidiar por subsidiar no es la solución»
La propuesta de reabrir el subsidio contrasta con la postura manifestada la mañana de este viernes por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). A través de un pronunciamiento oficial, la gremial advirtió sobre los riesgos de recurrir nuevamente a paliativos económicos.
Desde el sector productivo se enfatizó que, como demostró la experiencia reciente del AST, las subvenciones no constituyen una respuesta estructural para la economía:
«Para el sector industrial, subsidiar por subsidiar no es la solución. Aunque los subsidios aparentemente benefician a quienes movilizan productos o se trasladan a sus trabajos, no representan una respuesta real. En la práctica nada es gratis: el costo simplemente se traslada de un lado a otro, utilizando impuestos de los guatemaltecos o préstamos que terminan endeudando al país», señaló la CIG.
Asimismo, la gremial reiteró que cualquier intervención del Estado debe contar con un sustento técnico riguroso y demostrar con claridad cómo resolverá las distorsiones logísticas y de mercado.
Una vez presentada la iniciativa, el proyecto de ley quedará en manos del Congreso de la República, donde las bancadas deberán analizar el historial de aplicación del AST y decidir si aprueban la asignación de Q3,480 millones para este nuevo ciclo de subsidios.
