Aunque la corte constitucional de El Salvador dejó sin efecto el intento del Ejecutivo por imponerse a la Asamblea Legislativa, el hecho sucedido el domingo en El Salvador resulta por lo menos preocupante y es un llamado de atención a las autoridades de ese y otros países, especialmente centroamericanos, para que mantengan la autonomía de los tres poderes y eviten usar a las fuerzas de seguridad en acciones que no están normadas constitucionalmente.
Roxana Orantes Córdova
La Sala de Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador admitió en pocas horas una demanda ciudadana ordenando al Consejo de Ministros suspender los efectos de la convocatoria girada el domingo por el mandatario salvadoreño, a quien ordenó abstenerse de acciones que puedan “poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular, la separación de poderes”.
En un contexto de acercamiento entre El Salvador y Guatemala, el mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei reaccionó inmediatamente, felicitando a su homólogo en Twitter. Esta felicitación es considerada como improcedente por sectores ciudadanos.
Cabe recordar que pese a las décadas transcurridas, el “Serranazo” permanece fresco en la memoria de la ciudadanía. En su cuenta de Twitter, Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), expresó:
“Si esto hubiese sucedido en Guatemala, ya el presidente de la República tendría en su contra más de una bien merecida solicitud de antejuicio y bailaría sobre el filo de la navaja, por haber violado la Constitución, que garantiza la independencia de los poderes del Estado”.
Entretanto, el internacionalista Nicholas Virzi, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), dijo a Perspectiva:
“El Salvador va tener que resolver sus propios problemas. Los países hermanos centroamericanos miran con preocupación lo que pasa en El Salvador, pero no pueden hacer nada más que exhortarlos a regresar al diálogo democrático. La seguridad debería de ser una de las prioridades principales de cualquier país del Triángulo Norte, eso está claro. Sin embargo, una situación donde la Asamblea Legislativa está militarizada y bajo el control del presidente no es nada normal. Que se negocie un préstamo para aumentar el presupuesto militar con los militares armados en el pleno legislativo no es una buena imagen para la democracia.”
Hasta el momento, el mandatario guatemalteco no se ha retractado de su twitter ni ha vuelto a mencionar el tema.
Un hecho sin precedentes en la historia salvadoreña de posguerra
Una de las primeras organizaciones en reaccionar ante la injerencia del Ejecutivo en el Congreso fue la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que condenó las «restricciones a la libertad de prensa y del derecho de información en contra de periodistas de diversos medios de comunicación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES)”.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), dio a conocer un análisis del caso, que incluye la cronología de los hechos y recuerda que, el 1 de febrero, Bukele escribió en su cuenta de Twitter: “ARENA y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos.”
El 6 de febrero, el mandatario salvadoreño emitió un Acuerdo Ejecutivo basado en el artículo 167 de la Constitución, que otorga al Consejo de Ministros la potestad de “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.
Al día siguiente, la Asamblea Legislativa determinó que el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US$109 millones para financiar la Fase III del Plan de Control Territorial no era un asunto de interés nacional.
Desde el 8, militares rodearon la Asamblea Legislativa e impidieron el acceso a los medios. También fueron retirados los agentes que brindan seguridad a los diputados. Entretanto, Bukele mantuvo el suspenso a través de diferentes pronunciamientos polémicos en las redes sociales.
El domingo, la crisis llegó a su clímax. Acompañado por efectivos del Ejército equipados con pertrechos de guerra, Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa de su país para dar un ultimátum a los diputados: les concedía una semana para aprobar el préstamo. Un legislador salvadoreño expresó que esta situación fue insólita y que jamás, desde el inicio de la era democrática, se había dado algo parecido en El Salvador.
Bukele entró al recinto acompañado por militares con armas de asalto, mientras francotiradores se apostaron en edificios cercanos al legislativo. En un acto calificado como insólito por la prensa de El Salvador, ocupó el estrado de la directiva y desde ahí, oró. Poco antes, en las cercanías del Congreso, había paciencia a sus empleados y seguidores, si “estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial”.
Además de insultar a las autoridades legítimamente electas, Bukele insinuó un llamado a la insurrección popular. “No me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedará en sus manos”, afirmó.
El referido artículo reconoce el derecho popular a la insurrección, “para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.
En ese artículo también se indica: Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución”.
Gran parte de los diputados no asistió, por lo que, pese a toda la parafernalia guerrerista y las amenazas del Presidente, no hubo quorum para sesionar. Al mismo tiempo que el fallo del tribunal constitucional, reacciones internacionales como los comunicados de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general calificó el hecho como “exhibición de fuerza bruta”, parecen ser factores que, por el momento, mermaron la crisis.
Sin embargo, el hecho sucedió y se debe mantener como una alerta para cualquier mandatario que pretenda transgredir la esencia de la democracia: la independencia de poderes.
