Conocida como “la última moda de los gobiernos”, la vigilancia de las redes sociales para cumplir con objetivos del Estado intenta imponerse en Guatemala, con el proceso de licitación para adquirir software “para investigar redes sociales” que realiza la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público (MP), cuyo vocero Juan Luis Pantaleón, asegura que, de implementarse, la vigilancia alcanzará solamente a criminales y podrá realizarse solo con orden del juez. Sin embargo, el penalista Rolando Alvarado, experto en crimen cibernético, señala que esto no es viable porque Guatemala no tiene una ley de delitos informáticos.
Roxana Orantes Córdova
El 11 por la tarde, el periodista independiente Rodrigo Polo dio a conocer que la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público (MP), está licitando la compra de un software para “monitorear todo el internet y las redes sociales”. Polo también agregó que esta licitación se encuentra en Guatecompras, NOG 13649825.
En primer lugar, la noticia se inscribe en la tendencia mundial de los Estados a vigilar los contenidos de redes sociales. Esta tendencia ha resucitado el debate sobre el derecho a la intimidad y la libertad de expresión, temas que parecían más que superados en pleno siglo XXI, pleno en tecnologías y diversas libertades aunque paradójicamente, permeable a las amenazas de censura y uniformidad de pensamiento que dicta la corrección política.
Sumado a lo anterior, señala Rolando Alvarado, quien asesoró una iniciativa de ley para regular el llamado “cibercrimen”, anunciar la existencia de una herramienta de control sobre las redes es en sí mismo un hecho coercitivo contra la libre expresión, que no hace mucho ha comenzado a aflorar tímidamente en Guatemala, precisamente a través de las redes sociales.
La Unidad de Métodos Especiales del MP es la encargada de interceptar las comunicaciones telefónicas “con base en autorizaciones judiciales”. Sin embargo, el manejo de la información y la implementación de las escuchas no siempre han sido idóneas.
Por lo menos en dos casos de la CICIG-FECI: la Línea e IGSS-Pisa, existen declaraciones sobre mal uso de las escuchas, por ejemplo: falta de autorización para realizar la vigilancia o para que las llamadas fueran utilizadas.
Resulta alarmante pensar que el Estado realizará espionaje en las redes, si a lo anterior se suma que poco antes de retirarse del país la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), divulgó un informe en el que se realizaban serios señalamientos contra centenares de ciudadanos a los que dicho informe clasificó como “netcenter”, y que personajes obsecuentes a esas instituciones llegaron a amenazar de esta forma:
“Amigo netcentero. Aún estás a tiempo de salirte de eso. La @CICIGgt está por caerles y no querrás pasar tu navidad en carceletas. Ustedes los netcenters ya son CIACS”.
En el contexto existe un grupo que pretende imponer sus criterios y para ello, detractan a quienes se salen de sus agendas. El extremo ha sido cuestionar públicamente a personas por “retuitear” comentarios de sus “enemigos”, prácticamente exigiendo que se calle cualquier voz disidente, tal como en la dictadura castrista de Cuba y sus satélites Nicaragua y Venezuela.
El Estado se prepara para vigilar las redes sociales
Según el documento divulgado por Polo, que se encuentra en Guatecompras:
“El presente concurso público tiene como objeto recibir ofertas para la adquisición de la licencia de software para investigaciones de redes sociales para uso del Ministerio Público”.
El objetivo de adquirir la licencia de software para investigaciones de redes sociales, “obedece a la urgencia de dotar al MP de herramientas informáticas que contribuyan al proceso de investigación de manera eficiente y en el menor tiempo posible para agilizar los procedimientos para la persecución penal”.
Entre las características que demanda el MP al software, está la capacidad de búsquedas ilimitadas para “convertir los datos en inteligencia a descargas de información mediante mecanismos no intrusivos en los orígenes de ayuda al usuario; sistema de apoyo de reconocimiento facial, plataforma escalable que permita monitorear periódicamente diversas redes sociales, foros, redes ocultas y oscuras, y otras«.
Algunos de los objetivos de este monitoreo sería obtener:
“información profesional, social de los objetivos; reconstruir perfiles privados en redes sociales; un sistema para poder crear perfiles de los objetivos y poderles dar seguimiento (ubicaciones, actividades, conexiones sociales y profesionales); información personal de las aplicaciones móviles más recientes en el mercado (WhatsApp, Telegram, Skype, Viber, WeChat, Line, True Caller, SyncMe, Callup,etc); encontrar los contactos asociados al objetivo; reconstruir perfiles privados en redes sociales.
“Que realice la posibilidad de obtención de contactos indirectos, en aquellos casos que sea viable, incluso cuando el listado de contactos permanezca privado y que contenga un módulo de gestión de rostros donde pueda almacenar grandes cantidades de información con un mínimo de 500,000 registros de imágenes faciales con un módulo individual de video para ser procesadas mediante una herramienta de análisis de imágenes post-evento y 30,000 imágenes en tiempo real desde streamings de cámaras”.
Todo lo anterior parece compatible con la búsqueda de excelencia y tecnificación de la información y coherente con los objetivos de la inteligencia con fines de combatir el crimen organizado. Sin embargo, la vigilancia a los amigos de los amigos de un delincuente, es considerada una violación a la intimidad y privacidad de los ciudadanos.
Asimismo, con los antecedentes de las escuchas telefónicas, cabría esperar que pueda hacerse un mal uso de esa información y extralimitaciones con la vigilancia. Es conocido el caso de Edgar Hoover, director del FBI durante décadas, quien utilizó datos sensibles de sus vigilados para montar una red de chantajes, además de vigilar a personas que no eran delincuentes para usar sus debilidades como arma.
Y si a lo anterior se suma la franca promoción de la censura contra cualquiera que ose “retuitear” a los satanizados por el informe de la CICIG sobre bot y net center, el panorama podría ser aterrador, en términos de la pérdida de libre expresión, fundamento de cualquier democracia.
“Ha existido alguna desinformación en redes”, señala Pantaleón
Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, dijo a Perspectiva:
“Se encuentra en segunda fase de la etapa del proceso de licitación. En este caso es importante tomar en cuenta que el único ente facultado por la ley para generar estás acciones es la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, la cual puede realizarlas única y exclusivamente mediante autorización previa de juez competente.
Ha existido alguna desinformación en redes respecto al uso que se le puede dar, sin embargo no puede utilizarse sin orden de juez, no aplica para cualquier ciudadano
La legislación guatemalteca solamente permite ejercitar estás acciones sobre personas a las que el juez estime pueden estar posiblemente implicadas en la comisión de un hecho delictivo.
El principal objetivo de la adquisición de estos equipos, es la prevención y lucha frontal en contra del crimen organizado, que aqueja a nuestro país.
El principal objetivo de la adquisición de estos equipos, es la prevención y lucha frontal en contra del crimen organizado, que aqueja a nuestro país.
Y si en caso se llegara a realizar la compra, pues es un proceso que debe cumplir con todas sus etapas, el software será utilizado por personal altamente calificado de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, con orden de juez”.
“Parte del éxito de internet es la libertad de expresión”: Alvarado
En primer lugar, dice Alvarado, no existe una ley de delitos informáticos o ciber crimen en Guatemala. Esto hace inviable que el Estado pueda investigar las redes sociales. Sumado a lo anterior, señala:
“no se pueden usar herramientas legales para ejercer control sobre lo que se escribe en internet. Parte de su éxito es la libertad y solo el conocer que existen herramientas para monitorear a los participantes en redes, cohíbe a las personas, quienes al saber que un ente estatal podría estar controlando su actividad, seguramente limitarán o restringirán sus comentarios”.
“Tratan de generar temor para controlar las redes y devolver el monopolio de la libre expresión a los medios de los que las redes han sido contraparte. Saber que existe un control genera mordaza. Veo esta acción como acoso cibernético, que se implementa de esa manera”.
En cuanto a la eficacia que este monitoreo tendría para la investigación, el penalista considera que:
“Difícil que a raíz de un delito se usen herramientas informáticas para seguir la pista a delincuentes o criminales. Más pareciera el intento de coartar la libre expresión. La investigación criminal debiera fortalecerse capacitando peritos y con herramientas más acordes que atentando contra el ejercido de la libertad en redes”.
Finalmente, señala:
“No hay ninguna garantía de objetividad en este tipo de acciones. Un ejemplo es el tema del secreto bancario, garante del éxito en las transacciones comerciales, por la confidencialidad. Es necesario que se realice una ponderación sobre el derecho a la libre expresión y la implementación de un control similar al de las escuchas telefónicas, que no tiene los mejores antecedentes. Y sobre todo, si no existe una ley que regule los delitos cibernéticos, estos controles son contraproducentes”.
