Por Ricardo Méndez Ruiz
Hay una salida legal y rápida para la crisis que atraviesa la Corte de Constitucionalidad; su solución está contemplada en la ley y, más que complicada, se perfila dramática.
Uno de los actores implicados en esta importante etapa histórica de Guatemala es la Corte Suprema de Justicia, que prolongó su período constitucional desde hace un año a consecuencia de un amparo solicitado por la Fundación Myrna Mack, concedido por la Corte de Constitucionalidad.
El verdadero motivo de la solicitud de ese amparo, que obviamente no se encuentra expresado en su texto, y por el que seguramente hoy sus autores se arrepienten, obedece a que los más importantes candidatos a magistrado de la extrema izquierda, los jueces Miguel Ángel Gálvez y Erika Aifán, no alcanzaron la calificación necesaria en la Comisión de Postulación para integrar el listado que habría de trasladarse al Congreso para elegir a los nuevos integrantes de la Corte Suprema. El amparo fue planteado después de conocerse el resultado del trabajo de la comisión, que resultó adverso a los intereses de la izquierda, y no antes, como habría sido lo correcto.
El argumento fue una posible manipulación del proceso de elección por parte de Gustavo Alejos, pero lo inaudito es que esa acción haya sido presentada ante el tribunal constitucional por Helen Mack, un actor trágicamente fundamental en anteriores procesos de elección y nombramiento de ministros, directores, magistrados, jueces, fiscales auxiliares y fiscales generales, con un indiscutible poder sobre la Corte de Constitucionalidad, institución en la que hasta hace poco ella tenía una enorme influencia.
El temor bien fundamentado de la izquierda, en cuanto a que la Corte Suprema prolongue sus funciones hasta la elección de los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad a principios de 2021, se eleva ahora a la doble potencia, y con sobrada razón, ya que en breve y de forma inevitable, a la Corte Suprema le corresponderá también elegir al sustituto del magistrado Neftaly Aldana, enfermo de gravedad y cuya cesantía la Corte de Constitucionalidad deberá reportar pronto al Organismo Judicial.
La integración del pleno de la Corte de Constitucionalidad con el sustituto de Neftaly Aldana, paradójicamente, será producto del poder abusivo que la izquierda detentaba hasta hace pocos días en ese alto tribunal gracias a su colusión con la magistrada Gloria Porras, quien ahora se debate en una desesperada lucha por evitar su muerte civil.
Lo que el nuevo embajador de los Estados Unidos piense al respecto, realmente no importa. Llegamos hasta donde llegamos a pulso y luchando por nuestros derechos sin ventaja alguna y a pesar de un embajador desvergonzado, decantado de forma indecorosa hacia la extrema izquierda. El que acaba de venir solo podría ser igual, pero no peor a sus antecesores.
Después vendrá la labor del Ministerio Público y el reinado de Gloria Porras, con Helen Mack como poder detrás del trono, llegará a un final que, con toda seguridad, será dramático, con una monarca depuesta, seguramente arrumbada en una obscura mazmorra o en el exilio.
Cualquiera de los dos finales, será bueno para este drama.
