Concluyendo con este largo episodio del “autogolpe” de 1993, en horas de la mañana del día 25 de mayo se anunció, por cadena nacional, que Serrano había “disuelto” el Congreso de la República, las Cortes (Suprema de Justicia y de Constitucionalidad); asimismo la destitución de los altos mandos en las Procuradurías (General de la Nación y de los Derechos Humanos).
Procediendo de esta forma, como es obvio, el presidente concentró todos los poderes plenos del Estado con el fin aparente de convocar luego a elecciones para una nueva Asamblea Nacional Constituyente (Sabino, 2017, pág. 56).
Aunque en su discurso (contenido en su apología personal “La Guayaba tiene dueño”, págs. 352-366) Serrano Elías hablaba de generalidades relacionadas a la nueva ANG; pero en realidad, no había certeza frente a un proceso constitucional sujeto a la disposición y discreción de un solo individuo.
Por lo pronto, con la redacción de una nueva constitución, el Estado de Derecho no sería más que una formalidad cosmética sujeta a una dictadura legalizada.
Consiguientemente se ejecutó una persecución política contra José Fernando Lobo Dubón, presidente del CR, Juan José Rodil Peralta, presidente de la CSJ y el procurador de los DDHH, Ramiro De León Carpio (1942-2002).
Simultáneamente se pasó del acoso al asedio de los medios de comunicación donde hubo ―incluso atentados aislados― contra los principales medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, tanto nacionales como internacionales (Shetemul, H. et al., 1993, págs. 16-22).
La imposición provisional de la dictadura quedó plasmada en el decreto gubernativo titulado como “Decreto gubernativo nº. 1-93” o “Normas Temporales de Gobierno”. Sin embargo, con lo que no contó tampoco el dictador de facto fue la negativa de la única instancia autorizada para convocar a comicios.
Por aquel entonces la CC era presidida por el veterano abogado Arturo Herbruger Asturias (1912-1999), quien ya había demostrado su integridad jurídica en los lejanos y álgidos tiempos de la era revolucionaria; contra el abuso de poder de los otros poderes del Estado.
Partiendo del rechazo al decreto 1-93 desde la Corte de Constitucionalidad, el golpe de Estado no se consolidó por la vía legal, dado que tampoco logró el respaldo de la iniciativa privada, encabezada por el CACIF.
Lo curioso del asunto fue que, dadas las circunstancias, la gremial mayor del sector productivo se convirtió en el centro neurálgico de un conglomerado social que incorporó prácticamente a casi todos los grupos legalmente organizados del país.
Grupos disimiles como la empresarialidad, el clero católico y la USAC unificaron esfuerzos con los sindicatos, cooperativas y las pocas ONG’s que existían por aquellos años. Incluso los partidos políticos antagónicos como el PAN y el FRG se sumaron a este movimiento cívico. Dicho conglomerado fue conocido como Instancia Nacional de Consenso (INC).
Las únicas organizaciones que optaron por emprender las mismas medidas que proponía el presidente Serrano, aunque con otros fines se aglutinaron en el Foro Multisectorial Social (FMS). Este grupo giraba alrededor de Hellen Mack Chang (1952) y Rigoberta Menchú Tum (1959), figuras emblemáticas de la izquierda política más radical hasta el día de hoy (Sabino, 2017, págs. 57-59).
Cuando finalmente el presidente Serrano estuvo consciente de su falta de tino político, pues prácticamente no tenía apoyo político de ningún lado que no fuera su bancada en el Congreso, dispuso atrincherarse en la Casa Presidencial.
En ese momento que la sociedad civil, tanto la INC como el FMS en su conjunto, pudo reunirse en el Palacio nacional, con el fin de darle una salida viable a la crisis política desatada por el presidente de la República.
En un episodio insólito durante estas pláticas la Premio Nobel de la Paz de 1992 ―fiel a sus convicciones ideológicas― consideró la resolución llegada por la Corte de Constitucionalidad como “un golpe militar”. Con tal desaire, dio por terminada la participación su grupo representativo. (Shetemul, H. et al., 1993, pág. 18)
Mientras la animosidad y zozobra se extendian por doquier, durante toda la semana del 25 de mayo hasta la renuncia del 1 de junio, hubo expresiones de creatividad que hoy muchos ―de los que eramos niños― recordamos como mucha claridad.
El controversial José Ruben Zamora Marroquín (1956) ―entonces director del diario Siglo XXI― en son de burla, dispuso diagramar la censura serranista al rebautizar el vespertino como Siglo XIV, donde las noticias nacionales del 30 de mayo de 1993 quedaron cubiertas por barras y columnas negras.
Como epílogo de ese episodio vagamente conocido por la juventud guatemalteca transcribo una poderosa cita del pensador y religioso francés Henri Lacordaire, O.P.; que fue compartida en la emblemática portada ideada por Chepe Zamora: “el silencio es, despues de la palabra, el segundo poder el mundo”.
